23 de febrero 2025
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Al menos 349 nicaragüenses han sufrido “represión migratoria” de parte de las autoridades orteguistas, entre enero de 2024 y lo que va de febrero de 2025. Las acciones contra estos ciudadanos incluyen destierros, negación para renovar pasaportes y prohibición para salir o entrar a Nicaragua, según un informe de la organización Monitoreo Azul y Blanco.
De los casos reportados, 290 son destierros de facto o prohibiciones de entrada a nicaragüenses, detalla el Monitoreo. En esta cifra se incluye el destierro y desnacionalización de los 135 excarcelados políticos que fueron llevados a Guatemala en septiembre de 2024.
“El 64% de los casos son hombres y el 36% mujeres. Además hay seis menores de edad”, denuncia el Monitoreo Azul y Blanco, que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Dictadura de Daniel Ortega continúa violentando DDHH. Represión Migratoria en Nicaragua: destierros, expulsión de personas y negación de entradas a Nicaragua. Datos de ene 2024 a feb 2025 #SosNicaraguaRevisa el último reporte:https://t.co/tDl9SXML9G pic.twitter.com/t4b8wT0VDL
— Monitoreo Azul y Blanco (@AzulyMonitoreo) February 21, 2025
“Las prácticas de destierro y desnacionalización implementadas por el régimen de Daniel Ortega constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia”, señala el organismo.
Argumenta que “la apatridia no solo vulnera derechos fundamentales como el derecho a una nacionalidad y a no ser privado de ella de forma arbitraria (artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), sino que también contraviene tratados internacionales que prohíben la creación deliberada de personas apátridas, como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961”.
Identifican tres picos de “represión migratoria”
El informe reporta ocho casos de extranjeros a los que les negaron el ingreso a Nicaragua, 47 nicaragüenses a los que se les impidió salir del país, dos casos de negación de renovación de pasaportes y dos expulsiones de extranjeros.
Este observatorio identificó que en estos últimos 14 meses hubo tres picos importantes de “represión migratoria”. El primero ocurrió en abril de 2024 cuando unas 40 personas “fueron afectadas por restricciones migratorias como la negación de salida del país, en el contexto de una intensificación de la persecución política incluso dentro de sus simpatizantes y funcionarios públicos”.
El segundo pico ocurrió en septiembre del mismo año, con el destierro de los 135 excarcelados políticos y otros dos casos más.
Además, en enero de 2025 identificaron una “pico” de denegación de entrada al país, que dejó a unas 45 personas desterradas de facto. Esta oleada se caracterizó por afectar a un amplio número de empresarias privados, de acuerdo con el Monitoreo, que advierte que en estos casos “existe un subregistro” porque algunos ciudadanos temen represalias si denuncian sus destierros.
“En años anteriores, la represión migratoria se centraba en integrantes de partidos políticos, personas opositoras y miembros de organizaciones o movimientos sociales. Sin embargo, en 2024, el perfil de las personas afectadas se ha ampliado significativamente, lo que evidencia el agravamiento de la crisis del régimen”, alerta la oenegé.
“Las aerolíneas, actuando bajo órdenes gubernamentales, informan a los afectados sobre la prohibición de ingreso, sin proporcionar explicaciones claras. Esta práctica ha generado una creciente diversidad en el perfil de las víctimas, afectando a personas de diferentes edades, profesiones y condiciones sociales”, explica el Monitoreo.
Sacerdotes y feligreses católicos, los más afectados
Del grupo víctima de represión migratoria, el Monitoreo identificó que un 27% son sacerdotes, religiosas o feligreses. Un 22% son ciudadanos comunes, un 17% son familiares de víctimas, actividad de derechos humanos o exiliados.
Asimismo, identificaron que un 17% son opositores, 10% empresarios, 4% periodistas, 2% médicos y un 7% fueron clasificados como otros.
Este organismo considera que “el accionar del régimen de Nicaragua representa una amenaza para la estabilidad y seguridad de la región, al consolidar un precedente peligroso de criminalización de la disidencia mediante la expulsión forzada y la negación de identidad”.
También opinan: “La impunidad ante estas prácticas no sólo perpetúa el sufrimiento de quienes han sido despojados de sus derechos, sino que sienta un precedente alarmante para otras dictaduras y gobiernos autoritarios en la región”.
