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Como todos los lunes, Gladys llegó puntual a su oficina, ubicada en uno de los complejos judiciales de Managua. “Se me hizo costumbre llegar lo más temprano posible, sobre todo los lunes y los viernes, que suelen ser los días de despidos, aunque nunca se sabe”, confiesa. Ese día, 27 de octubre de 2025, se sorprendió cuando a un nutrido grupo de trabajadores públicos se le impidió el ingreso a su centro de trabajo.
“De esa forma los notificaron que estaban siendo despedidos, sin ningún tipo de explicación”, detalla. Para Gladys ha sido duro ver que se quedan sin trabajo muchos colegas, incluso algunos de sus compañeros cercanos. “Es como la tercera barrida grande que ocurre”, recuerda.
Ese lunes, se supo que a algunos trabajadores los habían despedido vía telefónica durante el fin de semana. “Ya ni siquiera esperaron a que se presentaran a trabajar, es una grosería total y un irrespeto a los trabajadores a los que corren sin tener ninguna justificación”, comenta.
Pero los despidos que siguen imparables y silenciosos no se limitan a Managua, sino que ha alcanzado incluso a los juzgados en municipios como La Paz, en Carazo; Nagarote, en León; El Rama, en el Caribe Norte; y El Almendro en Río San Juan.
La barrida en el Poder Judicial de Nicaragua, ordenada por la “copresidenta” Rosario Murillo, que inició a finales de octubre de 2023, no se ha detenido y acumula, hasta la fecha, más de 1600 despedidos en todo el país, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a ese poder del Estado. ¿Pero quiénes son los encargados de ejecutar las órdenes de Murillo?
Fidel Moreno y sus dos “comisarios políticos”
Desde la intervención del Poder Judicial, se ha continuado un proceso de “reestructuración”, al margen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se han convertido en figuras “decorativas”.
El vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, en un principio fue identificado como “presidente en funciones”, en el que parecía un ascenso. Sin embargo, ahora “solo es una figura decorativa, sin mayor rol que aparecer en actos públicos y, como los demás magistrados, firmar cualquier documento o resolución que le sea orientado desde El Carmen”, confirman fuentes vinculadas al Poder Judicial.
La llamada “reestructuración” es dirigida por Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y “hombre de confianza” de Murillo.
Pero Moreno ubicó a dos fichas claves, quienes son los encargados de “manejar el día a día” en el Poder Judicial: Róger Martínez Domínguez y Arlen Idalia Reyes López.
En el caso de Róger Martínez Domínguez fue nombrado como secretario general administrativo de la CSJ, en sustitución de Berman Martínez, quien fue despedido, encarcelado y condenado en un juicio secreto.
Hasta su llegada al Poder Judicial, Martínez Domínguez era auditor de la Contraloría General de la República (CGR).
En el caso de Arlen Idalia Reyes López, es una administradora de empresas originaria de Matagalpa quien se desempeñaba como directora de recursos humanos de la Alcaldía de Managua.
Reyes López había trabajado antes como directora administrativa financiera del Ministerio de la Mujer (MINIM). En 2017, fue absuelta tras presentar un recurso de revisión en contra de una resolución de la CGR que estimaba responsabilidad administrativa por incumplimientos en su declaración de probidad.
“Ambos son los ojos de Fidel Moreno y están por encima incluso de toda la Corte Plena, integrada actualmente por ocho magistrados”, afirma una fuente vinculada al Poder Judicial.
La fuente valora que, a estas alturas, la influencia de Daniel Ortega es mínima. “Aquí la que pone y quita jueces en Nicaragua es Rosario Murillo”, insiste.
“Han barrido con feudos”
Para el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, estos dos nuevos funcionarios que no tienen experiencia en temas judiciales “llegaron a mandar a todos, incluso a los magistrados”.
“Estas personas son actualmente los más poderosos, por encima de gente que lleva décadas trabajando en el Poder Judicial, y aunque llegaron en teoría a reorganizar se quedaron mandando”, explica.
Morazán valora que estos funcionarios han sido los responsables “del desplazamiento” de interlocutores que tenían gran influencia con jueces y magistrados, como Néstor Moncada Lau y Lenin Cerna, ambos caídos en desgracia en la “gran purga” política ordenada por Rosario Murillo.
“Han venido a barrer con los feudos que había en el Poder Judicial a todos los niveles, incluyendo protegidos de magistrados”, afirma Morazán.
El exfuncionario judicial detalla que las “purgas” dentro del Poder Judicial incluso han afectado a abogados “que se jactaban de codearse con poderosos y de vender sentencias y favores”. Uno de ellos es el abogado Francisco Reyes, tío de la ahora poderosa funcionaria judicial, Arlen Idalia Reyes López.
“Ese abogado está preso, lo que demuestra que no hay intocables por ningún lado (…) yo sé de muchos abogados que les dieron cancha abierta y ahora están durmiendo en casas de seguridad porque tienen miedo”, asegura Morazán.
No se sabe el “rumbo” del Poder Judicial
Fuentes vinculadas a la Corte detallaron a CONFIDENCIAL que dentro de los despedidos, durante octubre de 2025, se incluye a funcionarios “de todos los niveles”, pero particularmente jueces y funcionarios en municipios de León, Matagalpa, Carazo, Chontales, Managua y el Caribe Norte.
En los primeros días de noviembre de 2025, la barrida alcanzó a unos 15 trabajadores de la CSJ en Managua, además de dos jueces de la capital y uno en León.
“Es incontrolable lo que está pasando, porque además eso paraliza muchos de los casos pendientes de justicia en el país”, comenta William, funcionario judicial municipal.
Entre los cesados hay funcionarios que han sido leales a la dictadura de Ortega y Murillo, como el juez Félix Salmerón, quien estaba a cargo del Juzgado Quinto Penal de Juicio de Managua.
“No se sabe cuáles son los criterios para despedir gente, eso solo lo sabrá la cúpula de la dictadura”, valora William.
Este trabajador, con más de quince años de carrera judicial, cree que lo más triste es que “no se sabe qué rumbo va a tomar” el Poder Judicial. “Hay jueces que los despiden y a las semanas los perdonan, incluso ahora sé de algunos que están apelando sobre sus despidos”, comenta.
“Nombran a políticos y se ha generado discordia”
Ante las vacantes que dejan los masivos despidos, el régimen ha ordenado contrataciones de personal “con cero experiencia”, sostiene Morazán.
Tal situación provoca que “muchos casos pendientes de sentencia tengan que empezar de nuevo porque los que manejaban las causas ya no están”, valora.
Señala que los nuevos funcionarios son nombrados “sin saber qué parámetros utilizaron” y llegan diciendo que “sus puestos son políticos”.
Morazán subraya que eso ha creado una “discordia”, porque mientras quedan las vacantes, algunos funcionarios asumen tareas de los que eran sus superiores y cuando nombran a alguien más “los vuelven a degradar”.
“Muchos asumen esas tareas con la esperanza de ser nombrados en esos cargos vacantes de los despedidos, pero de repente llega ‘gente de la calle’ y los regresan a su viejo cargo”, indica.
Esos no son casos aislados, dice Morazán. Está pasando en todo el país y lo que genera es que “los funcionarios viejos no quieren ayudar a que el nuevo aprenda”.
CSJ sigue paralizada
Un reportaje de CONFIDENCIAL publicado a finales de octubre de 2025, cuando se cumplieron dos años de que la CSJ permanece intervenida y paralizada por la dictadura, dos años después del “humillante” desalojo de su presidenta Alba Luz Ramos y del inicio de la purga masiva revela que hay muchas direcciones inoperantes que no actúan sin la autorización de la “copresidencia”.
“Hay una parálisis total de la CSJ (…) Los magistrados casi no están llegando a sus oficinas y no se les permite firmar resoluciones sin el visto bueno de El Carmen”, detalló una fuente vinculada a la Corte.
Alberto, un trabajador judicial con más de diez años de experiencia, apunta que el temor es “enorme” porque han despedido “a personas que eran puestas por magistrados y jueces que se creían poderosos”.
“Ellos se pavoneaban por las oficinas jactándose de ser apadrinados por gente que ya no está o que si sigue está metido en un hueco tratando de no ser visible”, detalla.
La barrida indiscriminada también ha dejado sin liquidación a cientos de funcionarios. “No les quieren pagar, y por eso los nuevos corridos no denuncian porque temen que les pase lo mismo”, dice Alberto.
En un panel transmitido el 2 de noviembre de 2025, en el programa Esta Semana, Azahálea Solís, desnacionalizada nicaragüense y abogada especialista en Derecho Constitucional, valoró que actualmente en el Poder Judicial solo se valora la lealtad a Rosario Murillo.
Solís señaló que en la actual estructura de la Corte “ninguno de ellos tiene ningún poder, ni administrativo, ni siquiera para resolver el problema de una máquina de coser”.
