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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se ha convertido en una instancia subordinada al control político de Rosario Murillo, resolvió solo 245 recursos de casación en 2025, de una meta programada de 1999. La cifra —equivalente a un cumplimiento del 12.3%— evidencia que, tras la intervención política, el máximo tribunal perdió capacidad para cumplir con sus funciones esenciales de administrar justicia y garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
El dato, según información del Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2025, confirma además que se trata de la peor caída en el desempeño de la CSJ en los últimos cinco años.
“Es la consecuencia digamos de la intervención política en la Corte, pero sobre todo de la incapacidad que tuvo de integrar salas. Al impedirse la integración de las salas, no había forma de que el órgano jurisdiccional dictara providencias, ni siquiera auto, ya no digamos una sentencia”, explicó a CONFIDENCIAL, el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena.
En octubre de 2023, la CSJ entró en una parálisis interna tras el desalojo de su presidenta, Alba Luz Ramos, después del operativo policial ordenado por Murillo.
Un mes después de la salida de Ramos, el número de trabajadores despedidos ascendía a 900. Las purgas continuaron en 2024, con una nueva ola de destituciones que elevó la cifra a 1100 personas.
Tras la expulsión de Ramos, el magistrado Marvin Aguilar fue señalado como “presidente en funciones”, pero nunca fue formalmente nombrado sino que fue obligado a salir de la Corte, en diciembre de 2025, bajo el argumento de problemas de salud.
En noviembre de 2025, el régimen ya había nombrado nuevos magistrados de la Corte, pero Barberena duda que el cambio tenga una “razón de una correcta administración de justicia”.
“Los magistrados que están en las distintas salas están operando políticamente”, señaló Barberena.
El exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán explicó que este estancamiento se ha visto agravado por problemas internos de gestión y recursos humanos. “La Corte estuvo paralizada desde hace rato, desde la intervención de octubre de 2023. Si trabajando no resuelven mucho, ahora cuando no estaban haciéndolo”, cuestionó Morazán.
Desplome en sentencias de casación
Entre 2020 y 2023, la Corte mantuvo niveles relativamente estables de resolución de sentencias, incluso con sobrecumplimiento en 2021. Sin embargo, en 2024 comenzó un desplome que se profundizó en 2025, restando la capacidad operativa del tribunal.
Desde 2020, la CSJ ha resuelto un total de 10 025 casos de casación, distribuidos por año de la siguiente manera:
- 2020: 2394 sentencias de una meta programada de 2568 casos.
- 2021: 2504 casos resueltos que representan 131.7% de ejecución de 1902 casos programados este año.
- 2022: la CSJ resolvió 2167 casos de 2494 casos programados.
- 2023: 2049 sentencias ejecutadas, equivalente al 91.8% de un total de 2231 casos programados.
- 2024: 666 sentencias de una meta de 2251, es decir 29.6%.
- 2025: 245 sentencias ejecutadas (12.3%).
El rezago responde a una pérdida de capacidad institucional. En términos prácticos, implica que hay decenas de casos quedaron sin resolución en la última instancia judicial.
“Puede que se hayan resuelto algunos de esos recursos, pero el tema es cuánto tiempo después de que se interpusieron los recursos. Entonces, justicia tardía realmente no es justicia”, añadió Barberena.
Según Morazán, más que reducir los casos pendientes, los esfuerzos institucionales se han enfocado históricamente en intentar mitigarlo. “Lidiar con la retardación de justicia es solamente buscar cómo reducirla, pero es algo que siempre va a existir —subrayó el exfuncionario judicial—, y muchos casos que tienen connotación política no se resuelven rápido o se engavetan”.
Impacto en usuarios del sistema judicial
Para las personas que esperan una sentencia definitiva, en la última instancia de la administración de justicia en el país —subrayó Barberena—, tiene consecuencias negativas. La casación es el último recurso dentro del sistema judicial, por lo que su retraso prolonga indefinidamente los procesos.
La falta de resolución de los casos vulnera “el derecho a una justicia pronta, eficaz y con celeridad”, reconocido en estándares constitucionales e internacionales.
El impacto es más evidente en materia penal. Las personas que recurrieron en casación permanecen sin una decisión definitiva. “Se violenta el principio de presunción de inocencia”, advirtió, al referirse a quienes continúan detenidos sin que exista una sentencia firme.
La falta de celeridad en las sentencias de casación también tiene efectos en otras áreas, es decir, procesos civiles y de familia quedan sin resolución durante años. Barberena mencionó casos de demandas de pensión alimenticia que siguen pendientes en casación, lo que genera situaciones de vulnerabilidad. “Se afecta el principio de igualdad superior del niño”, agregó.
El abogado también señaló prácticas en los tribunales de apelación que limitan el acceso a la Corte Suprema. Según explicó, algunas salas rechazaban recursos de casación con argumentos de fondo, pese a que su función es únicamente revisar requisitos formales.
“Estaban declarando inadmisibles los recursos pronunciándose sobre el fondo”, afirmó. Esto, agregó, impedía que los casos llegaran a la Corte. “Se evitaba que los recursos formaran parte de la estadística oficial”, dijo.
¿Qué pasa en otras instancias judiciales?
El problema no solo se limita a la CSJ. Los tribunales de apelación tampoco tuvieron un buen desempeño.
En 2025, de 2196 resoluciones de recursos y otros trámites programados, solo se resolvieron 586. En cuanto a sentencias de asuntos en apelación, se resolvieron 4540 de un total de 5545 casos.
La Corte recibió en 2025 un presupuesto 4143.5 millones de córdobas. De ese monto, se gastaron 3837.9 millones, lo que dejó un saldo de 305.6 millones y un nivel de ejecución del 92.6%.
Pese a este alto nivel de gasto, los resultados en la resolución de casos no mejoraron.
