Dictadura se “cobrará” el fracaso de la UNOPS en Nicaragua para desacreditar a la ONU

El silencio del Gobierno de Nicaragua, ante los evidentes fallos de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la ejecución de un préstamo de 95 millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial (BM), apunta en dos direcciones: complicidad y conveniencia, según concluyen varios profesionales que conocen el mundo de la cooperación internacional.

Un funcionario que conoció el proceso que llevó a que el BM impusiera a Nicaragua a la UNOPS como ejecutor de ese proyecto, aseguró a CONFIDENCIAL que “en realidad, no hubo mucha resistencia de parte del Gobierno de Nicaragua, porque la situación no estaba para pedir gusto”.

En ese momento, varias entidades multilaterales ya habían suspendido préstamos a Nicaragua, y lo del BM solo alcanzaba para cubrir un muy pequeño porcentaje de los más de 740 millones de dólares en pérdidas causadas por los huracanes de noviembre de 2020.

En 2021, el Banco Mundial aprobó un crédito por 80 millones de dólares para financiar varios proyectos que buscaban reparar parte de los caminos y casas dañados por los huracanes Eta y Iota. El dinero también debía emplearse para ayudar a que miles de pescadores recuperaran el nivel de ingresos que tenían previo al paso de ambos huracanes. Posteriormente, el BM puso otros 15 millones a disposición, con lo que el total de los fondos disponibles alcanzó los 95 millones de dólares.

Gobierno busca “victoria moral”

Antes de firmar, el Banco puso al Gobierno una condición irrechazable: UNOPS debía ejecutar el proyecto. En parte, porque al no tener el mismo marco legal y la burocracia que un Gobierno, la agencia puede efectuar procesos de compra y contratación más rápidos y efectivos, lo que debería aumentar la eficiencia. También, para eludir las redes corruptas con las que se maneja la administración pública en Nicaragua. Pero el resultado es que no hubo mejoras ni en la eficiencia, ni en la transparencia.

“Como las relaciones no estaban bien con Naciones Unidas, al Gobierno no le interesaba pujar por los fondos: más bien querían mostrar que UNOPS era un desastre, y que la decisión del BM de darles los recursos era mala”, agregó el funcionario que conoce el proceso.

Documentos en poder de CONFIDENCIAL confirman que el proyecto se ha convertido en un fracaso monumental: la mayoría de sus metas no se han cumplido y el mismo Banco Mundial califica su ejecución como “insatisfactoria”.

En marzo de 2024, el Gobierno ya había sufrido un revés: el Fondo Verde para el Clima rescindió un acuerdo para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan, por un monto de 116.6 millones de dólares. El organismo argumentó que el Gobierno incumplió “políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales”.

El economista Julio Ricardo Hernández opina que “después de haber visto lo del Fondo Verde, el Gobierno pudo haberse hecho de la vista gorda para obtener una victoria moral, al encontrar infraganti a una agencia de Naciones Unidas”.

“Ahora —añadió— pueden decirle a la ONU, tanto en materia de derechos humanos como de gobernabilidad, o algún otro tema‘¿cómo es que ustedes me obligan a trabajar con sus agencias, viendo lo que hizo UNOPS con este proyecto?’. En ese caso, Ortega tendría razón”, concedió.

Sin embargo, el funcionario de la cooperación internacional asegura que en cualquier caso Nicaragua deberá devolver el préstamo.

No importa: habrá que pagarle al Banco Mundial

Devolver el préstamo, es algo que tendrá que ocurrir. Sí o sí. El informe del Banco Mundial, con fecha del 30 de junio de 2025, asegura que el proyecto enfrenta desafíos “sustanciales” que comprometen su finalización, prevista para mayo de 2026. De ahí que bajara aún más la calificación otorgada a su desempeño, pasándolo de “moderadamente insatisfactorio” a “insatisfactorio”.

Ese es el peldaño más bajo de su escala de evaluación, y fue concedido después de concluir que, lo más probable, es que solo se reparen o construyan 256 de las 3500 casas previstas, y 38.7 de los 200 kilómetros de vías supuestos a rehabilitar. Peor aún: una evaluación más reciente, efectuada por personal de UNOPS, indica que solo se construirían 60 casas.

Por otra parte, el componente que beneficiaría a los pescadores tiene un cumplimiento menor al 20%.

A la fecha del Informe, se había desembolsado el 66.2% (62.9 millones) de los 95 millones prestados al Estado de Nicaragua, pero los resultados son casi nulos. Los documentos en poder de CONFIDENCIAL muestran que el diseño y la gerencia del proyecto, incluyendo el cobro de UNOPS, costarán unos 22.1 millones de dólares, lo que equivale al 23.3% del préstamo.

“Los costos de administración varían dependiendo de la complejidad y del monto de los fondos, y normalmente rondan el 10%”, explicó el economista Enrique Sáenz, que tiene amplia experiencia profesional en el ámbito de la cooperación internacional. Por eso piensa que, si UNOPS cobró más del 20%, eso sería “un porcentaje excesivo”.

En especial, dice, porque hace falta volver a reparar los caminos supuestos a rehabilitar en el norte del país, y porque muchos de los damnificados por los huracanes, aún habitan en estructuras improvisadas.

Lideresa indígena cuestiona impacto del proyecto

Una lideresa indígena, que conversó con CONFIDENCIAL con la condición de proteger su identidad, aseguró que “mucha gente que perdió sus casas en Wauhta o en Haulover (en el Caribe Norte), sigue viviendo en champas, a pesar de que ya han pasado casi cuatro años, y ha habido bastante desplazamiento de esas comunidades porque no ven una solución a sus problemas”.

Otras familias también emigraron tras el paso de ambos huracanes que, sumado al cambio climático, les hizo perder sus medios de vida.

La lideresa asegura que no ha oído de algún pescador que hubiera recibido los kits de pesca incluidos en el proyecto del BM.

Sin embargo, sí sabe que en lugares como Haulover y Wauhta, el Gobierno ha entregado donaciones puntuales de un cayuco, o un trasmallo, pero solo a los sandinistas. A los demás no les dan nada, o los condicionan para recibir algún beneficio.

Cuestionan falta de fiscalización en reparación de caminos

El proyecto también prometía reparar caminos en el norte de Nicaragua. Sin embargo, los nicaragüenses tendrán que pagar una pérdida que supera los 888 000 dólares, debido a la inacción e irregularidades de UNOPS en la supervisión del proyecto, que dejó sin terminar tres caminos rurales en los municipios de Quilalí y Wiwilí, del departamento de Nueva Segovia.

Al conocer los señalamientos contra UNOPS, la activista Haydée Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias en el exilio, cuestiona dónde está la contraparte del Estado de Nicaragua que debía revisar y supervisar la eficiencia y la eficacia en el uso de sus recursos.

También increpa quién está detrás de la empresa constructora Esinsa —a cargo de los caminos— y por qué UNOPS le dio tantos privilegios a esa empresa que no completó sus contratos. Además, Castillo recomendó revisar el rol y la responsabilidad del Banco Mundial.

“Aun cuando el Estado no haya sido contraparte de este proyecto, tiene la responsabilidad de fiscalizar toda inversión que se hace porque el pueblo de Nicaragua tendrá que pagar esos préstamos”, recordó. Asimismo reclamó “las mentiras que se le venden a la población”.

“¿Caminos? —dijo— Habría que ver la calidad de esos caminos. Recordemos que después del Mitch hubo unas construcciones en el norte de Nicaragua, y luego los adoquines se estaban saliendo de la carretera”.

Castillo sostiene que Nicaragua es un país sin auditoría social, ni una instancia gubernamental suficientemente transparente, como debería ser la Contraloría General de la República, para enfrentar situaciones como esta.

Adicionalmente, casi todas las organizaciones de la sociedad civil que podían hacer auditorías sociales, pedir cuentas, etc., fueron obligadas al exilio político por la dictadura. “Este es un ejemplo muy claro de por qué pedimos a los organismos financieros internacionales y a los organismos de la comunidad internacional, que paren todos los financiamientos que van adonde la dictadura puede meter sus manos. Aquí la comunidad internacional tiene un ejemplo clarísimo de lo que pasa con los préstamos”, alertó.

¿Qué ha ganado el régimen con la ineficiencia?

Además de la conveniencia de poder confrontar al sistema de Naciones Unidas, los profesionales consultados no descartan que también hubiera ganancias materiales para el régimen y sus adeptos.

El economista Enrique Sáenz asegura que él conocía “rumores de un comportamiento de UNOPS, entre la condescendencia y la complicidad con el régimen. En cualquiera de los dos casos, el régimen no tendría motivos para denunciar a UNOPS, si esta servía a sus propósitos”, señaló.

Tampoco descarta que fuera “un mecanismo que encubría la participación directa del régimen, o de socios del régimen beneficiándose de estas operaciones”.Al comparar, recordó que, “por causas mucho menores”, Ortega expulsó del país a varias agencias de la ONU, tal como la UNESCO y la FAO, o se retiró de la OIT. “Uno puede presumir —añadió— que el régimen no tenía razones para disgustarse con una institución” que era complaciente y cómplice.