19 de julio 2023
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El Gobierno de Estados Unidos incluyó este miércoles 19 de julio de 2023 en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos” —conocida como “Lista Engel”— a trece personajes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos funcionarios y diputados.
Los sancionados son:
- Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua.
- Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
- Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
- Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional.
- Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional.
- Rosa Argentina Solís Dávila, jueza del Tribunal de Apelaciones de Managua.
- Ángela Dávila Navarrete, jueza del Tribunal de Apelaciones de Managua.
- Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF.
- Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR).
- Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector de la DNR.
- Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF).
- Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Los sancionados son señalados de socavar “procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.
A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a EE. UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.
Sancionados por confiscar y despojar de nacionalidad
La procuradora Morales es señalada de “facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del Gobierno sin una base legal”.
“Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación”, de acuerdo con el Departamento de Estado.
A las magistradas Solís y Dávila se les achaca “tomar represalias contra los críticos” del régimen y “suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense”.
Membreño y Sáenz fueron sancionados por utilizar sus cargos en la UAF “para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal”.
Halleslevens y Ortega Roa son señalados de permitir, desde su “posición e influencia” en el Registro de la Propiedad, la confiscación de bienes de los opositores.
El Departamento de Estado señala a Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos, de “proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del Poder Judicial de Nicaragua, como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal”.
La subdirectora del INSS, Benavides Lanuza, fue sancionada por “terminar y confiscar las pensiones de adversarios políticos, sin una base legal”.
Otros 26 políticos centroamericanos
En diciembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, popularmente conocida como “Lista Engel” porque surgió, en 2019, a iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel.
Inicialmente la legislación solo afectaba a funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, llamada Ley Renacer —en vigencia desde noviembre de 2021—, estableció la inclusión de Nicaragua.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró en un comunicado que “esta lista identifica a individuos que de forma consciente han cometido actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, corrupción importante o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción”.
Además de los trece nicaragüenses, EE. UU. incluyó a otros 26 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos, entre ellos dos expresidentes de El Salvador, así como numerosos jueces y altos funcionarios de Guatemala y Honduras.
Entre los señalados por EE. UU. está la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso, que acusó al periodista José Rubén Zamora Marroquín de chantaje, asociación ilícita y lavado de dinero, por lo que solicitó una pena de 40 años de prisión.
La llamada “Lista Engel” incluye también a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019); los jueces guatemaltecos Fredy Raúl Orellana Letona y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez y a los dirigentes del Partido Liberal de Honduras Alexander López Orellana, Samuel García Salgado y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo.
