1 de marzo 2025
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Cuando los allanamientos, cierres forzados, confiscaciones de medios de comunicación y arrestos a periodistas nicaragüenses parecían que no podían ir peor, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sacó del sombrero una sentencia judicial espuria y asestó otro ataque contra la prensa nacional.
El despojo de la ciudadanía a periodistas y directores de medios de comunicación ha sido una de las últimas embestidas de una guerra contra la libertad de prensa y la libertad de expresión que inició en 2007, meses después que Ortega regresó al poder, y desde 2018 se ha recrudecido en una escalada de ataques para intentar silenciar a los medios de comunicación y a la sociedad civil, que denuncian sus constantes violaciones a los derechos humanos.
Ortega gobierna por cuarto período consecutivo y, en estos dieciocho años, ha cerrado o confiscado al menos 61 medios de comunicación, periódicos, radioemisoras, canales de televisión y medios digitales, algunos a través de la cancelación de sus licencias de operación, otros mediante asfixia económica y, los más recientes, por la toma manu militari de sus instalaciones y la confiscación de sus bienes.
También ha encarcelado a 15 periodistas, trabajadores y directivos de medios de comunicación, de los cuales cuatro continúan detenidos arbitrariamente. Además, 283 periodistas han sido obligados al exilio, 25 periodistas y directivos de medios de comunicación fueron despojados de su ciudadanía, y tres fueron reporteros condenados por el presunto delito de calumnias.
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periodistas y directivos de medios despojados de su ciudadanía nicaragüense.
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periodistas obligados al exilio. Además, hay extrabajadores y directivos.
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trabajadores y directivos de medios encarcelados. Cuatro continúan en la cárcel.
La imposición de la censura ha escalado en 14 de los 17 departamentos y regiones autónomas de Nicaragua. En una primera etapa, entre 2007 y 2017, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el régimen asaltó y cerró radios comunitarias y canales locales como: NotiWaslala, NotiCuá, Radio Palabra de Mujer, Radio Voz de Mujer, Canal 29, en Chinandega; Canal 50, en León; Radio Emperador y Radio Bosawás.
El asalto a los medios en 2018
Una segunda etapa de esta guerra contra el periodismo independiente inició en 2018, cuando los periodistas y medios documentaron y difundieron la masacre orteguista contra el estallido social de ese año y las graves violaciones de derechos humanos, que dejaron más de trescientos asesinados, 1 600 detenciones arbitrarias y más de 900 presos políticos, miles de heridos, decenas de desaparecidos y 100 000 exiliados. Solo ese año fueron cancelados, asaltados y confiscados 12 medios de comunicación: Radio Darío, Radio Amerrisque, NotiDalia, NotiWiwilí, NotiPantasma, Radio Stereo Apante, Radio Jerusalén, Radio Humedales, Radio Voz Juvenil, 100% Noticias y CONFIDENCIAL.
El orteguismo no logró su objetivo de callar a todos los medios independientes que fueron atacados y confiscados. Radio Darío de León, –incendiada el 19 de abril de 2018–, CONFIDENCIAL y Esta Semana –asaltados y ocupados el 13 de diciembre de 2018– y 100% Noticias –asaltado y ocupado el 21 de diciembre de 2018, junto al secuestro de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau– continúan informando a través de sus plataformas digitales.
Censura, cierres, confiscaciones, y encarcelamientos
A partir de 2019, la embestida del régimen alcanzó a los medios de comunicación nacionales. El Nuevo Diario, el segundo periódico más antiguo de Nicaragua, asfixiado económicamente, cerró su publicación el 27 de septiembre de 2019. Ese mismo día también fueron cerrados los diarios de carácter metropolitano Metro y Q’hubo. Y en los siguientes meses siguieron emisoras locales como: Radio Alegre, Única; Radio La Ley y Radio Universidad.
En este contexto de censura y represión, en 2021, fueron confiscados ilegalmente CONFIDENCIAL y 100% Noticias, también fueron canceladas las organizaciones y fundaciones que trabajaban en la promoción y defensa de la libertad de prensa en Nicaragua: la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y Periodistas, Escritores y Narradores (PEN – Nicaragua).
Para encarcelar periodistas y ciudadanos, el régimen creó un marco jurídico que restringe las libertades públicas de los nicaragüenses. Con la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la “Ley de Soberanía”, a finales de 2020, el régimen orteguista intentó darle un matiz de legalidad a sus acciones contra la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil. La entrada en vigencia de estas leyes, a principios de 2021, coincidió con el agravamiento de las violaciones a la libertad de prensa.
El 20 de mayo de 2021, la Policía allanó —por segunda vez— el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, instalado provisionalmente en una oficina del centro corporativo Invercasa, tras el asalto y confiscación de la redacción de CONFIDENCIAL, en diciembre de 2018. Un mes después, la noche del 21 de junio de 2021, Chamorro anunció que se había exiliado en Costa Rica por segunda ocasión, tras confirmarse que la Policía allanó su vivienda con la intención de arrestarlo.
El Ministerio Público también participó activamente en esta guerra contra la libertad de prensa. A partir del 24 de mayo de 2021 esa institución interrogó a 55 periodistas y dueños de medios de comunicación, según Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Los fiscales cuestionaron a los periodistas sobre su relación con la FVBCh, indagaron sobre el funcionamiento de los medios de comunicación independientes y en algunos casos los amenazaron con abrir causas penales usando la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza", aprobada en octubre de 2020.
Después de los primeros interrogatorios fueron arrestados ilegalmente los extrabajadores de la FVBCh: Walter Gómez, exadministrador; Marcos Fletes, excontador; y Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la fundación y precandidata presidencial. A todos ellos, el régimen los acusó y condenó por supuesto lavado de dinero. Tres semanas después, el 25 de junio de 2021, la embestida continuó con el arresto del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, en un primer momento la Policía dijo que la detención se produjo en el marco de la “Ley de Soberanía”, pero finalmente fue acusado y condenado en la misma causa contra su hermana, entonces también aspirante presidencial para las votaciones de noviembre de 2021, en las que Ortega y Murillo anularon toda competencia electoral, arrestando a otros seis precandidatos opositores. Entre ellos, está el fundador del canal 100% Noticias, el periodista Miguel Mora, encarcelado por segunda ocasión y condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”.
El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza –arrestado el 21 de junio de 2021, fue otro preso político. Mendoza fue enjuiciado en la cárcel por el presunto delito de “conspiración” y por infringir la “Ley de Soberanía”, por denunciar los abusos del poder a través de las redes sociales, El periodista fue condenado a nueve años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las únicas pruebas en su contra fueron testimonios de policías encubiertos, unos treinta tuits y un par de publicaciones de Facebook, en las que el cronista deportivo ejercía su derecho a la libertad de expresión.
El asalto a La Prensa
El 13 de agosto de 2021, el régimen de Ortega se tomó por la fuerza las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo del país. El asalto ocurrió horas después de que el diario denunció que se quedó sin papel para continuar circulando a nivel nacional, debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró en un almacén fiscal la materia prima del último rotativo nicaragüense. Al día siguiente, el gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann, fue conducido con engaños a la Dirección de Auxilio Judicial o El Chipote, donde luego fue acusado, juzgado y condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero.
El 6 de julio de 2022, tras la cobertura que brindó el diario La Prensa a la expulsión de 18 Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, la Policía desató una cacería contra periodistas y también secuestró, el 6 de julio, a dos conductores del diario. Ambos fueron sacados de sus casas y trasladados a El Chipote, donde permanecieron detenidos “bajo investigación”, sin que las autoridades del régimen especificaran la razón de la misma.
A los arrestos, siguieron allanamientos a las casas de varios periodistas, fotógrafos y personal del diario. También "visitas" y amenazas a extrabajadores del diario. Esta situación obligó a La Prensa a poner en resguardo a su personal y posteriormente sacarlo del país.
Con la persecución contra La Prensa, el Gobierno provocó una nueva oleada de más de periodistas que se vieron obligados a salir al exilio.
El 23 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el robo de los bienes y el edificio del diario La Prensa, un año después de que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general. En el edificio robado, el régimen instaló, el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Agresiones a medios locales
En 2021 prevaleció un agravamiento de las violaciones a la libertad de prensa, pero 2022 fue un año letal para los periodistas y medios de comunicación locales en Nicaragua. Entre enero y agosto de 2022 un total de 26 medios de comunicación departamentales y municipales fueron cancelados por el régimen, la mayoría emisoras locales que estaban ubicadas en el norte de Nicaragua y pertenecían a la Iglesia católica. El cierre de estos medios ocurrió a la par del arresto de una decena de sacerdotes críticos al régimen.
A principios de 2022 fueron obligados a cerrar sus transmisiones el canal local Condega Visión y Radio Católica de Bluefields. Luego fueron cancelados los periódicos Voz Católica, una publicación de la Iglesia; y Trinchera de la Noticia, cuyas oficinas también fueron allanadas por la Policía. En mayo la embestida del régimen continuó con la cancelación del Canal Católico de Nicaragua, perteneciente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que en 2018 fue intermediaria en un fallido diálogo nacional entre el régimen y la sociedad civil.
Matagalpa, Nueva Guinea, San Carlos
A principios de agosto de 2022, la directora de Telcor, Nahima Díaz Flores, hija de Francisco Díaz, el sancionado director de la Policía y consuegro de Daniel Ortega, ordenó el cierre de los canales locales: TV Merced, Canal San José, Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco, Radio Santa Lucía, Radio Esquipulas y Radio Católica de Waslala, todos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa y Estelí.
En simultáneo también fueron cancelados Radio Vos y RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, en el departamento de Matagalpa. Días después el Canal NGTV3, en Nueva Guinea; Radio Darío y Radio Sky, en León; Radio La Guarachera, en Chinandega; Radio San Carlos, en Río San Juan; y Radio Stereo Fe, en Nueva Segovia.
El argumento de Telcor es que las emisoras de la diócesis de Matagalpa no contaban con los permisos de operación o “el título habilitante vigente”. Sin embargo, monseñor Rolando Álvarez aclaró que él mismo presentó toda la documentación requerida desde 2016, pero “nunca recibimos respuestas como es ya la costumbre del Gobierno en algunos y muchos otros casos”.
La tarde del 15 de agosto de 2022, el régimen también apagó la voz de Radio San Carlos, que por 23 años transmitió en vivo desde ese municipio del departamento de Río San Juan. Ese día, Telcor notificó el cierre porque supuestamente “el transmisor era distinto al que estaba inscrito” en el ente regulador, y la potencia solicitada era 500 watts y no de 1000 watts, pero “todo eso se hizo con el permiso de ellos”, aseguró entonces el abogado Silvio Pilarte, propietario de la radioemisora.
Pilarte fue alcalde de San Carlos por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en la época del presidente Arnoldo Alemán (1996-2002). El abogado y su familia se exiliaron en Estados Unidos por la persecución del régimen.
En 2022 también fueron obligados a cerrar Telecable y Radio Mi voz, en el departamento de León. En el caso de la radioemisora, sus instalaciones fueron tomadas manu militari, pero sus periodistas continúan informando en redes sociales.
El despojo de la ciudadanía nicaragüense
Otro capítulo de esta guerra del régimen contra los medios de comunicación se registró el 9 de febrero de 2023, cuando fueron excarcelados, desterrados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía 222 presos políticos. De estos, 9 eran periodistas, trabajadores o directivos de medios de comunicación.
Los despojos de la ciudadanía nicaragüenses continuaron el 15 de febrero de 2023, cuando el régimen dio a conocer una sentencia judicial en la que de forma arbitraria arrebató la ciudadanía a 94 opositores políticos, entre ellos 15 periodistas y directores de medios de comunicación.
Otro periodista despojado de su ciudadanía es el excorresponsal de Canal 10, Víctor Ticay, encarcelado el jueves 6 de abril de 2023, luego de dar cobertura a la tradición de La Reseña, durante las festividades de la Semana Santa, aunque el régimen lo condenó a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de "propagación de noticias falsas", "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "traición a la patria". Fue excarcelado, desterrado a Guatemala y despojado de su ciudadanía el jueves 4 de septiembre de 2024.
Últimos zarpazos de la dictadura
La guerra contra los medios de comunicación continuó en 2023 con el cierre de las emisoras Radio Metro Stereo Rosa de Sarón, en León; Radio Yapti Tasba Bila Baikra, en Bilwi; y Radio Yapti Tasba Bila Baikra, en Waspán. Las dos últimas eran emisoras comunitarias pertenecientes al partido indígena Yatama y sus instalaciones fueron tomadas manu militari tras el arresto del líder indígena y diputado de la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, en septiembre de 2023.
En 2024 Radio María, en Managua, y Radio Volcán, en Granada, fueron obligadas a apagar sus transmisores, luego que el Ministerio del Interior (MINT) canceló la personalidad jurídica y confiscó los bienes de la Asociación Radio María y Fundación Casa de los Tres Mundos, propietaria de Radio Volcán.
Previo al cierre de Radio María, sus directivos denunciaron el bloqueo y congelamiento “sin justificación” de sus cuentas bancarias, retiraron de su programación los mensajes de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, y fueron “obligados” a transmitir en diferido el monólogo diario de Rosario Murillo.
Entre julio de 2024 y febrero de 2025, la dictadura también encarceló a cuatro periodistas nicaragüenses. Tres de ellos ya no ejercían el periodismo, debido a problemas de salud y por razones personales. A pesar de su inactividad, el régimen los mantiene retenidos sin que se conozca el lugar de su reclusión ni su situación legal.
Los periodistas en condición de desaparición forzada son Fabiola Tercero Castro, quien dirigía el proyecto literario El Rincón de Fabi; Elsbeth D'Anda, quien conducía el programa televisivo La Cobertura; Leo Catalino Cárcamo Herrera e Irving Guerrero Montes, quienes estaban retirados debido a su avanzada edad.
Medios cerrados y periodistas retirados por la crisis
En esta guerra del régimen contra el periodismo independiente, los periodistas y medios de comunicación han puesto un gran esfuerzo para vencer la censura. Sin embargo, la crisis prolongada ha obligado a cerrar varias plataformas digitales que surgieron luego de 2018: Cuarto Mono, Literal, Primer Orden, Actualidad con Dino Andino, Boletín Ecológico y Voces en Libertad, son algunas de ellas. La lista aumenta con otras plataformas digitales o iniciativas que algunos periodistas habían creado para seguir ejerciendo el oficio, pero también tuvieron que cerrarlas o suspender sus publicaciones.
Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en 2024 al menos 52 profesionales abandonaron el ejercicio del periodismo para dedicarse a otras actividades económicas con el objetivo de garantizar el sustento de sus familias. “Este fenómeno obedece a múltiples razones, entre ellas el creciente desempleo en el sector, la precarización de los salarios, la alta peligrosidad asociada a la profesión, el cierre de medios y espacios informativos, así como el impulso de emprendimientos personales como una alternativa de subsistencia”, señala la FLED en su informe anual 2024.
Entre 2018 y el cierre de 2024, el total de periodistas exiliados ascendió a 283 profesionales, 46 de estos salieron en 2024, según la FLED.
Mientras tanto, medios como CONFIDENCIAL, Esta Semana y el diario La Prensa continúan informando con su redacción en el exilio; 100% Noticias y Radio Darío evolucionaron a plataformas digitales para seguir informando. Asimismo, Radio Vos, el Canal Católico de Nicaragua, TV Merced y las emisoras de la diócesis de Matagalpa, continúan transmitiendo a través de las redes sociales.
Otros programas independientes que han logrado sortear la censura del régimen orteguista son: Café con Voz, que en 2018 fue cancelado de los canales de televisión local, pero continúa operando a través de plataformas digitales y redes sociales. También, Onda Local, que fue suspendido en 2021 por presiones contra Radio Corporación.
Además, los medios digitales que surgieron después de 2018 como: Despacho 505, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, La Lupa, Divergentes, República 18, Galería News, entre otros.
