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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, en primera legislatura, una reforma a la Constitución Política que crea la Procuraduría General de Justicia, en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, la nueva entidad asumirá las funciones del Ministerio Público o Fiscalía.
La nueva entidad, creada por órdenes de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo para supuestamente “combatir la corrupción”, también perseguirá delitos comunes y ejercerá la función acusadora en los tribunales, competencias que actualmente ejerce la Fiscalía.
“La Procuraduría General de Justicia estará integrada por todos los órganos de la actual PGR, incorpora el Ministerio Público y otros organismos que cumplan funciones similares, para garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y el pueblo nicaragüenses”, se lee en la exposición de motivos.
La enmienda modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución, por lo que un analista valoró que el régimen “no respeta ni sus propias leyes”, ya que los cambios a Ley Fundamental se dan tras reformarla en febrero de 2025.
Desaparecen al Ministerio Público
A partir de la reforma constitucional, se elimina del artículo 159 toda referencia al Ministerio Público y en su lugar se detallan las funciones de la nueva Procuraduría General de Justicia. Institución que ejercerá la “representación legal y defensa” de los intereses del Estado y del pueblo nicaragüense, según el régimen.
La Procuraduría General de Justicia será la encargada de “resguardar el patrimonio público y combatir con contundencia todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución, ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas del delito”, se lee en el segundo párrafo del artículo 159 reformado.
Agregan que la Procuraduría también “identificará, perseguirá y procesará a todo responsable de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo en Nicaragüense, que es el Estado mismo, no permitiendo de ninguna manera el encubrimiento de intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer o seguir cometiendo infames, actos de robo y saqueo”.
La reforma traslada el contenido del artículo 160 al 159 reformado. Dejando únicamente la disposición de que “la o el procurador general de justicia, será nombrado por la Presidencia de la República”.
Además, se quita a la Asamblea Nacional la atribución de nombrar al fiscal general y al fiscal general adjunto de la República.
“Una ley para ellos mismos”
La abogada constitucionalista Azhálea Solís sostuvo que los cambios a la Constitución son parte de la “centralización” del poder en la Presidencia de la República. Un objetivo, añadió, “que ya tenían, pero ahora subordinan más claramente y desaparecen, en la práctica, a la Fiscalía General de la República”.
Consideró que, con la nueva Procuraduría de Justicia, “el régimen está pretendiendo perseguir a los opositores”.
Solís explicó que la figura del “menoscabo a la integridad nacional”, que se ha aplicado a los opositores, “no es del conocimiento general de la gente”; en cambio, la corrupción además de ser muy conocida tiene una connotación negativa.
Señaló que la supuesta lucha contra la corrupción, anunciada por el régimen, aplica para sus propias élites corruptas.
“Están haciendo una ley para ellos mismos porque la corrupción tiene la cara de ellos, las manos de ellos. Es el accionar de la dictadura y concretamente la familia Ortega Murillo, que es esencialmente corrupta”, enfatizó la abogada.
