8 de septiembre 2023
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La periodista Jennifer Ortiz, de 37 años, directora del portal Nicaragua Investiga, aguardó siete horas más aquel intranquilo noviembre de 2021, cuando le falló el plan original para reencontrarse con sus hijos. Una de las niñas tenía 11, la otra siete y su cumiche tan sólo tres años.
Era el último de varios intentos fallidos en los últimos meses. Ortiz se acuerda que entonces una persona de confianza trasladó a los niños y esa vez no tuvo que regresar para evitar a los militares que permanecen en la frontera como sucedió en otras ocasiones. El problema fue otro: el responsable del traslado fue víctima de un asalto y ya no pudo seguir el viaje. Un desconocido terminó entregando a los niños de Ortiz en Costa Rica, después de una agotadora espera.
“Pasé del llanto a la angustia. Al miedo. De verdad que es muy difícil para una mamá tener que someter a sus hijos a este tipo de experiencias”. A pesar de los cinco meses que duró su separación familiar, Ortiz logró el reencuentro desde su salida forzada de Nicaragua en julio de 2021, cuando el régimen de Daniel Ortega desató una escalada represiva contra políticos, líderes empresariales, periodistas y ciudadanos en general para abortar las elecciones del siete de noviembre.
La dictadura cerró 54 medios nacionales y 13 locales hasta el ocho de septiembre de 2022. Mantenía entonces a ocho trabajadores de medios en la cárcel, a los que luego desterró. Confiscó las redacciones de CONFIDENCIAL, 100%Noticias y el diario La Prensa y en su lugar fueron inauguradas como entidades estatales, supuestos centros de atención médica y de educación técnica.
La represión ha continuado contra los ciudadanos. El exilio y la batalla por la verdad también. Según el organismo Voces del Sur, que lleva un registro sobre las agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua, al menos 208 comunicadores—entre periodistas y trabajadores de medios—salieron de Nicaragua desde 2018. Ortiz es una de estos migrantes forzados. La dictadura también la despojó de su nacionalidad, y ordenó el decomiso de sus bienes, luego de declararla “traidora a la patria” en un grupo de 94 ciudadanos, castigados por la dictadura el 15 de febrero de 2023.
“Ortega ha tratado a la prensa de la misma forma que a Nicaragua. Con el mayor desprecio, hipocresía e insolencia que puede haber”, explica Ortiz.
Aníbal Toruño: De la radio en cenizas al exilio
Aníbal Toruño, de 64 años, director y propietario de Radio Darío en Nicaragua—una emisora incendiada por encapuchados en plena efervescencia de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua— recorrió en silencio las cenizas de su medio en León, su ciudad natal al occidente del país.
Entonces no dimensionó el horror y el significado que la represión tendría en su vida y la de sus trabajadores. Toruño salió de Nicaragua en enero de 2021. Se ha exiliado dos veces antes de esta última salida: en agosto de 2018 y en la década de los ochenta, cuando miles de jóvenes huyeron para salvar sus vidas del Servicio Militar Patriótico instaurado por el primer gobierno sandinista. Hoy dice que vive el día a día, convencido de que los periodistas deben seguir luchando por el país.
La emisora la dirige desde el exilio y continúa haciendo periodismo, una pasión inculcada en su familia con un singular concepto de la radio como medio de comunicación. Mientras la televisión es vista por él como la imagen, la radio la asocia con el espíritu. Su padre, Juan Toruño, también se exilió bajo la tiranía de Somoza.
En cierto sentido, Aníbal se está viendo en el espejo de lo que fue la vida de su progenitor. Según él, el resto de colegas están viviendo un “éxodo extraordinario que todavía no termina”.
El mal ejemplo de Nicaragua— con una clase política corrupta y represiva que busca prolongar el sistema político— se repite en la región centroamericana, cruzada por la violencia de las pandillas, las dictaduras y la migración en su historia.
Con discursos cada vez más estigmatizantes contra el periodismo—los gobernantes llaman a los periodistas enemigos del pueblo, hijos de Goebbels, o aliados de pandillas—, la salida de sus respectivos países en búsqueda de un lugar seguro para seguir informando es una realidad compartida por los periodistas de Guatemala, Nicaragua o El Salvador.
Al menos 250 comunicadores se han visto sometidos a algún tipo de desplazamiento. El mayor flujo se concentra en Nicaragua con 208 comunicadores; sigue Guatemala con 28 periodistas y la Asociación de Periodistas en El Salvador (APES) reporta que cerca de 16 profesionales han debido movilizarse a lo interno o buscar el exterior en los últimos dos años.
El periodista Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad, un organismo que ha promovido durante los últimos veinte años la libertad de expresión y el periodismo de investigación, atribuye el éxodo de los periodistas precisamente al quebrantamiento del funcionamiento de las democracias en los países de donde estos son originarios.
Uno de los periodistas que albergaron en Perú fue Fernando Villavicencio. El periodista de investigación ecuatoriano fue candidato a la presidencia hasta que lo asesinaron el 9 de agosto de 2023–once días antes de las votaciones– cuando salía de un mitin en un país, tomado prácticamente por el crimen organizado.
En el Día Internacional del Periodista, Uceda llama “héroes” a los periodistas exiliados, porque están luchando por algo que va más allá del derecho a la libre expresión, es decir lo hacen por el “sistema democrático”, mientras a los poderes públicos denunciados dice que les molesta que se informe de manera independiente, mostrando sus falencias y abusos.
El director de IPYS lamenta una serie de mecanismos para perseguir al periodismo como el cierre de medios– le recuerda a las dictaduras del siglo pasado–, las acusaciones judiciales, el destierro y una propaganda de agresión dirigida a los profesionales y expresada a través de las redes sociales. Otra herramienta ha sido el uso del software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, para espiar los teléfonos celulares de periodistas, como ocurrió en El Salvador.
“También va acompañada, por supuesto, con una propaganda de agresión e injuria que es hecha por redes (sociales), que son de estigmatización, y son pagadas por los Gobiernos”, recalcó Uceda.
El Salvador: el régimen del “dictador cool”
Mariana Belloso, una reportera de economía de 41 años con 23 de experiencia, le tocó enfrentar las calumnias propagadas por la red de fanáticos del presidente Nayib Bukele, de 37 años, el popular mandatario que se encuentra en el poder desde el 1 de junio de 2019 y se autodescribió en las redes sociales como “el dictador más cool del mundo”.
Bukele mantiene un control absoluto de todos los poderes del Estado, dirige el país bajo denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos; con mano violenta tras la imposición de un régimen de excepción que eliminó de un tajo las garantías constitucionales, justificándose en una guerra contra las pandillas, con las cuales mantenía un acuerdo hasta que se rompió con violencia en mayo de 2022.
Al gobernante salvadoreño le irritó a finales de junio de 2019 que Mariana Belloso informó en sus redes sobre una declaración presidencial instando a los ciudadanos a no pagar la renta a las pandillas. No sólo llamó mentira lo que informaba la reportera, sino que dijo que ella era parte de quienes querían que fracasara el plan. Una horda de troles la atacó, entre cuentas anónimas y afines a la Presidencia, y el acoso continuó sin asomo de tregua.
Durante tres meses intensos, Belloso y su familia fueron objeto de calumnias. La llamaban en las redes defensora de las pandillas y la maquinaria de propagandistas empezó a publicar fotos de la periodista con el hashtag #LasMalqueridas. El impacto en su trabajo fue también evidente. Hubo fuentes que se alejaron para evitarse problemas con el poder.
“Empiezan a usar fotos mías también con mi familia, diciendo que ojalá los pandilleros nos violaran, nos mataran, nos descuartizaran”, lamenta Belloso, quien resistió todavía tres años difíciles, perdió tres empleos entre el ataque presidencial y su exilio. Recibió cuestionamientos incluso de allegados que la acusaban de divulgar noticias falsas en perjuicio de Bukele. Fue también una de las periodistas que fue objeto de espionaje a través del software Pegasus.
En enero de 2022, se exilió en Estados Unidos y hoy es editora general de la Alharaca, un medio feminista que combina las noticias de actualidad con investigaciones. También ayuda en gestión de proyectos a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para apoyar a medios en riesgo en Centroamérica.
Gabriel Labrador, relator de libertad de Prensa de APES, dijo que están alarmados por el patrón de prácticas del régimen salvadoreño que socavan la libertad de prensa. También por la tolerancia a estos abusos desde el poder.
El impacto en el ejercicio periodístico es evidente: autocensura, desplazamientos de comunicadores para resguardar su integridad, denuncias de “vulneraciones” en coberturas en los territorios que están controlados por las Fuerzas de Seguridad. “Ahora mismo hacer periodismo cerca de una cárcel (en régimen de excepción) puede ser un acto de bastante riesgo. Hemos detectado que soldados retienen a periodistas sin motivo aparente, se les pide documentación y a veces se les ha obligado hasta borrar entrevistas”, puntualizó.
El Estado señala a la prensa independiente de hacer “apología del delito”, cuando los periodistas informan sobre las pandillas. “Se dice, por ejemplo, que todos los periodistas que cubrieron la tregua o las negociaciones de pandillas con gobiernos anteriores también cometieron apología del delito. Se dice de manera muy ambigua. No queda claro exactamente a qué se refieren, pero ciertamente en redes sociales se está ocupando para atacar y hostigar a periodistas específicos”, denuncia.
Labrador, quien es parte del equipo de El Faro, se refiere de manera tácita a las investigaciones del periódico salvadoreño que revelaron los acuerdos secretos de Bukele con las maras. Esa fiscalización provocó una reacción iracunda del oficialismo contra investigadores y periodistas como los hermanos Óscar, Carlos y Juan Martínez. El primero es editor del diario, el segundo uno de sus prominentes narradores y el último un antropólogo y cronista premiado a nivel internacional.
El “pacto de corruptos” contra Guatemala
El domingo 20 de agosto de 2023, millones de guatemaltecos estaban emocionados por una jornada electoral, en la que aspiraban a salvar la maltrecha democracia de su país. Terminaría con esperanza tras la victoria de Bernardo Arévalo con casi el 58% de las preferencias. A miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos, la noticia la siguió de cerca Michelle Mendoza, de 38 años, exiliada desde mayo de 2022.
Su primera reacción fue de alegría al conocer los resultados, pero pronto el globo se desinfló. Desde el 25 de junio de 2023, se declaró en sus redes como “periodista activista” e intenta hacer desde entonces “radiografías más profundas” que ayuden a entender a las organizaciones corruptas de su país, pero es que Guatemala pasa de un escenario a otro peor en cuestión de horas o días.
“El exilio es una manera de silenciarte, es una manera de delimitar tu trabajo, de que yo ya no pueda ir a cubrir todas aquellas historias de humanidad o de corrupción dentro de mi propio país”, dice Mendoza que enumera sus pérdidas con dolor, entre ellas la crianza de sus dos hijas y vivir tranquila en su nación.
A diferencia de Nicaragua y El Salvador, donde la figura del hombre fuerte ha doblegado a las instituciones, un pacto entre corruptos se tomó Guatemala y ha instrumentalizado a la justicia, persiguiendo a exfiscales y periodistas que investigaron o divulgaron las investigaciones de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
Para Mendoza, lo que ha ocurrido en Centroamérica es que se han replicado las dictaduras y el discurso de odio contra todos aquellos que piensen diferente. “A mí me han sexualizado, han amenazado de violarme”, relata.
La excorresponsal de la cadena estadounidense CNN en Guatemala salió en el contexto de amenazas al periodismo y del encarcelamiento de José Rubén Zamora, un reputado periodista centroamericano, quien lleva más de un año en prisión. Fue condenado a seis años por supuesto lavado de dinero, tras realizar críticas al Gobierno del presidente saliente Alejandro Giammattei.
Zamora es maestro de generaciones de periodistas en Guatemala. No le tocó fácil denunciar la corrupción durante décadas. Juan Luis Font trabajó con él—hombro a hombro— en las oficinas de El Periódico, cerrado el 13 de mayo de 2023. Hoy también está en el exilio y es víctima de amenazas judiciales.
“Yo tengo una gran vergüenza hacia mis hijos, de ponerlos en esta situación. Me avergonzaba que ellos estuvieran tan enojados con el país. Ahorita con las elecciones se han reconciliado un poco con Guatemala. Dos de ellos están afuera”, dice Font, actual director de ConCriterio.
Font recuerda el día cuando entendió que, en medio de la persecución al periodismo en Guatemala, debía salir del país. Su familia había invitado a comer a una amiga de su hija con su novio. No disfrutaron la cena. El periodista recibió una llamada, en la que le informaron sobre una orden de captura en su contra. Esa misma noche buscaron un lugar seguro para quedarse.
“Comprendimos que no podíamos vivir así, cada dos o tres días saliendo a ocultarnos en algún sitio”, relató. Pero Juan Luis Font no podía irse. Su madre agonizaba. Sus hermanos lo liberaron de la obligación de quedarse, cuando vieron el peligro inminente de su detención. El 15 de agosto de 2022, fue a despedirse. Ella le dijo que le entristecía que se fuera de Guatemala, pero ambos aceptaron la separación ineludible. Ella murió el 1 de septiembre, mientras dormía. La noticia estremeció al periodista a kilómetros de distancia.
RSF: El mapa del exilio de los periodistas en el mundo
El 20 de junio de 2023, el organismo Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó por primera vez un mapa de los flujos migratorios de los periodistas, en el que se estableció que los principales destinos de estos profesionales para resguardar su integridad son Estados Unidos y Europa.
El fenómeno de la huida de los comunicadores, a causa de la persecución en sus países de origen, es un fenómeno que se repite en distintos países como Nicaragua– bajo la represión de Ortega contra las libertades– o el de naciones en guerra como Ucrania, Sudán y Siria.
“El mapa muestra la intensidad de los desplazamientos de periodistas obligados a buscar refugio en el extranjero. Nuestro departamento de Asistencia nunca ha estado tan solicitado desde su creación. Tenemos que luchar por dos objetivos complementarios: en primer lugar, reducir los factores que conducen al exilio, combatiendo la represión y, en segundo lugar, debemos ayudar a los periodistas y medios que no han podido evitar huir”, dijo entonces Christophe Deloire, secretario general de RSF.
Según el mismo reporte, centenares de periodistas rusos han tenido que huir, porque publicar notas sobre la invasión a Ucrania puede llevarlos a la cárcel. Otros reporteros han hecho lo mismo, como aquellos que son de Afganistán. Ese país se encuentra dirigido por el régimen talibán desde 2021. Hay otros casos preocupantes como Birmania.
La represión de China en Hong Kong ha obligado también a los periódicos a cerrar. El fundador del Apple Daily, Jimmy Lai, se encuentra en prisión. La salida para los periodistas independientes ha sido buscar como refugio a Taiwán, Reino Unido o Estados Unidos.
RSF añadió que este éxodo ocurre en dos etapas en la mayoría de casos. Primero se acercan a países vecinos y luego buscan otros destinos. Hay situaciones curiosas en el mundo como Egipto, un país con 20 periodistas detenidos de manera arbitraria, pero que ha acogido a 40 colegas procedentes de Sudán.
El organismo admite que el exilio no significa el fin de la inseguridad y las amenazas para los comunicadores. “En Nicaragua, la deriva autoritaria del Gobierno de Daniel Ortega llevó a toda la redacción del diario independiente La Prensa a huir clandestinamente de su país en unas semanas, en particular hacia Costa Rica, desde donde varios medios de comunicación operan ahora en el exilio”, añade el informe.
América Latina es, además, en este momento, un territorio violento contra los periodistas. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cifra de asesinatos sumó 61 en 2022 y México es el país con más crímenes de este tipo con 19.
