AA
Share
La volatilidad del precio internacional del petróleo, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, coloca al régimen ante la disyuntiva de mantener congelado o no el precio de los combustibles en Nicaragua. El congelamiento, implementado desde abril de 2022, le ha generado ganancias de hasta 100 millones de dólares anuales a la familia gobernante, según cálculos del economista Enrique Sáenz.
El monto exacto es variable, y depende de la fluctuación de los precios internacionales, las cantidades importadas, y los galones consumidos. El régimen tiene varias formas para lidiar con el problema del aumento global de los precios del petróleo y sus derivados, según Sáenz, quien cree que decidirán afectar al presupuesto de la República, o los bolsillos de los usuarios, pero no tocarán sus “márgenes de sobreganancias”.
El precio de los hidrocarburos es “especialmente sensible para la economía del país y para la gestión económica de la dictadura dinástica”, explica el experto. Esa sensibilidad se explica porque el petróleo y sus derivados se define como uno de los precios líderes de la economía, cuyo impacto repercute en el conjunto de las actividades económicas del país.
Eso va desde el rubro agropecuario, hasta cualquier cosa que se esté haciendo en Nicaragua con inteligencia artificial. Hay más: al ser el país un importador neto de petróleo y sus derivados, su precio también incide en el balance de las cuentas externas.
Es obligatorio calcular los riesgos
Tal como reitera Sáenz “por décadas ha sido uno de los principales negocios de la camarilla en el poder. Tienen que cuidar los tres flancos”, y para ello existen (por ahora) cuatro posibles líneas de acción.
La primera de ellas es “la brecha generada por el congelamiento”, la que se amplía o se cierra, en dependencia de cómo se mueven los precios, que rondaban los 100 dólares al momento de tomar la decisión de congelarlos. El martes 17 de marzo, el precio del barril de crudo WTI estuvo oscilando entre los 92 y los 96 dólares. El barril costaba alrededor de 66 dólares el viernes antes del inicio de la guerra.
El segundo elemento a considerar, son “los ahorros y las reservas acumuladas en años recientes”. Al respecto, el experto mencionó las declaraciones del presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, en el sentido de que uno de los propósitos de esos ahorros y reservas es afrontar imprevistos. Como este.
Luego está el presupuesto. O sea, la posibilidad de que los diputados simplemente aprueben cualquier decreto enviado por los copresidentes, ordenándoles usar los recursos de la nación para cubrir cualquier aumento de precios. La cuarta opción son los bolsillos de los consumidores. O sea, la posibilidad de que liberen los precios, ahora que están al alza, y hagan que las familias y las empresas sean quienes paguen estos aumentos.
La opción “equilibrada”
Si bien cualquiera de los elementos enlistados antes tiene consideraciones de tipo político y económico que es obligado considerar antes de tomar una decisión, Sáenz percibe que hay uno en el que la familia gobernante no está dispuesta a ceder. “Creo que el tema más sensible para ellos es el margen de sobreganancias que les ha generado y genera el negocio. Comenzarán los movimientos cuando los precios cierren la brecha que han preservado con el congelamiento”, advierte.
En su análisis, el experto observa que “si el aumento de los precios no es exorbitante, una gestión racional implicaría una opción equilibrada que combine afectación a los márgenes de utilidad, utilización de ahorros y cargar al presupuesto”. En este escenario equilibrado, “lo último sería descargar el aumento en los consumidores”.
Al analizar cada uno de los tres componentes de esa combinación, encuentra que “afectar los márgenes de utilidad no ocasionará un perjuicio a quienes están en el negocio, pues solamente se trataría de reducir los márgenes de sobreganancia que han acumulado por años de manera fraudulenta”.
En el segundo de los casos, “utilizar los ahorros, significaría una erosión cuyo límite sería la magnitud de los ahorros y el tiempo que dure el aumento de precios. Descargar en el presupuesto tensionaría las cuentas fiscales, aunque el Gobierno presume de mantener unas cuentas robustas”, destaca.
Queda la tercera opción, que es trasladar el costo a los consumidores, pero eso “podría dar al traste con las metas de inflación y, particularmente, un bien muy apreciado por el presidente del Banco Central que es la paridad cambiaria”, detalla Sáenz. Por todo eso, augura que “seguramente se inclinarán por combinar opciones y seguir un paso a paso con la evolución internacional. Lo que no van a tocar, con seguridad, son los márgenes de sobreganancias”.
El riesgo de implementar una medida equivocada
Los datos muestran que en Nicaragua los consumidores pagan algunos de los precios más elevados de Centroamérica. También, “que las empresas que operan en ese sector obtienen los márgenes de utilidad más elevados de la región, dado el control que ejerce la mafia en el poder, que está en el negocio en contubernio con las empresas que dominan el mercado”, anotó Sáenz.
“Bastaría con reducir los márgenes de utilidad de las empresas y llevar los precios al menos al promedio centroamericano. Ya con eso generarían un alivio en los costos de las empresas, y también en los precios de bienes y servicios esenciales”, sentenció.
No hacer nada, y dejar que sean los consumidores los que paguen el incremento de la factura, es un camino que el país no debería emprender. Así lo muestra un análisis preparado por el equipo económico de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, denominado “Posibles efectos del actual conflicto en Oriente Medio en la economía nicaragüense”.
Al respecto, destacan que un aumento de precios que sea sostenido en el tiempo tendría varias implicaciones, siendo que Nicaragua es un importador neto de combustibles. Algunas de esas implicaciones son aumentos en el costo del transporte, incrementos en los costos de generación eléctrica, y encarecimiento de la producción industrial y agroindustrial.
“La combinación de estos factores podría generar un aumento generalizado de precios (inflación importada), que afectaría el poder adquisitivo de los hogares, especialmente aquellos de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a transporte y alimentos”, señala el documento.
