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Los nicaragüenses tendrán que pagar una pérdida que supera los 888 000 dólares de un préstamo con el Banco Mundial, debido a la inacción de una agencia de las Naciones Unidas. Según la denuncia de un grupo de trabajadores, a la cual tuvo acceso CONFIDENCIAL, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) cometió irregularidades en la supervisión de un proyecto de reconstrucción tras los huracanes de 2020.
Según la denuncia, la pérdida estimada en 888 116 dólares es por los montos que la UNOPS no reclamó a la firma Espinoza Ingenieros S.A. (Esinsa). Los trabajadores afirman que Esinsa dejó sin terminar tres caminos rurales en los municipios de Quilalí y Wiwilí, del departamento de Nueva Segovia.
“Le perdonaron los retrasos, no les cobraron multas, le perdonaron las garantías, hicieron obras mal hechas y no se las descontaron”, aseguró Hipólito, un funcionario internacional de UNOPS, que conversó con CONFIDENCIAL para ampliar la queja, bajo condición de proteger su identidad.
Esinsa se comprometió a reparar 37.5 kilómetros de caminos por la suma de 5.7 millones de dólares. Sin embargo, la empresa se habría beneficiado de “actos de negligencia técnica, omisiones graves en el control de calidad, falta de aplicación de penalidades contractuales, y recepción indebida de obras con no conformidades visibles y no subsanadas”, que habrían sido cometidas por funcionarios de UNOPS, de acuerdo con la denuncia presentada por el grupo de trabajadores.
Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha presentado ningún reclamo. Por el contrario, los dos funcionarios encargados de supervisar esos fondos en nombre del Estado de Nicaragua, fueron despedidos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en una de las barridas en esa institución.
El impacto de los huracanes y la emergencia
Para entender la magnitud de esta pérdida, es crucial conocer el contexto de la emergencia que la originó. En noviembre de 2020, con menos de quince días de diferencia, varios países de Centroamérica se vieron afectados por los huracanes Eta y Iota. Según datos oficiales, en Nicaragua, fueron impactados 56 municipios, con daños en viviendas, carreteras, caminos productivos, sector pesquero e infraestructura pública, estimados en 742 millones de dólares.
Ante eso, el Gobierno de Nicaragua pidió ayuda para reparar viviendas, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, templos, centros comunitarios, sistemas de agua, negocios y cultivos dañados o destruidos.
La respuesta del Banco Mundial, en enero de 2021, fue aprobar un préstamo por 80 millones de dólares (que después se amplió a 95 millones), a pagarse en 30 años, con 2.5% de interés anual. El préstamo fue dividido en tres componentes, más el costo de administración:
- 27.4 millones para rehabilitar 200 kilómetros de caminos.
- 35.2 millones para la construcción o reparación de 3500 viviendas.
- 10.3 millones para apoyar la recuperación de la actividad pesquera.
- 22.1 millones en diseño y gerencia, incluyendo el cobro de UNOPS.
Banco Mundial condiciona préstamo
El 15 de abril de 2021, el viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Chavarría, y Michel Kerf, director de país de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA, una de las cinco entidades que componen el Grupo Banco Mundial), firmaron el préstamo.
Dada la desconfianza internacional con el Gobierno de Nicaragua, el Banco decidió que el préstamo fuera ejecutado por un tercero, con el objetivo de minimizar la posibilidad de un manejo corrupto de los fondos, e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos. Ahí es donde UNOPS, y luego la contratada Esinsa, entraron en escena.
Una fuente vinculada a las conversaciones que se desarrollaron en ese momento, explicó a CONFIDENCIAL que elegir a UNOPS no estaba abierto a negociaciones, sino que “fue una condición del Banco Mundial, o no desembolsarían los fondos. El Banco argumentaba que UNOPS era una buena elección, porque ellos podían hacer los procesos de compra de forma más ágil” que el Gobierno de Nicaragua.
“La ventaja de contratar a UNOPS, es que ellos se manejan con mucha mayor flexibilidad que un gobierno, además que no hace falta tener diseños, estudios y presupuestos terminados antes de solicitar el préstamo. UNOPS se encarga de hacer todo eso cuando el dinero está disponible”, explicó Hipólito.
La UNOPS y la entrada de Esinsa
UNOPS es un órgano de las Naciones Unidas que proporciona apoyo en adquisiciones, infraestructura y gestión de proyectos a gobiernos, agencias de la ONU y otras organizaciones, a las que les cobra por sus servicios. Tiene su sede en Copenhague, y oficinas en una treintena de países, donde emplea a unas 7000 personas.
En julio de 2023, UNOPS contrató los servicios de la empresa constructora Esinsa, fundada en 2005. En su sitio web, la empresa afirma haber desarrollado proyectos de revestimiento y construcción de carreteras, calles, caminos de acceso, presas, desvíos y canales. También mantenimiento y rehabilitación de caminos, y movimientos de tierra, para ministerios, alcaldías y empresas privadas.
Los tres contratos firmados con Esinsa, detallan que las obras deberían comenzar el 1 de agosto de 2023, y estar terminadas seis meses después, o sea, a finales de febrero de 2024.
La empresa recibió un poco más de 565 000 dólares, en concepto de adelanto. A cambio, tuvo que emitir tres garantías por 282 707 dólares, además de comprometerse a pagar 0.1% de multa del valor de cada lote que no entregaran a tiempo, por cada día que tuvieran de atraso.
La fecha acordada llegó y pasó, y a pesar de las supervisiones, extensiones y advertencias, Esinsa no pudo concluir las obras por lo que, después de varias semanas de negociación, UNOPS y la empresa decidieron firmar sendos acuerdos de finalización de los contratos.
UNOPS no cobró garantías ni multas
La denuncia de los trabajadores de UNOPS, firmada el 14 de abril de 2025, detalla las formas en que falló todo. Sus destinatarios fueron el director de la Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones (IAIG), Abdoul Dieng; el director ejecutivo de UNOPS, Jorge Moreira da Silva, y la Junta Ejecutiva en pleno de esa entidad. Hasta la publicación de este artículo, no había respuesta a las siete peticiones formales presentadas en la denuncia. La única reacción fue enviar una misión a Nicaragua, que tomó medidas de protección a favor de un testigo, e inició la revisión de algunos casos, dijo Hipólito.
“Más recientemente, ocurrió la separación de algunos funcionarios, en lo que parece ser un intento de hacer ver como si estuvieran haciendo mucho, cuando lo que realmente están haciendo es ganar tiempo”, complementó.
Los denunciantes indican que hubo “incumplimientos sustanciales; no ejecución de las obras pactadas”, así como “deficiencias técnicas y funcionales”.
Lo estipulado daba base legal para que UNOPS se quedara con los 282 707 dólares de la garantía, e impusiera multas por demoras equivalentes a 565 415 dólares. Sin embargo, la agencia aceptó la solicitud de la empresa de no aplicar las sanciones, y renunció a ejecutar las garantías de cumplimiento.
A ello se suman 39 994 dólares en concepto de “monto retenido que no debió ser devuelto al contratista”, para sumar una pérdida total que supera los 888 116 dólares, de un préstamo que tendrá que ser pagado con recursos del Tesoro de la República.
Ese monto no incluye “costos adicionales aún no cuantificados por daños, perjuicios y medidas correctivas posteriores”, por lo que la pérdida podría ser mayor, señala el grupo de denunciantes que se identifica como ‘Colectivo de Personal de UNOPS que busca la rendición de Cuentas’.
A su criterio, lo ocurrido con Esinsa “constituye un caso flagrante de colusión, encubrimiento y violación a las normas contractuales de UNOPS, y a los principios de integridad y rendición de cuentas que deben regir el uso de recursos públicos y de cooperación internacional”.
Tratan de justificar fallos
En una “comunicación personal” enviada al grupo de denunciantes, el coordinador del componente vial del proyecto, Gonzalo Gómez Cote, funcionario de UNOPS, presentó su versión de lo ocurrido después que se contrató a Esinsa, “mediante proceso de licitación NI-RFQ-EPP-2023-010”.
Explicó que, aunque los contratos fueron firmados en julio de 2023, el inicio de las obras ocurrió hasta en noviembre de ese año. “Este período significativo de preconstrucción se debió, entre otros factores, a gestiones administrativas relacionadas con la obtención de permisos y licencias, procesos de exoneración y desembolso de anticipos”, amplió.
Eso significa que la nueva fecha de conclusión de las obras se extendió hasta mayo de 2024, pero al cumplirse el plazo, y “tras diversos incumplimientos técnicos, administrativos y contractuales, incluyendo el abandono de las obras, UNOPS procedió a la terminación anticipada de los contratos”, detalló.
Su relato atribuye los retrasos, en parte, a un pago que Esinsa debió haber recibido en diciembre de 2023, pero no pudo hacer efectivo hasta enero de 2024, “debido a la insolvencia fiscal del contratista al momento de gestionar la debida exoneración del IVA”.
“El contratista tenía un problema de desempeño, tenía un problema de flujo de caja. Eso es algo que UNOPS debió prever”, aseguró Hipólito. Opina que la agencia “debió verificar que estaba contratando a empresas con capacidad financiera y de ejecución. Un mal contratista, con una mala supervisión, y una mala gestión, es el ejemplo más claro de un fracaso”, sentenció.
UNOPS debe investigar la denuncia
Gómez Cote admite, en la comunicación, que la empresa cobró por adelantado obras que aún no había efectuado, para disponer de fondos suficientes que le permitieran seguir ejecutando el proyecto. Visitas de campo permitieron confirmar que “se encontraron discrepancias entre el avance físico de las obras (lo que efectivamente se había construido) y el avance financiero (lo que se había pagado)”, detalló.
La reacción de UNOPS fue notificar a Esinsa que tenían hasta finales de febrero de 2024 para construir todo lo que ya se les había pagado. Cumplido el plazo sin que se hubiera cumplido lo pactado en los contratos, la agencia decidió cancelarlos, reteniendo 64 662 dólares a Esinsa. También se le retuvieron 108 625 dólares a la firma supervisora, “en razón de los daños y perjuicios derivados de reiterados incumplimientos contractuales”.
En el escrito de Gómez Cote, en poder de CONFIDENCIAL, reconoce que “existieron fallas en el mecanismo inicial de verificación de obras”, pero rechazó “cualquier insinuación de daño económico a UNOPS”. En contraposición, Hipólito detalla que hubo “deficiencias en los estudios de diseño, ejecución inadecuada en campo, y falta de control de calidad. Varias alertas técnicas fueron ignoradas por la gerencia local de UNOPS”.
Falla de UNOPS en Nicaragua: un caso emblemático
Los denunciantes tienen un alto componente de escepticismo en cuanto a la reacción de UNOPS, porque “conocemos muy bien cómo funciona esta organización por dentro”, dice Hipólito.
Aun así, cuentan con que su queja será atendida “ante la seriedad de los hechos denunciados, del interés público comprometido, la evidencia presentada y el hecho de que lo presentamos directamente ante la Junta Ejecutiva de UNOPS”.
En paralelo a su denuncia, otro grupo más grande, llamado “Colectivo de UNOPS por la Rendición de Cuentas”, al que pertenecen funcionarios de la agencia distribuidos por todo el globo, detalla que pretenden “documentar este caso emblemático de falla institucional en la administración contractual”, ocurrida específica (pero no únicamente) en Nicaragua.
Por otra parte, la agencia también declara haber finalizado su proceso de reforma luego de un escándalo financiero reciente, denominado ‘S3i’.
“Si no fuera por esto, UNOPS simplemente nos ignoraría”, concluye Hipólito.
Los denunciantes anhelan ver un cambio en la cultura organizacional de UNOPS, pero están claros que no será fácil. En especial considerando que, desde 2023, varios de ellos presentaron denuncias por acoso, abuso de autoridad, corrupción y represalias. Las respuestas fueron “represalias laborales, incluyendo evaluaciones viciadas, planes de mejora punitivos y despidos”, señalan.
