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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el jueves 26 de febrero de 2026 a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que “lideran las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares” del país, señalados de colaborar con la dictadura para “reprimir a su pueblo”.
Según un comunicado del Tesoro estadounidense, los cinco sancionados son:
- El mayor general Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército (DICIM).
- El mayor general retirado Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- El excomisionado general Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF.
- Johana Vanessa Flores Jiménez, titular del Ministerio del Trabajo.
- Celia Reyes Ochoa, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor).
“La dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, sofocar y socavar a los opositores políticos pacíficos y a los disidentes”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Seguiremos haciendo rendir cuentas a la dictadura —agregó Bessent—, y amplificando las aspiraciones del pueblo nicaragüense por la libertad y la justicia”.
Las sanciones se enmarcan en una serie de medidas que el Gobierno estadounidense ha venido aplicando al régimen orteguista porque ha “reprimido violentamente las protestas, ha detenido injustamente y matado a opositores políticos, llevado a cabo asesinatos extraterritoriales, silenciado medios de comunicación independientes y forzado a los periodistas al exilio, y consolidado su control ilegítimo sobre el poder en Nicaragua”.
Todos los “bienes e intereses” que las personas designadas tengan en Estados Unidos —o que estén bajo el control o posesión de ciudadanos estadounidenses—, quedan “bloqueados”. Adicionalmente, deben reportarse a Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Desde 2018, Estados Unidos mantiene sanciones financieras específicas contra altos funcionarios y entidades vinculadas al estado. Las prohibiciones de visas de Estados Unidos, según Human Rights Watch, cubren a más de 2000 funcionarios actuales o anteriores del régimen nicaragüense.
Responsable de “vigilancia interna y externa” del Ejército
El Departamento del Tesoro detalló que la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que dirige Gutiérrez López, es una de las “estructuras más opacas y poderosas” del Ejército. Además, la señala de trabajar en coordinación con la Policía y las agencias de seguridad del Estado, para “garantizar a toda costa que no haya oposición al régimen”.
Según el comunicado, esta dirección del Ejército es “fundamental para monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados considerados desleales”.
En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) incluyó a Gutiérrez López en una lista de 54 altos funcionarios identificados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país. La DICIM es parte de las direcciones que asumieron el “control operativo de la represión” en 2018.
UAF contribuye a “impunidad en casos de corrupción”
El Tesoro estadounidense señaló que el régimen ha “instrumentalizado” las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, con el fin de incrementar su “capacidad de represión política contra la oposición”.
De acuerdo con EE. UU., Membreño Rivas y Sáenz Ulloa, desde la UAF, mantienen un “monitoreo constante de las entradas de dinero del exterior, con el objetivo de bloquear cualquier tipo de financiamiento a las actividades de organizaciones pacíficas de oposición y la sociedad civil independiente”.
“Esto permite al régimen nicaragüense controlar y utilizar las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el lavado de activos —según el comunicado— para perseguir a la oposición política y beneficiar a sus aliados e intereses”.
La UAF se ha encargado de “liquidar los activos”, de los disidentes políticos, presos políticos y organizaciones de la sociedad civil “sin fundamento legal”.
“La falta de autonomía de la UAF socava la independencia e integridad del sistema y contribuye a la impunidad en casos de corrupción y lavado de dinero”, afirmó el Tesoro.
Abusos de los derechos laborales y competencia desleal
A la ministra de Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez, la sancionaron bajo argumentos de que en Nicaragua se ha creado un “entorno de alto riesgo para las empresas estadounidenses que invierten y realizan” en el país.
El Tesoro cita el informe del 25 de octubre de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), donde se concluye que el régimen “mediante sus actos, políticas y prácticas, ha explotado a sus propios trabajadores” a través del Ministerio del Trabajo.
Lo anterior, según el comunicado, ha provocado “condiciones de competencia desleal, ha confiscado los derechos de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras, así como de personas o empresas estadounidenses”.
La subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Celia Reyes Ochoa, ha sido clave dentro del aparato de vigilancia e inteligencia del régimen utilizado para “monitorear y controlar las redes sociales, la prensa y otras formas de expresión” en el país.
Con la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que entró en vigencia en noviembre de 2025, TELCOR obtuvo amplias facultades para “recopilar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas en Nicaragua”.
La ley tiene un impacto directo y severo en los derechos digitales y la privacidad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
“Esta legislación fortaleció aún más la supervisión y el control de TELCOR sobre las redes sociales y los medios de comunicación”, apuntó el Tesoro estadounidense.
Desde este ente estatal, la directora general de TELCOR, Nahima Janett Díaz —designada en 2022— presuntamente supervisó las llamadas “granjas de trolls” que se dedicaban al acoso, la difamación y los ciberataques contra opositores políticos.
