14 de mayo 2025
AA
Share
La dictadura Ortega-Murillo destituyó a la principal verdugo de las universidades nicaragüenses: Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Junto a ella también se va Jaime López Lowery, director ejecutivo del CNU y otros tres directivos, confirmaron fuentes gubernamentales a CONFIDENCIAL.
Rodríguez apareció públicamente, por última vez, el jueves 8 de mayo de 2025 en un encuentro con directivos del Sistema Nacional Educativo realizado en el aula magna de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, instalada en la confiscada UCA. Al acto, que reunió a las autoridades de todo el país, no asistió López Lower, quien según las fuentes no llega a su oficina desde hace días.
Del CNU fue “renunciada” también Jilma Romero Arechavala, directora general de gestión del conocimiento del CNU, y esposa del vicerrector de la UNAN-Managua, Luis Lobato Blando, quien ya dimitió de su puesto.
Las fuentes aseguraron que Romero acabará su contrato laboral el 31 de mayo de 2025, y Lobato se retira de la universidad en junio.
“Él dice que es porque va a jubilarse, pero en realidad es porque no lo tomaron en cuenta para reemplazar a Ramona Rodríguez”, señaló una fuente ligada a la educación superior de Nicaragua, quien agregó que Roberto Blandino, director de la Universidad Abierta en Línea del CNU, también fue destituido.
Tras la salida de Ramona Rodríguez, quien era la rectora de la UNAN-Managua desde 2015, la rectoría quedó a cargo de la secretaría general, Ángela Rosa Munguía Beteta, la tercera al mando en el Consejo de Dirección de esta universidad.
“Ramona ya comenzó a escribirle a los organismos regionales de la educación superior como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), informando que ya no está dentro de la educación superior de Nicaragua. No dice que fue destituida, sino que ya no está”, explicaron las fuentes.
Subrayaron que al sindicato de trabajadores administrativos de la UNAN-Managua ya se le informó, vía Whatsapp, el nombramiento de Munguía Beteta como nueva rectora de la UNAN-Managua.
“El trabajo continúa normal con el compromiso de siempre sacar adelante a la institución, siempre mostremos esa disciplina que se les caracteriza a los trabajadores administrativos”, les notificaron.
Los “movimientos de fichas” en el CNU comenzaron a finales de noviembre de 2024 cuando fue destituida en silencio la rectora de la UNAN–León, Almariana Oliveira Solís, quien a su vez era la vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU). En su lugar fue puesta Indiana María Coronado González.
Desde finales de 2023, la dictadura ha destituido en silencio a rectores, vicerrectores y secretarios generales de siete de las universidades estatales de Nicaragua, según una revisión de CONFIDENCIAL. Varios de ellos sancionados por su participación en la represión en las universidades.
Entre ellos: Rodríguez, la principal verdugo de la educación superior, y quien fue incluida en la Lista Engel por el Departamento de Estados de EE. UU., el 21 de diciembre de 2023, por su participación en la confiscación de universidades privadas y por socavar “procesos o instituciones democráticas, al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo”.
Los pecados de Ramona Rodríguez
Ramona Rodríguez deja un legado profundo de represión y destrucción en la educación superior de Nicaragua. Es la principal responsable de la cacería y “muerte académica” de más de un centenar de estudiantes expulsados.
Es una de las causantes de la confiscación de universidades privadas “incómodas” para la dictadura, del adoctrinamiento político estatal impuesto por ley en las aulas y de la muerte de la autonomía universitaria tras la reforma a la ley 89 o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de la Ley 582 o General de Educación.
A ella, la dictadura le entregó el poder absoluto de las universidades tras permitir el ingreso de grupos paramilitares y policías al recinto universitario para atacar a balazos a los estudiantes atrincherados en 2018, quienes al verse rodeados, se refugiaron en la parroquia Divina Misericordia, ubicada a 200 metros, donde fueron perseguidos y rafagueados.
“La única persona que podía dar el permiso era la rectora, pues es la máxima autoridad. Solo con esa autorización podían ingresar las fuerzas paramilitares”, dijo uno de los dirigentes estudiantiles que sobrevivió al ataque ocurrido el 13 de julio de 2018.
Quince días después del ataque armado en contra de los estudiantes, el CNU la nombró como su presidenta tras la renuncia de Telémaco Talavera, quien dimitió por “complicaciones de salud”.
En agosto de 2018, Rodríguez encabezó la Comisión Especial Extraordinaria formada en la UNAN-Managua que decidió a puerta cerrada la expulsión de un centenar de estudiantes que participaron activamente en las protestas, que estuvieron atrincherados en el recinto universitario y que fueron presos políticos.
El Consejo Universitario mantuvo reuniones de emergencia en el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA-UNAN). Ahí la Comisión Especial analizó, caso por caso, la lista de “estudiantes golpistas” entregada por la misma UNEN, reveló la investigación de CONFIDENCIAL, UNAN fraguó “misa negra” para expulsar a estudiantes.
Ninguno de los alumnos, que el 17 de agosto de 2018 fueron expulsados, supo que había un proceso en su contra, tal como lo establece el reglamento interno de la UNAN. Tampoco recibieron una notificación por escrito con las razones o la resolución final, ni tuvieron posibilidades de apelar. A ellos incluso se les prohibió volver a ingresar al recinto, amenazando con demandarlos “por la vía judicial”.
Por su rol como represora, “La Monchita”, como suele llamarle públicamente Rosario Murillo, recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío “por su destacado aporte al desarrollo de la universidad pública nicaragüense” en diciembre de 2018.
Confiscación y cierre de universidades
En 2021, la dictadura comenzó una purga de universidades privadas que acabó con el cierre y confiscación de más de 30 instituciones de educación superior. En este proceso, el CNU de Ramona Rodríguez jugó un papel crucial, ya que ella solicitó al Ministerio de Gobernación (Migob), ahora Ministerio del Interior, la cancelación de las universidades.
En ese tiempo, la Asamblea Nacional era la institución que aprobaba la cancelación de personería jurídica a petición del Migob y fue el CNU, junto con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), quienes enviaban la lista de universidades que debían ser eliminadas.
Sin embargo, desde abril de 2022, con la aprobación de la Ley N°. 1115 o General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, al Migob se le dio la facultad de cancelar personerías jurídicas mediante acuerdo ministerial.
Tras aprobarse la cancelación de personerías jurídicas, es el CNU quien toma posesión de los inmuebles y se encarga de crear nuevas universidades para reagrupar a los estudiantes, quienes de un momento a otro se quedaron sin casa de estudio. También, es el equipo de Ramona Rodríguez el que designa a las nuevas autoridades académicas, principalmente decanos de la UNAN-Managua que son fieles al régimen.
El CNU asegura que el cierre de universidades privadas se debe a un “ordenamiento” de la educación superior en Nicaragua. “No podemos, como autoridad, permitir que haya inconsistencia y que no se garantice esa calidad de la formación de los profesionales que nuestro país necesita”, dijo en ese entonces Ramona Rodríguez.
En agosto de 2022, la dictadura traspasó las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la UNAN-Managua, mismo inmueble bautizado como Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Broockmann y fue Rodríguez quien recibió con “bombos y platillos” las llaves de la propiedad confiscada.
“Hoy la UNAN-Managua toma posesión de la Casa Soberanía para continuar fortaleciendo los valores de principio y soberanía, de dignidad, de autodeterminación de nuestro pueblo, porque este lugar era un lugar donde funcionaba el ministerio de colonia que estaba al servicio del imperio yankee, del imperio norteamericano”, sostuvo Rodríguez.
La funcionaria le dio las gracias a Ortega y Murillo por “haber tomado esta decisión tan oportuna” de confiscar para que “la juventud nicaragüense haga uso de este espacio”.
Ese mismo año, Ramona Rodríguez fue reelecta como presidenta del CNU para el período 2022-2024 y como rectora de la UNAN-Managua para el período 2022 – 2026.
En 2022, la dictadura le dio al CNU el poder de “intervenir” a las universidades del país a través de un reforma a la Ley de Autonomía y de Educación, con la cual también excluyeron a la Universidad Centroamericana (UCA) del CNU, por lo cual ya no recibiría la partida estatal del 6% Constitucional. Este cambio dio inicio al desmembramiento de la Autonomía Universitaria.
Fin de la Autonomía Universitaria
Ramona Rodríguez está directamente relacionada a lo que, en palabras de reconocidos académicos nicaragüenses, fue “el acta de defunción de la autonomía universitaria en el país”: las drásticas reformas a la Ley 89 a finales de 2023.
La reforma —que fue aprobada el jueves 30 de noviembre con el voto favorable de los 91 diputados— transforma completamente el modelo de gestión de la educación superior en Nicaragua y otorga al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la capacidad legal de gestionar a las universidades conforme a los intereses del Poder Ejecutivo.
En el entramado de la reforma, el régimen no solo reorganizó la estructura del CNU, sino que prácticamente “lo transformó en un Ministerio de Educación Superior”, advirtió el académico nicaragüense, Ernesto Medina.
Con estos cambios, se creó un consejo directivo que es la cabeza del CNU y es nombrado directamente por Ortega y Murillo. Antes la Presidencia de este órgano rector era electa a través de votos de los rectores de las universidades miembros.
El poder es tal, que designaron a este consejo la facultad de nombrar a los rectores, distribuir el 6% Constitucional y fiscalizar cada córdoba usado, “nombrar y destituir las autoridades de las universidades estatales, comunitarias e interculturales, en todos sus niveles”.
“Con esto ya no se puede seguir hablando de ningún tipo de autonomía en el sistema de educación superior de Nicaragua. La autonomía está muerta y la han matado gente que seguramente ni siquiera ha pasado por la acera de una universidad… que no conocen la historia de las universidades y las luchas por la autonomía”, dijo Medina, quien fue rector de la Universidad Americana (UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – León).
