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Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Nicaragua “seguir reforzando” el marco anticorrupción, aumentar la transparencia, y mejorar la puntualidad y la calidad de las estadísticas publicadas, incluyendo las de las remesas, pero ignora las confiscaciones de propiedades que prevalecen en Nicaragua. El documento, publicado en el sitio web del Fondo, también advierte de medidas a aplicar en caso que el país sufra “sanciones internacionales más estrictas y amplias”, como las que propuso el Representante Comercial de Estados Unidos.
La visita del personal del Fondo ocurre en promedio una vez cada año, en el marco del Artículo IV del convenio constitutivo de la entidad multilateral. Los economistas se reunieron con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, el ministro de Hacienda, Oscar Mojica Aguirre, y “otros altos funcionarios y representantes del sector privado y de la comunidad internacional”.
La declaración de la misión técnica -publicada con el consentimiento de las autoridades del Gobierno de Nicaragua- invita a fortalecer el clima empresarial y mejorar sustancialmente el Estado de derecho, pero no dice nada sobre el Estado policial que se ha agravado en Nicaragua, legalizado por la Constitución “Chamuca”. El FMI recuerda la importancia de incentivar la actividad de los agentes económicos para mejorar la competitividad e inversión privada, así como para reducir los costos de hacer negocios en el país.
La misión recalcó la necesidad de mantener la integridad fiscal “garantizando que los procesos administrativos de apelación en materia tributaria sean oportunos y coherentes con las directrices publicadas”. De manera consistente, empresarios entrevistados por CONFIDENCIAL se han quejado del actuar de las agencias tributarias, así como de la parcialidad del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero (TATA).
También, el FMI señala que se requiere “aumentar la transparencia y la efectividad de los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de propiedad (incluidos los de terceros), los cuales incluyen garantizar todos los recursos legales adecuados”. La Constitución Chamuca, adoptada en febrero de 2025, convirtió a la Corte Suprema de Justicia en un ‘órgano del Estado’, consumando la subordinación de ese poder del Estado a la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La misión también recomendó seguir reforzando el marco anticorrupción. En este caso, “permitiendo la publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios y garantizando la gestión eficaz y supervisión de todos los bienes del Estado”. Como parte de ese proceso, anotaron la necesidad de “continuar los esfuerzos para digitalizar la declaración patrimonial de los funcionarios públicos y auditar las instituciones públicas”.
Advertencias
Los economistas del Fondo celebran algunos de los indicadores que exhibe la economía nicaragüense: el producto interno bruto (PIB), que creció 3.9% en el primer semestre de 2025. El superávit en cuenta corriente y el crecimiento de las reservas internacionales brutas, que alcanzaron los 7500 millones de dólares en septiembre de 2025. También destacaron la baja inflación, la situación fiscal sólida, el crecimiento de los depósitos del Gobierno central, y, que “el sector financiero está bien capitalizado, con adecuada liquidez y un bajo nivel de cartera morosa”.
Ese reconocimiento viene acompañado de advertencias. La primera es que el PIB bajará ligeramente, para cerrar el año en 3.8%, y que volverá a bajar (a 3.4%) en 2026, previendo una disminución de las remesas, enmarcadas en la suspensión del parole, y del estatus de protección temporal para los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos. También proyectan que bajarán las exportaciones, no solo por los aranceles del 18% y la incertidumbre comercial mundial, sino también por el riesgo de sanciones internacionales más estrictas y amplias.
Al respecto, señalan que “existe mucha incertidumbre en relación con las medidas comerciales adicionales recomendadas por el Representante Comercial de los Estados Unidos para Nicaragua”. Esa decisión, que se espera “no antes de finales de 2025”, afectaría las exportaciones y la actividad económica.
Ante ese panorama, el equipo del FMI aconsejó mantener la prudencia fiscal, “habida cuenta de los riesgos a la baja, la alta incertidumbre, la financiación externa limitada y los desequilibrios persistentes en el sistema de pensiones”. Ese desequilibrio le costará 8125 millones de córdobas al país en 2026.
También hacen mención a que el país está pronto a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ante esa realidad, indican que “debe ampliarse la coordinación con las organizaciones privadas y sin fines de lucro para la mejor identificación de riesgos. Los agentes en el sector de oro también deben reportar transacciones sospechosas, cuando se necesite”.
El régimen desmanteló a las organizaciones del sector privado. También arrasó con más de 5500 organizaciones sin fines de lucro.
Finalmente, destacan que “las autoridades están trabajando con el apoyo del FMI para mejorar las estadísticas externas. La misión recomienda ampliar las fuentes de datos, mejorar la puntualidad de las estadísticas clave, como las tasas de pobreza, y aumentar los detalles de los datos publicados sobre la balanza de pagos, incluidas las remesas”.
