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El primero de abril de 2022, la cotización del barril de petróleo WTI (el precio de referencia para Nicaragua y el continente americano) cerró en 114.67 dólares. El 21 de noviembre de 2025, o sea, poco más de tres años y medio después, ese precio había caído a 57.97 dólares. Lo que debería ser una excelente noticia para los consumidores, pasó totalmente desapercibida. Todo gracias a la política de congelamiento de precio de los combustibles, dictada por Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo.
Uno de los primeros en cuestionar esa política de forma abierta y consistente es el economista Enrique Sáenz, que la cataloga sin más como “un gigantesco fraude”. Básicamente, porque los precios se quedaron congelados en la parte alta de la escala, y nunca los bajaron pese a que el precio de este momento es casi la mitad del que había al momento de congelarlos.
“Corrupción sería una palabra suave para calificar lo que ocurre con el combustible y la energía eléctrica. Simplemente son comportamientos mafiosos”, dijo en esta entrevista concedida a CONFIDENCIAL, el asesor de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica.
Nicaragua y El Salvador tienen una capacidad de almacenamiento y procesos de importación similares, lo que es útil para comparar sus precios de venta. Si en la primera semana de diciembre de 2022, el precio de la gasolina súper en Nicaragua (antes de impuestos), era de 4.25 dólares por galón, en El Salvador era de 3.38 dólares.
En la primera semana de febrero de 2023, en Nicaragua seguía en 4.25 mientras que en El Salvador había subido a 3.56 dólares. En noviembre de 2025, mientras el precio en El Salvador estaba en 3.81 dólares, en Nicaragua costaba el equivalente a 5.06 dólares por galón. La diferencia por el sobreprecio representa unos 100 millones de dólares anuales, según Sáenz.
Sobreprecio artificial beneficia a empresarios
El primer beneficiario directo de la política de congelamiento es el emporio empresarial de la familia gobernante, en especial, el negocio de distribución de hidrocarburos. Las sanciones estadounidenses contra DNP-Petronic, les incitó a crear este esquema que les permite sostener su ritmo de ganancias, pero hay otras empresas que también salen ganando: las petroleras que operan en el país.
En un esquema de libre mercado, las compañías distribuidoras tendrían que competir vía precios, atención y calidad para atraer y cultivar la lealtad de sus clientes. Dada la importancia que tiene el factor precio en un mercado de escaso poder adquisitivo como el nicaragüense, estas empresas tendrían que esforzarse por ajustar sus márgenes al máximo para conservar y ampliar su cuota de mercado.
Todo eso se vuelve innecesario porque la política de congelamiento hace que el precio de venta final sea fijo. Al estar garantizado por el Gobierno se elimina la competencia, lo que actúa en detrimento de los ciudadanos que son reducidos al papel de consumidores, sin poder castigar o premiar a las empresas con su preferencia.
Otro efecto perverso de esa política es que, al desviar recursos públicos para mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles, se financia la operación y la rentabilidad de las distribuidoras. En lenguaje de economistas, esto se convierte en una transferencia de la riqueza del Estado (los contribuyentes) hacia las empresas privadas controladas por la élite nacional y extranjera.
Para Sáenz el sobreprecio es “una estafa masiva, un fraude masivo”. El economista considera que es “una aberración” llamar congelamiento a la política de sobreprecio. “Los precios se congelan para que no suban y no afecten a la población. Aquí se congelan para que no bajen y sigan beneficiándose quienes están agarrando la gran tajada de este diferencial de precio”, destacó.
Si los precios siguen bajando (el barril WTI estaba en 67.20 dólares el 24 de noviembre de 2024, y tuvo dos picos en el año: 77.88 el 5 de enero y 74.93 el 8 de junio), la ganancia ya no será de más de 100 millones de dólares anuales, sino que subirá aún más. Los consumidores seguirán pagando los precios caros de hace tres años, pero la familia gobernante y las empresas distribuidoras ganarán más. Mucho más.
