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La investigación de la Oficina de Comercio de Estados Unidos confirmó lo que se ha planteado desde hace años: que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha aprovechado del acuerdo de libre comercio conocido como CAFTA-DR a costa del pueblo de Nicaragua a través de violaciones laborales de múltiple índole.
Los empresarios exportadores no han recibido placenteramente la noticia de la investigación, pero tampoco era una sorpresa.
Uno de los resultados más probables de esta investigación es que muchos negocios opten por irse del país ante el temor a una tarifa punitiva de más del 20% (o hasta del 100%), como ocurrió inicialmente contra la República Popular China.
El período de observaciones abre espacio a las empresas para plantear cómo estas medidas les afectan de forma directa. Sin embargo, el Tratado es con el Estado de Nicaragua y si ellos plantean que los efectos económicos y laborales puedan generar más migración, no es algo que la administración considere como válido, dada la magnitud y dimensión de los hallazgos. El riesgo moral no es una consideración para esta administración.
De inmediato, el mensaje crea un desincentivo para empresas que ya estaban lidiando con el porcentaje de arancel extra en comparación con los otros Estados miembros de CAFTA-DR.
Hay tres partes afectadas: las empresas comerciales y de turismo que harán un lobby para mitigar la situación alegando acciones no punitivas; empresas que operan regionalmente y considerarán reubicarse en otros lugares del resto de los países miembros del tratado; y el gobierno de Nicaragua que podría intentar acercarse a Estados Unidos rechazando las demandas, pero con poco éxito.
El mundo sabe que Nicaragua no es una democracia y que explota a sus trabajadores. Para los otros Estados miembros, era de esperarse que la decisión de EE. UU. de sacar a Nicaragua de CAFTA ya estaba hecha y los países de la región venían realizando negociaciones bilaterales al margen de Nicaragua.
¿Cuáles serían los efectos de las medidas de EE. UU.?
Aunque hay un periodo de tiempo para obtener insumos de las partes interesadas, la respuesta de quienes otorguen insumos será predominantemente similar a la consulta que ofrecieron en enero 2025, penalizar al Estado.
Potencialmente, el efecto directo va sobre empresas extranjeras de la Zona Franca (menos de 170, un tercio norteamericanas) que exportan 70% del total hacia Estados Unidos; más de 12% de la exportación hacia Estados Unidos es oro (con empresas como Calibre que maneja el 50%). Cerca del 25% de las exportaciones incluyen café, banano, ganado, tabaco, principalmente son negocios de empresas nicaragüenses.
Dentro del marco de las acciones recomendadas, también pueden ser afectados los servicios como el turismo y la compra del dólar para el cambio de moneda local. Un efecto de esta investigación y posiblemente las acciones a tomar pueden ser el ‘desriesgo financiero’. La decisión del sector financiero de cortar vínculos con empresas que operan en Nicaragua por razones de alto riesgo financiero que representa el país dada la magnitud del informe que es condenatoria del régimen como un Estado que efectivamente actúa contra los intereses de Estados Unidos.
Es muy probable que el régimen opte por presionar a empresarios amigos o que operan en la Zona Franca a no irse del país.
Los datos son los siguientes:
Hay más de 1000 empresas nicaragüenses que serían afectadas de forma directa y potencial, que manejan la producción y exportación de bienes agroexportables y que rentan locales en la zona franca. Desde el 2017 los datos muestran que no más del 2% de los 150 000 negocios en Nicaragua trabajan en el sector exportador.
Nicaragua tiene una fuerza laboral de 3 millones de trabajadores; más del 70% trabaja en la economía urbana, tres cuartas partes en la informalidad. La mano de obra que trabaja en la economía agrícola está bifurcada en el sector exportador (oro, agricultura) y producción alimentaria nacional.
Los trabajadores afectados potencialmente oscilan entre 115 000 de zona franca, 35 000 de minerales como el oro y más de 200 000 trabajadores agrícolas estacionales que trabajan en agroexportación.
Hay que tener presente que la mitad de las exportaciones de Nicaragua son a Estados Unidos, y el bloque de exportación agrícola está fuera del mercado de Estados Unidos, y va hacia Centroamérica y Europa. El cálculo de las consecuencias recae sobre la dictadura.
La matriz de comercio y la economía nacional muestran que el derrame económico sobre las cuentas nacionales de las exportaciones es de menos del 30%, ya que la gran mayoría de estas exportaciones operan en enclaves económicos como la zona franca y la minería y se apoyan de cadenas de valor globalizadas con poco derrame al interior del país.
Más bien, la dependencia de insumos primarios de Nicaragua hacia Estados Unidos ha crecido para mantener el sector exportador (es decir, la cadena de valor nacionalmente es pequeña, excepto en agroexportación). Paralelamente, lo que ha hecho el régimen es expandir su dependencia de China en la importación de bienes primarios como sustitución de Estados Unidos y beneficiar a sus propias empresas.
El punto principal es que este proceso no es un juego suma cero que evoca el riesgo moral como defensa (que solo el trabajador y el empresario pierden), pero estas denuncias no son nuevas y los costos afectan a diversos sectores, especialmente a la dictadura.
La advertencia de que Nicaragua está violando el tratado CAFTA lleva más de cinco años y no es exclusivamente un capricho de la Administración Trump—la investigación se inició el año anterior, y durante la primera administración de Donald Trump los reclamos sobre las violaciones habían traslucido con la aprobación del Nica Act.
El punto clave es que este informe es una respuesta proporcional a las acciones del régimen de Ortega-Murillo en contra de su población.
Para Estados Unidos, la salida lógica es excluir a Nicaragua de los beneficios del CAFTA.
Las opciones del régimen
Para Estados Unidos, las acciones sobre Nicaragua son punitivas, proporcionales a la represión y violaciones de la dictadura. El Gobierno de Donald Trump no tiene postura de negociación y menos de diálogo. Cualquier solución está en manos del régimen, ya que ellos son la parte causal del daño y son quienes tienen que ofrecer un remedio.
La dictadura puede mitigar el riesgo que acarrea una decisión mínima (los ítems 1 y 2 de las recomendaciones de suspender al país del tratado) sobre Nicaragua durante el 2026. Esta suspensión temporal es la oportunidad que la Oficina de Comercio le propone a Nicaragua para remediar el daño.
La cogobernante Rosario Murillo y el equipo que la apoya tienen pocas opciones. Una de ellas es solicitar una moratoria para introducir cambios concretos, positivos y proactivos de parte de Nicaragua que incluya una hoja de ruta que saque al país del estatus dictatorial. Aunque mucho de esto implica tragarse el orgullo, los Ortega-Murillo se están arrinconando solos y no hay mucho de por medio que los salve. Tentativamente, la respuesta de solicitar una moratoria debe ser manejada con madurez de manera convincente, es decir, abrir un proceso de transición política que incluya:
- Restablecer de manera inmediata el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses: liberar a los presos políticos, devolver las confiscaciones, eliminar la desnacionalización y las falsas acusaciones contra miles de expatriados, facilitar la llegada de nicaragüenses que quieran retornar sin temor a represalias.
- Reformar la constitución, anular las leyes represivas impuestas desde 2019 (como la de agentes extranjeros, ley de soberanía, la nulificación de partidos políticos, y otras más);
- Reorganizar la Policía, disminuyendo su tamaño y reformar el aparato de justicia, desligando a la Procuraduría de las funciones penales;
- Convocar a un encuentro político para el adelanto de elecciones con garantías, tras la suspensión del Estado policial
Estas medidas son el remedio mínimo que deberían proponer los cogobernantes. La otra opción que tienen es continuar la ruta represiva, rechazar la investigación de la Oficina de Comercio, y provocar más a Estados Unidos, proclamando un inútil alineamiento con China que no puede sustituir al mercado norteamericano.
El escenario económico de Nicaragua para el 2026 mostraba ya señales de contracción económica, causada por el agotamiento del modelo de la dictadura. Si lo que Rosario Murillo quiere con su soberbia es cavar su tumba más profundamente, la disidencia al interior del país y la población misma le harán el favor de enterrarla, porque ni los más fanáticos partidarios del régimen van a querer que los metan en el mismo saco de una confrontación destinada al fracaso, al provocar el colapso de la economía y una eventual protesta social que reprimirán con la violencia policial y paramilitar.
Desde que Estados Unidos inició la investigación 301 en enero 2025, hasta octubre de este año, la radicalización autoritaria no ha cesado, sino que más bien se profundizó con más represión y destierros, purgas internas, alianzas oportunistas con China y Rusia, sembrando la semilla de la desaceleración económica. Si la dictadura no corrige ahora el rumbo del país, el sector privado, los productores, y los propios beneficiarios de sus políticas prebendarias, le pasarán la factura por el desempleo masivo, la fuga de empresas, y el estancamiento económico.
Las conclusiones y recomendaciones del informe de la Oficina de Comercio de Estados Unidos son la última oportunidad para remediar y cambiar las cosas.
