10 de diciembre 2023
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El presupuesto del Poder Judicial para 2024 refleja una reducción del 80.5% —942 millones de córdobas— en el rubo de “salarios permanentes”, lo que revela la barrida en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, a finales de octubre de 2023. La dictadura ha callado sobre esta purga en ese poder del Estado, que acumula más de 900 despedidos en todos los niveles.
La CSJ tenía aproximadamente 9000 empleados y con la barrida han eliminado las plazas de trabajo del 10% del personal, sin otorgarles una carta de despido y su correspondiente liquidación, pasivo laboral y fondo de pensiones. Entre los despedidos hay magistrados de la Corte, magistrados de Apelaciones, directores de áreas, jueces y secretarios en instancias centrales y locales, y también personal administrativo y de servicios de todo el país, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas al Poder Judicial y cuatro exfuncionarios.
El Poder Judicial tiene asignado para 2024 unos 227 millones de córdobas para “salarios permanentes”, lo que representa una reducción de 942 millones de córdobas en comparación con 2023, cuando le aprobaron 1169 millones de córdobas para esa partida.
En términos generales, la dictadura redujo el 66% —unos 2810 millones de córdobas— los fondos para la CSJ para 2024, en comparación con 2023, según el Presupuesto General de la República (PGR), aprobado este 6 de diciembre por la Asamblea Nacional. Para el próximo año, el Poder Judicial dispondrá de unos 1400 millones de córdobas, mientras en 2023 le aprobaron 4210 millones de córdobas.
Reducción en otras partidas
Con este recorte al presupuesto se redujo también la partida destinada al rubro “Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación” al pasar de 48 millones de córdobas en 2023 a 952 000 en 2024. Lo mismo ocurrirá con el fondo destinado a “combustible y lubricantes” que se reducirá en el 59% al pasar de 188 millones a 76 millones.
Si bien la reducción fue aplicada en el presupuesto de 2024, en el Poder Judicial ya se experimentan cambios, ya que desde noviembre de 2023 los funcionarios que recibían cupones de combustibles no se los han entregado, confiaron fuentes a CONFIDENCIAL.
La drástica reducción en el presupuesto de la CSJ responde a la decisión del Ejecutivo de eliminar el porcentaje mínimo del 4% del presupuesto que, por ley, le correspondía al Poder Judicial. Además, los cambios fueron impuestos después que, el pasado 23 de noviembre, la Asamblea reformara el artículo 159 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial en un intento por, supuestamente, “homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria”.
Estas reformas fueron aprobadas sin que se siguiera el procedimiento legal ya que los cambios a la Constitución deben ser aprobados en dos legislaturas. Sin embargo, los diputados reformaron la Constitución en primera legislatura, y minutos después aprobaron los cambios a la Ley Orgánica.
El presupuesto más bajo en una década
El 19 octubre de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presentó ante la Asamblea el anteproyecto del PGR de 2024, en el cual se otorgaban unos 5352 millones de córdobas a la CSJ, un 27% más de lo entregado este 2023. Sin embargo, al final el Poder Judicial recibirá el 73% menos (unos 3952 millones de córdobas).
Los 1400 millones de córdobas para 2024 serán la partida más baja que le han aprobado en la última década al Poder Judicial, según una revisión de CONFIDENCIAL a los PGR de 2013 a 2023.
Los reportes reflejan que a la CSJ le aumentaban su presupuesto, en promedio, un 10% cada año. De esta manera, pasó de unos 1936.2 millones de córdobas, en 2013, a más de 4210 millones de córdobas en 2023.
Del presupuesto de este 2023, la CSJ ya ha ejecutado el 62% equivalentes a 2639.4 millones de córdobas, según el informe de ejecución presupuestaria de enero a septiembre publicado por el MHCP.
En Nicaragua, el Poder Judicial ha sido un instrumento de la dictadura para encarcelar y condenar a los nicaragüenses disidentes; entre ellos, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado injustamente a 26 años y cuatro meses de cárcel.
También ha promovido cambios en la legislación que promueven la represión como la Ley Especial de Ciberdelitos, de la cual el Poder Judicial fue el autor del proyecto de ley por orden de la dictadura. Aunque después fue presentada por los diputados sandinistas como si fuese de ellos.
PGR aumenta su presupuesto
La Procuraduría General de la República (PGR) es la gran beneficiada con la reducción a la CSJ, ya que su presupuesto pasará de 163.9 millones de córdobas, en 2023, a 249 millones en 2024, lo que representa un aumento de 85.1 millones de córdobas, equivalentes al 51.9%.
La PGR ahora es la institución encargada del Sistema Nacional de Registros (SINARE) que antes pertenecía a la CSJ y por la cual, el Poder Judicial recibía ingresos.
El SINARE es la institución que se encarga de ejecutar las confiscaciones ilegales contra las más de 3300 oenegés canceladas por la dictadura de Ortega.
