29 de abril 2024
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A partir de este martes 30 de abril, más de 8700 empadronadores contratados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) visitarán todos los hogares nicaragüenses durante el mes de mayo, para recabar la información del censo nacional de población y hogares.
Un censo que se efectuará con nueve años de retraso, pues el último se realizó en 2005 bajo el Gobierno de Enrique Bolaños, y según las recomendaciones técnicas el siguiente debió haberse realizado diez años después, en 2015 bajo el régimen de Daniel Ortega.
El investigador social Juan Carlos Gutiérrez explicó que “existen problemas técnicos para la credibilidad de la calidad de la información que se va a recabar y lo que van a generar como resultado” que debería ser sometido a una auditoría, aunque no existe una garantía de que habrá acceso a las bases de datos. El censo se realizará con fondos propios del Gobierno y “hay desconfianza tanto en la población como en los organismos internacionales que antes han apoyado los censos”, dijo el sociólogo.
Por su parte, el economista Douglas Castro destacó la importancia de la información que el censo podría arrojar sobre la mortalidad durante la pandemia de la covid-19, que fue ocultada por el régimen, y el flujo migratorio que se ha producido, como resultado de la crisis nacional desde 2018.
“Tienen un dilema, porque es bastante difícil maquillar cifras en temas demográficos, entonces hay que comparar lo que dice el precenso del Banco Central, lo que dijeron las estimaciones de CELADE y lo que termina resultando el censo, y cuál va a ser la explicación. Porque si nos terminamos dando cuenta que hay 800 000 personas menos, qué explicación puede dar el régimen de que la gente se está yendo, y está votando con los pies”, dijo el investigador.
Castro alertó que la semana pasada se hicieron “pruebas piloto” del censo en las que los encuestadores anduvieron visitando los hogares, acompañados por policías y secretarios políticos del FSLN. La cercanía policial con los encuestadores provoca que “la gente esté más intimidada, pero también al régimen le beneficia porque está obligando a que las personas contesten, porque el gran temor de ellos es que no les abrieran las puertas y que no atendieran a sus encuestadores”, dijo el economista.
-Si los empadronadores van acompañados de policías, eso no es un censo profesional
“Estamos claros, pero ellos prefieren asumir ese costo, que pagar el costo de que la gente no les abra las puertas y no les conteste porque tienen miedo”, dijo Castro.
Censo con nueve años de retraso
¿A qué atribuyes este intervalo de tiempo tan prolongado entre el último censo de 2005 y este ahora en 2024? Son 19 años, de los cuales 18 han transcurrido en los tres periodos de gobierno consecutivos de Daniel Ortega.
Douglas Castro: La respuesta no es otra que la incompetencia. Ellos tuvieron suficiente tiempo después de llegar al poder en 2007 al 2015, de hacer el primer censo cuando era la fecha estipulada. Pero las prioridades nunca han sido las políticas públicas serias, hacer un censo que se tiene que hacer “de cajón”.
En esos tiempos también, 2015, estaban preocupados más por el tema electoral de 2016. Luego la otra excusa en 2018, toda la hecatombe que ha vivido el país por la crisis política y el covid-19. Entonces ha habido un sinnúmero de factores, pero no deberían por qué ser excusa. Es decir, tiempo han tenido de sobra.
¿Qué importancia tiene para el país contar con un censo de población y vivienda actualizado, para el diseño de las políticas públicas de Gobierno y la evaluación del impacto de las políticas?
Juan Carlos Gutiérrez: Los censos son clave para poder estimar la población y a partir de las estimaciones poder definir políticas sociales, políticas públicas, definir cálculos en términos de tasas impositivas, distribuciones geográficas, ordenamiento geográfico. Incluso, a partir del censo, en algunos países se hace una distribución de concejales, diputaciones o una reorganización. Eso también plantea un cambio en las estadísticas nacionales de las cuentas nacionales. Contar con estadísticas actualizadas permite tener un dato de cómo está el país en la fotografía macroeconómica, políticas sociales, políticas públicas y geografía política.
La credibilidad de la información
Bajo la dictadura de Daniel Ortega se han eliminado todos los centros de análisis independientes para recabar información sobre indicadores socioeconómicos, las encuestas de pobreza, salud o educación. ¿Qué nivel de credibilidad existe hoy en el sistema nacional de estadísticas, en los indicadores socioeconómicos y en los propios censos?
Douglas Castro: La credibilidad siempre es cuestionada, aunque digan la verdad, pues es difícil creerle la verdad a un régimen como el que ha mentido cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero, en el tema demográfico es más difícil maquillar cifras o tratar de manipularlo, porque cuando esas bases de datos se liberen, además que esa información en teoría tendría que ser también auditada por la CEPAL, por CELAC, por el Fondo de Naciones Unidas para la población. Entonces el régimen se arriesgaría mucho a tratar de manipular esa información, pero yo creo que la sombra de la desconfianza, de la no credibilidad que ellos tienen, siempre va a estar encima. Va a tocar analizar esos datos cuando ellos los liberen, si es que los liberan. Es el primer censo que se hace con fondos propios, no es un censo que tiene financiamiento del Fondo de Naciones Unidas para la Población. El de 2005 fue financiado por donación japonesa, entonces eso puede ser un factor que impida que la dictadura se vea obligada a liberar la información y lo que va a ser más difícil que pueda ser auditable. Pero hacer un censo sin una base de datos disponible, que la gente pueda analizar, perdería todo el sentido, inclusive el que ellos han promovido.
¿Se puede prever una estimación de la población en este censo, según las proyecciones del último censo que se hizo en 2005?
Douglas Castro: Según CELADE, que hace proyecciones en base al anterior censo, en teoría este año nosotros tendríamos que tener 7 140 000 nicaragüenses. Sin embargo, esas son proyecciones en base a un censo que se hizo hace 19 años y cada año se les suma un margen de error. El Banco Central, el año pasado, hizo un precenso, en el que dice que hay más o menos 1.6 millones de hogares en Nicaragua. Cada hogar tiene como 4.3 personas por vivienda y ellos más o menos estiman que podrían dar por 6.8 millones. Es decir, un diferencial de más o menos 300 000 personas entre ambos.
Sin embargo, hay otros datos que son los que deberíamos de analizar, el tema de migración. No sabemos realmente cuántos han salido. Muchas personas hablan de entre 700 000, 800 000, casi el 10% de la población. Pero eso es bien difícil medirlo porque hay personas que se fueron a Costa Rica, después se fueron a Estados Unidos, se fueron a España, han regresado. Entonces, cuando miremos la brecha de lo que dice el Banco Central, que debería de ser las proyecciones iniciales de CELADE, esta de 7 140 000, y lo que termine dando el censo, ahí es donde creo que se va a tener que hacer el análisis duro.
El próximo martes estos 8700 empadronadores, que han sido contratados por el INIDE, van a visitar todos los hogares nicaragüenses para hacer esta gran encuesta gubernamental que es el censo. ¿Hay algún factor de desconfianza en la población, por el hecho de que Nicaragua vive bajo un estado policial y un sistema de espionaje?
Juan Carlos Gutiérrez: La desconfianza está tanto en la población como en los organismos internacionales, que en otros momentos han apoyado los censos. Este es el primero que está financiado por un convenio del Banco Central, no hay una calidad técnica requerida. Los censos tienen que planificarse al menos tres años antes, sino cinco en otros países, y en menos de ocho meses están elaborando ya un censo con cartografía y todo. Entonces, ya técnicamente hay serios problemas.
Los datos, aunque se publiquen, no van a pasar por un análisis exhaustivo sobre la calidad del censo, como sucedió en 2005, que tuvo que haber incluso auditoría por un problema de boletas que hubo de robo, en la bodega del INIDE. En este caso, nadie va a tener capacidad para entrar. Desde 2010, el Fondo de Población y otros organismos de cooperación han ofrecido apoyo técnico y presupuestario para hacer el censo y han hecho oídos sordos. Ahora, lo hacen solos. Van a manejar su propia metodología, su propia cartografía, su propia recaudación de información y su propia manipulación de la información.
Entonces, técnicamente hay serios problemas para la credibilidad de la calidad de la información que se va a recabar y de lo que vayan a generar como resultado.
Y la población igual. Hablaba con gente alrededor del anuncio y casi todos, en distintos lugares, me decían que van a tratar de no responder, de no atender el llamado a la puerta o dar datos que no evidencien sus condiciones. Porque también el temor es el uso de los datos. Los datos pueden ser utilizados tanto para cuantificaciones nacionales como para saber a quién poder cobrarles más impuestos. Entonces la gente también tiene ese temor.
Mortalidad covid-19 y migración
Douglas Castro: El tema de la sobremortalidad con los fallecimientos por covid-19. Recordemos que investigaciones en Lancet, también la OMS, se habló que en Nicaragua había una severa sobremortalidad de entre 12 000 y 16 000 que era una de las más altas del mundo. Es decir, por cada muerto que reportaba el régimen había se podía multiplicar por entre 40 o 50. Entonces eso te dice la poca credibilidad que tienen en algo tan básico como fueron las defunciones por covid-19. Eso va a impactar, cuál va a ser el número de población que va a arrojar este censo.
¿Quiénes son los empadronadores que ha contratado el INIDE para hacer el censo? ¿Son profesionales, con experiencia en esta materia? Tampoco se conoce cuál es el cuestionario del censo, excepto algunas preguntas.
Douglas Castro: Yo recuerdo que hace como tres o cuatro meses hubo un problema porque había la crisis de que no terminaban de reclutar a los casi 9000 trabajadores los que van a necesitar los empadronadores, cuyo único requisito es que sea mayor de edad, que sepan leer y escribir, que puedan manipular una tablet porque ese es el otro factor novedoso en este censo. No es una boleta, sino que va a ser digital y eso en teoría eso está ahorrando. Por eso es que este censo vale muchísimo menos que el de 2005 y tiene un sinnúmero de virtudes al hacerlo de manera digital.
Les costó reclutar (al personal), lo cual es paradójico porque en un país con un desempleo altísimo, que las personas no quieran trabajar o que no acudan a una oportunidad como esa, cuando antes era todo lo contrario. En 2005, la gente hacía fila para poder ser encuestador. Entonces, la sospecha que tiene la gente y siempre hay un manto de sospecha en este régimen, es que muchas de estas personas son militantes, son personas que no tienen ningún requisito, que no tienen ningún tipo de experiencia y que han sido reclutados en la alcaldía con un criterio sobre todo político.
Entre las pocas preguntas que se conoce que se van a formular hay una sobre cómo se maneja la basura en las casas y otra sobre si tienen familiares en el extranjero y si reciben remesas del exterior. ¿Qué elementos nuevos pueden originarse de esta respuesta sobre la migración, sobre las remesas y, sobre todo, sobre su distribución en los municipios?
Juan Carlos Gutiérrez: Lo que eso debería reflejar es el peso que tiene las remesas en la economía de consumo de la población y lo que eso significa en términos de los gastos de la población. Además poder tener una base de cálculo que permita bajar la PEA en términos de las cuentas nacionales y a partir de eso podrían ellos manipular la estadística alrededor de la población en ocupación.
Esta vez nadie conoce la boleta y preguntas como esa más bien salta la duda del uso si para manipular la estadística nacional y poder establecer una imagen de eficiencia es lo que requieren ellos y que puede ser tanto para campaña interna como para gestión de recursos ante organismos internacionales en temas de préstamos. La migración va a ser un tema importante de cómo lo van a reflejar, según estas preguntas y el manejo de las remesas, como parte del gasto y consumo de la población.
Mencionaste antes el tema de la sobre mortalidad y la opacidad de la información durante la pandemia de la covid-19 ¿Qué se puede esperar de la información del censo sobre mortalidad covid-19 y migración?
Douglas Castro: Para mí tienen un dilema, porque es bastante difícil maquillar cifras y sobre todo en temas demográficos, entonces lo que hay que ver son esos diferenciales de población. Lo que dice el precenso del Banco Central, lo que dijeron las estimaciones de CELADE y lo que termina resultando y cuál va a ser la explicación. Porque si nos terminamos dando cuenta que hay 800 000 personas menos, qué explicación puede dar el régimen de que la gente se está yendo y está votando con los pies.
Ese dato políticamente va a tener un impacto brutal que, en las estadísticas mismas del régimen, queda demostrado que la gente no ha tenido otra opción que irse cuando ellos han dicho que están generando empleo y prosperidad. Y ese diferencial sobre todo es por un tema de migración, pero también el tema de la sobre mortalidad, es decir, 16 000 personas fallecidas en el contexto de la crisis del covid-19, porque ni en ese momento quisieron decir la verdad y trataron de ocultar ese dato que se termina descubriendo, porque es difícil mentir con ese tipo de estadísticas. Yo no me imagino que pueda pasar con el censo. Lo cual es lamentable, porque el país necesita tener ese tipo de datos y siempre se han hecho, inclusive en las peores dictaduras, todas hacen censo, tienen como mínimo esa eficiencia, este régimen ni eso ha tenido, pues un retraso de 19 años es brutal.
El Censo Agropecuario
Además del censo de Población y Vivienda, hay otro censo agropecuario que se realizará este año. ¿Cuál es la información más importante, los indicadores más relevantes, y la utilidad que se puede obtener de ese instrumento?
Juan Carlos Gutiérrez: La importancia de poder identificar el manejo de uso de los tipos de suelos, el inventario agropecuario y los tipos de producciones que se están generando. La propiedad en términos de áreas productivas. Todo eso también tiene una clave importancia para poder generar políticas de financiamiento en países normales, no en dictadura como en Nicaragua, para atender temas de reforestación o la expansión de la frontera agrícola. Pero en nuestro país el punto es cómo van a mostrar datos que evidencien una expansión de la frontera agrícola, cuando son ellos los que incitan a los colonos a poder abrir y entrar incluso en reserva biológica.
En el caso de los datos, creo que cuando caiga la dictadura y cuando reconstruyamos Nicaragua va a requerirse hacer un nuevo censo de población, agropecuario, de vivienda, porque los datos que podamos tener ahora carecerían de total fidelidad y de credibilidad.
Douglas Castro: El otro dato importante tiene que ver con la concentración de la tierra, la propiedad según explotaciones agropecuarias, porque nos podríamos dar cuenta lo que intuimos, que hay personas que han perdido sus propiedades, sea porque han sido desplazadas, porque han entrado en crisis económica y que hay grupos de poder económico vinculados al régimen que han acumulado esta tierra. Ese es uno de los datos que más nos tiene que llamar la atención con el censo agropecuario, si es que lo llegan a reflejar. Por eso la necesidad en un futuro de volver a hacer un levantamiento de datos.
Esta semana comenzaron a pilotear el censo porque estaban en capacitaciones, y lo que cuentan las personas es que andan haciendo las encuestas, pero también anda la policía y los secretarios políticos en cercanía a los que están levantando los datos, lo cual hace que la gente esté más intimidada, pero también al régimen le beneficia porque está obligando a que las personas contesten, porque el gran temor de ellos es que la gente no les abriera las puertas y que no atendiera a sus encuestadores.
Pero una encuesta que se realiza acompañada de policías, no es un instrumento profesional.
Douglas Castro: No, estamos claros, pero ellos prefieren asumir ese costo que pagar el costo de que la gente no les abra las puertas y que no les conteste. Entonces ellos, entre que haya un gran número de personas que no contestan a su censo, a que lo contesten porque tienen miedo, porque detrás de ellos anda todo el aparataje de represión, eligen lo segundo.
