5 de mayo 2025
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Opaco, tardado y mal organizado. Estas palabras bien definen la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cepov) de Nicaragua, que el 30 de abril de 2025 cumplió un año de haberse iniciado, sin que se conozcan sus resultados, cuánto costó realmente y cómo se gastó el dinero.
La dictadura orteguista ha manejado al Censo como un secreto de Estado. La “copresidenta” y vocera gubernamental, Rosario Murillo, conocida por alabar y reiterar incansablemente los “logros del Gobierno”, solo ha mencionado en dos ocasiones el Censo: el día que arrancó y otra para asegurar que era un “éxito”, de acuerdo con una revisión de CONFIDENCIAL a las alocuciones diarias y discursos de la también esposa de Daniel Ortega.
“El Censo va adelante, ya llevamos centenares de miles de viviendas censadas. Es un éxito verdaderamente y, sobre todo, un éxito en términos culturales, porque sabemos que cada una de estas indagaciones tienen que ver con la información que necesitamos para respaldar todos nuestros programas”, dijo Murillo en su soliloquio del 8 de mayo de 2024.
De ahí en adelante, silencio total de la vocera de la dictadura. Ni una sola palabra del Censo en sus reportes diarios o sus usuales diatribas tras las actividades oficiales.
El secretismo ha sido tal que, hasta el 4 mayo de 2025, el Censo Nacional de Nicaragua sigue oficialmente en curso porque la dictadura no ha decretado su final. Inicialmente el Cepov se ejecutaría en mayo de 2024, pero ese periodo se extendió de facto, sin que el régimen informara las razones.
“El manejo opaco del proceso censal genera fuertes sospechas. La decisión arbitraria de ocultar el financiamiento, el avance y cualquier detalle del Censo solo incrementa la desconfianza”, advirtió Olga Valle López, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
Nueve años de retraso para el Censo
El Censo Nacional de 2024 se realizó con nueve años de retraso, ya que —según las recomendaciones técnicas— tuvo que ejecutarse en 2015.
De acuerdo con las redes ciudadanas del observatorio, el Censo Nacional de 2024 finalizó en enero de 2025. En esos nueves meses, miles de empadronadores recorrieron las calles del país con unos distintivos chalecos color crema y gorra azul. Asimismo, usaban una tableta digital para registrar las respuestas de la población.
Valle subrayó que “no es común” que un censo demore nueves meses y puso como ejemplo el último Cepov que se realizó en Nicaragua, que duró 14 días. Ese Censo Nacional fue bajo el Gobierno del presidente Enrique Bolaños (q. e. p. d.)., y se ejecutó entre el 28 de mayo y el 11 de junio de 2005.
“Si miramos otros ejemplos recientes, en Chile el censo poblacional de 2024 duró tres meses, a pesar de que su población es casi tres veces mayor que la de Nicaragua. Y en México, con una población 19 veces mayor, el Censo de 2020 se ejecutó en 25 días”, detalló.
Para la investigadora, la extensión a nueve meses revela una “ejecución irregular” y algunas de las razones están “relacionadas con factores estructurales, pero otras apuntan directamente a una mala planificación y deficiencias metodológicas, lo que pone seriamente en duda la eficiencia del proceso”.
Las “fallas” y la desconfianza de la población
Durante los primeros meses del Censo, Urnas Abiertas recibió reportes de empadronadores que no “llegaban a las zonas asignadas, de cambios constantes en el personal de campo y de múltiples visitas a una misma vivienda”, lo que según Valle “sugiere” que la extensión del Cepov “no fue planificada”, sino una “reacción desordenada frente a errores acumulados en la ejecución”.
A la vivienda de Emilia, pobladora de un barrio occidental de Managua, los empadronadores llegaron tres veces. La primera fue la oficial, en mayo de 2024, las otras dos, en julio y agosto, respectivamente, para “corroborar” detalles que no estaban “claros”.
“Las dos primeras veces vino el mismo grupito, pero ya en agosto aparecieron otros. Cuándo les pregunté si había algo malo, me dijeron que la primera muchacha había cometido unas fallas”, relató la mujer, que está a cargo de su mamá y unos sobrinos porque sus hermanos emigraron a Estados Unidos entre 2020 y 2021.
Según Emilia, los empadronadores estaban interesados en conocer al detalle cuándo se fueron sus hermanos, si tienen trabajos fijos en Estados Unidos, cuánto dinero mandan y cómo ella los gasta o invierte.
“Creo que se dieron cuenta que no les dije toda la verdad sobre el dinero que mandan mis hermanos, pero no veo la necesidad de darles todos los detalles”, opinó la capitalina.
Investigadores sociales advirtieron “hay desconfianza en la población” por el contexto de represión política que se vive desde 2018. El Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (Inide), a cargo del Censo nacional, insistió que la información recabada “será usada solamente para fines estadísticos”.
En una entrevista en el programa Esta Semana, Juan Carlos Gutiérrez, sociólogo y politólogo, alertó que los ciudadanos posiblemente iban a “dar datos que no evidencian sus condiciones” reales porque desconfían del “uso” que hagan de sus datos.
“Los datos pueden ser utilizados tanto para cuantificaciones nacionales como para saber a quién poder cobrarles más impuestos. Entonces la gente también tiene ese temor”, alertó Gutiérrez.
Comisión Nacional de Censos y vigilancia política
Para la ejecución del Cepov, el dictador Daniel Ortega creó, en agosto de 2023, una Comisión Nacional de Censos que estaba integrada por:
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), quien la presidía.
- Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
- Banco Central de Nicaragua (BCN).
- Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
- Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur).
- Ministerio Agropecuario (MAG).
- Ministerio de Educación (Mined).
- Ministerio de Salud (Minsa).
- Policía Nacional.
- Ejército de Nicaragua.
De todas esas instituciones, el Inide y BCN fueron —a través de un “convenio interinstitucional”— las entidades ejecutoras del Cepov, aunque se desconocen las responsabilidades y aportes presupuestarios “reales” de cada uno.
El Banco Central registró en 2024 un gasto sin precedentes en la categoría de “encuestas y censos”: 388.7 millones de córdobas, según los reportes de sus estados financieros.
CONFIDENCIAL revisó los estados financieros de la última década y encontró que es la primera vez que la partida de “encuestas y censos” supera el umbral de los 300 millones de córdobas, tanto de manera trimestral, semestral o anual.
Ninguna autoridad del entidad monetaria ha informado que ese incremento esté relacionado al Censo Nacional, aunque extrabajadores del BCN comentaron que el pago de los empleados temporales del Cepov, “posiblemente” se incluyó entre los gastos de “encuestas y censos”.
Esa categoría engloba lo que invierte el Banco Central para recolectar la información que usa para construir y publicar sus indicadores mensuales, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que mide los 17 principales sectores de la actividad económica del país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.
159.2 millones de córdobas para el Censo Nacional
El Presupuesto General de la República (PGR) de 2024 no establecía un monto específico para el Cepov, y tampoco los fondos asignados al Inide lo contemplaban. Sin embargo, en el informe final de liquidación presupuestaria se informó de una partida de “159.2 millones” de córdobas (4.3 millones de dólares al cambio oficial) para el Censo Nacional.
Ese monto corresponde a la asignación para “gasto corriente” —salarios, servicios y materiales de consumo— del Inide, según el informe publicado a finales de marzo de 2025.
“El presupuesto anual actualizado de transferencia presupuestaria para gasto corriente es de C$272.7 millones, con ejecución de C$254.1 millones (93.2%), en el que se incluye la partida de C$159.2 millones para el IX Censo de Población y Vivienda (CEPOV)”, detalla el documento.
Olga Valle destacó que “es difícil valorar esa cifra con precisión sin conocer en detalle cómo se ejecutó”, aunque la consideró como “una cifra baja” al compararla con los 14 millones de dólares (unos 234.7 millones de córdobas al cambio de 2005) que costó el último censo en Nicaragua.
Según la investigadora, “si el costo final fue tan limitado, probablemente se sacrificó calidad técnica y logística del proceso”.
“Eso podría explicar los reportes de empadronadores con malas condiciones laborales”, sostuvo.
El Inide tenía previsto gastar unos 92.9 millones de córdobas en los salarios de mayo de 2024 para casi 9000 empleados —empadronadores, informáticos y técnicos— del Censo Nacional. Para el censo de 2005, se contrataron a 12 000 empadronadores.
Tras la extensión de facto del censo, las labores de empadronamientos fueron asumidas por trabajadores del Estado, quienes fueron obligados a censar sin ninguna retribución extra, según denuncias publicadas en medios independientes.
CONFIDENCIAL solicitó, sin éxito, una entrevista con funcionarios del Banco Central e Inide para conocer qué establece el convenio interinstitucional entre ambas instituciones. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuestas a los correos electrónicos enviados a las direcciones que aparecen en sus sitios web: [email protected] e [email protected].
La trampa de financiarlo con fondos propios
La dictadura indicó que el Censo Nacional fue financiado con fondos propios, lo que según Valle “libera” al régimen de los “compromisos internacionales para garantizar la calidad y publicación de los resultados”.
“Esto le permite —prosiguió la investigadora— actuar con total discrecionalidad: puede retener los resultados, divulgar solo algunos datos o incluso manipular la información para fines políticos”.
En ese sentido, recordó que, durante la pandemia de covid-19, “el régimen falseó abiertamente las estadísticas sanitarias, demostrando que el control político prevalece sobre la integridad de la información pública”.
Los fondos para el Censo de 2005 se obtuvieron de un préstamo de 6.55 millones de dólares (109.8 millones de córdobas) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y donaciones de Japón y agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La participación de estos organismos aseguró que los resultados del Censo Nacional de 2005 fueran auditados y certificados, lo que no ocurrirá con los del Cepov de 2024, que desde su inicio —según investigadores sociales— mantiene un velo de opacidad y nula confiabilidad.
