26 de febrero 2025
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El Ejército de Nicaragua “participó activamente en la represión” contra las manifestaciones de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”, aunque haya declarado públicamente que “su papel durante la crisis se limitó a proteger activos estratégicos”, afirma el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un nuevo informe actualizado ante la ONU, presentado el 26 de febrero de 2025 en Ginebra. Se trata del primer informe de derechos humanos que describe en detalle la participación de los militares en la represión oficial que dejó más de 300 asesinados entre abril y septiembre de 2018 en Nicaragua.
El grupo argumenta que obtuvo “información fidedigna” de que el 20 de abril de 2018, cuando las protestas estaban en su pico más álgido, se celebró una reunión en la que participaron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y las direcciones de Doctrina y Adiestramiento, Inteligencia y Contrainteligencia, Estado Mayor y Dirección, en la que se dijo que “el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.
En ese encuentro, del que hasta ahora se tiene registro, el jefe del Estado Mayor del Ejército “leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de diversas unidades militares a ‘neutralizar’ a los implicados en las manifestaciones”. Desde 2017, el jefe del Estado Mayor es el mayor general Bayardo Rodríguez, aunque el informe no menciona nombres, sino solo cargos.
Siguiendo esas directrices, continúa el informe, el Comandante en Jefe del Ejército (que es el general de Ejército Julio César Avilés) “ordenó la intervención militar en la represión de las manifestaciones, a pesar de que el Ejército no tenía competencia en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que la intervención de personal militar podría resultar en pérdida de vidas”, se lee en el informe.
Dieron armas, inteligencia y entrenamiento militar
El modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales documentadas implicó “acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados pro gubernamentales”, señalan los expertos en su informe.
“El uso sistemático y deliberado de armas letales –algunas reservadas exclusivamente para uso militar–, la intervención de francotiradores, tácticas de combate diseñadas para matar en lugar de controlar a las multitudes y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo indican que su intención no era dispersar a los manifestantes sino matarlos e infundir miedo en la población”, agregan.
El informe del GHREN determina que “el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la Policía y a los grupos armados pro gubernamentales, realizó operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos”.
Los expertos en derechos humanos también hacen énfasis en que la Dirección de Inteligencia de Defensa del Ejército “asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones”, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y la Dirección de Inteligencia de la Policía.
La estrecha colaboración entre el Ejército y la Policía permitió que los miembros del Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, incluidos francotiradores, utilizaran armas especializadas durante sus intervenciones.
“Los comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vestido con uniformes policiales o ropa civil, para apoyar a la Policía y a los grupos armados pro gubernamentales sobre el terreno”, detalla el informe.
El Grupo “tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados pro gubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”, subraya el Grupo de Expertos de la ONU.
Informe GHREN sobre vigilancia y control
Luego de la brutal represión contra las protestas de 2018, que dejó más de 300 personas asesinadas en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó “un control absoluto sobre la población” mediante una “represión generalizada y una extensa red de vigilancia e inteligencia”, señalan.
En esta red de vigilancia ha sido “fundamental” la participación tanto de las estructuras políticas del Frente Sandinista como de los grupos armados progubernamentales. Asimismo, indican que instituciones como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ejército y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) “han jugado un papel clave en las graves violaciones de derechos humanos” de los nicaragüenses.
A partir de 2023, los expertos de la ONU han documentado “una intensificación progresiva de la vigilancia”, por parte de miembros de la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, la estructura territorial e institucional del FSLN y los grupos armados progubernamentales.
“Las personas vigiladas se ven obligadas a presentarse diariamente, bajo amenaza de arresto, en una comisaría de policía designada, ya sea en persona o enviando mensajes de WhatsApp y fotos en las que se proporcionan detalles sobre su paradero, los motivos de sus desplazamientos y las personas con las que pretenden reunirse”, se lee en el informe.
El informe del GHREN también identificó casos en los que se siguió acosando a personas en el extranjero y se las presionó para que enviaran fotografías desde otros países. “Esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia”, apuntan.
Además, enfatizan que “en un esfuerzo por fortalecer las capacidades policiales del país, el Gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos para que se unieran a la ‘policía voluntaria’, un cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. Miles de nuevos miembros prestaron juramento en enero de 2025”, subrayan los expertos en su informe.
Se refieren a las decenas de miles de supuestos “policías voluntarios”, juramentados entre enero y febrero, previo a la nueva juramentación del primer comisionado Francisco Díaz como director de la Policía.
“Esta red de inteligencia y control ha permeado todos los niveles de la sociedad, desde los barrios hasta las alcaldías, departamentos y delegaciones ministeriales”, agregan.
Despojos de nacionalidad y expulsión de nacionales
El informe de los expertos de la ONU también retoma la expulsión de nicaragüenses, la denegación de ingreso al territorio nacional, y el despojo de la nacionalidad a 452 personas. Estas acciones, advierten, son parte de “un plan” dirigido por Ortega y Murillo para eliminar cualquier forma de oposición y asegurar su permanencia continua.
Enfatizan que “todos los nicaragüenses expulsados del país por la fuerza fueron perseguidos por razones políticas y quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a un recurso efectivo”.
El Grupo estableció que estas acciones han tenido como resultado “múltiples violaciones de derechos con un efecto acumulativo y forman parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que deja a las víctimas en una condición de apatridia de facto”. Señalan que las instrucciones para negar el ingreso de nicaragüenses a su propio país provenían de la Dirección General de Migración y Extranjería, siguiendo órdenes directas del viceministro de Gobernación, que es el comisionado general Luis Cañas Novoa.
También advierten de casos de nicaragüenses que, viviendo en el extranjero, se les privó de su nacionalidad sin una orden judicial o administrativa. “Algunas víctimas informaron de que descubrieron que habían perdido su nacionalidad cuando solicitaron sus registros civiles y les dijeron que no existían. A otras las autoridades consulares les dijeron informalmente que habían perdido su nacionalidad cuando trataron de renovar sus pasaportes”, menciona el informe.
Represión transnacional en Informe del GHREN
Para los expertos de la ONU, las acciones represivas del régimen “trascienden las fronteras” del país y afectan a personas en el extranjero. “El Gobierno también ha seguido atacando a familiares de opositores dentro de Nicaragua, incluidos niños, por mera asociación, como forma de castigar a opositores y disuadirlos de hablar dondequiera que se encuentren”, enfatizan.
Destacan que la privación arbitraria de la nacionalidad de cientos de personas es ejemplo de “una violación que tiene consecuencias transnacionales directas y de gran alcance”.
Esta represión transnacional “socava el acceso a la protección internacional e impide el disfrute de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a pedir justicia. Quienes han sido despojados de su nacionalidad –ya sea por decisiones judiciales o por acciones administrativas– se enfrentan a una forma de “muerte civil”, que restringe gravemente su acceso y el de sus familias al empleo, la educación y otros derechos”, agregan.
La prohibición impuesta a muchos nicaragüenses de reingresar a su país, junto con las negativas consulares a renovar sus pasaportes, constituye “otra violación con importantes repercusiones transnacionales”, explican los expertos. Estas medidas han dejado a numerosos nicaragüenses en una situación de extrema vulnerabilidad, convirtiéndolos en apátridas de facto.
La falta de documentación oficial impide los procedimientos de regularización o la reubicación en otros países. “Estas prácticas –expulsiones, prohibiciones de entrada y denegaciones de pasaportes– también han desgarrado a las familias y obstaculizado gravemente la reunificación familiar, afectando desproporcionadamente a los niños”, comentan.
Desapariciones forzadas
Otra forma de represión que el régimen continúa implementando son las desapariciones forzadas, los expertos de la ONU identificaron doce desapariciones forzadas en curso, entre ellas las de Brooklyn Rivera Bryan, diputado de la Asamblea Nacional y líder del pueblo miskito; Víctor Boitano Cóleman, Angélica Chavarría Altamirano, Fabiola Tercero Castro, Steadman Fagoth Muller, Eddy González Valdivia, Leo Cárcamo Herrera, Julio Quintana Carvajal y Fabio Cáceres Larios.
El grupo también documentó once casos de personas detenidas arbitrariamente y cuya suerte y paradero las autoridades se negaron a revelar durante meses o años. Entre ellos: Carlos Bojorge Martínez, detenido arbitrariamente el 24 de noviembre de 2023, y Freddy Quezada, detenido arbitrariamente el 29 de noviembre de 2023, que sólo se revelaron cuando fueron excarcelados y desterrados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024.
