7 de marzo 2024
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El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan”, en Nicaragua, ( FP146 ). El organismo argumenta "el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales (ESS)", según confirmó el Fondo Verde en un comunicado, difundido en inglés.
El proyecto, aprobado en noviembre de 2020, entregaría a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo 116.6 millones de dólares para el proyecto. Sin embargo, en junio de 2021, comunitarios indígenas y afrodescendientes presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima, que inició una investigación independiente. Ahora, el Fondo Verde ha decidido suspender definitivamente el proyecto.
El organismo asegura que "no desembolsó fondos para el proyecto y el proyecto no había comenzado su implementación".
La decisión --detallan-- fue tomada por la Secretaría del Fondo Verde "luego de un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, así como de las acciones tomadas por la Secretaría para abordar los casos de incumplimiento, que constituían violaciones legales de los acuerdos legales pertinentes entre el GCF y la Entidad Acreditada".
"Enorme reconocimiento a resistencia indígena de Nicaragua"
El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, desterrado y confiscado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aseguró a CONFIDENCIAL que la suspensión del proyecto "es un enorme reconocimiento a la resistencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente del territorio Mayangna Sauni As, que es el que más ha resistido y ha sido invadido en sus territorios, y es donde se han concentrado las masacres". Esto en relación a que más de 70 indígenas han sido asesinados en Nicaragua en la última década, a causa de la invasión de colonos, que actúan con impunidad.
Según Ruiz, justamente esas violaciones han incidido en que el cumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales del proyecto Bio-CLIMA sean evidentes en la evaluación del Fondo Verde.
"Desde la sociedad civil, nosotros seguimos creyendo en los mecanismos internacionales que protegen y tienen mecanismos de protección, y creemos que los proyectos climáticos que se financian no deberían de violar derechos en las zonas donde se ejecutan", declaró Ruiz.
A su juicio, la decisión del Fondo Verde sobre el proyecto Bio-CLIMA es un mensaje claro que, además, sienta un precedente de actuación y reconocimiento de la credibilidad a los mecanismos independientes que investigaron y entregaron sus investigaciones correspondientes. "Esto reafirma su transparencia y fortalece al Fondo Verde del Clima", valoró.
Para el ambientalista, lo más importante de mensaje es que las comunidades indígenas y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los actores independientes sepan que pueden cuestionar proyectos que tengan afectaciones directas a sus territorios. "Ese es el mensaje más fuerte, a nivel mundial, que se envía con esta decisión, que es trascendental en la historia del Fondo Verde del Clima y trascendental para Nicaragua y para las comunidades indígenas y afrodescendientes", reiteró.
La denuncia al Fondo Verde por el proyecto Bio-CLIMA
En su denuncia ante el Mecanismo de Reparación Independiente (MRI) del Fondo Verde, los indígenas alegaron la falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes e incumplimiento de políticas y procedimientos de la Entidad Acreditada, el Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE).
El IRM investigó el cumplimiento y presentó un Informe de revisión de cumplimiento a la Junta del Fondo Verde.
En julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) decidió mantener congelados los desembolsos del proyecto Bio-CLIMA, correspondiente a 116.6 millones de dólares, hasta que el régimen de Daniel Ortega cumpla con las políticas y procedimientos establecidos por la Secretaría de este organismo.
Una publicación de CONFIDENCIAL, detalló que el BCIE, entonces a cargo del hondureño Dante Mossi, omitió información clave sobre la situación de violencia que se vive en las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, permitiendo con esa omisión que el Gobierno de Daniel Ortega consiguiera el préstamo millonario, según el informe del Mecanismo Independiente de Reparación.
En esa ocasión, el IRM señaló que es “particularmente preocupante” que, en varias ocasiones, el BCIE afirmó “que conoce muy bien las áreas de ejecución del proyecto y que ha trabajado en ellas en muchos proyectos anteriores”. A pesar de esto –cuestiona– el BCIE no brindó información detallada sobre “la naturaleza, frecuencia, ubicación, actores, dinámica, alcance y gravedad de la violencia en la Costa Caribe, ya sea debido a la falta de datos o a la decisión de posponer un análisis más exhaustivo” a una etapa posterior del proyecto.
Luego, en septiembre de 2023, CONFIDENCIAL denunció que el régimen orteguista estaba consultando a población de territorios no indígenas sobre el proyecto de Bio-Clima, para completar la cuota de 6746 personas, fijada por el BCIE, para completar la cuota para destrabar el millonario fondo congelado del proyecto, según confirmó el ambientalista Amaru Ruiz.
En el comunicado donde confirma la cancelación definitiva del proyecto, el Fondo Verde asegura que su Secretaría "ha estado colaborando con el BCIE en este tema y está comprometida a trabajar en colaboración con la Entidad Acreditada y la Entidad Ejecutora para desarrollar una estrategia clara para concluir el proyecto de manera ordenada y responsable, que incluya informar a todas las partes interesadas relevantes en el terreno y gestionar las expectativas de quienes habrían sido los beneficiarios si el proyecto se hubiera implementado".
Finalmente, reiteró que "la Secretaría del GCF sigue comprometida a defender el principio de no causar daño y evitar, minimizar y mitigar los posibles impactos ambientales y sociales adversos de las actividades de financiación climática".
