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El miércoles 19 de noviembre de 2025 concluyeron los 30 días de consulta que otorgó el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) para que el público opinara sobre las sanciones comerciales propuestas en contra de Nicaragua, por las violaciones a los derechos humanos y laborales, protegidos por el tratado CAFTA.
Opositores y activistas nicaragüenses consultados por CONFIDENCIAL, calculan que Washington anunciará una decisión en los siguientes 30 días. Ese plazo coincide con el primer aniversario del lanzamiento de la investigación, así como con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos.
El portal dispuesto por el USTR recibió un total de 1879 comentarios presentados por empresas, organizaciones e individuos de Nicaragua y Estados Unidos. Un activista consultado por CONFIDENCIAL, dijo que las organizaciones nicaragüenses en el extranjero efectuaron “un esfuerzo intenso” para lograr un balance entre las empresas transnacionales que piden no imponer sanciones, contra los que sí lo están pidiendo que se castiguen las violaciones al Estado de derecho.
Cinco organizaciones opositoras – CDN Monteverde, AUN, PUDE, AJN, y MSTN– enviaron una carta a la consejera general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jennifer Thorton, cuestionando la posición externada por Neil Herrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de ese país (AMCHAM), que les pide abstenerse de tomar cualquier medida que perjudique los negocios estadounidenses en el país
La respuesta de las organizaciones opositoras remarca que “Nicaragua fue, en su momento, un socio comercial confiable bajo el CAFTA-DR”, y que “las cadenas de valor integradas en Centroamérica han beneficiado a empresas estadounidenses, pero esa era quedó atrás. El régimen Ortega-Murillo ha demolido las bases institucionales que sustentaban ese marco. Hoy el país es una dictadura familiar consolidada, total en su control, similar a Corea del Norte en su estructura, y alineada con adversarios geopolíticos de Estados Unidos”.
Añaden que AMCHAM Estados Unidos enfatiza que el CAFTA es estratégico para su país pero omite que, gracias a los Ortega-Murillo, “también se ha vuelto estratégico para China”. El régimen ha otorgado centenares de miles de hectáreas en concesiones mineras a empresas chinas, y acaba de lanzar una iniciativa para crear zonas económicas especiales, “con el objetivo de atraer manufactura china orientada a ingresar libre de aranceles al mercado estadounidense”, usando el CAFTA.
“Mantener a Nicaragua en el CAFTA-DR sin condiciones equivale a permitir que China aproveche una dictadura aliada para insertarse en cadenas de suministro estadounidenses, esquivando los controles regulatorios y arancelarios que Washington ha impuesto a Beijing”, complementa.
Cuándo y cuánto
La investigación efectuada concluyó que “las leyes, políticas y prácticas” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo abusan de los derechos laborales, los derechos humanos y las libertades fundamentales. También, que están desmantelando el Estado de derecho. A juicio de Estados Unidos, estos actos “son irrazonables” y constituyen una “carga o restringen el comercio estadounidense”. De ahí que propusieran excluir al país de algunos o todos los beneficios que otorga el CAFTA, o aplicar aranceles a las importaciones nicaragüenses.
La pregunta, además de cuándo se hará el anuncio, es cuál será el grado de profundidad de las sanciones a imponer. El liderazgo opositor consultado por CONFIDENCIAL no tiene duda alguna de que habrá sanciones. “El proceso probatorio está superado. Ya quedó claro que son culpables. Ahora estamos en una etapa condenatoria”, explicó Juan Sebastián Chamorro, miembro del Consejo Político de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde.
Un abogado que ha dado seguimiento a ese proceso coincide con Chamorro, al definir la pesquisa del USTR casi como si fuera un juicio. “El resultado de la investigación es que Nicaragua es responsable de malas prácticas que afectan negativamente el comercio con Estados Unidos, y que hay incumplimiento del tratado y de compromisos internacionales de parte de Nicaragua. Ya está dada la condena. Eso es inamovible. Ahora hay que decidir cuál será la pena”, detalló.
Eso reduce la ecuación a solo dos variables desconocidas. El cuándo, que las fuentes ubican entre noviembre de 2025 y enero de 2026. La falta de certeza viene del hecho que no hay un plazo establecido para reaccionar; que Nicaragua no es prioridad en estos tiempos convulsos, y que todo eso depende de la agenda del presidente Trump.
También hay muchas dudas acerca del cuánto. El abogado explica que lo que está en juego es “la dimensión, la dureza de la sanción. Suspender CAFTA, o elevar los aranceles al 20, 25, 30, y hasta el 100%, que es la máxima sanción propuesta”. El activista mencionado antes, señala que, incluso un arancel de solo 10%, sumado al 18% existente, se acerca a un 30%, “y eso nos saca del juego”.
Un ejemplo de ello, es el argumento presentado por Cupid, una empresa de zona franca textil quien dice que el arancel de 18%, los hizo perder 3.4 millones de dólares en cinco meses. En una poco usual coincidencia de intereses, el sindicalista Pedro Ortega, de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas indica al USTR que el incremento del 18% ya ha provocado al menos 6000 empleos perdidos.
Nada cambiará el rumbo de la dictadura
Las fuentes consultadas coinciden en otro elemento del análisis: si bien las sanciones pueden golpear de diversas formas tanto las finanzas del país como las de la familia gobernante, eso no hará que los Ortega-Murillo varíen el rumbo de cooptación del Estado y acumulación de riquezas que llevan hasta ahora.
“Veo muy difícil que Ortega quiera hacer un viraje a estas alturas. Por muy alto que sea el costo para la población, ellos han mostrado un desprecio total por la situación de los nicaragüenses”, dijo Chamorro. Enfatizó en que el régimen no ha hecho concesiones en siete años de sanciones individuales e institucionales, ni después los muchos mensajes que les han enviado las distintas administraciones estadounidenses, a los que ellos simplemente han ignorado.
El abogado también descarta ese escenario. “Los Ortega-Murillo están clarísimos que en el momento en que aflojen en su política de control social y de represión pierden el poder. Que si ceden en algo, a cada momento se les va a pedir más, y cada día tendrán que dar más concesiones”, detalló.
“Conociendo a esa gente, no los veo dispuestos en absoluto a variar su modelo autoritario y de control social, porque saben que la eficacia en su modelo de estado de terror es lo único que les sostiene en el poder. Que cualquier debilidad pone en riesgo su perseverancia en el poder”, reiteró.
Para la activista Haydee Castillo, “la dictadura solo piensa en su beneficio, y se aferra a su alineación con el bloque China-Rusia-Irán”. Pero no descarta la opción de que el régimen se abra a una negociación política a solicitud de cualquiera de las partes. Más que todo por “la obsesión de la dictadura de permanecer en el poder y de su lucro económico, pues el pueblo jamás ha sido su prioridad”.
Finalmente, la activista abogó porque haya un costo para el violador de los derechos de los nicaragüenses. Y si bien entiende la posición de empleados y empresarios que temen pérdida de inversiones y destrucción del empleo, también se pregunta qué pasó con los ciudadanos cuyos derechos fueron confiscados.
“Veo preocupación en que el sector de zona franca pudiera ser afectado, pero hay otro montón de sectores de la economía de Nicaragua que ya perdieron 100 000 empleos formales. Hay un millón de nicaragüenses en el extranjero, producto de esta situación de violación de derechos, y desmantelamiento de la democracia. Y los Ortega-Murillo tienen que pagar por eso”, sentenció.
