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La recomendación de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) de imponer sanciones comerciales contra Nicaragua, tendría efectos devastadores para Nicaragua, según varios economistas y politólogos nacionales. Las medidas incluyen aplicar aranceles de hasta el 100% a las exportaciones nicaragüenses a su país, o la suspensión de algunos o todos los beneficios del CAFTA hasta por doce meses.
Imponer aranceles del 100% “tendría efectos que serían dramáticos para la economía nacional”, aseguró el exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro. “Es una mala noticia, porque un tratado comercial con China o Rusia no va a poder sustituir” las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), añadió. Por su parte, el politólogo Manuel Orozco lo vio como una amenaza para miles de empleos, y la permanencia en el país, de decenas de empresas de capital extranjero.
Para Haydeé Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (en el exilio) “los únicos responsables de cualquier acción de Estados Unidos en torno al TLC con Nicaragua son [Daniel] Ortega y Rosario Murillo, quienes lejos de pensar en las consecuencias para el pueblo, violentan a su gusto y antojo los acuerdos suscritos”. Por su parte, la Fundación Libertad, presidida por Félix Maradiaga, lamentó “profundamente el impacto que estas medidas puedan tener sobre los trabajadores y el sector exportador”.
La razón argumentada por el USTR es que el Gobierno de Nicaragua implementa políticas y prácticas “relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”. Tales conductas “son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio de Estados Unidos”, aseveran.
El 10 de diciembre de 2024, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció el inicio de una investigación de las políticas y prácticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La pesquisa se llevaría a cabo “de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada”. El politólogo Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, del Diálogo Interamericano, considera que el sector exportador más perjudicado será el de la industria textil que opera en régimen de zona franca, “afectando 100 000 plazas de trabajo”. En la mayor parte de los casos, se trata de empresas de capital extranjero.
La suma de los aranceles más altos que ya debe soportar esta industria, con las amenazas que representan las sanciones propuestas, podría generar el traslado hacia otras jurisdicciones que no presenten tanta turbulencia. “Con esas medidas, lo más probable es que las empresas textileras se irán de Nicaragua a reubicarse a otros países de la región”, aseveró el experto. El riesgo también es latente para las exportaciones agrícolas y las de oro, dos sectores que están entre los principales proveedores de divisas para el país.
También hay riesgos para el sector financiero
Orozco también señaló la posibilidad de que se aplique el capítulo 12 del CAFTA, que procura facilitar el acceso a mercados financieros sin obstáculos. “La Administración podría fácilmente hacer financial de-risking. Eso sí sería una bomba atómica”, señaló Orozco.
El término hace referencia a la decisión de implementar medidas que reduzcan el riesgo financiero. Generalmente, conlleva al cierre de cuentas bancarias y corresponsalías a una entidad o industria, cuando ésta representa un alto riesgo. “Puede incluir el pago de remesas”, advierte Orozco. El riesgo de que el presidente Trump tome alguna decisión punitiva contra Nicaragua es alto, considerando que “el contenido del informe es contundente de cómo Nicaragua ha usado el sistema político para mantener una competencia desleal”.
Más de USD 3700 millones en intercambio comercial en 2024
Antes del anuncio de la representante Tai, diversos integrantes del estamento político estadounidense se habían pronunciado por imponer sanciones comerciales a la dictadura. Para lograrlo, se usarían las herramientas legales incluidas en el Tratado de Libre Comercio. A finales de enero de 2025, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, declaró que a ese país no le interesa tener a Nicaragua como socio comercial.
A principios de la década, se calculaba que excluir a Nicaragua del TLC le costaría al país más de 1500 millones de dólares anuales. El intercambio comercial entre ambos países creció en los siguientes cuatro años. En 2024, Nicaragua exportó mercancías a Estados Unidos por 1624 millones de dólares. Ese mismo rubro superó los 992 millones a junio de 2025. A la vez, el país compraba productos estadounidenses por 2108 millones en 2024, y por 1001 millones en los primeros seis meses de 2025.
Todavía es muy pronto para saber cuál de todas las opciones asumirá el presidente Trump, porque el USTR dio hasta antes del 19 de noviembre de 2025 para que el público haga comentarios por escrito sobre las medidas propuestas. En abril pasado, durante lo que el mandatario denominó ‘Día de la Liberación’, impuso a Nicaragua aranceles más altos que al resto de países de Centroamérica. El resultado, vaticinaron entonces varios expertos consultados por CONFIDENCIAL, es que los exportadores nicaragüenses perderían más competitividad con respecto a sus pares del istmo.
En su análisis, el economista Chamorro cita el Informe para recordar que los investigadores estadounidenses tomaron en cuenta 160 testimonios, publicaciones de medios de comunicación, y reportes de organismos internacionales. Esa información les sirvió para hacer “un recuento bastante exhaustivo de la situación en Nicaragua”, consideró.
Mencionó, entre otros, la declaración de los representantes de Puerta de la Montaña relatando que habían sido confiscados por hasta cinco millones de dólares de manera arbitraria. También, que sus pasaportes y certificados de nacimiento emitidos en Estados Unidos, fueron arrebatados por la Policía Nacional. Adicionalmente, mencionó la demanda multimillonaria de Riverside Coffee LLC contra el Estado nicaragüense, la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), y la persecución religiosa en general.
El reporte afectará a la economía del país incluso si el presidente Trump no hiciera nada, “porque estará disponible para cualquier inversionista potencial, que tendrá que lidiar con esta publicación”, explicó Chamorro. El economista opina que el régimen de Ortega y Murillo será responsable de las consecuencias de cualquier acción del Gobierno de Estados Unidos. Sea cual sea.
