1 de abril 2024
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Tres meses después del “golpe” de Rosario Murillo contra el Poder Judicial de Nicaragua, que marcó el inicio de la “sucesión dinástica” con el aval del presidente Daniel Ortega, el “coletazo” también provocó la caída en desgracia del poderoso vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar, y de varios magistrados y protegidos políticos de Néstor Moncada Lau, asesor en temas de seguridad nacional de Daniel Ortega y Murillo en El Carmen, confirmaron a CONFIDENCIAL tres exfuncionarios del Poder Judicial.
Aguilar fue uno de los principales beneficiados con la intervención de Murillo, que incluyó la separación de la presidente de la CSJ, Alba Luz Ramos, al punto de autoproclamarse “presidente en funciones de la CSJ”, con el respaldo de su protector político Moncada Lau.
La intervención policial al Poder Judicial, ordenada por Rosario Murillo, en noviembre de 2023, fue ejecutada por el comisionado general en retiro Horacio Rocha y el secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno, desembocando en el desalojo de la presidenta de la Corte, la magistrada Ramos, la separación de facto de otros seis magistrados, y la barrida de más de 1000 funcionarios del Poder Judicial.
Magistrados interrogados en febrero y marzo
“Marvin Aguilar fue interrogado en febrero en la Dirección de Auxilio Judicial de El Chipote, por presuntos actos de corrupción, y desde entonces no recuperó el mando político que ejercía en la CSJ. No ha sido destituido de su cargo, pero ya no tiene ningún poder de decisión en la Corte, y se encuentra en el limbo, sin ninguna garantía de ser reelecto como magistrado”, dijo la fuente exjudicial.
Con la caída de Aguilar se evidenció el debilitamiento de la influencia de Moncada Lau en la Corte, frente a la consolidación del poder de Murillo a través de Rocha y Moreno, y también cayeron varios de los protegidos de Moncada Lau y Aguilar.
En marzo de 2024, el magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), fue llevado a interrogatorios a la Dirección de Auxilio Judicial, confirmaron tres exfuncionarios del Poder Judicial. “El magistrado Rothschuh nunca estuvo detenido, pero salió de El Chipote como un magistrado de apelaciones sin funciones”, comentó el exfuncionario judicial.
A inicios de 2024, Rothschuh Andino, junto el magistrado de apelaciones Ernesto Rodríguez y otros jueces penales que se destacaron como “verdugos” en los simulacros de juicio contra los presos políticos, habían sido propuestos por Marvin Aguilar como candidatos para ocupar las vacantes de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en una lista que ahora estaría siendo descartada.
“En total son diez vacantes, once con Marvin Aguilar si este también es descartado, pero cada vez es más probable que los nuevos magistrados provendrán de una lista hecha a imagen y semejanza de Murillo, sin la influencia de Marvin Aguilar y Moncada Lau”, afirmó el exfuncionario judicial.
La ausencia de Aguilar y Rothschuh en sus despachos judiciales coincidió con el periodo de vacaciones de Semana Santa, por lo que todavía no se tiene claridad sobre su estatus dentro de la institución. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia está cumpliendo cinco meses de parálisis y descabezamiento, por lo que se espera que la “lista Murillo” sea presentada en las próximas semanas en la Asamblea Nacional.
Marvin Aguilar, efímero “presidente en funciones” de la CSJ
El abogado chontaleño Marvin Aguilar García, antiguo colaborador de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior en los años 80, ascendió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1996 como parte del equipo de confianza del coronel en retiro Lenín Cerna, para garantizar la subordinación de ese Poder del Estado a los dictados del FSLN.
Cuando Cerna fue desplazado como secretario de organización del FSLN y de su rol de control partidario de la Corte en 2011, su influencia fue reemplazada de forma progresiva por Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Secretaría de El Carmen.
Fue en ese contexto que Aguilar se pasó al bando de Moncada Lau, hasta llegar a asumir como secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dentro del Poder Judicial, luego de la renuncia del exmagistrado Rafael Solís en 2019, y consolidar su papel como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la intervención policial ejecutada por órdenes de Rosario Murillo, en octubre de 2023, Aguilar asumió “la presidencia en funciones de la Corte”, tras la defenestración de la presidenta, magistrada Alba Luz Ramos, según una circular que fue enviada a los funcionarios de la Corte. Durante los meses de noviembre y diciembre, Aguilar dirigió la barrida masiva en el Poder Judicial y junto con la magistrada Juana Méndez era uno de los pocos que tenía asegurado su camino a la reelección en la Corte.
Sin embargo, en febrero de 2024, el propio Aguilar fue sometido a interrogatorios policiales en El Chipote en una investigación por presunta corrupción, y en la medida en que se consolidaba el control político de Rosario Murillo en el Poder Judicial a través de Horacio Rocha y Fidel Moreno, desplazando a Néstor Moncada Lau, Aguilar fue borrado de su efímero rol como “presidente en funciones de la Corte”, al grado de que hoy es otro magistrado más sin funciones ni autoridad, que puja por lograr un cupo en la lista de la reelección.
Octavio Rothschuh, verdugo de los presos políticos
Con más de 30 años de experiencia judicial, Octavio Rothschuh fue nombrado magistrado del TAM en 2018, y elegido presidente de la Sala Penal Uno del TAM el 2 de julio de 2021, contando con el apoyo de las magistradas Rosa Argentina Solís y Ángela Dávila Navarrete. Antes se había desempeñado como juez Local Único en Nueva Guinea, juez de Distrito del Crimen en Juigalpa (Chontales), y juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua.
En un perfil del magistrado Rothschuh, publicado por CONFIDENCIAL en septiembre de 2022, se le describe como un militante del FSLN. En 2019, participó en el aniversario de la revolución sandinista, acompañando al entonces presidente del TAM, Gerardo Rodríguez, destituido dos años después por tramitar un recurso del partido Ciudadanos por la Libertad.
Un abogado consultado para ese artículo expresó que la actuación del magistrado es parte de su rol como “operador obediente”, que espera “sea recompensado” aun violando el Derecho y las leyes. Su expectativa, consideró, es que “sea recompensando esa fidelidad nombrándolo magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.
El abogado señaló esta posibilidad luego que varios de los jueces que sentenciaron a presos políticos mediante procesos judiciales cuestionables entre 2018 y 2019 fueron “premiados” por el Poder Judicial, nombrándolos magistrados.
“Todos los que han sido promocionados después de abril de 2018 están relacionados, de alguna manera, con actividades ilícitas debido a la represión porque ese es el patrón que ha venido reproduciendo el Poder Judicial”, expresó entonces el abogado Yader Morazán.
La actuación del magistrado también evidencia, según Morazán, a funcionarios públicos “intimidados y obligados a hacer cosas que ellos nunca han hecho porque no existe en la ley” y que “son ilegales”.
En el caso de Rothschuh Andino no es considerado un profesional mediocre y “sabe lo que está haciendo y sabe que se está comprometiendo”, expresó.
“Audiencias informativas” a presos políticos
En agosto de 2022 se encargó de notificar a 16 de los 27 presos políticos presentados en unas “audiencias informativas” ilegales sobre el estado de sus respectivos procesos judiciales, sin tener competencia para dicho acto. Esta actuación —aseguran abogados independientes consultados por CONFIDENCIAL— corresponde más a la de un “operador político”, que sobrepone su lealtad al Gobierno a la impartición de justicia apegada a Derecho, y también supuso una comisión de delito.
Rothschuh, quien se presentó en las “audiencias informativas” ilegales acompañado de las también magistradas del TAM, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, repetía un mismo párrafo con ligeros cambios a los presos políticos cautivos en El Chipote que eran llevados a los Juzgados de Managua.
El magistrado informó a los presos políticos que sus abogados defensores interpusieron recursos en los que señalaron los perjuicios o violaciones — “agravios” en jerga judicial— contempladas en las sentencias emitidas por el TAM. Dicho Tribunal ratificó las condenas de entre siete a trece años de cárcel contra los reos de conciencia impuestos por jueces orteguistas en El Chipote.
Entre los agravios presentados por los abogados, se incluye la violación a los derechos constitucionales del procesado, como la comunicación libre y privada con su defensor; hecho que se ha violentado desde el inicio del proceso judicial, inclusive durante el juicio político, en el que los abogados apenas lograron conversar de cinco a diez minutos con el procesado.
El destierro de 222 presos políticos
El magistrado Rothschuh se encargó de anunciar, el 9 de febrero de 2023, la orden de “deportación inmediata y efectiva” de 222 exreos de conciencia, embarcados en un vuelo con rumbo a Estados Unidos, donde fueron desterrados y declarados “traidores a la patria” por el régimen orteguista.
El magistrado subrayó que el destierro de los presos políticos fue ordenado el 8 de febrero de 2023, mediante una resolución en la que enfatizaron que los 222 ciudadanos nicaragüenses “fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre y servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, subrayó.
Magistrados sancionados por Estados Unidos
En diciembre de 2020, Marvin Aguilar fue sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con el diputado Wálmaro Gutiérrez y el comisionado policial Fidel Domínguez. Aguilar fue señalado por su responsabilidad en la cooptación del sistema judicial “para apoyar al régimen de Ortega en la identificación sistemática, intimidación y castigos contra la oposición política". La OFAC indica que como miembro del Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia "asegura que los simpatizantes del régimen sean seleccionados para puestos claves".
Octavio Rothschuh fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de abril de 2023, junto con el presidente del TAM, magistrado Ernesto Rodríguez, y la jueza Nadia Camila Tardencilla.
La Administración estadounidense acusó a los judiciales de estar “involucrados en los abusos contra los derechos humanos” cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Específicamente los señaló de haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores nicaragüenses.
En junio de 2022, una resolución del Parlamento Europeo solicitó a la Unión Europea sancionar a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones, incluido Rothschuh.
Los eurodiputados llamaron “a la Unión Europea a que exija al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, que rindan cuentas por la represión en el país y los procedimientos judiciales incoados contra personalidades de la oposición y otros críticos”, por lo que “pide al Consejo que inicie inmediatamente los procedimientos para incluir a los jueces en la lista de personas sancionadas por la UE”.
