3 de abril 2023
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Nicaragua cumplió este domingo 2 de abril un año de mantener congelados los precios de los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP) —conocido como “gas para cocinar”. Una política gubernamental considerada un “gigantesco fraude o estafa” por el economista Enrique Sáenz, investigador de la fundación Puentes para el Desarrollo, quien calculó en más de 100 millones de dólares el sobreprecio que se ha “embolsado” el régimen orteguista, en contubernio con las empresas petroleras en el país.
Desde la primera semana de abril de 2022, la gasolina súper cuesta 48.97 córdobas por litro (185.10 córdobas por galón); la regular se cotiza a 47.81 córdobas por litro (180.72 córdobas por galón); y el diésel —el combustible de mayor consumo en el ámbito nacional— se vende a 43.21 córdobas (163.33 córdobas por galón).
En el caso del GLP, el cilindro de 25 libras se mantiene en 436 córdobas, el de 10 libras en 180 córdobas y el de 100 libras en 2004 córdobas, según el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el Ministerio de Energía y Minas.
Al comparar los precios nicaragüenses con el resto de Centroamérica, se obtiene que, en el caso específico de la gasolina súper —con o sin impuestos—, el valor en Nicaragua está por encima, entre 60 y 70 centavos de dólar y hasta un dólar, del promedio regional, según un análisis de Sáenz.
En una entrevista con CONFIDENCIAL y el programa Esta Semana, el economista describió al detalle el funcionamiento del “negocio fraudulento” de los combustibles. Además, se refirió a “otra artimaña mafiosa”, como es importar energía barata de los otros países centroamericanos y venderla cara en Nicaragua.
“Corrupción sería una palabra suave para calificar lo que ocurre con el combustible y la energía eléctrica, simplemente son comportamientos mafiosos”, dijo.
Este domingo se cumplió un año desde que el régimen de Daniel Ortega impuso el congelamiento del precio de los combustibles y del gas para cocinar. La justificación oficial es el alto costo del petróleo, pero en abril de 2022 el barril de petróleo costaba 100 dólares y este viernes cerró en 75.65 dólares en el mercado internacional, ¿qué pasa con esa diferencia de precio? ¿Cómo impacta en el bolsillo de los nicaragüenses el congelamiento?
En términos de propaganda es un gigantesco embuste y, en términos de los bolsillos de las familias y de las empresas nicaragüenses, es un gigantesco fraude, una gigantesca estafa. La magnitud de la estafa se hace mucho más evidente al comparar (los precios en Nicaragua) con los precios internacionales del petróleo, pero también con el comportamiento de los precios de los combustibles en los otros países de Centroamérica.
El Gobierno alega que esta política responde a un interés de ofrecerle un subsidio a los consumidores ¿hay algún subsidio?
Esta estafa viene de años anteriores con los precios del combustible, ahora se ha sofisticado un poquito con la cobertura del presunto congelamiento. El asunto es que el congelamiento tendría un impacto positivo en la economía nacional, de las empresas y de las familias, si el precio internacional de los combustibles y del petróleo fuera mayor que el precio interno en Nicaragua, y que el diferencial entre los precios internacionales y los precios internos fueran cubiertos en este caso, por ejemplo, con el presupuesto; y en consecuencia, eso sí, sería un alivio frente a un potencial impacto de los precios internacionales. El asunto es que ocurre al revés, los precios de los combustibles y del petróleo están por debajo del precio en Nicaragua.
¿Algún otro país de Centroamérica aplica una política similar de congelamiento de precios? ¿cómo se comparan los precios de los combustibles de Nicaragua con los del resto de Centroamérica?
Algunos países aplicaron subsidios cuando el precio del petróleo y los combustibles se disparó; pero como el precio del petróleo y los combustibles bajó; entonces, resultó innecesario seguir aplicando esos subsidios.
Para facilitar un análisis vamos a referirnos a El Salvador, que tiene una capacidad de almacenamiento parecida a la de Nicaragua. En la primera semana de diciembre pasado, el precio de la gasolina súper en Nicaragua —antes de impuestos—, era de 4.25 dólares por galón, pero en El Salvador era de 3.38 dólares. En la primera semana de febrero, en Nicaragua se mantuvo en 4.25 y en El Salvador fue de 3.56 dólares.
Esta diferencia se da con y sin impuestos. En la primera semana de diciembre, en Nicaragua el galón de gasolina súper —ya con impuestos— costaba unos 5.11 dólares; pero en El Salvador valía unos 4.28 dólares; en la primera semana de febrero se cotizaba a 4.48 dólares y en Nicaragua siempre estuvo a 5.11 dólares.
En la “Fundación Puentes para el Desarrollo” sacamos el promedio de precios en el resto de Centroamérica. En la primera semana de diciembre, el precio promedio en Centroamérica de la gasolina súper —antes de impuestos— fue de 3.42 dólares; es decir, casi 90 centavos menos por galón que en Nicaragua, donde el valor está congelado en 4.25 dólares. En la primera semana de febrero, el promedio en Centroamérica es de 3.36 dólares, mientras en Nicaragua sigue igual. Se puede señalar que con o sin impuestos, a lo largo de este período, las diferencias, tanto con países individualmente o con el promedio de Centroamérica, oscilan entre 60 y 70 centavos de dólar y hasta un dólar. Entonces, qué sentido tiene ese mecanismo.
Contubernio del régimen con las petroleras
En Nicaragua, en teoría los precios de los combustibles no están regulados por el Estado, son fijados libremente cada semana por las petroleras, solamente el gas de cocinar está regulado por el INE ¿cómo es la relación entre las petroleras y el Gobierno? ¿hay alguna suerte de arreglo o colusión para mantener este sistema?
Resulta evidente que existe un contubernio entre las empresas que importan y distribuyen combustible y el grupo político en el poder, porque solo de esta manera se puede explicar que las petroleras en Nicaragua, que también distribuyen en otros países de Centroamérica, impongan un precio que, a veces, es mayor hasta en un dólar por galón. Si fuera una dinámica de mercado los precios tendrían que equipararse, la única explicación es que existe un contubernio o un negocio fraudulento, donde el grupo en el poder sigue participando del negocio del combustible.
Son más de 100 millones de dólares en sobreprecios. Esa es la magnitud de esta tajada, que se obtiene al multiplicar las diferencias de precio por galón, con el consumo de los combustibles, oficialmente declarado por el Gobierno. En un momento, (esa tajada) solo la extraían directamente del bolsillo de los consumidores; ahora lo extraen, una parte, del bolsillo de los consumidores y, otra parte, del presupuesto, que es de donde supuestamente están financiando la diferencia de precios.
¿Qué es lo que están financiando? No están financiando a los consumidores nicaragüenses, sean empresas o consumidores, sino que están financiando el bolsillo de quienes están en el negocio. Y no hay ninguna duda que, para que este negocio fraudulento prospere, la mafia en el poder participa de la repartición de las utilidades.
¿Esos 100 millones dólares que mencionás es el impacto que ha tenido el congelamiento de los combustibles este año?
En los comunicados oficiales, ellos señalan que el subsidio o el aporte presupuestario para mantener el congelamiento oscila entre cuatro y seis millones de dólares semanales. Estamos a la espera del Informe de Ejecución Presupuestaria de 2022 para ver a cuánto asciende, según el reporte oficial del Ministerio de Hacienda, está atribución presupuestaria que va directamente a los bolsillos de quienes están en el negocio del combustible.
¿Cómo se está beneficiando de ese diferencial el grupo que está en el Gobierno? ¿estás hablando del sistema de importación de hidrocarburos o de una institución específica? ¿quién se queda al final de cuentas con este sobreprecio?
Hasta ahora he compartido datos oficiales, no hay ningún tipo de interpretación alrededor de estos datos. A esta pregunta tengo que responder con una interpretación: cuando (Estados Unidos) impuso las sanciones a la DNP (en diciembre de 2019), que era una de las fuentes de enriquecimiento más caudalosas de la dictadura, inmediatamente procedieron en la Asamblea Nacional a crear cuatro empresas, cada una concentrada en un tramo del itinerario que cumple el combustible, una vez que llega a puertos nicaragüenses. Realmente no se necesita tener una gran inteligencia para darse cuenta que, esa artimaña de la dictadura, fue para evadir las sanciones a DNP y rápidamente constituir empresas mamparas, con testaferros que seguramente ya están amarradas con las empresas estatales. Con toda seguridad ese es uno de los mecanismos por los que están participando en el negocio, en los distintos tramos que tiene el itinerario que cumple el combustible, desde que llega a puerto hasta que termina en el tanque de combustible de un usuario.
Impacto en el sector energético nacional
¿El congelamiento de precios tiene una incidencia en la energía que se genera a partir de hidrocarburos? ¿se puede calcular cuál es el impacto?
Allí más bien, me referiría a los créditos de instituciones financieras internacionales —primordialmente el BCIE y del BID—, para supuestamente el desarrollo de la energía en Nicaragua. Sumando lo del BCIE y del BID, el endeudamiento suma alrededor de 1000 millones de dólares en los últimos años.
Al revisar, con datos oficiales, cuál era el impacto de esa inversión y de ese endeudamiento, nos encontramos que la generación de energía en 2022 fue la misma que hace ocho años; es decir, esos créditos no sirvieron para aumentar la generación.
Como hay una campaña alrededor de que se ha alcanzado el 99% de cobertura, analizamos el consumo. Pero resulta que el consumo en 2022 fue equivalente al de seis años atrás; o sea, esos créditos no sirvieron para aumentar el consumo.
Revisamos el impacto en las tarifas y nos encontramos que las tarifas en lugar de disminuir, más bien han venido aumentando, en proporción a las tarifas en los otros países centroamericanos. También analizamos el problema de las pérdidas técnicas, porque estas inversiones por lo menos deberían servir para disminuir las pérdidas en la transmisión de energía; pero nos encontramos que en 2022, las pérdidas técnicas —que se cobran en la factura de los consumidores— es mayor a la de años atrás; más bien ha venido aumentando.
Lo más asqueroso es que, a pesar de estas inversiones, están importando —desde 2018— cada vez más energía barata de los otros países centroamericanos. En 2022, esas importaciones superaron los 100 millones de dólares. Entonces compran energía en otros países centroamericanos, pero le aumentan la tarifa a los consumidores nicaragüenses.
La magnitud de esta estafa es por la vía de los precios (de los combustibles), pero también por la vía de estas otras artimañas mafiosas, como es importar energía barata de los otros países centroamericanos para venderla cara, mientras están recibiendo un subsidio porque se les paga por tener las plantas paradas. La empresa con mayor capacidad de generación instalada pertenece a Ortega, que es Alba Generación, y gana por la energía que produce y por que no produce. Realmente solo una mafia puede realizar esto; corrupción sería una palabra suave para calificar lo que ocurre con el combustible y la energía eléctrica, simplemente son comportamientos mafiosos.
