2 de julio 2024
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La barrida en el Poder Judicial de Nicaragua, ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, que inició a finales de octubre de 2023, no se ha detenido y acumula, hasta la fecha, más de 1100 despedidos a nivel nacional, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a ese poder del Estado y un exfuncionario judicial.
A mediados de junio de 2024 destituyeron a varios servidores públicos de áreas administrativas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Los despidieron de forma verbal, no les informan ni siquiera las razones. Uno solo ve que los llaman y los sacan sin dejarles sacar nada”, detalla Ana, una trabajadora del Poder Judicial de Managua.
“Aunque en un momento los despidos parecieron haber cesado y solo escuchamos de interrogatorios, se han seguido contabilizando personas que son apartadas de sus cargos sin ninguna explicación y con ellos evitamos tener contacto por temor”, explica.
La purga en el Poder Judicial inició el 24 de octubre de 2023, con el golpe policial ejecutado por el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, contra la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, desalojada de su oficina y enviada a su casa.
Hasta noviembre de 2023, CONFIDENCIAL había corroborado que los despedidos, entre los que se encontraban magistrados, directores de áreas, jueces y secretarias de instancias centrales y locales, así como personal administrativo, eran al menos 900 personas. Desde entonces, más de 200 trabajadores se han sumado a la lista de despedidos.
Menos presupuesto, igual a más despidos
“La reorganización política interna continúa y lo hacen sin aplicar ningún procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, ni en la Ley de Carrera Judicial. Incluso han corrido a fanáticos sandinistas que se han caracterizado por ser muy serviles al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, afirma el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán.
Para 2024, el presupuesto del Poder Judicial reflejó una reducción del 80.5% —942 millones de córdobas— en el rubo de “salarios permanentes”, lo que dejó en evidencia la ola de despidos ordenada por la dictadura. “Por eso han tenido que seguir corriendo, para ajustarse a ese nuevo presupuesto, porque además han quitado funciones al Poder Judicial e incluso desaparecido áreas”, señala Morazán.
La CSJ tenía aproximadamente 9000 empleados y tras la barrida se han eliminado las plazas de trabajo de un poco más del 12% del personal, sin otorgarles una carta de despido, liquidación, pasivo laboral ni fondo de pensiones. “Han contratado algunas personas para reponer algunos cargos, pero son muy pocas”, indica el extrabajador del Poder Judicial.
Morazán cuenta que una de las últimas despedidas fue Ángela Fernández Irías, quien laboró por años en un alto cargo administrativo dentro de la Dirección General de Despachos Judiciales. “Ella se creía intocable por codearse con poderosos, por estar integrada al trabajo político y por ser familia de un héroe de la lucha sandinista, pero queda demostrado que no hay inmunidad para nadie”, insiste.
Las diez vacantes de magistrados en la CSJ, que se esperaban fueran ocupadas por “funcionarios leales” a Rosario Murillo en enero de 2024, siguen vacantes. Para Morazán evidencian que ese poder del Estado está “intervenido” y “paralizado”.
“El nuevo secretario general administrativo de la CSJ, Róger Eduardo Martínez Domínguez, quien es leal a Rosario Murillo, es la persona con más poder en este momento”, afirma.
"Pero lo que queda en evidencia, hasta ahora, por su comportamiento es que los despidos seguirán en los próximos días", insiste el extrabajador del Poder Judicial.
“Hay mucho temor” en el Poder Judicial
Roberto, un trabajador administrativo de ese poder del Estado, indica que los despidos “han tocado” a personas que eran “puestas por grandes padrinos” del Poder Judicial.
“Uno sabe, porque ellos mismos se jactan de ser apadrinados por equis magistrado y hemos visto que han corrido a gente cercana tanto de magistrados que cayeron en desgracia, como también de los que parecen seguir cercanos”, detalla.
Mientras Omar, quien trabaja desde hace poco más de cinco años en el Poder Judicial, afirma que hay “un ambiente de mucho temor” porque “incluso muchas sedes judiciales han quedado casi sin trabajadores”.
“Hay municipios donde despidieron a casi todos los que trabajaban en algunos Juzgados y eso también afecta porque hay mucha retardación de justicia en todo el país”, explica.
Además de los despidos, los interrogatorios a funcionarios públicos del Poder Judicial se han convertido en “norma”, apunta Morazán. Esa situación ha creado “un temor generalizado” dentro de ese poder del Estado.
Morazán indica que, incluso “algunos jueces y magistrados, han estado preparando mentalmente a su personal cercano ante la posibilidad de que sean interrogados en cualquier momento”.
Omar confiesa que también hay algunos trabajadores “apadrinados” que han logrado ser “movidos” a áreas donde “creen que serán menos visibles”.
“Pero he sabido de gente que tenía mucho poder, que eran organizadores y agitadores partidarios, que no se han salvado de esos interrogatorios, pareciera que nos puede tocar a cualquiera”, agrega.
Despidos y cacería en el Poder Judicial viene desde 2022
Desde 2022, la dictadura ya había ordenado otras barridas en el Poder Judicial. El reportaje: La cacería del FSLN en el Poder Judicial busca al “enemigo interno”, publicado en mayo de 2023, reveló cómo el ahora destituido y encarcelado, Berman Martínez, era el responsable de ejecutar los despidos de colaboradores de la Corte, siguiendo órdenes del vicepresidente, magistrado Marvin Aguilar quien, a su vez, atendía orientaciones de Néstor Moncada Lau desde la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Martínez, quien era uno de los coordinadores de la “sucursal” de la granja de troles instalada en el Poder Judicial, dedicada a difundir propagada y atacar en redes sociales a quienes el régimen considera opositores, fue condenado en un juicio secreto, en diciembre de 2023, por presuntos delitos ligados a corrupción, junto a otros cinco exfuncionarios de la CSJ.
Otro de los condenados fue Herrol Raití Morales González, exasesor de la presidenta destituida de la CSJ, Alba Luz Ramos, quien además es hijo del exguerrillero y exfundador de la Policía, Herrol Morales Usaga. Todos los condenados nunca vieron, ni hablaron con su defensor de oficio.
La barrida indiscriminada que ha afectado “feudos” de personal allegado a los magistrados Alba Luz Ramos, Yadira Centeno, Armando Juárez, y Armengol Cuadra, entre otros, fue relatada en CONFIDENCIAL, en noviembre del año pasado, por Emma, una exfuncionaria que trabajó durante 18 años en el Poder Judicial y desertó después que se produjeron las primeras capturas y despidos.
“Hay un ambiente de zozobra e incertidumbre, de persecución. Llegas a las sedes judiciales y de un día para otro, te requisan el celular, te corren sin previo aviso. Hay muchas personas que les han ido a allanar su casa, a sacar los teléfonos, las computadoras, las laptops a su casa en presencia de su familia, de sus hijos”, narró.
