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Las becas universitarias en Nicaragua fueron suspendidas en las últimas semanas para que los estudiantes las soliciten nuevamente ante la Procuraduría General de la República (PGR), institución que se ha convertido, tras una reforma a la Ley 89 o de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior— en la “regente” de las universidades públicas.
Desde la aprobación de la reforma a la Ley 89 en la Asamblea Nacional y antes de su publicación en La Gaceta del lunes 9 de junio de 2025, estudiantes de varias universidades públicas de Nicaragua denunciaron en redes sociales la cancelación de sus becas de estudio.
En un video divulgado por estudiantes universitarios, cuya identidad ha sido protegida por seguridad, se señala que, a partir de la reforma a la Ley 89, las becas académicas pasaron a ser administradas por la PGR.
Las imágenes muestran a los estudiantes haciendo fila en una delegación de la Procuraduría, donde supuestamente fueron trasladados por autoridades de su universidad para iniciar un nuevo proceso de solicitud de beca.
“A nosotros nos llevaron (a la PGR) a las 3:00 p. m. y salimos a las 6:00 p. m., pero habían varios que aún estaban ahí esperando turno porque son unas filas súper largas”, comentó un estudiante.
La denuncia de los universitarios fue confirmada el 10 de junio, cuando —en las páginas oficiales de la UNI, la UNAN-Managua y Universidad Nacional Politécnica (UNP)— fue colocada una convocatoria de becas académicas brindadas por la PGR.
También simpatizantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo salieron al paso a tratar de desmentir las publicaciones hechas por los universitarios. “Falso. Únicamente se está pidiendo otro requisito a los estudiantes para que posteriormente dicha documentación quede archivada en la PGR”, se lee en los comentarios.
Los aspirantes a las becas académicas deben redactar una carta de solicitud dirigida a los autonombrados “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo; adjuntar su hoja de matrícula, certificado de notas, copia de cédula de identidad y completar un formulario facilitado por la PGR.
Los documentos deben ser entregados en la PGR de lunes a domingo en horario laboral. El proceso de solicitud de becas académicas finaliza el 20 de junio de 2025.
“Regencia” de la Procuraduría
De acuerdo con la reforma, la PGR junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se encargará de cuidar “todos los aspectos financieros, presupuestarios y de rendición de cuentas” de las universidades.
La regencia de la PGR fue establecida mediante la modificación del artículo 55 bis, que antes de la reforma únicamente establecía la obligación de Hacienda de aprobar la política de distribución de los fondos asignados a las universidades. Ahora, se enlistan las 12 universidades que recibirán dinero del 6% del presupuesto estatal, se deja abierta la posibilidad de asignar recursos a universidades privadas y se le da poderes administrativos a la PGR.
“Las universidades, para los aspectos financieros, presupuestarios y de rendición de cuentas seguirán los lineamientos que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y estarán bajo la regencia de la Procuraduría General de la República”, se lee en el último párrafo del artículo 55 bis reformado.
El académico nicaragüense y exrector de la UNAN-León y la UAM, Ernesto Medina, explica que, es la primera vez, que la PGR aparece mencionada dentro de la Ley 89 y advierte que si la palabra “regente” se interpreta, tal como lo define la Real Academia de la Lengua, entonces esta entidad sería la que “gobierne” en las universidades.
“Si la regencia la va a ejercer la Procuraduría significa que van a gobernar las universidades”, advierte Medina. Pero, continúa, “en todo el cuerpo de la reforma se habla del rol de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Rectores… Entonces, no se sabe qué es lo que quieren, no lo pueden expresar y más bien están enredando todo”.
Más de 50 000 becas universitarias
En 2023, el extinto Consejo Nacional de Universidades (CNU) reportó la entrega de “55 764 becas estudiantiles a nivel nacional” de acuerdo con el último anuario estadístico divulgado por la entidad. De ese total, 30 525 becas fueron entregadas por las 12 universidades públicas y 25 239 por las universidades privadas.
Para 2024, reportes de medios oficialistas informaron que solo las universidades del CNU entregaron 19 650 becas académicas. De estas, 4340 fueron “becas internas”, que incluyen alojamiento, alimentación, atención médica, entre otros servicios. Las otras 15 310 fueron “becas externas”, que consisten en la entrega de una pequeña cantidad de dinero a los estudiantes para sus gastos de transporte.
En enero de 2025, la expresidenta del CNU, Ramona Rodríguez, declaró que —entre las becas del CNU y unas 28 000 becas ofrecidas por las universidades privadas— la cifra total de becas entregadas en Nicaragua ascendería a más de 50 000 para este año.
Ni rastro de la autonomía universitaria
Con la reforma a la Ley 89, el régimen también eliminó el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA), que en teoría gozaban de cierta autonomía. En su lugar fue creada la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, que está subordinada a la Presidencia de la República.
“Por ministerio de la presente Ley, se transfiere a favor de la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, los recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos y de oficina, mobiliario y cualquier otro bien que estén inscritos a favor del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA)”, dice el artículo tercero de la reforma.
La subordinación de la Secretaría Técnica a la Presidencia está explícita en el artículo 58, que textualmente dice: “Se crea la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República y ejercerá como Secretaría del Consejo Nacional de Rectores de Universidades”.
Además, entre las funciones de la Secretaría Técnica descritas en el artículo 59 reformado se incorporó el deber de “remitir a la Presidencia de la República para su aprobación la política nacional de la Educación Superior del país”, algo que no existía antes de la reforma.
Para Medina, esta reforma evidencia que el régimen “no sabe lo que quiere y no ha encontrado la forma más idónea para controlar de manera total a las universidades”. Recuerda que en menos de dos años el régimen ha realizado “tres reformas profundas” a la Ley de Autonomía.
Más universidades dependen del 6%
La reforma también incorpora a la lista de beneficiarios del 6% del presupuesto estatal, a las universidades creadas sobre la base de la confiscación de universidades privadas.
Entre las universidades que ya recibía dinero del 6% están:
- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León).
- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
- Universidad Nacional Agraria (UNA).
- Universidad Nacional Politécnica (UNP).
- Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV).
- Bluefields Indian & Caribbean University (BICU).
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
Con la reforma, recibirán una asignación del presupuesto estatal:
- Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
- Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
- Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda.
- Universidad Nacional Comandante Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL).
Además, recibirán dinero del 6% las universidades privadas “que designe la Presidencia de la República a través de la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades”, dice el numeral 13 del artículo 55 bis.
