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Tres antiguos magistrados aún sobreviven en la Corte Suprema de Justica (CSJ), intervenida por Rosario Murillo desde octubre de 2023 y copada de sus nuevas fichas entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025.
Se trata de Juana Méndez, la única magistrada que conservaría su cargo al final del desmantelamiento de Murillo, y de la defenestrada presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y el “caído en desgracia”, Gerardo Arce Castaño, de quienes aún no se conoce destitución ni renuncia, como si ocurrió con otros siete magistrados.
La llamada “reestructuración” de Murillo en la CSJ es dirigida por Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista y “hombre de confianza” de la “copresidenta”.
Fuentes vinculadas a CSJ revelaron a CONFIDENCIAL que Moreno comunicó que Ramos sigue como magistrada por orden de Daniel Ortega. Lo mismo con Arce, hermano del otrora asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce Castaño, allanado, arrestado e interrogado desde finales de julio de 2025.
Sin embargo, ni Ramos ni Arce han sido vistos en la Corte y no hay certeza de su continuidad en los cargos una vez que Murillo complete su desmantelamiento. La nueva Corte “murillista” ya ha comenzado sesiones, y ha nombrado a algunos presidentes de Sala. Sin embargo, sigue sin elegir nuevo presidente y vicepresidente.
Tampoco se ha formalizado el nombramiento de Patricia Delgado Sáenz, esposa del diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro. Delgado, en su calidad de conjueza, tiene facultades para sustituir a magistrados, y ejerce como “magistrada en funciones”, pero no ha sido juramentada como tal.
Ramos y Arce, viejos magistrados
Alba Luz Ramos tenía 35 años en la CSJ, hasta su defenestración en octubre de 2023. El desalojo abrupto de Ramos —ocurrido la mañana del martes de 24 de octubre de 2023— fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional. A la fecha no se conoce una renuncia formal ni orden de destitución.
Ramos se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo “ultrajada”, aseguraron entonces a CONFIDENCIAL las fuentes judiciales, testigos de la expulsión. Ramos ocupaba la presidencia de la CSJ desde 2010, electa por la Asamblea Nacional con el respaldo político de Daniel Ortega.
Gerardo Arce Castaño, de 68 años de edad, llegó a la CSJ en 2014 y fue reelecto en junio de 2022. Ha sido miembro de la Sala Civil y de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Además, es comisionado mayor de la Policía Nacional en retiro y hermano del asesor presidencial para temas económicos Bayardo Arce Castaño, integrante de la Dirección Nacional del FSLN de 1979 a 1998 y exdiputado de la Asamblea Nacional durante varios períodos.
Las fichas de Murillo en la Corte Suprema de Justicia
La reforma a la Constitución Política, aprobada por órdenes de los “copresidentes” Daniel Ortega y Murillo, entre finales de 2024 y principios de 2025, redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la CSJ.
Siete fichas de Rosario Murillo y el Frente Sandinista llegaron una tras otra a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia son personas conocidas por su lealtad a Murillo y al FSLN, y por utilizar sus cargos como instrumento de castigo a personas consideradas opositoras al régimen.
María Elsa Frixione Ocón, defensora del régimen
María Elsa Frixione Ocón es abogada y notaria pública, y ha defendido al régimen orteguista en diversos procedimientos legales y transacciones en contra del Estado de Nicaragua.
La propuesta de Frixione Ocón llegó a la Asamblea Nacional el 4 de diciembre de 2025, junto con la “renuncia” de Marvin Aguilar como magistrado de la CSJ. Su “elección” fue inmediata, en una votación expedita que contó con los 91 votos de la Asamblea, controlada por el oficialista Frente Sandinista.
Antes de su nombramiento, se desempeñaba como Procuradora Nacional Constitucional y de lo Contencioso Administrativo en la rebautizada Procuraduría General de Justicia (PGJ).
También fue Procuradora Auxiliar Penal y Coordinadora de la Unidad de Asuntos Penales Internacionales, Derechos Humanos y Humanitarios, de la PGJ.
En 2018 actuó como representante del Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, en el cual el Estado fue responsabilizado por la falta de respuesta y la violencia institucional en un caso de abuso sexual infantil.
Además, ha participado en conferencias y mecanismos internacionales, como el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), donde representó a Nicaragua y dio seguimiento a compromisos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Rosa Argentina Solís, una secretaria política del FSLN
Rosa Argentina Solís Dávila llegó a la CSJ como parte del desmantelamiento del Poder Judicial que ha estado marcado por la remoción y despido de funcionarios que ya no son funcionales a los intereses políticos de Murillo.
La propuesta de Solís Dávila llegó a la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2025, junto con la “renuncia” de Armando Juárez como magistrado de la CSJ, que se había conocido desde el día anterior. Su “elección” fue inmediata, en una votación expedita que contó con los 91 votos de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Frente Sandinista.
Antes integró la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y estuvo involucrada en las llamadas “audiencias informativas”, realizadas de manera irregular a presos políticos en la cárcel El Chipote, donde se les notificaba —sin las debidas garantías legales— sobre el estado de sus procesos judiciales.
Solís Dávila ha sido parte activa del aparato político del Frente Sandinista. Fue identificada como integrante del Consejo Departamental del FSLN en Managua y como secretaria política del partido oficialista en la Colonia 9 de Junio, según una publicación del diario La Prensa.
Su trayectoria familiar también está estrechamente ligada al sandinismo histórico. Es hija de Aura Donatila Dávila, colaboradora del Frente desde los años sesenta y considerada figura de confianza del movimiento.
En julio de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Solís Dávila en una lista de personas sancionadas por “utilizar el Tribunal de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia despojando de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.
Los primeros cinco nuevos magistrados
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras las “renuncias” en cascada de las magistradas Yadira Centeno y Ellen Joy Lewin, el 20 de noviembre de 2025, y de Virgilio Gurdián, Manuel Martínez y Armengol Cuadra, el 25 de noviembre.
La propuesta de los primeros cinco nuevos magistrados fue presentada el 25 de noviembre de 2025 por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Automáticamente fue enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, para “simular” un supuesto “dictamen legislativo”.
Un día después, los diputados aprobaron el 26 de noviembre de 2025 la propuesta presentada por Porras y “por mandato de la Presidencia”.
Ana Julia Guido, exfiscal general
Ana Julia Guido, de 66 años, era Fiscal General de la República desde 2014 y tiene una larga trayectoria al servicio del FSLN. Inclusive fue sancionada en 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber formado a un grupo de fiscales que “trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”.
En 2023, Guido fue condecorada con la orden Augusto C. Sandino, entregada por Ortega. Fue guerrillera en la lucha contra el somocismo, llegó a ser subdirectora de la Policía e incluso fue candidata a directora de la institución en los años cuando fue presidente Enrique Bolaños (q.e.p.d.). Ese gobernante eligió finalmente a la primera comisionada Aminta Granera y, por voluntad del partido de gobierno, Guido pasó a la Fiscalía inicialmente como adjunta.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado en abril de 2025, identificó a Guido entre un grupo de 54 altos funcionarios responsables de la represión en Nicaragua.
Ernesto Rodríguez, despojó a 94 de su nacionalidad
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, de 52 años, era presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) desde 2021, cargo al que fue ascendido 72 horas después de la abrupta destitución del exmagistrado Gerardo Rodríguez Olivas. Fue sancionado en 2023 por Estados Unidos por estar “involucrado en los abusos contra los derechos humanos” cometidos por el régimen de Nicaragua. Específicamente por haber despojado de su ciudadanía a 94 opositores nicaragüenses.
Los primeros pasos de Mejía como judicial fueron en Matagalpa, donde fue juez de audiencia en 2003, luego pidió traslado a Managua como juez local. En 2016 fue juramentado como juez penal y tres años después se convirtió en titular de apelaciones. Es hijo de la profesora Salomé Mejía, dirigente histórica de la Asociación de Maestros de Nicaragua (Anden) y quien ha sido concejal del FSLN en aquella ciudad al norte del país.
Según el informe del (GHREN), durante los juicios a los presos políticos, Rodríguez transmitía las orientaciones del magistrado Marvin Aguilar, supervisaba a los jueces y se aseguraba de que jueces y fiscales “siguieran el guion predeterminado del proceso”, que incluía “desestimar las objeciones de la defensa”.
A principios de 2025, Rodríguez Mejía fue llevado e interrogado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”, pero posteriormente lo habían dejado “casa por cárcel” de facto.
Octavio Rothschuh, firmó destierro de 222 exreos políticos
Octavio Ernesto Rothschuh Andino, de 58 años, fue nombrado magistrado del TAM en 2018, y elegido presidente de la Sala Penal Uno del TAM en julio de 2021. Antes se había desempeñado como juez Local Único en Nueva Guinea, juez de Distrito del Crimen en Juigalpa (Chontales), y juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua.
El 9 de febrero de 2023, Rothschuh emitió una resolución declarando “traidores a la patria” a 222 nicaragüenses privados arbitrariamente de su libertad y ordenando su “deportación inmediata”. Un mes después fue sancionado por Estados Unidos junto al presidente del TAM y la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez.
En marzo de 2024, el magistrado Rothschuh fue llevado a interrogatorio a la Dirección de Auxilio Judicial, confirmaron entonces tres exfuncionarios del Poder Judicial. Sin embargo, semanas después apareció en el TAM como si nada hubiese sucedido. El informe del GHREN también lo ubica entre los 54 funcionarios responsables de la represión en Nicaragua.
Shura Welcome, jueza del “clan de Campbell”
Shura Bonilyn Welcome Crawford, de 42 años, era jueza del Distrito Penal de Juicios de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Anteriormente fue jueza local única de Corn Island y fiscal de la isla.
Welcome Crawford es originaria de Corn Island y miembro del “clan Campbell”, la familia caribeña que maneja embajadas e instituciones públicas en Nicaragua cobijados por el Frente Sandinista.
En 2020, Welcome Crawford declaró culpable a la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de la Radio La Costeñísima, por supuestamente cometer el delito de “calumnias” en perjuicio de tres trabajadoras de la Alcaldía de El Rama.
José Manuel Fuertes, exsecretario político del FSLN
José Manuel Fuertes Toledo, de 65 años, era miembro del Consejo Departamental Electoral en Boaco y hasta junio de 2025 se desempeñó como secretario político del FSLN en ese departamento, según medios oficialistas.
Fuertes Toledo es esposo de la exalcaldesa de Boaco, Karla Yaoska Espinoza Peña, quien estuvo dos períodos consecutivos en el cargo y fue destituida en 2024 durante su tercer mandato. A este hombre conocido por ser el encargado político en ese departamento no se le conoce ninguna trayectoria dentro del Poder Judicial.
Nota del Editor: Esta nota se publicó originalmente el 26 de noviembre de 2025, y se actualizó en fechas posteriores con nueva información.
