12 de marzo 2025
AA
Share
Appleton & Associates, la firma de abogados que representa a Riverside Coffee LLC, presentó un escrito ante el representante comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer, en el que solicita que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tome medidas en contra del Estado de Nicaragua, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de ese país.
Riverside Coffee LLC es una empresa de capital estadounidense que, en 2021, presentó una demanda por más de 689 millones de dólares en contra del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific), en representación del Estado nicaragüense, en compensación por la invasión de una propiedad de casi 1225 hectáreas de extensión.
Según la acusación, en los terrenos de la Finca Santa Fe, ubicada en Jinotega, se estaba desarrollando un cultivo de aguacates para la exportación. El proyecto fue cancelado luego de que grupos de paramilitares invadieran la propiedad, sin que la Policía Nacional hiciera nada para impedirlo, según la acusación presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es una entidad del Banco Mundial.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2024, se anunció que el USTR iniciaría una investigación acerca de las políticas y prácticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho” en Nicaragua. La investigación “se llevará a cabo de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada”, se anunció en su momento.
Riverside Coffee: Cerrar acceso a mercados de EE. UU.
El documento que Riverside Coffee LLC presentó este 7 de marzo de 2025 ante el USTR, es una decisión que no se enmarca en la investigación que el USTR ya lleva en marcha, sino que es parte de “la iniciativa de Aranceles Recíprocos de la Administración Trump, que podría conducir a aranceles inmediatos y amplios sobre las importaciones procedentes de Nicaragua a partir del 2 de abril de 2025”.
Más allá de lo que decida el mandatario estadounidense, el bufete de abogados pide al USTR que imponga aranceles a las importaciones nicaragüenses. Adicionalmente, le insta a “suspender los beneficios comerciales de Nicaragua bajo el Cafta”, lo que incluye la posibilidad de “suspender su acceso a los mercados estadounidenses”.
Aunque ha venido disminuyendo la importancia relativa de Estados Unidos como principal mercado de destino de las exportaciones nicaragüenses, esta todavía sigue siendo alta. Según el Informe de Comercio Exterior del cuarto trimestre de 2024, elaborado por el Banco Central de Nicaragua, el 38.7% de los ingresos por ventas al extranjero, provino de ese país.
En materia de sanciones, opinan que “el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debería ampliar las sanciones globales Magnitsky, apuntando directamente contra los funcionarios nicaragüenses responsables de orquestar las expropiaciones de tierra, y la violación de tratados comerciales”.
Imponer sanciones al amparo del Cafta
Al alegar en nombre de Riverside Coffee LLC, la firma de abogados Appleton & Associates menciona con lujo de detalles no solo los atropellos sufridos en su propiedad invadida en 2018, sino también que “el informe de 2025 de los expertos de la ONU también confirma la falta de un poder judicial independiente en Nicaragua, lo que perjudica fundamentalmente el Estado de derecho. Esto también perjudica significativamente el comercio estadounidense en la región”.
Esa acción habría generado pérdidas iniciales que los letrados calculan en un poco más de 200 millones de dólares, así como afectaciones a la cadena de suministro dentro de ese país. De paso, alegan que “las acciones de Nicaragua disuadieron nuevas inversiones estadounidenses en la región, lo que resultó en miles de millones de dólares en pérdidas comerciales y negocios potenciales”.
“La conducta de Nicaragua erosiona la confianza de los inversores, desalentando a las empresas estadounidenses de realizar futuras inversiones en la región”, añade asegurando que en el país se aplica una “política de Estado de invasión de tierras”.
“Nicaragua tiene una larga historia de invasiones de tierras. En los últimos años, principalmente desde la crisis sociopolítica de 2018, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha apoyado o tolerado invasiones de tierras. Los inversores estadounidenses como Riverside han sido víctimas del patrocinio del Gobierno sandinista de invasiones de tierras que han causado grandes daños económicos y, en última instancia, la pérdida de la inversión”, asevera ante la USTR.
Al referirse al otro gran argumento de su escrito, la firma de abogados señala que “a la luz de la erosión generalizada del Estado de derecho bajo el régimen actual de Nicaragua, cualquier medida de respuesta emprendida por Estados Unidos debería incluir mecanismos sólidos para monitorear continuamente el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en virtud de tratados comerciales. La supervisión continua es fundamental para disuadir la adopción de actos, políticas y prácticas irrazonables o discriminatorias que carguen o restrinjan ilegalmente los intereses comerciales de Estados Unidos”.
En dependencia de cuáles sean sus hallazgos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos tiene —entre otras— la opción de imponer restricciones a las exportaciones nicaragüenses, suspender las preferencias comerciales que otorga el Cafta, y ampliar las sanciones contra funcionarios involucrados en la expropiación de inversiones estadounidenses.
