31 de mayo 2023
AA
La política de congelamiento de los combustibles promovida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde hace 13 meses, es la respuesta que tendría el régimen para obtener ganancias en el negocio de los combustibles, después de que las operaciones la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 12 de diciembre de 2019.
La política de congelamiento de los combustibles —promovida por la dictadura como un alivio para los consumidores— se ha traducido en que Nicaragua sea el país con los precios más altos para la compra de hidrocarburos en Centroamérica, sin incluir los impuestos en la estructura de costos. Con los impuestos incluidos, los combustibles en Nicaragua son los segundos más caros de la región, solamente superados por Costa Rica.
Dependiendo del tipo de modelo, un automóvil promedio puede tener una capacidad de llenado total de nueve galones de combustible. Esto significa que para llenar un tanque de gasolina súper en Nicaragua, el consumidor tiene que desembolsar un promedio de 45.90 dólares. En contraste, en El Salvador, llenar el tanque con gasolina súper cuesta 39.78 dólares, en Guatemala 38.61 dólares y en Honduras, 38.34 dólares.
Expertos en hidrocarburos y economistas consultados por CONFIDENCIAL apuntan a que las sanciones contra la DNP-Petronic forzaron a esta empresa —que forma parte del feudo de negocios de la familia dictatorial— a disminuir sus operaciones de importaciones petroleras en Nicaragua. Esto empujó al régimen a buscar nuevos mecanismos para lograr utilidades en el negocio de los carburantes.
Refutan argumentos de petroleras y el régimen
Para justificar las ganancias de las petroleras y la política de congelamiento de precios, personeros del régimen argumentan que las economías de los demás países centroamericanos “son mayores” a la nicaragüense, por lo que las petroleras compensan los precios más bajos en combustibles con una mayor venta en volumen.
Otra justificación es que el precio del flete en Nicaragua —otro componente del precio final que asumen los consumidores— es mayor debido a que Nicaragua no cuenta con un puerto en el Caribe.
Ambos argumentos son refutados por el economista Enrique Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo, y quien ha sido uno de los principales críticos y denunciante de la complicidad del régimen y las petroleras.
“Lo del aumento del flete es simplemente una patraña, porque El Salvador tampoco tiene un puerto en el Caribe y Guatemala tiene un problema similar y ahí los precios de los combustibles son de los más bajos en la región”, respondió.
“Estudios de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) han señalado que la capacidad de almacenamiento de Nicaragua es mayor que el resto de Centroamérica. Es como que vos consumís un quintal de frijoles al mes y el otro consume dos quintales, pero vos tenés una capacidad de almacenamiento mayor. Vos podés comprar cuatro quintales y dura cuatro meses. Aquel compra cuatro quintales y solo dura dos meses. Es relativo”, explicó Sáenz en relación con el argumento de las diferencias en el tamaño de las economías.
El economista insistió en que la política de congelamiento de los combustibles “desnudó” la complicidad de la dictadura con las petroleras, que ha persistido desde hace años, con la diferencia que anteriormente, la DNP Petronic era un actor importante en el mercado petrolero nacional.
“La palabra estafa, la palabra robo, se queda corta, Porque solo congelaron los precios de venta a los consumidores, pero no congelaron el diferencial de precio con el resto de Centroamérica. Es decir, son márgenes de sobreutilidad. Es un súperfraude. Antes ordeñaban el Presupuesto de la República. Ahora ordeñan a los consumidores, a los empresarios y al Presupuesto con esta política de congelamiento”, sentenció.
Petroleras tomaron control del mercado
No es la primera vez que el régimen apuesta por el congelamiento de los combustibles por un período para generar sobreganancias que lo beneficiarán, junto con las dos petroleras que operan en Nicaragua, Puma Energy y Uno Petrol.
En 2018, en el contexto del estallido social reprimido con sangre y violencia por los paramilitares y la Policía del régimen, el precio de los combustibles fue congelado durante dos períodos: durante nueve semanas entre mayo y agosto; y cinco semanas entre octubre y noviembre, de ese año.
Los especialistas calculan que el pastel de ganancias generados por esos períodos de congelamiento fue de 7.7 millones de dólares (con los precios vigentes en 2018), que se repartieron principalmente entre los que eran los principales operadores del sector en ese entonces, Puma Energy y la DNP-Petronic.
Pero, las sanciones de EE. UU. redujeron la capacidad de importación de la DNP-Petronic a un promedio de 3% del mercado nacional, por lo que solamente tienen capacidad para suplir a las estaciones de servicio de bandera blanca que han logrado reabrir gradualmente.
Además, las sanciones los restringieron del mercado de ventas al sector industrial, por lo probablemente su único comprador para este tipo de transacciones, sean entidades del Estado.
Esto abrió las puertas para ahora, la petrolera Uno Petrol y Puma Energy, pasarán a controlar el mercado nacional, al contar, en conjunto, con mayores facilidades de importación de combustibles, la mayor red de estaciones de servicio y convertirse en los operadores dominantes de las ventas de hidrocarburos al por mayor para el sector industrial.
Este escenario llevó al régimen a forjar una alianza con estas petroleras, para repartirse las utilidades derivadas de la política de congelamiento de los combustibles, que va en detrimento de los precios establecidos en el mercado internacional, de acuerdo con los analistas.
Pastel de 100 millones de dólares entre petroleras y régimen
Este esquema de congelamiento, de acuerdo con el economista Enrique Sáenz, significa para la dictadura, en complicidad con Uno Petrol y Puma Energy, ganancias que rondan los 100 millones de dólares anuales.
Uno Petrol y Puma Energy operan en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde los precios que ofrecen a sus consumidores de combustibles son notablemente más bajos que en Nicaragua.
En el caso de Costa Rica, donde también operan Puma Energy y Uno Petrol, reportes oficiales de la Secretaría de la Presidencia detallan que en ese país el principal componente del precio de venta al consumidor es el impuesto único, que representa 41% en el caso de las gasolinas y 28% en el diésel, lo que lleva a este país a tener los precios más altos en Centroamérica.
En el resto de los países de la región, el impuesto aplicado representa en promedio 28% y 21% del precio de venta de las gasolinas y el diésel, respectivamente.
Un especialista en el tema petrolero afirmó, bajo condición de anonimato para evitar represalias del régimen, que el mayor porcentaje de las importaciones de combustibles provienen desde Estados Unidos, por su menor precio y el tipo de hidrocarburos que ofertan.
El esquema de importaciones en Nicaragua es controlado en el 97% entre Puma Energy y la UNO Petrol. Antes del golpe de las sanciones, en diciembre de 2019, DNP-Petronic controlaba el 56% de las importaciones de combustibles en el país.
“Antes de 2019, DNP-Petronic llegó a controlar hasta el 67% del mercado y ni aun así los precios bajaron. ¿Quién se quedó con ese dinero? Para mí, fueron las petroleras y en ese sentido es que el Gobierno interviene para regular los precios. Porque estábamos en una situación de que los precios no bajaban y las petroleras aumentaban sus ventas en volumen”, opinó el especialista.
“Pero como aquí todo tiene un componente político, también obedece a que ya la DNP no está dominando en el mercado, por las sanciones”, subrayó.
“Precios de los combustibles ya debieron haber bajado”
En sus informes oficiales, el régimen aseguró que su política de congelamiento de precios ha “generado un alivio a hogares y empresas”. El Banco Central de Nicaragua reportó que el costo de esta política en 2022 fue de 3072 millones de córdobas.
“Normalmente los precios se mantienen fijos por un buen rato y después pueden haber cambios, pero en este caso, los han mantenido por más de un año. Ya es hora de haber bajado”, explicó el especialista.
Este costo de 3072 millones de córdobas (unos 84.4 millones de dólares) es cubierto por un préstamo de 200 millones de dólares que el régimen firmó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para sostener la política de congelamiento de combustibles.
“Entonces, otra pregunta es: ¿Qué está pasando con el excedente? ¿Se lo están echando las petroleras? o los agarra el Gobierno para subsidiar transporte, subsidiar al Ejército o para subsidiar a la Policía o las alcaldías. O a lo mejor van sacar ese bolsón y lo van usar cuando se disparen los precios en el mercado internacional, pero no se ve que los precios de este año lleguen a los niveles del año pasado”, se cuestionó.
“La clave de las petroleras es su participación en el mercado. Es difícil saber con precisión el monto de lo que representa. Hay diferencias de precios incluso entre los mismos clientes directos, porque no es lo mismo venderle a un ingenio azucarero que a una mediana empresas de reparación o refacción de vehículos”, añadió.
Ganancias se concentran en precios sin impuestos
Sáenz explicó que las sobreganancias o sobreutilidades de este esquema radican en los precios sin impuestos de los combustibles. “Donde se mide la tajada por así decirlo que se llevan las petroleras, es en los precios sin impuestos. A lo largo de más de diez años, los precios sin impuestos en Nicaragua han sido sistemáticamente más altos que los demás países centroamericanos”, comentó.
Detalló que “el promedio de precios centroamericanos (sin impuestos) oscila con una diferencia significativa con Nicaragua, que va de 40 hasta 80 centavos de dólar por galón, que al multiplicarlo con el consumo anual de los combustibles, te da una sobreganancia”.
La estructura de costos del precio del combustible en Nicaragua establecen que 23% del valor que pagan los consumidores finales corresponden al Impuesto Específico al Consumo (ISC), el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
“Te insisto en el concepto de sobreganancias porque estos empresarios que operan en toda Centroamérica ya tienen utilidades. Pero, en Nicaragua obtienen un margen de utilidad mayor que el promedio centroamericano y no de manera ocasional, sino sistemática. Y cuando lo multiplicas, resulta que se les extrae a consumidores y a empresarios más de 100 millones de dólares anuales en concepto no de utilidades, sino que de sobreutilidades”, reiteró Sáenz.
