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Cada 19 de julio vuelve la misma discusión. La dictadura Ortega-Murillo insiste en presentarse como heredera de la Revolución Popular Sandinista. Al mismo tiempo, parte de la oposición acepta ese relato y termina reforzándolo al afirmar que el régimen actual no es más que la consecuencia lógica de la revolución de 1979.
Ambas versiones son profundamente equivocadas.
La dictadura que hoy oprime a Nicaragua no nació de la Revolución. Nació de la progresiva concentración del poder, del abandono de los principios democráticos y de la degradación ética de una parte de la dirigencia que terminó traicionando los ideales que decía representar. La Revolución no engendró esta dictadura. La engendraron los siete pecados capitales de la política.
La memoria también puede ser secuestrada.
La insurrección que culminó el 19 de julio de 1979 no fue obra exclusiva de una vanguardia, y mucho menos de un pequeño grupo de dirigentes. Fue una rebelión nacional contra un régimen que había agotado toda legitimidad. Participaron campesinos, estudiantes, obreros, empresarios, religiosos, intelectuales y ciudadanos sin militancia política. Miles de jóvenes entregaron incluso su vida para hacerlo posible. Como ocurre con los grandes acontecimientos históricos, la Revolución solo fue posible cuando se volvió inevitable.
Reducir aquella gesta a la figura de Daniel Ortega constituye una de las mayores falsificaciones de la historia reciente de Nicaragua. Basta observar quiénes protagonizaron realmente la Revolución y dónde están hoy. Muchos de sus dirigentes históricos rompieron con Ortega mucho antes de abril de 2018. Fueron perseguidos, encarcelados, desnacionalizados o forzados al forzados al exilio. Otros murieron en prisión bajo la persecución del mismo régimen que ahora pretende apropiarse de su legado.
Rosario Murillo comprendió hace años que la memoria también es un espacio de poder. Por eso desplazó sistemáticamente a los protagonistas históricos y construyó un aparato político integrado, en muchos casos, por personas que jamás participaron en la lucha contra Somoza e incluso por antiguos colaboradores del régimen derrocado. La ironía es devastadora: quienes combatieron una dictadura terminaron siendo perseguidos por otra que habla en su nombre.
Las revoluciones pueden derrotar una dictadura sin haber construido todavía una democracia.
La Revolución de 1979 nació de un amplio consenso nacional y de una participación popular extraordinaria, expresada en la Cruzada Nacional de Alfabetización, la salud comunitaria, la reforma agraria y un florecimiento excepcional de la cultura, la educación, la música y la poesía. También sembró una ciudadanía mucho más activa, que después de la derrota electoral de 1990 encontraría nuevas expresiones en los movimientos feministas, ambientalistas, municipalistas y de derechos ciudadanos.
Nada de esto significa convertir la Revolución en un proceso perfecto. Sería tan falso como el relato oficial. Toda revolución tiene claroscuros. También la nicaragüense.
Su historia no puede analizarse, ignorando la guerra promovida por la administración Reagan, la agresión armada de la contrarrevolución ni las enormes tensiones que enfrentó el nuevo gobierno. Pero tampoco pueden ocultarse los errores propios: las violaciones a los derechos humanos, la represión contra comunidades indígenas y campesinas, las restricciones a las libertades públicas y, sobre todo, la creciente concentración del poder en un reducido grupo de comandantes. Quizá allí comenzó a incubarse una de las lecciones más importantes que la historia dejó pendientes.
La responsabilidad, sin embargo, tampoco termina allí.
Después de la derrota electoral de 1990, Nicaragua tuvo la oportunidad de construir una democracia republicana sólida. Pero las políticas económicas que profundizaron las desigualdades, la incapacidad para sanar las heridas de la guerra y la ausencia de una verdadera reconciliación nacional alimentaron el resurgimiento del caudillismo bajo las figuras populistas de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Debe reconocerse, al mismo tiempo, la vocación democrática de gobiernos como los de Violeta Barrios de Chamorro y Enrique Bolaños, que jamás encarcelaron ni persiguieron a sus adversarios por razones políticas.
La historia demuestra que los populismos autoritarios, sean de derecha o de izquierda, prosperan cuando las democracias fracasan en responder a las necesidades de la población. Sobre ese terreno fértil reapareció Ortega. Y, una vez iniciado ese proceso, demasiados actores decidieron acomodarse.
Dieciséis años después regresó a la Presidencia. Pero el régimen que construyó ya no representaba la continuidad de una revolución, sino el triunfo de los verdaderos pecados que hicieron posible la nueva dictadura: el caudillismo, la corrupción, la soberbia del poder absoluto, la codicia por perpetuarse en el gobierno, el culto a la personalidad, la mentira convertida en política de Estado y la impunidad como sistema.
Ninguno de esos males nació en 1979. Fueron creciendo durante décadas hasta desembocar en el régimen que hoy oprime a Nicaragua.
Los liberales y sectores socialcristianos, conservadores y contras pactaron. El gran capital privilegió la estabilidad de sus negocios. Sectores importantes de las jerarquías religiosas legitimaron al nuevo caudillo. Organismos internacionales minimizaron las señales del deterioro institucional e incluso parte de la comunidad internacional llegó a presentar el modelo nicaragüense como un ejemplo de gobernabilidad.
Mientras tanto, Ortega desmontaba una a una las garantías democráticas, capturaba el sistema electoral, subordinaba los demás poderes del Estado y preparaba la instauración de un régimen familiar.
Por eso resulta intelectualmente insuficiente afirmar que la dictadura actual es simplemente una consecuencia de la Revolución.
No.
También es consecuencia del pacto con Arnoldo Alemán; del fraude institucionalizado; del silencio empresarial; de las complicidades religiosas; de la indiferencia internacional; de los errores del propio sandinismo democrático y de la incapacidad colectiva para defender, a tiempo, las instituciones republicanas.
Reconocer esa responsabilidad compartida no disminuye la responsabilidad del orteguismo. La explica. Permite comprender cómo una sociedad puede perder sus libertades de manera gradual, hasta que un día descubre que casi todas han desaparecido.
La Rebelión de Abril de 2018 demostró, sin embargo, que la memoria democrática seguía viva. Las barricadas, las marchas, la organización territorial y hasta antiguas consignas reaparecieron como expresión de una ciudadanía que volvió a decir basta. En ellas participaron jóvenes que no habían nacido en 1979 y antiguos sandinistas que volvieron a enfrentar otra dictadura. La lucha dejó de pertenecer a una ideología para volver a pertenecer a la nación.
Esa quizá sea la mayor enseñanza de nuestra historia reciente.
Las dictaduras no siempre irrumpen mediante un golpe de Estado. Muchas se construyen lentamente: concentran el poder, destruyen los contrapesos institucionales, normalizan la corrupción y se alimentan de las complicidades y de los silencios. Esa es una verdad incómoda, pero indispensable si queremos ofrecer a las nuevas generaciones una explicación honesta de nuestra historia.
La Revolución de 1979 podrá ser recordada, como dijo Ernesto Cardenal, como una revolución perdida. Otros la consideran una revolución traicionada. Quizá ambas afirmaciones contengan parte de la verdad. Lo que la historia no puede aceptar es que la dictadura Ortega-Murillo sea presentada como su desenlace inevitable.
Las revoluciones no producen inevitablemente dictaduras. Lo que las produce es la ausencia de límites al poder; la renuncia de las instituciones a cumplir su papel; el miedo convertido en forma de gobierno y la decisión de demasiados de acomodarse antes que resistir.
Esa fue la verdadera semilla del orteguismo.
La lección para las nuevas generaciones no consiste en renunciar a los ideales de justicia social y libertad que movilizaron a miles de nicaragüenses en 1979. Consiste en comprender que ninguna causa, por noble que sea, justifica la concentración del poder en un solo hombre o en una sola familia.
Porque la democracia rara vez desaparece de un día para otro. Se pierde lentamente, cada vez que una sociedad tolera que alguien se coloque por encima de la ley.
Y también se recupera lentamente, cuando un pueblo decide que el miedo dejará de gobernar su destino.
El exilio, julio de 2026.
