AA
Share
Después de la purga de trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ocurrida en octubre de 2024, el “miedo” se ha apoderado de cientos de trabajadores de esa casa de estudios y de otras universidades públicas de Nicaragua, ya que se mantiene una “barrida silenciosa” que “todavía parece no tener fin”, afirman extrabajadores y empleados de diversas instituciones educativas.
“Los despidos nunca han cesado y son bastante impredecibles. En diciembre de 2024, ya casi para despedir el año hubo una barrida fuerte en varias universidades, pero los despidos han continuado durante todo lo que va de 2025”, afirma Ezequiel, un maestro de un recinto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
El temor se ha “extendido” después de despidos masivos y selectivos en todo el país, según personal de varias universidades del país entrevistados por CONFIDENCIAL. En esos despidos han caído rectores, personal administrativo, jefes de áreas, maestros, técnicos y hasta personal de limpieza.
Para Ezequiel es “evidente” que hay “un grave problema” con el manejo del personal de las universidades. “Ellos quitan y ponen gente, pero no hay ninguna explicación y tampoco se sabe de un criterio para hacerlo, y si lo hay solo lo manejan en la cúpula, aunque ya hemos visto que han caído incluso altos cargos que se creían intocables”, dice.
“La calidad de la educación universitaria en Nicaragua cada día empeora, porque ninguna institución puede dar un buen servicio cuando su personal es amenazado todos los días y muchos otros han sido reemplazados por gente que no tiene preparación alguna”, insiste Ezequiel.
“No sabemos por qué nos corrieron”
Judith trabajaba en el sur del país, en una Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM), que pertenece a la UNAN-Managua, hasta que fue despedida en los últimos meses de 2024. Dice que no hubo explicaciones, pero sabe que en ese momento “fuimos más de 20 los despedidos”.
“Nuestro despido coincidió con la presencia de la Procuraduría General de la República que llegó a hacer auditorías en los recintos departamentales. Pero no sabemos qué fue lo que pasó”, apunta.
Judith explica que ha sido duro dejar su empleo de más de doce años. Ahora, se dedica a atender un pequeño negocio propio. “Siempre cumplí con el trabajo para el que estaba asignada que era administrativo, pero de un día a otro me quedé sin nada, después de haber aguantado durante mucho tiempo y hasta verme obligada a asistir a actividades políticas”, sostiene.
Cuenta que, cuando la despidieron, a otras personas “las movieron a centros universitarios lejanos, mientras a otros les cambiaron sus cargos y algunos fueron obligados a jubilarse”.
“Ahora sé que han contratado personal nuevo en algunos centros, pero son gente que no tiene experiencia en su mayoría, pero fieles al partido sandinista”, comenta.
Aunque también conoce que han buscado “algunos profesionales preparados porque aún queda alguna gente preocupada por la calidad de la educación”.
Barrida: Nueve rectores de ocho universidades
Desde finales de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha destituido en silencio a rectores, vicerrectores y secretarios generales de ocho universidades estatales, según un registro de CONFIDENCIAL. Varios de ellos fueron sancionados por Estados Unidos por su participación en la represión en las universidades.
En julio de 2025, el régimen sandinista removió sin explicación a la profesora Indiana Coronado González, quien llevaba siete meses en el cargo de rectora de la UNAN-León. Antes ya habían destituido del mismo puesto a Almariana Oliveira Solís, quien también era vicepresidenta del CNU.
En la “barrida silenciosa” fue también destituida la principal verdugo de las universidades nicaragüenses: Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la UNAN-Managua. Junto a ella, en mayo de 2025, también fueron cesados Jaime López Lowery, director ejecutivo del CNU y otros tres directivos.
Los rectores, vicerrectores y secretarios general de las Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM), Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA) y la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGLV), instaladas en campus universitarios confiscados a otras instituciones educativas, fueron destituidos entre 2023 y 2024.
La barrida también afectó a la Universidad Nacional Politécnica (UNP), instalada en la confiscada Upoli, donde destituyeron a la rectora Lillliam de Jesús Lezama Gaitán, a mediados de septiembre de 2023.
En la Universidad Nacional Agraria también destituyeron a Alberto Sediles Jaén y como rector nombraron a Bosco Castillo Marín, secretario político del FSLN en Granada y extitular del Ministerio Agropecuario (Mag).
En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue defenestrada la rectora Glenda Velásquez, el 18 de octubre de 2024. Junto a ella, más de 65 trabajadores fueron despedidos, reveló en ese entonces una fuente de esa casa de estudios a CONFIDENCIAL.
“Con cada caída se van muchos peones”
En las “barridas silenciosas” de las autoridades universitarias han caído personal que no estaban directamente vinculados a ellos. Docentes con más de 25 años de experiencia, profesores horarios, jefes de departamentos, personal administrativo, técnicos y guardas de seguridad han sido despedidos.
“Uno creería que los despedidos van a ser gente cercana al poder en las universidades, pero han caído personas que ni siquiera conocían o habían hablado alguna vez con el rector”, asegura Guillermo, un trabajador administrativo de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, montada en las instalaciones confiscadas a la Universidad Centroamericana (UCA).
Aunque admite que “con cada caída de altos funcionarios como el ahora exrector Alejandro Genet se fueron muchos peones que gozaban de cargos y privilegios dentro de la universidad”.
Lo peor para Guillermo es que “no parece haber un criterio de por qué despiden a alguien” y por eso hay “terror” de muchos trabajadores “porque saben que cualquiera puede ser el próximo”.
“A veces uno quiere creer que despedirán al que no participe activamente en las actividades políticas convocadas por el Gobierno, pero la realidad es que han corrido personas muy sandinistas y que se creían intocables por su fidelidad al partido”, detalla.
Pequeños “grupos de poder” en las universidades
Las universidades públicas de Nicaragua implementan desde 2023 una “reestructuración organizativa”, pasando de lo que históricamente se conocían como facultades a “áreas de conocimiento”. Esto en la práctica ha sido “una total locura”, revela una fuente de la UNI a CONFIDENCIAL.
En el caso de esa casa de estudios, han “forzado” a unirse a carreras que no tienen “nada que ver”. La fuente cita el ejemplo de Ingeniería Química que pasó de ser una facultad con un staff de docentes “bien preparados en el extranjero a ser un simple programa académico ahora con una mínima cantidad de docentes”.
Luego de esa primera ola de reestructuración, en noviembre de 2024, se decidió desaparecer otras áreas, lo que llevó al despido de personal administrativo y docente “sin ninguna explicación o criterio lógico que permitiera entender quién se iba y quién se quedaba”.
“Estos despidos y en algunos casos la orientación de jubilación a docentes que ya tenían la edad para hacerlo fueron organizados por pequeños grupos de poder a lo interno de las universidades”, afirma la fuente de la UNI.
Estos grupos, según opinión de la fuente de esa casa de estudios, tienen “secuestradas las universidades públicas” y actuaron sin criterio para incluir en los despidos a académicos y administrativos “que no les eran de su agrado”.
Falta de presupuesto y corrupción
La fuente vinculada a las universidades públicas señala que la orientación de despidos está relacionada por la falta de capacidad del Estado de “seguir manteniendo el 6% íntegro de las universidades”.
Según el funcionario de la UNI, en el camino han corrido también rectores, vicerrectores y secretarios generales “por mal manejo de los fondos públicos y de los ingresos propios de las universidades”.
Con esas caídas, han identificado “amplías redes de corrupción” que operaban en las universidades públicas que incluía personal de recursos humanos, administrativos, financieros, jefes de adquisiciones, inversión e infraestructura que son áreas “donde se manejan los fondos grandes que las universidades tenían a su cargo cada año”.
Las auditorías realizadas a las universidades han revelado la existencia de “planillas infladas o con personal que nunca ha laborado en las universidades, pagos por consultorías inexistentes, amarres en la ejecución de obras de infraestructura”, entre otros actos de corrupción no autorizada, indica la fuente universitaria.
Priorizan lealtad a Murillo
El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, ha valorado que las destituciones de rectores han demostrado el fin de la autonomía universitaria.
A juicio de Medina, la gran crisis de recursos humanos que tiene el régimen se da por “su empeño en mantener como criterio principal para los nombramientos la lealtad, ya ni siquiera política”, sino con Rosario Murillo y Daniel Ortega.
En mayo de 2025, la dictadura desapareció el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), traspasando su trabajo de regulación de las universidades de Nicaragua a la Secretaría Técnica Especializada a cargo del exdirigente estudiantil y operador político del Frente Sandinista, Bismark Santana.
Poco antes habían revivido un Consejo Nacional de Rectores de Universidades, eliminando de facto el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
La dictadura de Ortega y Murillo ha cometido “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario, reveló en noviembre de 2024 un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Algunas de las violaciones cometidas constituyen “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos”, de acuerdo con los expertos, quienes apuntan la responsabilidad individual de Ortega y Murillo en la comisión de esos delitos y la utilización del aparato estatal para acallar a la comunidad universitaria.
Personal calificado “incómodo para autoridades sin estudio”
La fuente de la UNI valora que se ha corrido casi un 40% del personal académico de las universidades públicas y estima que la mayoría de los afectados han sido “profesores de prestigio, con muchos años de experiencia y grados académicos en muchos casos únicos en el país obtenidos en el extranjero”.
Estas personas son, según la fuente, “más vulnerables” antes los grupos de poder y control de las universidades, “porque son académicos de prestigio y con grados de maestría y doctorado en el extranjero con criterios claro de qué es ser un docente universitario e investigador de alto nivel, que se vuelven incómodos para autoridades sin estudios, sin criterios académicos que lo único que han buscado es lucrarse”.
Estos recortes de personal además están “mermando la calidad educativa de las universidades” y por ello el funcionario universitario insiste que “la mayoría del personal que queda está haciendo luchas internas por mantener lo que queda de las universidades y su autonomía por lo menos en la libertad de cátedra en la docencia directa, para no afectar más a los estudiantes que llegan en busca de su sueño de ser profesionales”.
