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“Hay pruebas de la responsabilidad de Ortega y Murillo en los crímenes de lesa humanidad”

El presidente del Grupo de Expertos de la ONU espera una ampliación del mandato para investigar más: “Toda Nicaragua es la escena del crimen”, afirma

Presidente del Grupo de Expertos ONU

Presidente del Grupo de Expertos ONU espera ampliación del mandato para investigar más: “Toda Nicaragua es la escena del crimen”

2 de marzo 2023

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“Desde 2018 hasta hoy, en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, torturas, encarcelamientos, violencia sexual, deportación forzosa, y han sido ordenados desde las más altas autoridades de la Presidencia y la Vicepresidencia, de forma intencional, y por lo tanto hay responsabilidad del Estado por el delito de persecución”, es una de las conclusiones del informe que durante un año investigó un Grupo de tres Expertos en Derechos Humanos seleccionados por la ONU.

El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, explicó en una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, que aunque su equipo necesita realizar nuevas investigaciones para “individualizar las responsabilidades penales” y determinar las responsabilidades de los mandos medios de la Policía, el Sistema Penitenciario, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, en la comisión de estos crímenes, “hemos establecido la responsabilidad de la cúpula del Estado, con el umbral de pruebas que nosotros aplicamos, sobre la responsabilidad del señor Daniel Ortega y de la señora Rosario Murillo”.


El investigador sobre criminalidad, seguridad y derecho, especializado en derecho penal, considera que “toda Nicaragua forma parte de la escena del crimen”, y espera que al presentar el informe el próximo lunes 6 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se renovará y se reforzará el mandato del Grupo para seguir investigando. 

El informe recomienda a la comunidad internacional “adoptar acciones para la rendición de cuentas de los responsables en materia de justicia; ampliar las sanciones individuales a los responsables de la cadena de mando; y condicionar cualquier cooperación económica con Nicaragua a una mejora en la  grave situación de derechos humanos”.

El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos se declaró sorprendido por “la crueldad particular con que actúa el Gobierno, pues además de buscar neutralizar a determinados opositores, lo cual ya de por sí es muy grave, intenta sembrar terror en la población y eso sí es muy particular en mi experiencia en la región”.

Este informe concluye que desde 2018 el Estado de Nicaragua es responsable de la ejecución de crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo hasta hoy. Sin embargo, reconocen que esta misión de investigación no tuvo ninguna colaboración del Gobierno de Nicaragua que ni siquiera les permitió visitar el país y, más bien, ha descalificado el mandato de la misión. ¿De qué manera afectan los hallazgos y las conclusiones de este informe la falta de colaboración y la oposición del Estado?

Podríamos decir que siempre afecta a una investigación, sea de la naturaleza del mandato de nosotros o cualquier otra, no tener acceso a la escena del crimen. Y  cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de la gravedad que hemos encontrado en Nicaragua, la escena de crimen es en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, ya dada la idea de cuál es la dimensión del crimen, eso también les da una idea que no es 100% necesario acceder al terreno, ya que la dimensión del crimen es tanto por la multiplicidad de las víctimas que hayan salido del país le da notoriedad de los hechos documentados también podemos encontrar suficiente prueba desde el exterior para llegar a las conclusiones a las cuales hemos llegado. Además, es importante subrayar que nuestro mandato no es el único que no tiene acceso a los países, muchos de los mecanismos que han sido instalados por el Consejo han tenido este reto y lo han superado y de muestra particularmente el caso de Siria.

El patrón de ejecuciones extrajudiciales

El informe indica que analizaron 142 casos individuales de víctimas entre ellos más de 40 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Policía o por grupos parapoliciales, que en el informe se les llaman grupos pro gobierno contra los manifestantes en 2018, ¿cuál es la principal evidencia que encontraron en estos casos? ¿Existe un patrón en la comisión de estos asesinatos?

Sí, en cuanto a los asesinatos podemos demostrar que son siempre los mismos actores, siempre en las mismas situaciones en donde actúan con armas de fuego, muchas de ellas armas de larga distancia, tenemos las evidencias de los impactos de bala, tenemos evidencias circunstanciales también que dan suficiente prueba para poder llegar a esa conclusión. Lo que es importante siempre tomar en cuenta que no estamos analizando homicidios aislados, sino más bien, detectamos patrones que tienen un modus operandi en la dimensión del tiempo, en el espacio, con los mismos actores que se repiten gradualmente. Y también señalar que además de los 40 casos, hemos investigado 75 otros casos, que coinciden con los hallazgos de los 40 casos investigados a fondo, es decir, la muestra, que hemos tenido es bastante amplia, para poder llegar a la conclusión.

Las conclusiones del informe sobre este y otros crímenes indican que fueron ejecutados siguiendo órdenes desde el más alto nivel, desde la presidencia de Daniel Ortega y la vicepresidencia de Rosario Murillo, pero que no pueden individualizar penalmente a los responsables que les han cometido ¿por qué? 

En cuanto a las máximas autoridades del Estado si hay  suficiente evidencia, en cuanto a pronunciamientos, incluso evidencia documental que tenemos, y otras que apuntan hacia quien está en la principal posición de la cadena de mando,  que luego después baja hacia los actores directos. En cuanto a los actores directos si hemos identificados sus unidades que han operado, pero es mucho más complejo poder identificar, dentro de esas unidades, quién ha actuado; y en cuanto a los jefes de las unidades, sí tenemos identificadas las personas, pero los mantenemos dentro de nuestra base de datos que puede ser accedida por organismos, que estén interesados en abrir casos en la justicia para poder también enjuiciar estas personas.

Ustedes detectaron que sí existe una cadena de mando desde el jefe supremo de la Policía que es Daniel Ortega ¿qué pasa con los grupos pro gobierno, estos grupos armados que participaron en coordinación también con la Policía? ¿Existe otra cadena de mando o es la misma? 

En el fondo esto no hemos podido, hasta ahora identificar con suficiente claridad, para decir que además de llegar a la conclusión que grupos pro gobierno hayan estado involucrados en las ejecuciones, qué integrantes de los grupos hayan tirado el gatillo, esto vamos a poder profundizar solo en la medida en que vamos profundizando pruebas, sobre lo que llamamos una cadena de mando paralela, que opera y que es vigente para la Policía. 

Lo que sí hemos podido claramente identificar, y para eso hay suficiente prueba, es la manera de cómo actuaron de una manera concertada los funcionarios de Policía con esos grupos. Eso sí es suficientemente, en términos probatorios, pero es más difícil  poder llegar a una conclusión en cuanto a la responsabilidades individuales en los grupos progobierno.

Daniel Ortega, Iglesia Católica

Daniel Ortega y Rosario Murillo junto al jefe de la Policía, Francisco Díaz, en el acto del aniversario de la institución policial, en septiembre de 2022. Foto: Presidencia

El informe plantea que necesitan seguir profundizando y continuar investigando para determinar estas responsabilidades individuales para una eventual judicialización de estos crímenes, ¿Tiene usted la expectativa de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante quien van a comparecer el próximo lunes, le otorgue una extensión al mandato de la comisión o un fortalecimiento de esta comisión?

Todo indica que esto sea.  Los hechos en Nicaragua, que no han cesado sino que continúan y, más bien, incluso se están escalando en términos de gravedad, de muchos que se están cometiendo, no han cesado la atención del Consejo, sino más bien llaman al Consejo a la atención de necesitar de renovar nuestro mandato, y no solamente renovar nuestro mandato, sino también elevar un poco el tono desde el órgano político de Naciones Unidas, en cuanto al Gobierno de Nicaragua, porque la situación lo merece así. Así que (esperamos) que se va a renovar el mandato, incluso quizás un poco más fortalecido de lo que ha estado hasta ahora que es bastante fuerte.

Denegación de salud y de justicia

Además de los asesinatos en las ejecuciones extrajudiciales, el informe habla de casos bien graves como es la denegación de los servicios de salud para los heridos en las protestas ordenada por la ministra de Salud, que actuó en coordinación para informar a la Policía sobre estos heridos, se han conocido algunos casos emblemáticos de esta denegación de atención, como el del niño Alvarito Conrado, ¿qué nuevos hallazgos ofrece la investigación de la Comisión?

El hallazgo principal que nuestro informe presenta es más bien que la denegación de los servicios de Salud es parte, y hay evidencia, de que esto haya sido perpetrado desde la cúpula del Estado, siendo no solamente el brazo ejecutivo de las Fuerzas de Seguridad, sino más bien incluso los servicios de Salud una herramienta que se implementó para cometer los delitos que nosotros hemos demostrado. 

Es algo que va más allá, simplemente de tirar un gatillo o de tirar varios gatillos y eso es, creo yo, lo más importante en nuestro informe, que demuestra la responsabilidad del Estado, y de toda la cúpula, y de cómo estaba estos concertadamente construidos.

Madres 30 de mayo 2018

Imágenes de mayo de 2018: Manifestantes heridos fueron trasladados por brigadas médicas voluntarias y la Cruz Roja. // Foto: Confidencial

El informe también se enfoca en documentar la obstrucción de la justicia cuando la víctimas solicitaron a la Fiscalía, a la Policía, al sistema judicial investigar estos crímenes y que además los perpetradores están protegidos por la Ley de Amnistía, que se otorgó en 2019 y que están clausuradas todas estas investigaciones al menos dentro del sistema oficial, ¿Se pueden reabrir estas investigaciones, tendría que ser primero derogada esa ley?

Esa ley en el fondo frente al derecho internacional no tiene vigencia ninguna porque viola los principios básicos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en cuanto a los deberes de investigación y de persecución, incluso de condena de violaciones serias de derechos humanos. Por lo tanto, si es necesario derogarla, por razones internas, pero a nivel internacional no tiene ninguna ninguna validez ese tipo de legislación que exime determinadas conductas de la condena que no son amnistiables 

Y en cuanto a la obstrucción de la justicia quisiera señalar un punto, que es aún más grande, y es la retaliación en contra los familiares de las víctimas, cuando buscaban justicia en Nicaragua. No es que solamente hayan sido victimizados como familiares por lo que sucedió a  sus seres queridos, sino más bien, han sido revictimizados por el propio Estado, por las retaliaciones fuertes que han sufrido cuando buscaban justicia o algún mecanismo de reparación en cuanto a estas ejecuciones.

¿Cómo se pueden investigar estos crímenes, independientemente de esa Ley de Amnistía, si la propia Fiscalía es parte de ese aparato de obstrucción y denegación de justicia y el sistema judicial también? Yo recuerdo que el informe que presentó en diciembre de 2018 el GIEI, que analizó hechos como estos hasta el 30 de mayo de 2018, recomendaba la creación la formación de una fiscalía especial para poder verdaderamente investigar estos casos.

Primero, hay que ver un poco cuál es el modus operandi y de la justicia en Nicaragua, sobre todo en cuanto a los casos que nos han llevado a la conclusión de detenciones arbitrarias y procesos espurios que se hicieron. En Nicaragua, lo que es la acusación es igual al proceso y lo que es el proceso es igual a la condena, es decir, hay un sistema de injusticia implementado en cuanto al sistema de justicia criminal, que no es justicia, y tampoco, obviamente, esa es una conclusión lógica, es un sistema que investiga. 

Por lo tanto, hay varias vías que pueden abrirse en este momento, en donde Nicaragua está cerrada. La justicia se puede buscar por afuera. Intentar abrir juicios y jurisdicciones de terceros países que tengan algún contacto en temas jurisdiccionales con lo sucedido en Nicaragua y lo que el GIEI, en su momento, recomendó fue cuando todavía alguien podría haber pensado en generar una Fiscalía dentro del territorio de Nicaragua, que estaría a cargo de esas investigaciones, esto suele suceder normalmente después de que haya un diálogo entre el Gobierno y otras instancias que llegan a una conclusión de que hay que responder a las injusticias cometidas anteriormente.  Algo que se llama justicia transicional donde hay un componente que es la respuesta penal. Pero en estos momentos estamos muy lejos de eso, por eso esa recomendación de tiempos que hemos superado, no en el sentido bueno de la palabra, sino más bien en la cual sigue estancado y por lo tanto eso es para el futuro no para el presente.

Detenciones arbitrarias y torturas

El informe habla también de vulneración de derechos civiles y políticos, analiza 102 casos específicos.  ¿Quiénes son las víctimas, específicamente esas personas que fueron objeto de detenciones arbitrarias o que se les vulneraron sus derechos? ¿Tiene un impacto más amplio en la sociedad nicaragüense?, porque en Nicaragua hay gente que dice: –conmigo no se han metido es aquellos a los que reprimieron o echaron presos. Pero la supresión de libertades afecta a todo mundo.

Así es, por eso nosotros hemos llegado a una conclusión muy específica, que tiene que ver con el componente político de las violaciones y lo hemos descrito y concluido que son delitos de persecución política, es decir, son vulneraciones a derechos que no solamente implican el derecho a la vida, a la integridad física, sino más bien a todas las libertades oprimidas y en el contexto de un ataque indiscriminado a la población, que deja un espacio cívico destruido, de derechos civiles y políticos destruidos, en donde en el fondo toda la sociedad es la víctima. Es especialmente grave en el caso de Nicaragua, porque se siembra una especie de clima de terror, en donde el miedo de las personas no solamente es un miedo en distintos sectores muy específicos de la sociedad, sino más bien de todo mundo que podría ser identificado como no leal a los fines del Gobierno, algo que en el pasado hemos podido observar en dictaduras militares como por ejemplo de Chile y de Argentina. 

Ahí sí es cierto que toda la sociedad es víctima de procesos como estos y las categorías que el derecho tiene para esto quedan cortas en cuanto a la magnitud que tiene este tipo de violaciones masivas.

El régimen de Daniel Ortega ha capturado a decenas de manifestantes durante las protestas. Foto: Confidencial

El informe también profundiza en casos de tortura, tratos crueles y degradantes, tortura física, violaciones sexuales y también de tortura blanca o tortura de aislamiento en diferentes cárceles del país, ¿se puede detectar la responsabilidad de los actores del sistema penitenciario? Es decir, estas son decisiones que se impusieron desde la Presidencia, desde el alto mando, o la administración de esta depende de los responsables del sistema penitenciario y la Policía.

Lo que sí definitivamente se puede llegar a concluir y vimos que el sistema penitenciario en la medida en que está sometiendo a personas bajo su custodia a tratos físicos y sobre todo también psicológicos, que equivalen a torturas, son los responsables directos de este tipo de violaciones y crímenes. Los responsables indirectos de este tipo de tratos pueden ser también identificados, en la medida en que uno va escalando la cadena de mando del Sistema Penitenciario, y es importante tomar en cuenta la notoriedad de los hechos que nosotros hemos documentado en nuestro informe, que no son secretos para las altas autoridades del Estado, tenían conocimiento las autoridades bajo su mando que hayan cometido ese tipo de delitos y esto de por sí los hace responsables.

Persecución y despojo de nacionalidades

También se enfoca este informe en todas las acciones del Estado para eliminar el derecho de asociación a la sociedad civil, la eliminación de más de 3000 organizaciones no gubernamentales, el cierre y la confiscación de medios de comunicación y la persecución al periodismo, y por otro lado, el discurso estatal de criminalización, de estigmatización y de odio contra otra parte de la sociedad. El Gobierno ha alegado siempre que ha sido objeto de un intento de golpe de Estado o de una conspiración, son los delitos que incluso han sido incorporados en leyes para condenar a los presos políticos La investigación que hace esta comisión ¿encuentra algún indicio en relación a estos alegatos del Gobierno?

En realidad no hemos encontrado ningún indicio en cuanto a esa materia y hemos intentado investigar esto a fondo con distintas fuentes, con las cuales hemos podido conversar, no siempre solamente de un lado, sino más bien de los que eran accesible para el otro lado y de verdad no lo hemos encontrado.

Lo más importante de todo esto es que, incluso supongamos, que hubiera sido un intento de golpe de Estado, para nada justificaría la reacción del Estado de la magnitud que hemos detectado, sino más bien un Estado de derecho en cuanto a una posición en contra de su régimen constitucional tiene que reaccionar con las herramientas proporcionales de los Estados de derecho. Eso definitivamente no es el caso de Nicaragua. Así que este tipo de argumento carece tanto de valor empírico como también en la hipótesis, que la hipótesis sí existiera del valor legal que podría justificar lo que hemos detectado.

Pareciera que este informe se terminó de elaborar la semana pasada porque incluso se actualiza con hechos como el despojo de la nacionalidad contra 317 ciudadanos, ¿qué significa este despojo, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de los derechos humanos?

Significa una violación del derecho de nacionalidad, ha sido reiterado en varias ocasiones por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el secretario general; pero en materia penal esto tiene una implicación aún más grave, porque Nicaragua en esto se pone en línea con prácticas de otros regímenes en el pasado, demuestra que es capaz no solamente de violar derecho a la vida y el derecho a la integridad fisica, sino más bien de violar los derechos del ciudadano de ser persona en su propio país.

Esto es lo que nosotros subsumimos como un hecho de persecución política, que es un hecho de un crimen de lesa humanidad, porque hace parte de un ataque contra una población civil. Y cuando a eso le sumamos además el desplazamiento de las personas, llegamos a un comportamiento que es el típico de sociedades medievales, cuando se practicaba el destierro, y no es por casualidad, que esa palabra se está utilizando en ese contexto en Nicaragua, es un tratamiento premoderno a personas que genera una dinámica que no es compatible ni con el siglo XXI, ni como el siglo XX ni con el siglo XIX quizás como siglo XVIII y antes.

Los responsables y la cadena de mando

Déjeme tratar de entender la principal conclusión del informe: dice se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, torturas, encarcelamiento, violencia sexual, deportación forzosa, y han sido ordenados desde las más altas autoridades de la Presidencia y la vicepresidencia, de forma intencional, y por lo tanto hay responsabilidad del Estado, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad del Estado? ¿Incluye a las cabezas de esa cadena de mando de la Policía, de los poderes del Estado, de la Asamblea Nacional, de algunos ministerios?, es decir ¿hay o no una implicación de esa cadena de mando o eso se puede determinar solamente hasta que se individualizan las responsabilidades penales?

En términos de responsabilidad del Estado nuestras conclusiones son claras y esto tiene implicaciones en las relaciones internacionales del Estado de Nicaragua. En cuanto a las responsabilidades individuales esto implica que nosotros lleguemos desde la cúpula del Estado hacia el autor directo. 

Para llegar a las responsabilidades del autor directo, necesitamos profundizar más las investigaciones en muchos aspectos, pero en cuanto a los autores indirectos si tenemos ya la responsabilidad de la cúpula del Estado con el umbral de pruebas que nosotros aplicamos sobre la responsabilidad del señor Daniel Ortega y de la señora Rosario Murillo.

¿Incluye esto al Ejército de Nicaragua?, ¿cómo se interpreta la conclusión del informe sobre el Ejército?

No hemos podido profundizar en esta materia en el tiempo que tuvimos en nuestro mandato, y esto va a ser una tarea ahora, si es que nos renuevan el mandato para poder entender un poco más a fondo de cuál ha sido el rol del Ejército, o incluso quizás el rol de ciertas unidades el Ejército, en cuanto a las violaciones que hemos detectado.

Ejército de Nicaragua

El presidente Daniel Ortega camina junto al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y la vicepresidenta Rosario Murillo. Foto: Presidencia

Las recomendaciones

¿De qué depende, si la Comisión logra la extensión de este mandato, que pueda lograr su cometido, de individualizar responsabilidades y profundizar más? Le pregunto esto porque la víctimas prácticamente ya han dado todo lo que tienen en estos cinco años de persecución y sufrimiento. ¿Esperan ustedes que se produzcan confesiones a lo interno del régimen para encontrar nuevas evidencias o estarían dependiendo de una investigación penal más especializada?

En este momento lo que hay de información disponible, insisto porque lo dije desde antes de nuestra entrevista, hace que podamos identificar algunos autores directos que están en nuestra base de datos relatados por la víctimas. Cuando hablamos de identificar más a fondo responsabilidades, estamos hablando sobre todo de los mandos medios en ese tipo de delitos. 

Esto tiene que ver con qué en la medida que vamos a tener acceso a fuentes internas, tendríamos con una certeza un poco mayor que la que tenemos en este  momento elementos que podrían hacer que nosotros lleguemos a la conclusión que los determinados mandos medios sean responsables para los hechos, pero en este momento no tenemos suficiente base para esto y será en la medida en que se nos acercan las personas que quieran hablar sobre eso, que podremos llegar a conclusiones más allá de las que hemos llegado hasta ahora

Este informe ya está en manos del Gobierno de Nicaragua, el próximo lunes el Gobierno tendrá la oportunidad de referirse al informe, bueno si rechazó el mandato de la Comisión uno podría suponer que también rechazará las recomendaciones que la Comisión le hace al Gobierno. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hacen a la sociedad nicaragüense y a la comunidad Internacional como resultado de este informe?

Lo más importante es en cuanto a la comunidad internacional, porque una misión como la nuestra suele hacer recomendaciones al Estado y a la comunidad internacional, es que la comunidad internacional tome primero acciones para la rendición de cuentas de los responsables en materia de justicia. Y muy en particular, esa es la segunda recomendación, que amplíe las sanciones individuales, que tiene en cuanto a las personas que estén involucradas en las unidades que hemos identificado como mandos de esas unidades. Y como tercera recomendación es que la comunidad internacional que está todavía en negociaciones o conversaciones con el Gobierno para apoyos financieros y de otra índole tome en serio la situación de derechos humanos en Nicaragua, y condicione su ayuda a una mejora de la situación. Salvo que haya una necesidad humanitaria. Esto es el proceder que le da normalmente bajo el derecho internacional el mandato de la obligación de proteger, para actuar de esta manera.

Usted ha participado anteriormente en investigaciones similares como esta en otros países ¿qué conclusión le deja a usted personalmente la crisis de Nicaragua?

Es una crisis que nace de una dinámica que no empezó en abril de 2018, sino más bien desde hace mucho antes desmantelamiento de los checks and balances de la justicia y de otros elementos de un Estado democrático de derecho, ha sido incluso también el sistema electoral un proceso largo que empezó incluso hace más de 15 años que llevo a esa situación. 

Lo otro que me llamó la atención es la crueldad muy particular con la cual actuó y sigue actuando el Gobierno de Nicaragua, porque yo estoy acostumbrado a ver, en ese tipo de trabajos, violaciones de derechos humanos de distintas índoles muy graves, pero la crueldad muy particular, por ejemplo, del destierro o la tortura psicológica dentro del sistema carcelario, que se montó es bastante único y demuestra que los actores no solamente están detrás de neutralizar a determinados opositores, que ya de por sí es muy muy grave, sino más bien de sembrar, terror en la población y eso sí es muy particular en mi experiencia en la región.


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Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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