30 de septiembre 2020
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A principios de la semana pasada, un conocido empresario experto en comunicación, recibió una llamada en su casa, en la que le informaban que debía presentarse a la Alcaldía de Managua, para arreglar un problema con la comuna capitalina.
“Les dije que me explicaran de qué se trataba, pero me dijeron que ese era un centro de llamadas, y no sabían más. Que debía presentarme personalmente, así que fui, y me informaron que —según ellos— yo les debía el equivalente a poco menos de 2400 dólares en concepto de impuesto de bienes inmuebles”, (IBI), narró el empresario a CONFIDENCIAL.
Como él, muchos empresarios siguen resintiendo el acoso fiscal al que se ven sometidos por parte del Gobierno de Daniel Ortega, en una actitud que los afectados y sus líderes gremiales no dudan en calificar de vorazmente recaudatoria.
Desde hace varios trimestres, los dueños de negocios, y también, los propietarios de casas y terrenos, comenzaron a observar —y denunciar— la recepción de cobros desmesurados del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por parte de la Alcaldía de Managua, con un elemento adicional: la amenaza de cárcel inmediata si no pagaban lo que les estaban cobrando.
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Con el paso de los meses, las dos direcciones principales del Ministerio de Hacienda (Aduanas e Ingresos), se sumaron al acoso, conformando, junto con la Alcaldía de Managua (ALMA), el tridente de entidades a las que el sector privado señala de ser las encargadas de implementar el terrorismo fiscal que les aplica el Gobierno.
“La verdad es que te asustan”, admitió el empresario citado al inicio de este texto. “A mí me asustaron al llamarme de esa forma, y luego al cobrarme cuatro veces más de lo que era correcto. Es cierto que no me amenazaron de nada, pero me asustó que me dijeran que les debía más de 80 000 córdobas, aunque al final se arregló por un poco menos de 13 000 córdobas”, complementó.
Otro propietario (todos solicitan el anonimato, por temor a nuevas represalias) narró lo que él describió como “una valoración arbitraria de propiedades por parte de la Alcaldía de Managua”. En este caso, hablaba de un terreno baldío al que incrementaron su valor en 760% de un año a otro, pese a la caída de los precios de los bienes inmuebles.
El terreno al que se refiere, está valorado en 10 000 dólares, pero la autoridad edilicia dijo que costaba casi 86 000 dólares, y que debía pagar impuestos sobre ese valor. “Es imposible que un terreno incremente su valor de un año a otro en tan poco tiempo, así que es un impuesto mucho mayor. Eso va también para una casa, bodega, fábrica. Ese proceso es totalmente arbitrario, solo para recaudar más”, aseguró.
Hay acoso para todos
El abogado Roberto Fúnez, especialista en Derecho Penal, ha estudiado varios cobros, con un común denominador: las autoridades judicializaron los casos y pasaron a procesarlos en los juzgados.
“Usaron la vía penal, y la que debían usar era la administrativa. Están instrumentalizando el sistema de justicia penal para cobrar reparos onerosos. Primero, ordenan una auditoria, notifican al contribuyente, que comparece y hace su oposición, pero antes que se venza el plazo para que pueda presentar un recurso de revisión, ya está en los juzgados una acusación penal, por defraudación tributaria a la Alcaldía de Managua”, relató.
En este proceso, tanto la comuna capitalina, como la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), compiten por ser la más incisiva, y lograr mayores montos de recaudación, aunque para ello deban subvertir el mismo orden legal en el que se basan para hacer los cobros.
En el proceso, el ‘modus operandi’ de la Alcaldía de Managua (al inicio, solo ella, pero ahora hay cada vez más comunas sumándose a la ofensiva recaudadora del régimen), se caracteriza por el envío de un cobro retroactivo del IBI, en el que se multiplica por varias veces el valor catastral de una propiedad, para cobrar por ese nuevo valor de forma retroactiva, amenazando con cárcel a quien no pague de inmediato.
Generalmente, esa amenaza surte efecto.
“Les hacen el reparo, les notifican, y junto con eso va la demanda penal. Vos como afectado presentás los recursos, pero ellos te coaccionan con que vas a la cárcel si no pagas. Algunos –la mayoría- paga; otros se deciden a pelearla. Sé de alguien en Chinandega que no pagó y cayó preso”, relató a CONFIDENCIAL el abogado de dos empresas comerciales que fueron víctimas de ese esquema extorsivo.
Las estrategias de la DGA y la DGI
“De este acoso y este terrorismo fiscal no se escapa nada ni nadie, porque es algo generalizado, encabezado por varias instituciones, y así logran afectar a todos los sectores”, aseguró Mario Hanón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda).
Las quejas se acumulan en otras tres entidades del sector privado: la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), y la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo Masivo de Nicaragua (Adiprocnic).
Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio, conoce de “casos de cobros [presentados por la Alcaldía de Managua] que se atrasaron tres días, y les impusieron el 100% de multa, o simplemente, les llegó una amenaza penal”.
El fenómeno es más común de lo que parece. Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias, dice que la inquina “es continua, pero no sabemos cuántos nuevos casos haya en la última semana, versus hace un mes. Lo más común es la sobrevaloración de propiedades para aplicar los impuestos municipales, duplicando o triplicando para cobrar sobre ese valor”.
Los últimos días han mostrado nuevos niveles de ‘creatividad’ recaudatoria, cuando una empresa distribuidora de productos de consumo masivo, con presencia en unas 40 000 pulperías en todo el país, recibió la notificación de que debería comenzar a pagar por cada rótulo o afiche colocado en las paredes de sus 40 000 clientes.
El presidente de Cadin dijo conocer de empresas que han recibido cobros de impuestos “por rotulación que no deben pagar, porque está dentro de sus establecimientos, pero les cobran como si estuvieran en zonas públicas”.
No es el único tipo de cobro por imágenes publicitarias. Pierson dijo que “también están comenzando a cobrar por los afiches que colocan en las pulperías, que pueden ser miles. Hace unos cuatro años comenzaron a discutir la posibilidad de crear estos cobros por ley, pero no sabemos si es que lo hicieron, y hasta ahora lo están implementando”, admitió.
“Ellos están desempolvando estos cobros ahorita. En Cadin supimos que le llegó un cobro a un socio, y se está revisando como gremio, pero también las empresas lo están estudiando por su cuenta, para ver cómo nos afecta”, dijo Gabriel Chamorro, cuya empresa está afiliada a la Cámara de Industrias.
El también presidente de Adiprocnic, dijo que en esa asociación están conversando para decidir qué hacer, y cómo juntar esfuerzos con otros gremios, porque “esto sigue afectando a las empresas. Es otro impuesto que se suma a la carga que se nos amplió con la reforma tributaria del 2019”, valoró.
El resultado de esa reforma es que “estamos en un panorama de sobrevivencia, tratando de conservar la mayor cantidad de empleos posibles y seguir a flote, pero algunas empresas están trabajando para pagar impuestos bastante confiscatorios, como el IR”, señaló.
Hilleprandt relató el problema que tienen algunos socios de la Cámara de Comercio, a los que la DGA presenta muchas ‘dudas de valor’, ante lo cual el socio recurre si no está de acuerdo, pero desde hace unos meses, el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), falla cada vez más en contra del reclamante, muchas veces, aunque la ley los asista.
Chamorro, de Adiprocnic, también informa la implementación de muchas ‘dudas de valor’ en Aduanas, “y hacen que paguemos una garantía por el monto exacto del impuesto que están cobrando, mientras se resuelven los recursos interpuestos ante la misma DGA”.
La DGI no se queda atrás: Hilleprandt comenta que los socios de la cámara se quejan por la aplicación incorrecta de la Ley de Concertación Tributaria (LCT), en especial al cobrar impuestos a las bebidas gaseosas y los cigarrillos, “con lo que terminaron recaudando menos”.
“Habría que revisar la LCT; ese 3% de pago mínimo definitivo quita liquidez a las empresas. Si queremos sacar adelante al país, se necesita apertura del Gobierno. Si quieren más tributos, hay que generar un apropiado clima de negocios, con un interlocutor que sirva como facilitador”, sentenció.
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