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Pagar miles de dólares o escribir una carta pidiéndole perdón a Rosario Murillo son las dos opciones —no siempre exitosas— que algunos nicaragüenses han sido obligados a tomar para intentar regresar a Nicaragua, luego de que la dictadura les prohíba la entrada. Desde 2024, cada vez más nicaragüenses que viajan al extranjero lo hacen con la duda de si les permitirán reingresar a su patria.
Si al inicio la “prohibición de ingreso” solo era una amenaza para reconocidos líderes independientes, en la actualidad a cualquiera le pueden impedir el regreso a Nicaragua. Basta una publicación incómoda en alguna red social, o que alguien dentro del régimen piense que el afectado tiene dinero para pagar.
El resultado es que, entre enero de 2024 y febrero de 2025, al menos 349 nicaragüenses fueron víctimas de “represión migratoria”, según un informe del Monitoreo Azul y Blanco. El número sin duda es mucho mayor, porque muchos no denuncian por temor a mayores represalias.
Las acciones de “represión migratoria” incluyen destierros, negación para renovar pasaportes, y prohibición para salir o entrar a Nicaragua. De los casos reportados, 290 son destierros de facto o prohibiciones de entrada. El 64% de los casos son hombres y el 36% mujeres. Además hay seis menores de edad, denuncia el Monitoreo.
También el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU ha detallado cómo funciona la cadena de mando de quiénes deciden las negativas de ingreso contra ciudadanos que la dictadura considerada “una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad”.
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CONFIDENCIAL conversó con cuatro nicaragüenses víctimas de esta práctica del régimen. En dos casos la “prohibición de ingreso” se solucionó con un pago, mientras los otros dos no pueden volver al país, pese a que una de ellas escribió una carta a la “copresidenta” Rosario Murillo, en la que le pide perdón y le ruega la permita volver a su patria.
Federico ya no volverá a salir
Federico salió de Nicaragua a mediados de 2024 con rumbo a Estados Unidos, para visitar a su familia que reside, desde hace varios años, en una ciudad del sur de ese país. Después de permanecer varios meses en casa de sus parientes, compró un boleto para volver a Managua. Cuando intentó usarlo, a inicios de 2025, recibió un correo electrónico de la aerolínea que le informaba de la manera más parca posible que él no era “elegible” para entrar al país.
No le dieron más razones, ni le proveyeron prueba alguna que demostrara su rechazo. A pesar de ser un ciudadano nicaragüense de pleno derecho, la única comunicación fue “ese correo informal”. Una sola oración, sin ningún argumento legal o una resolución judicial.
Luego de la alarma inicial, su familia en Nicaragua buscó a alguien que ayudara a resolver el problema. Averiguando con parientes, llegaron hasta un abogado con conexiones en las esferas gubernamentales, que les pidió tiempo y dinero para gestionar el permiso.
“Quien decide eso en Nicaragua es la Chayo (Rosario Murillo). De nada sirve la ley”, reflexiona Federico desde la seguridad del anonimato. Relata que tuvo la suerte de llegar hasta ese abogado, gracias al “amigo de un amigo”.
“Vos sabés que todo el mundo se conoce en nuestros pueblos y ciudades”, añade.
Por recomendación del mismo abogado, decidió no narrar todos los detalles. Ni siquiera a su misma familia, por temor de que una filtración que permitiera identificarlo, pudiera traducirse en una nueva represalia en contra suya. Después de varios meses, recibió la buena noticia de que ya no había objeción para su retorno, así que se comunicó con la aerolínea que le confirmó que ya estaban listos para validar su boleto, y pudo volver a su hogar.
Al final, a pesar de la recomendación de sus familiares de vender todo lo que tiene en Nicaragua e irse a vivir a una ciudad de Estados Unidos, para estar más cerca de su familia, Federico decidió no volver a salir del país. Aunque se supone que el pago ya resolvió su situación de manera permanente, él prefiere no viajar.
Estelita se quedó con la mercadería
Estelita salió del país con rumbo a Miami para hacer unas compras para un pequeño negocio personal. En la principal ciudad de Florida, visitó los comercios que ya conoce; compró la mercadería que ya sabe que tiene demanda en Nicaragua; paseó, y visitó amistades, pero cuando llegó el momento de alistarse para volver al país, un correo electrónico le trajo una noticia inesperada: se le negaba el regreso al territorio nacional.
Se quedó con el boleto y las compras en Miami.
Lo siguiente fue hablar con miembros de su familia que tienen contactos en el Gobierno. Después de varios días de espera y una transferencia de más de 2500 dólares, se le informó que las puertas estaban abiertas nuevamente para ella, que así pudo regresar al país.
De regreso a su vida, a su negocio, para el que tuvo que buscar nuevos proveedores, y a su familia, decidió aplazar cualquier posible viaje al extranjero. Aunque quisiera viajar nuevamente para surtirse en los almacenes que ya conoce, sabe que no hay certeza de que se le permitirá volver al terruño, así que decidió limitarse a trabajar y a vivir con lo que tiene disponible en Nicaragua.
Cuestionada sobre las razones para que se le negara el reingreso, solo acierta a decir que no lo sabe. Nunca se involucró en política, ni expresó públicamente algún criterio que pudiera molestar al régimen, así que solo puede suponer que fue por una publicación en su perfil de Facebook donde se fotografió con una bandera azul y blanco.
Francisco no le pagó al estafador
Francisco, como Estelita, también se dedica a la actividad comercial. La diferencia es que él radica en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y desde ahí envía o transporta mercadería a Nicaragua, hasta que, sin previo aviso, se le informó que no podía entrar al país.
Luego del shock inicial, se dispuso a buscar alternativas, hasta que dio con el hijo de un diputado del Frente Sandinista en occidente, que le ofreció una solución: se le permitiría volver al país, si hacía un aporte económico, destinado al secretario político local de ese partido. Su intermediario le explicó que, aún después de pagar, tendría que esperar varias semanas antes de conseguir autorización para volver a su tierra.
Mientras pensaba si transfería el dinero solicitado, Francisco decidió consultar con un amigo que conoce al hijo del diputado. La recomendación de su amigo fue tajante: “No le des nada a ese tipo, porque él le debe dinero a todo mundo, así que siempre anda buscando a quién estafar. Aunque su papá sí es diputado, no le creás nada, porque no te va a resolver nada. No perdás más tu tiempo hablando con él, porque no tiene el conecte, ni el poder, para conseguir el permiso de entrada al país”.
Desesperado, decidió intentar otra cosa: escribir una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, pero nunca le respondieron ni resolvieron nada. Aunque no tiene ninguna vinculación ni protagonismo político dentro ni fuera de Nicaragua, Francisco no entiende por qué le impidieron volver al país. Por lo pronto, alguien de su familia sigue manejando el negocio local.
Juanita tuvo que pedir perdón
Juanita salió de Nicaragua con rumbo a una ciudad del estado de Texas a mediados de 2023, para realizarse unos chequeos médicos. Ya antes había salido y retornado por motivos de trabajo, sin enfrentar inconveniente alguno. En ese último viaje, estuvo unas tres semanas en Estados Unidos, hasta que llegó la fecha de emprender el regreso. El propio día del vuelo, la aerolínea le notificó —sin darle mayores explicaciones— que no podía abordar la aeronave.
Frustrada, pero decidida a volver al país, decidió comprar un boleto con otra línea aérea pensando que era un error de la primera empresa de transporte internacional, pero recibió la misma noticia: no podían dejarla subir al avión. Esta empresa por lo menos le envió un correo más explicativo, en el que le decían que las autoridades nicaragüenses no permitían su ingreso.
Narra que, llegado el momento de buscar soluciones, un conocido le sugirió dirigir una carta personal a Rosario Murillo, pidiendo perdón por haber participado en las manifestaciones de 2018. La hizo. Con dolor y vergüenza, pero la hizo, aunque eso no cambió nada. Nunca recibió respuesta. Desde luego, perdió su trabajo en Nicaragua, y pasó a vivir separada del resto de su familia.
¿Por qué pedirles perdón?
Jhoswel Martínez es el presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), una organización establecida en Costa Rica para velar por los derechos de los migrantes, no solo nicaragüenses. Desde esa posición, relata que conoce muchos casos de solicitantes de refugio en países europeos, con orden de deportación hacia Nicaragua, que recibieron un consejo de parte de personas que están dentro del país: enviar una carta pidiendo perdón a la señora Murillo.
“Generalmente, les recomiendan prometer que no volverán a cometer actos delictivos o terroristas, para tratar de garantizar un retorno seguro, y evitar problemas al volver a sus hogares”, explicó Martínez.
Más allá de ser una humillación, el defensor recordó que obligar a presentar esa carta, así como impedir el retorno seguro al país, vulnera una serie de derechos consagrados en nuestra Constitución, “pero no en la actual, que es ilegítima, sino en la de 2008”. Puntualiza que en una Nicaragua con estado de derecho, en donde las leyes sí pudieran aplicarse, “estaríamos hablando de procesos administrativos que lleven al despido de esas personas, y una acusación penal por impedimento de ingreso al país, del goce de las libertades, porque prácticamente están dictando la muerte civil de estos ciudadanos”.
