16 de agosto 2023
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La dictadura orteguista acusó de "terrorismo" a la Universidad Centroamericana (UCA), y ordenó la incautación de todos sus bienes inmuebles y de sus cuentas bancarias. La orden se ejecutó a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua. Ocurrió este 15 de agosto. Al mediodía del 16 de agosto, la UCA confirmó su confiscación y la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas, mediante un comunicado.
Fuentes vinculadas al Poder Judicial y de la universidad confirmaron la orden de confiscación de la UCA. Sin embargo, el oficio no se encuentra publicado en el sistema electrónico del Poder Judicial.
La UCA confirmó que fue notificada el 15 de agosto, a las 05:29 minutos de la tarde.
Confiscación de la UCA incluye todos los bienes y cuentas bancarias
La UCA detalló que el oficio de la jueza notifica "la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA".
Además, indica que todos los bienes incautados a la UCA pasarán "a favor del Estado de Nicaragua". Por esto, agregan, la jueza giró oficios a distintas entidades del Estado para que procedan con la confiscación. Entre estas: el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), la Dirección Nacional de Registros, la Policía Nacional, y la Procuraduría General de la República.
La jueza orteguista argumentó que la UCA "funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas".
La UCA: Son "señalamiento infundados"
En su comunicado, la UCA indicó que la incautación de sus bienes y cuentas, "se toman en correspondencia a señalamientos infundados". Además reiteró su compromiso con "una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años".
La acusación orteguista también asegura que los directivos de la UCA "atentaron de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación del pueblo nicaragüense". E indica que estos incitaron "a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación y convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional".
Agrega que los directivos de la universidad jesuita "traicionaron la confianza del pueblo nicaragüense" y que por ello "son y continúan siendo traidores al pueblo nicaragüense".
La UCA suspenden todas sus actividades
Ante este nuevo zarpazo de la dictadura, la universidad comunicó a la comunidad estudiantil la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas, a partir de este miércoles 16 de agosto.
Desde hace una semana las cuentas bancarias de la UCA permanecen bloqueadas y los bienes inmuebles fueron inmovilizados.
A pesar de ello, la universidad continuó funcionando. De hecho, este martes 15 de agosto, los trabajadores de la UCA fueron notificados de que se procedería con los pagos correspondientes a la primera quincena de agosto. Aunque los pagos no se pudieron concretar.
Trabajadores resienten la embestida
“Claudia”, una trabajadora del área administrativa, explicó que en varias ocasiones revisó su estado de cuenta bancaria, confirmando de esta manera que la universidad no le ha pagado su quincena correspondiente. Asegura, sin embargo, que lo que más le preocupa es la falta de información.
“Aún no sabemos nada, no sabemos si nos van a pagar, la universidad no nos ha dicho nada”, advierte la fuente. “Me siento bien preocupada, ya que mi familia depende de los ingresos que tengo en este trabajo”, agrega.
“Verónica” es docente horaria de la UCA, en el periodo intersemestral que acaba de concluir. Ella tuvo a su cargo una tutoría y se estaba preparando para impartir dos asignaturas correspondientes al segundo semestre 2023. La universidad debió pagarle por la tutoría el 11 de agosto, dos días después que el régimen ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias, pero hasta este 15 de agosto no había recibido su pago.
“Durante mi tiempo de trabajo con la UCA, mi contrato es por servicios profesionales, nunca se había retrasado un pago y entiendo que en esta ocasión está relacionado con la congelación de las cuentas bancarias”, expresó la docente.
La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Estudiantes no lograron obtener certificados de notas
En la última semana la UCA estuvo funcionando con “normalidad”, pero el ambiente laboral era “estresante” y lleno de “incertidumbre”, valoró "Claudia". Por lo que la comunidad estudiantil está expectante de lo que pueda suceder en los próximos días.
“A nivel interno la situación es tensa”, advierte “Verónica”. “No sabemos más de lo que sale en los medios de comunicación porque el caso está siendo manejado de manera hermética”, agrega.
Mientras tanto, en el departamento de administración de la universidad, las facturas por pagar se acumularon cada día. Y, en la oficina de Registro Académico, se acumuló el número de estudiantes que intentaron gestionar su certificado de notas como una medida preventiva.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado 26 universidades nicaragüenses en dos años y medio, desde finales de 2021 a mediados de 2023. De estas, once fueron confiscadas.
“La UCA no sería la primera universidad que cierran, hay una lista que nos antecede, y justo por eso tememos tanto”, advierte “Verónica”. Al régimen “no le va a temblar la mano para cerrar un espacio tan importante, como es la UCA”, subraya.
Universidad Centroamericana fue asfixiada
El pasado 14 de agosto, cuando la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quitó la acreditación para operar como centro de mediación alterno de conflictos al bufete jurídico de la universidad, que tiene 54 años de brindar servicios a la población.
Ante la revocación abrupta, la UCA informó este mismo lunes, a través de un correo electrónico y de sus redes sociales, que el bufete jurídico “continuará brindando servicios jurídicos a la población en el horario acostumbrado”. Sin embargo, ya no realizarán los procesos de mediación como método alterno de resolución de conflictos.
