23 de octubre 2024
La ingeniera industrial, Xiomara Machado, integrante del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) fue nombrada nueva rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tras el despido de la ahora exrectora, Glenda Velásquez, defenestrada de su cargo junto a otros tres directivos el viernes 18 de octubre de 2024, y una barrida en la UNI, por orden de la Procuraduría General de la República (PGR).
Machado fue directora de Planificación Institucional de la UNI hasta mayo de 2022, y ahora será la encargada de “poner orden” en la casa de estudios, tras una barrida que ha dejado más de 65 trabajadores despedidos, reveló una fuente de esa casa de estudios a CONFIDENCIAL.
“La PGR llegó a despedir a la rectora; al director de adquisiciones, Carlos Jarquín; el director administrativo, Felipe Dann Pérez; y la directora jurídica, Alba García Avilés por supuestos de actos de corrupción”, indicó la fuente.
Según el funcionario de la UNI a los cuatro exdirectivos se les permitió “presentar su renuncia para poderles pagar sus liquidaciones y tramitar sus pensiones”.
“Purga” en la UNI sin explicaciones
Tras los despidos, la UNI quedó momentáneamente a cargo del vicerrector, Jairo Javier Martínez Páramo, quien además es el operador político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en esa casa de estudios y allegado a Fidel Moreno.
El sábado 19 de octubre, Martínez Páramo ordenó “una barrida sin explicaciones” que continuó en los días posteriores.
Docentes con más de 25 años de experiencia, profesores horario, jefes de programas académicos, personal administrativo, técnicos, guardas de seguridad y hasta afanadoras fueron despedidos sin explicación y sin garantía del pago de sus liquidaciones.
“Hay mucho miedo porque es un grupo de poder que desde hace años amenaza a todo el que no se pliegue a la dictadura y han despedido muchas personas sin saber cuál es el motivo”, explicó Diego, profesor de la UNI que solicitó permanecer bajo anonimato por temor a sufrir represalias.
De su facultad despidieron al menos a 12 personas, pero Diego apuntó que “no hay certeza” que los despidos no vayan a seguir.
“El ambiente en este momento es de total incertidumbre, lo que sabemos es que el vicerrector que además es secretario político de la UNI con sus allegados son los que han preparado la lista de los despedidos, pero no se sabe bajo qué criterios”, detalló.
“Quieren imponer el control como en la UNAN”
Gladys, una trabajadora administrativa de la UNI, afirmó a CONFIDENCIAL que hay “terror” porque los despidos “han sido aleatorios”.
“Uno cree que despedirán a los que no se involucran tanto políticamente con el Gobierno, pero en la realidad hemos visto que han corrido gente que era muy sandinista, otros que ganaban poco, unos que no se metían con nadie, no existe criterio alguno”, manifestó.
La trabajadora de la UNI detalló que incluso la oficina de Recursos Humanos de la UNI ha estado “cerrada para todos” con la presencia de guardas de seguridad “para que nadie se pueda acercar”.
“Los compañeros que han sido despedidos no saben si les pagarán o no sus indemnizaciones y no hay nadie que de la cara para explicar lo que está pasando”, insistió Gladys.
Aunque se desconocen los motivos de los masivos despidos en la UNI, ocurren casi un mes después que el régimen reformó la Ley 89 o de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior para eliminar la exención que tenían las universidades y centros de educación técnica superior del Estado del pago de los servicios públicos.
Las universidades públicas de Nicaragua fueron despojadas de 381.3 millones de córdobas que eran destinados al pago de electricidad, agua, telefonía y correos, tras la reforma, aprobada el 25 de septiembre de 2024.
La barrida del régimen
Desde el viernes 2 de agosto de 2024, cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que iniciaría una “reestructuración” del aparato estatal, el temor se ha “extendido” a todos los empleados del sector público, tras los cientos de despidos en distintas instituciones.
“El régimen de terror e incertidumbre empezó cuando empezaron a vigilar lo que hacíamos, con quienes nos relacionábamos o incluso lo que publicábamos en redes sociales”, afirmó un empleado público en el reportaje “Sabemos que cualquiera puede irse en la barrida”, publicado por CONFIDENCIAL el 21 de agosto 2024.
Además, muchos lamentan la nueva ley, aprobada por la dictadura, que reduce las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos.
CONFIDENCIAL reportó el despido de más de 1100 empleados del Poder Judicial en todo el país y de más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca)
En otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), alcaldías y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) también ha habido despidos masivos.