19 de abril 2023
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles 19 de abril a dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Rothschuh Andino, y a la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez.
La Administración estadounidense acusa a los judiciales de estar “involucrados en los abusos contra los derechos humanos” cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Específicamente los señala de haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores nicaragüenses.
Rodríguez Mejía es presidente del TAM; Rothschuh Andino se desempeña como presidente de la Sala Uno del TAM; y Tardencilla Rodríguez es la titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua.
El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, publicó en Twitter que “Estados Unidos sancionó a tres jueces nicaragüenses involucrados en despojar a más de 300 nicaragüenses de su ciudadanía, dejando a muchos de estos individuos apátridas”.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, el juez Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 presos nicaragüenses, el juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas, activistas y clérigos; y la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Rolando Álvarez tras condenarlo de una supuesta “traición a la patria”.
“El régimen de Ortega sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”, denunció el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
El Departamento del Tesoro recordó que, como resultado de las sanciones, “todas las propiedades e intereses de estas personas en los Estados Unidos queden bloqueadas”. Además, se prohíbe a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.
Magistrado Rothschuh anunció destierro de 222 presos políticos
El magistrado Rothschuh se encargó de anunciar, el pasado 9 de febrero, la orden de “deportación inmediata y efectiva” de 222 exreos de conciencia, embarcados en un vuelo con rumbo a Estados Unidos, donde fueron desterrados y declarados "traidores a la patria" por el régimen orteguista.
“Para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas”, leyó Rothschuch en esa ocasión.
El magistrado subrayó que el destierro de los presos políticos fue ordenada el 8 de febrero de 2023, mediante una resolución en la que enfatizaron que las 222 ciudadanos nicaragüenses “fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre y servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, subrayó.
En septiembre de 2022 se encargó de notificar a 16 de los 27 presos políticos presentados en unas “audiencias informativas” ilegales sobre el estado de sus respectivos procesos judiciales, sin tener competencia para dicho acto. Esta actuación —aseguran abogados independientes consultados por CONFIDENCIAL— corresponde más a la de un “operador político”, que sobrepone su lealtad al Gobierno a la impartición de justicia apegada a derecho, y también supuso una comisión de delito.
Rothschuh, quien se presentó en las “audiencias informativas” ilegales acompañado de las también magistradas del TAM, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, repetía un mismo párrafo con ligeros cambios a los presos políticos cautivos en El Chipote que eran llevados a los Juzgados de Managua.
Magistrado Mejía despojó de su nacionalidad a 94 ciudadanos
El magistrado Rodríguez Mejía anunció el despojo arbitrario de la nacionalidad de 94 nicaragüenses, acusados por el Ministerio Público por los presuntos “delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación”, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
Explicó que tomaron esa decisión en base a la cuestionada Ley 1145, que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, aprobada el 9 de febrero de 2023 de forma expedita por la Asamblea Nacional, controlada por los diputados de la dictadura y de los partidos políticos colaboracionistas, así como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la represión en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, fue Rodríguez Mejía quien prohibió el ingreso a un equipo de este organismo a una de las audiencias, en las cuales se ventilaba el caso, pese a que las mismas son públicas. El principal argumento del entonces juez fue que la misión del GIEI debía canalizar su solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Algunos casos conocidos que pasaron por sus manos fueron los del líder estudiantil Edwin Carcache y el señor Cecilio Gómez, de 67 años, un comerciante que salvó la vida del alcalde de Nagarote Juan Gabriel Hernández, y luego en el contexto de las protestas lo terminaron acusando por robo agravado en perjuicio del partido de Gobierno.
Jueza Tardencilla Rodríguez, verdugo de presos políticos
Tardencilla Rodríguez forma parte del grupo de jueces designados a condenar a presos políticos durante los procesos espurios promovidos por la dictadura, junto a Ángel Jancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto; Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Quinto Distrito Penal de Juicio; Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo, y Ulisa Yahoska Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero.
Su ultima condena fue el 7 de febrero de 2023, cuando sentenció a seis sacerdotes y un laico, a diez años de cárcel respectivamente, por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, en una audiencia realizada a puerta cerrada en los juzgados capitalinos el 3 de febrero.
Los padres condenados por la jueza orteguista fueron Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cárdenas Flores.
Fue nombrada en el cargo en febrero de 2021, después de asumir la vacante cuando el sistema de justicia controlado por el FSLN ascendió a Adela Cardoza a magistrada de Apelaciones, precisamente por su papel destacado como verdugo de presos políticos de la Rebelión de Abril de 2018. Es hija del exdiputado Orlando Tardencilla.
26 operadores judiciales sancionados por EE. UU.
Con estas tres nuevas designaciones del Tesoro, ya son 26 los jueces y fiscales del régimen alcanzados por las sanciones, debido a su rol represivo en la estructura del estado policial impuesto por la dictadura.
Los 13 jueces previamente sancionados, a los cuales se añade ahora la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, son: Erick Laguna Averruz, Nadia Tardencilla Rodríguez, Rosa Baca Cardoza, Irma Laguna, Luden Quiroz García, Melvin Vargas García, Ángel Jancarlos Fernández González, Nancy Aguirre Gudiel, William Howard López, Verónica Fiallos Moncada, Félix Salmerón Moreno, Rolando Salvador Sanarrusia Munguia y Ulisa Yahoska Tapia Silva.
Los diez fiscales sancionados son: Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Perla de los Ángeles Baca, Carlos Rafael Espinoza Castilla, Luis Alberto Mena Gámez, Jorge Luis Arias Jarquín, Martha Ileana Morales Mendoza, María Francis Pérez Mojica, Marling de Jesús Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Salas y Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo.
