21 de febrero 2024
AA
El traspaso de las certificaciones y permisos ambientales a la Procuraduría General de la República (PGR) convertirá a la dictadura de Daniel Ortega en “juez y parte” en los procesos ambientales que se aprueban en Nicaragua y a su vez disminuirá la transparencia en estos procesos, valora el ambientalista Amaru Ruiz.
“Esto puede ser contraproducente, sobre todo por la práctica que ha habido en el régimen de Ortega-Murillo de beneficiar a empresas que están vinculadas a ellos y de castigar a otras que no lo están. Y no solo a empresas privadas, sino también a las empresas estatales donde tiene control el régimen”, dice Ruiz, presidente de la confiscada Fundación del Río.
El traspaso se oficializó en el diario oficial La Gaceta este lunes, 19 de febrero de 2024, y en él se detalla que de ahora en adelante será la PGR la que otorgue “la certificación ambiental sobre los permisos o autorizaciones que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), emite”. Sin esta certificación no podrán iniciar los trabajos "so pena de las responsabilidades administrativas y penales".
Costos de permisos incrementarán
La modificación al artículo 27 de la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 217) especifica que la certificación ambiental deberá tramitarse una vez obtenidos los permisos o autorizaciones correspondientes. Esto sugiere que se incrementará el costo para las empresas y por consiguiente hay un interés en las recaudaciones en este traspaso.
“Lo que tenemos aquí es una solicitud de permiso adicional a las que ya estaban establecidas. Eso puede significar un aumento de los costos para obtener los avales ambientales y, por ende, un aumento de los costos adicionales para tener esos avales desde un punto recaudatorio por parte del Estado”, apunta Ruiz.
Los costos que ya existían previo a las modificaciones varían de acuerdo al proyecto. Los de categoría II van desde 250 dólares en Managua, 400 dólares en la zona del Pacífico y región central, a 600 dólares en la Costa Caribe.
“No sabemos cuál va a ser el precio (del nuevo permiso), porque eso debe establecerse en un reglamento, donde se establece qué va a significar obtener una certificación o un permiso por la Procuraduría y eso va a tener un costo. Y si no tiene un costo tiene que tener una serie de mecanismos para presentar esa solicitud de permiso”, apunta.
El titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la reforma lo que busca es “verificar y comprobar los aspectos legales de la propiedad”. En noviembre de 2023, la dictadura traspasó el Sistema Nacional de Registros a la PGR.
“Ahorita los permisos pasan por varios eslabones uno de ellos es el que tiene que ver con la alcaldía que da un permiso ambiental o certificación y posteriormente está el permiso ambiental de Marena, eso está relacionado con el sitio, características del lugar, la construcción, aspectos ambientales”, dijo Porras.
El ambientalista señala que la Procuraduría “ha sido una entidad coercitiva, no solo en temas de propiedades, sino en diferentes sectores y ahora se convierte en el sector ambiental como una entidad que va a supervisar todos los permisos que la entidad descentralizada, el MARENA, proporciona”.
Cambios no reflejan preocupación por el medioambiente
En otro contexto, señala el ambientalista, el traspaso podría interpretarse como una preocupación del Estado por el impacto ambiental. Sin embargo, el régimen de Ortega ha demostrado no estar interesado en los problemas ambientales reales que enfrenta el país.
“Si tuviéramos otro gobierno, otro análisis que cabría, sería ponerles otro candado a las certificaciones y la 'permisología' ambiental para asegurarse que los impactos ambientales no estén generando mayores costos al Estado y que no haya mayor deterioro, pero ese es un escenario que no existe en el país”, afirma Ruiz.
Por el contrario, el involucramiento de la PGR será un filtro más para la dictadura para controlar a quiénes se les están otorgando los permisos ambientales “y sobre esa base establecer presiones, negociaciones que ha sido la práctica del régimen Ortega-Murillo”, agrega.
