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Daniel Ortega y Rosario Murillo desaparecieron el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y traspasaron su trabajo de regulación de las universidades de Nicaragua a la Secretaría Técnica Especializada a cargo del exdirigente estudiantil y operador político del Frente Sandinista, Bismark Santana, confirman a CONFIDENCIAL fuentes de la educación superior.
A consecuencia del cierre fueron “jubilados”: la presidenta del CNEA, Maribel del Socorro Duriez González, doctora en educación, y el vicepresidente, Mario José Caldera Alfaro, máster en Administración de Empresas, revelan las fuentes.
El resto de personal de esta institución fue delegado a la nueva Secretaría Técnica. Entre ellos: los otros tres miembros de la dirección del CNEA: Mercedes Tinoco Espinoza, Xiomara Machado Bello y Julio Orozco Alvarado.
La “Secretaría Técnica Especializada” fue creada por la dictadura el 15 de mayo de 2025, junto a un Consejo Nacional de Rectores de Universidades, integrado por los 12 rectores de las casas de estudios que eran miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), eliminado de facto a través de una nota de prensa.
A la Secretaría se le encomendó el Registro Nacional de Títulos y Grados Académicos, la Gestión y Desarrollo Tecnológico y la Planificación, Evaluación y Acreditación. De esta última se encargaba exclusivamente el CNEA.
La pareja gobernante aseguró que los cambios son para “optimizar el funcionamiento de las universidades públicas” y para “ordenar la función de las universidades privadas”. La decisión fue informada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, quien siguió “instrucciones presidenciales”. Sin embargo, no informaron sobre la desaparición del CNU ni del CNEA.
El sitio web de la CNU ya fue inhabilitado por la dictadura y las páginas de Facebook de ambos órganos están desactualizadas desde el 16 de mayo de 2025.
El CNEA fue creado en 2011, como ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación de las universidades de Nicaragua. Mientras que el CNU fue fundado en 1990, mediante la Ley 89 o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua.
Los cambios en estas instituciones están ocurriendo pocos días después de que Ramona Rodríguez, presidenta del CNU, y Jaime López Lowery, director ejecutivo, fueran destituidos de la “dirección superior del CNU”, una estructura creada en 2023 tras una serie de reformas que convirtieron a institución en un “ministerio fiscalizador” de la educación superior.
Reestructuración en el CNU no duró
El CNU fue completamente reestructurado en diciembre de 2023, cuando la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley de Autonomía. Los cambios incluyeron la creación de una “dirección superior” integrada por un presidente, un vicepresidente y un director ejecutivo nombrados por la Presidencia.
Previo a las reformas, el CNU estaba estructurado por una presidencia, una vicepresidencia y un secretario técnico, electos por los rectores de las universidades miembros. Sin embargo, la dictadura eliminó el proceso democrático y relegó a los rectores a un “Consejo Consultivo”, que poca o nula voz tenía en las decisiones de la dirección superior.
En la dirección fueron impuestas como presidenta y vicepresidenta, las rectoras de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y UNAN-León: Ramona Rodríguez y Almarina Oliveira Solís, respectivamente. Mientras que Jaime López Lowery, quien era secretario técnico del CNU desde 2019, fue nombrado director ejecutivo.
Como presidenta a Rodríguez se le entregó la representación legal del CNU y el poder de nombrar a los directivos, a los miembros de las comisiones, a suscribir contratos y convenios internacionales, autorizar la adquisición, enajenación y gravamen de los bienes y presidía el Comité de Auditoría y Finanzas.
Al Consejo se le dio la capacidad de “crear, administrar, regular y cancelar las universidades estatales, comunitarias e interculturales, así como las sedes de estas”. También, nombrar y “destituir las autoridades de las universidades estatales, comunitarias e interculturales, en todos sus niveles”, distribuir el 6% constitucional y fiscalizar cada córdoba usado.
Sin embargo, toda esta distribución, que los académicos habían advertido que era insostenible porque se trataba de una estructura gigantesca con una serie de direcciones, comisiones y subcomisiones, parece que fracasó.
“Yo no sé en qué ministerio hay 18 direcciones de segundo nivel de decisión. Y la pregunta es cuánto cuesta este aparato. ¿Tiene sentido tener una estructura tan grande y dirigida por un equipo de tres personas que ni siquiera están de tiempo completo? El único que está de tiempo completo en la oficina del CNU, es el director ejecutivo”, cuestionó entonces, el exrector universitario y académico, Ernesto Medina.
Además, agregó, de dónde saldrán las personas que estarán al frente de estas direcciones y cómo se van a financiar.
Lejos de crecer el presupuesto para sostener la nueva estructura, los fondos del CNU disminuyeron por segundo año consecutivo en 2025. A penas le asignaron 312 millones de córdobas, cuando en 2024 tuvo 384 millones y en 2023: 866 millones.
Reviven Consejo Nacional de Rectores
El Consejo Nacional de Rectores ya existía en Nicaragua desde antes que Ortega asumiera su primer período presidencial. Fue creado en 2006, en la Administración del expresidente Enrique Bolaños.
Este Consejo estaba integrado por los rectores de las universidades privadas y públicas de Nicaragua y se definía como “el órgano superior especializado y consultivo en materia académica relacionadas al Subsistema de educación superior”. Sin embargo, tras las protestas de 2018, su labor se relegó y finalmente en 2022 tras una serie de reformas fue eliminado.
“En esta reforma se elimina el Consejo Nacional de Rectores y se introduce un nuevo párrafo en el artículo 48, donde se establece que el Consejo Nacional de Universidades es el órgano del estado que tiene como finalidad la definición y articulación de las políticas y estrategias para el desarrollo de la educación superior en Nicaragua y es el rector del sistema de educación superior”, explica Medina.
Ahora Murillo revive el Consejo Nacional de Rectores, pero no da detalles de cómo va a estructurarse, quién lo va a liderar, su presupuesto y los alcances que tendrá. La información oficial solo dice que se encargará de los temas relacionados con “la academia y las extensiones universitarias, en sus distintas modalidades, así como al desarrollo de las diferentes profesiones y carreras”.
A este Consejo se integró formalmente la rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL), Martha Lorena Guido. Esta universidad, creada en casas de estudios confiscadas, era invitada permanente del CNU. Por lo tanto, no recibía presupuesto del 6% constitucional.
Mientras quedan por fuera: la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), la secretaría de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua, FESITUN, y el secretario de Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES-ATD) que eran parte del Consejo Consultivo del CNU.
Fuentes cercanas a la educación superior afirman que los rectores elegirán quién liderá el nuevo consejo de rectores, “se maneja que será Bosco Castillo de la UNAN, por el momento solo han sesionado una vez tras el anuncio de la creación del nuevo Consejo, el viernes 16 de mayo de 2025”.
A la administración del presupuesto del CNU se le sumó la Procuraduría General de la República (PGR). En las reformas de 2023, quedó establecido que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) entregaría los fondos para las universidades en tres partes mensualmente. Pero, después que el CNU recibiera un informe técnico de ejecución de parte de cada casa de estudios. Ahora todo quedará en manos de la PGR y el MHCP.
“De momento a lo interno de la universidades están viendo el asunto presupuestario pues hay una subejecución de fondos ya que inversiones e infraestructuras no se ha dado debido a los malos manejos de las autoridades y el cambio de las mismas. Hay una serie de auditorías internas que no dejan que se ejecute nada”, añaden las fuentes.
Dictadura “pagó mal” al CNU y CNEA
Ortega y Murillo usaron al CNEA y al CNU para desaparecer y confiscar las universidades privadas de Nicaragua “incómodas”, como la Universidad Centroamericana (UCA). Usaron como pretexto un proceso de “verificación y certificación de acreditación de mínimos de calidad” de las instituciones de educación superior.
Así fueron por cada universidad y pidieron la cabeza de aquellas que no cumplieron con “los mínimos de calidad” que establece la Ley 704 o Creadora Del Sistema Nacional Para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.
Esa ley fue reformada en octubre de 2021 y, en dicha modificación, se autorizó al CNEA a realizar un proceso de acreditación a todas las instituciones de educación superior de Nicaragua. En caso de no cumplir con los requisitos, el órgano rector junto con el CNU podía solicitar a la Asamblea Nacional cancelar la personería jurídica del centro de estudios.
Por este rol, tanto el CNEA como el CNU fueron premiados con incrementos sustanciales en sus presupuestos en 2023. El primero de estos órganos triplicó sus fondos al recibir 35.7 millones de córdobas, cuando un año atrás le dieron 12 millones. En 2024 bajó a 31.5 millones y en 2025 recibirá 33.1 millones de córdobas.
Mientras, que el CNU venía recibiendo aumentos sustanciales desde 2022 cuando recibió 732 millones y en 2023 cuando le dieron 866 millones. Sin embargo, desde 2024 reciben menos fondos. En 2025 tenía un presupuesto de 312.6 millones de córdobas.
Se desconoce si fusionaran los fondos de ambos órganos y cómo se van a distribuir, si una parte irá para el Consejo de Rectores y otra para la Secretaría Técnica Especializada, las fuentes dicen que tras la desaparición del CNEA y del CNU las decisiones sobre las universidades de Nicaragua estarán más centralizadas.
