AA
Share
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco altos funcionarios que “lideran las principales agencias de inteligencia financieras, de comunicaciones, y militares” del país, señalados de colaborar con la dictadura para “reprimir a su pueblo”.
Los nuevos sancionados son: el mayor general retirado Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y el comisionado general en retiro Aldo Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF. El mayor general Leonel Gutiérrez López, exjefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército (DICIM), según fuentes vinculadas al Ejército, Gutiérrez ahora está a cargo de los “negocios gruesos” del Hospital Militar; Johana Flores Jiménez, titular del Ministerio del Trabajo, señalada por violaciones al tratado CAFTA; y Celia Reyes, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor), que promueve la censura en internet y las granjas de troles.
El economista Juan Sebastián Chamorro, expreso político desterrado en Estados Unidos y coordinador de Ciudadanos por la Libertad en el exilio, considera que estas sanciones, después de la que se aplicó recientemente contra el comisionado Roberto Guevara, director de la cárcel La Modelo, revela que Estados Unidos le está poniendo mayor atención a la dictadura Ortega Murillo, en el contexto de las presiones que ejerce contra las dictaduras de Venezuela y Cuba.
En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Chamorro analizó la corrupción sistémica que se practica en Nicaragua, en beneficio de la familia gobernante, la cúpula militar y policial y sus allegados, y destacó la extorsión fiscal y aduanera contra la empresa privada, e incluso la confiscación ilegal de la empresa minera BHMB, norteamericana-canadiense, una inversión de unos 80 millones de dólares en Palacagüina, que fue traspasada por la Procuraduría de Justicia a un “empresario chino”.
“La denuncia de los propietarios de esta empresa provocó un extraño comunicado de la Procuraduría, alegando que en Nicaragua se respetan los derechos de propiedad, cuando nadie les estaba preguntando nada. Esa confiscación va a tener repercusiones (en Estados Unidos) para la dictadura”, advirtió Chamorro.
El Departamento del Tesoro sancionó a cinco altos funcionacionarios del régimen Ortega Murillo, entre ellos el general retirado Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero y al subdirector, el comisionado general en retiro Aldo Sáenz. ¿Qué significa esta sanción y que tiene que ver la UAF con la corrupción?
Esta sanción es sumamente importante porque, desde hace varios años, no se daba una sanción de esta naturaleza, por el número de funcionarios y el nivel que tienen ellos. Se da en un contexto donde ha pasado lo de Venezuela, está Cuba caliente, y Estados Unidos están diciendo —de la Troika (de las dictaduras), aquí está Nicaragua también y vamos a ocuparnos de ellos. Se están empezando a mover las aguas con la UAF, el comunicado sostiene que (el régimen) utiliza una instancia que debería ser técnica, para detectar flujo financiero relacionado con el narcotráfico, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, como herramienta política de Murillo Ortega, para congelar cuentas y activos de opositores, oenegés y otros elementos de la economía nicaragüense que consideran “sospechosos”.
Esta sanción tiene un profundo componente de inteligencia financiera, luego está la inteligencia de comunicaciones, clavándole la sanción a la subdirectora de Telcor y la inteligencia militar y la contrainteligencia cuando le caen también al encargado de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia.
El contexto es importante (porque se da) una semana después de sancionar al carcelero que es el director Guevara, de la Modelo. Ahora pasan con los elementos de represión a través de la inteligencia financiera. Telcor y la Granja de troles, la inteligencia militar, y la ministra del Trabajo, obviamente corresponde a la investigación de la 301 (Oficina de Comercio) que sigue abierta y que está mandando un mensaje de que las condiciones que llevaron estos aranceles especiales del 10% para el próximo año (2027), 15% para el subsiguiente (2028), siguen vigentes.
¿Qué impacto concreto tienen estas sanciones en la maquinaria represiva y de corrupción del gobierno? Usualmente, sancionan a un funcionario y lo eliminan como representante legal y firma libradora y ponen a un sustituto que puede ser cualquier otra persona. ¿La UAF se va a paralizar porque han sancionado a estos dos altos funcionarios? ¿La inteligencia militar del Ejército va a dejar de seguir operando?
No, no se van a detener. Estos individuos no son más que peones, y en los casos de corrupción quedan clarísimos, cuando ya no son necesarios, simplemente los descartan o lo echan a la cárcel.
El contexto político viene escalándose de un encargado de negocios de la embajada norteamericana que exige la incondicional e inmediata liberación de los presos políticos, que una semana después llama “cobarde” a la codictadora, luego sancionan a Guevara (el carcelero de la Modelo), y ahora sancionan a cinco individuos, yo lo veo como parte de un proceso que no va a ponerse más suave. Yo esperaría por las vísperas que se están viendo, otras acciones de la Administración Trump en contra de la dictadura.
Si te volás con unas sanciones internacionales al director de la UAF y al subdirector, ya es cosa mayor. Porque la UAF no una instancia interna del gobierno régimen únicamente, sino que responde a una red, a un entramado de UAF en todas partes del mundo, que se conforman por la GAFI, que es un acuerdo internacional contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y queda sumamente debilitada Nicaragua con este mensaje que ya no es una barrera de contención del narcotráfico o del lavado de dinero, porque sus propios directores han sido señalados internacionalmente por violar lo contrario. El costo reputacional internacional se va a ver en las evaluaciones de riesgo que ya vienen mostrando incidencia. Moodys había dicho la semana pasada en su informe sobre Nicaragua, que temía que el riesgo país aumentara por el riesgo de sanciones inminentes. Esta sanción de la UAF va a afectar los índices de riesgo internacional.
En el tema de la corrupción, a la Procuraduría General de Justicia le han dado unos superpoderes supuestamente para perseguir la corrupción, pero el índice de Transparencia Internacional sigue manteniendo a Nicaragua como el segundo país más corrupto de América Latina. ¿Se atreverá la Procuraduría a investigar el desvío de cinco mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que pasó a manos de la familia Ortega Murillo, o el negociado de la energía, o el negocio con los migrantes ilegales a Estados Unidos a través de Nicaragua? ¿Puede la Procuraduría investigar y sancionar la corrupción?
Lo va a hacer en la medida que le convenga políticamente. Pero si el Ejército de Nicaragua o la familia Ortega Murillo están metidos en el negocio, obviamente no lo van a investigar. La Constitución misma establece que todo está debajo de los designios de la codictadura, inclusive el órgano Judicial. De nada sirve hacer ningún tipo de acusación, porque acusan por orden, y no sería de oficio, sino por orden y mandato. Los coditadores acusan al general en retiro (Álvaro) Baltodano de corrupción, acusan al director del aeropuerto por la corrupción. ¿Por qué? Porque se les han convertido en personas indeseables para sus planes dinásticos, políticos o económicos, o simplemente son manchas que quieren tapar, como el caso del aeropuerto o de la Empresa Portuaria. En todos ellos miembros de la familia, particularmente Laureano Ortega era el segundo prácticamente de Baltodano, y en la empresa del aeropuerto era este señor Castillo, que tenía casas por todos lados, era cercanísimo con Laureano Ortega y los otros hijos de la dictadura.
Igual medida contra la Empresa Portuaria, que dicho sea de paso, recordemos que se detectó en San Petersburgo un contenedor lleno de drogas que había salido de Nicaragua. Entonces esta corrupción que, eventualmente, trastoca a la familia, al Ejército, a la Policía, y es el caso de la cooperación venezolana, el peor caso de corrupción que se ha visto en la historia de Nicaragua, más de cinco mil millones de dólares.
Pero, además, el Presupuesto General de la República se maneja de manera totalmente discrecional. En el tiempo de Arnoldo alemán, que era la época dorada de la corrupción, el Presupuesto General de la República no pasaba, en términos reales, es decir, comparando dólares de ayer con de hoy, en 800 millones de dólares. Hoy el Presupuesto General de la República es de 4200 millones. Muchas obras públicas, carreteras, etcétera, que se están haciendo, les está quedando una tajada a los personeros, a los prestanombres, a los Tirso Celedón, a los corruptos, que están prestando sus nombres, sus empresas para hacer este tipo de obras públicas. La magnitud de esto es enorme y las plata pública que antes solía ser licitada y habían irregularidades, justo también decirlo, ahora la opacidad es total.
Los empresarios privados se quejan de los reparos fiscales, de la Dirección General de Ingresos, de las dudas de valor en las importaciones en Aduanas, pero solamente algunos pocos se atreven a denunciar que hay un esquema organizado de extorsión fiscal y aduanera. La creciente recaudación que hace Aduanas o la DGI ¿es un mérito de eficiencia para recaudar fondos o es un acto de corrupción?
Es un acto de chantaje y de extorsión. Nadie sabe mejor los detalles de una empresa que el Fisco, después de los dueños evidentemente. Yo fui viceministro de Hacienda y la Dirección General de Ingreso conoce a lujo de detalle los activos, pasivos, las ventas, el pasivo laboral, conoce los inventarios, todo el detalle de las empresas. Con la información que tienen es más fácil para ellos cobrar la extorsión suficiente en el reparo fiscal que le extraiga al empresario las ganancias máximas, sin que la empresa pierda. A veces se les pasa la mano y los empresarios dicen, —no te puedo pagar el reparo, aquí está la empresa, te la entrego, le bajan al reparo. Ellos tienen un sistema de inteligencia que le llaman “el chino”, porque dicen que es un sistema chino de inteligencia para saber cómo están las finanzas de una empresa, cuando llega la auditoría, saben exactamente qué inventario y cuánto es el monto que generó, si es para quebrar la empresa y luego la rebajan al monto que originalmente estaban ya pensando cobrarle, y extorsionarle a la empresa.
Esa es parte de la técnica que están haciendo. Y lo peor de todo es de que si fuesen reparos justificados, que no lo son, pero en el caso de que lo fueran, ni siquiera van a las arcas públicas, ni siquiera van a la Cuenta Única del Estado, sino que hay una mafia desde que estaba Walter Porras. Han venido desarrollándose nuevos seudoempresarios en esta industria, sirven de intermediarios para que la extorsión, como en toda mafia, se materialice a costa, a cambio de una coima a estos operadores que operan en casas privadas en Managua. Todo esto es conocido y le queda solamente una fracción al fisco, estamos hablando de una operación masiva.
El hecho de que no lo denuncien es por temor, no es por otra cosa, pero en círculos privados, en conversaciones con personas que tienen negocios grandes, pequeños y medianos, dicen que ya no aguantan, que esto es generalizado, que hay continuamente alguien de la DGI en la sala de las empresas y esto representa un elemento que no se hace público, porque si no ahí sí te pueden hasta echar preso, quitarte la empresa, pero existe de una manera institucionalizada dentro de un sistema corrupto, de coimas, extorsiones.
Hay un caso que publicó recientemente el Diario de la Prensa, de un inversionista norteamericano, la empresa se llama BHMB Mining, una empresa minera que reclama que ha sido despojado de una inversión en Palacagüina, de 80 millones de dólares, y que ahora esta empresa se la traspasaron a una empresa china y que el despojo lo hizo la misma Procuraduría General de Justicia. O sea que la Procuraduría que le tocaría supuestamente investigar la corrupción, ejecuta actos de confiscación y de corrupción.
Este caso de BHMB le va a costar a la dictadura, porque aquí se juntan varios elementos de la corrupción, en primer lugar, el sector oro, después, de haberle sacado el jugo a la teta de la vaca medio muerta de Albanisa, después del tema de la energía, que ahí le siguen sacando recursos, el oro se ha convertido en la nueva fuente de ingresos de la familia (gobernante).
Se sancionó en 2022 el sector oro de parte de Estados Unidos e inmediatamente empezaron a aparecer empresas con socios nicaragüenses y chinos, incluso alguna de estas personas trabajan en El Carmen y trataron de eludir a estas sanciones y han hecho un buen negocio. Esta invasión se da porque BHMB tiene la posesión del plantel y llegan funcionarios del gobierno, de la Procuraduría, y también funcionarios del Estado con los chinos y ocupan el plantel y todo esto se registra, a quien le pasaron la concesión a través de Eniminas, está perfectamente documentado todo lo que está pasando con videos, con evidencias, con escrituras, incluso con comunicaciones. El tercer elemento es que una empresa norteamericana junto con capital canadiense que estaba debidamente registrada en Nicaragua, es una empresa reconocida y se da la confiscación y no le queda otra cosa a la empresa más que protestar. Y eso provoca un extraño comunicado de la Procuraduría el sábado (21 de febrero), diciendo que en Nicaragua se respetan los derechos de propiedad, los derechos de las concesiones, cuando nadie se lo está preguntando, ¿por qué hace la Procuraduría este tipo de señalamiento, de carta explicativa de manera extraña?, que al leerlo no sabíamos ni por dónde venía y al darse la publicación del diario La Prensa queda en evidencia, y nos damos cuenta de que hay una acusación seria a nivel internacional, y ahí empiezan los dos eslabones a tener sentido.
Esto va a tener repercusiones, las sanciones mencionan la confiscación de empresas norteamericanas, no ponen el nombre, pero no hay que ser brujo para darse cuenta que se están hablando de esa empresa, en un momento donde en el Congreso de EE. UU. se está pasando una ley que regula la minería ilegal en toda América Latina, principalmente orientada a lo que está pasando en Venezuela con China, pero que hay un párrafo en las consideraciones de la Ley donde habla que Nicaragua ha exportado a Estados Unidos, Canadá y a Suiza en 2025 por el orden de 1200 millones de dólares. Lo dice la ley que ahorita va a la Cámara de Representantes para su discusión. Entonces no me extrañaría ver algún tipo de movimiento por ese lado también por parte de la Administración, ya lo estamos viendo en el Congreso, veremos qué dice la Administración Trump.
¿Cómo impacta el entorno de negocios de Nicaragua o de inversión, esta documentación de los casos de corrupción, el hecho de que Transparencia Internacional reiteradamente dice en este país no hay instituciones que puedan vigilar la corrupción y lo único que hacen es ejecutar sus propias purgas internas?
Estos informes que son globalista sobre un ranking de los países, son importantes para tener una idea de cómo estamos con relación al mundo. Pero la Administración le está poniendo el ojo a un caso de corrupción específico, concreto, con nombre y apellido BHMB, que además es norteamericana, canadiense y eso al informe de Transparencia Internacional que realmente vergonzoso el lugar donde estamos ubicados como país, le pone carne y hueso. Cuando los empresarios ven estas acusaciones que están haciendo a nivel internacional, por medio de medios independiente, que no se pueden hacer miles de nicaragüenses, porque quitan la empresa, te echan preso o te exilian en todo caso.
Debo de mencionar también el caso de Puerta de la Montaña, que está referido también en la sanción de la semana pasada, lo dice, persecución a grupos religiosos norteamericanos. Aquí se les pasó la mano y ni siquiera en su ansia de represión consideraron de quien le estaban confiscando a un norteamericano, a eso hay que agregarle a ciudadanos norteamericanos que han sido presos y torturados en las cárceles de Nicaragua, que le da suficiente argumento a la administración Trump para poner atención a lo que está pasando en Nicaragua y ciertamente ya la están poniendo la atención.
