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Nicaragua sigue encabezando los índices mundiales de corrupción: es el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de todo el continente, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI). Pero detrás de cualquier clasificación, existe una dinámica interna perversa: la corrupción como privilegio de Estado, que se maneja como asunto privado, y la corrupción “no autorizada”, que se castiga con purgas y, a veces, con cárcel y confiscaciones.
En este modelo de corrupción, mientras los funcionarios demuestren su lealtad absoluta, la mayoría de los escándalos permanecen en la impunidad. Sin embargo, la mínima sospecha de desconfianza basta para que la “lucha contra la corrupción” se convierta en el argumento para justificar las purgas.
CONFIDENCIAL presenta los escándalos de corrupción oficial y “no autorizada” que definen esta era de saqueo institucional. De la caída de los “históricos” al uso de cooperativas como cajas chicas, estos casos exponen cómo el Estado ha sido transformado en una corporación familiar privada donde el castigo no es justicia, sino un reacomodo de cuentas.
La corrupción oficial
El saqueo de la cooperación venezolana: De Albanisa a Credicoop
El desvío de más de 5000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana hacia el holding privado Albanisa, controlado por la familia Ortega-Murillo, constituye el mayor esquema de corrupción en la historia de Nicaragua. Lo que inició como un acuerdo energético con el ALBA, derivó en una red de lavado y ocultamiento de capitales que, tras las sanciones de Estados Unidos en 2019, obligó al régimen a realizar constantes “operaciones de limpieza” financiera.
El colapso de este esquema arrastró a tres entidades clave:
- Caja Rural Nacional (Caruna): El brazo financiero que manejó los fideicomisos de la cooperación petrolera. Entre 2017 y 2019, la dictadura traspasó los fondos de Caruna hacia el Banco Corporativo (BanCorp) para intentar blindarse. Tras la sanción y posterior disolución del BanCorp, el rastro de esos recursos —estimados en más de 2500 millones de dólares en créditos y depósitos— se diluyó en una estructura de “cuentas de orden” fuera del alcance de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF).
- BanCorp: El banco de propiedad de la familia presidencial que nunca tuvo ventanillas al público. Fue utilizado para resguardar el patrimonio de Albanisa y la cooperación venezolana. Su cierre “voluntario” tras las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fue una maniobra para evitar el rastro del dinero.
- Credicoop: En un último intento por bancarizar el flujo de dinero de Albanisa, el régimen creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Credicoop). El objetivo: evadir las sanciones internacionales y “lavar” más de 500 millones de dólares de las carteras de crédito de Bancorp y de la financiera Alba Caruna, para inyectar esos recursos en los negocios privados de la familia Ortega – Murillo y sus allegados. En diciembre de 2024, una investigación de CONFIDENCIAL indicó que la Cooperativa funciona como la “caja chica” del régimen. En 2025, también fue autorizada para inyectar liquidez a otros bancos y comprar títulos del Estado, ampliando el ciclo de recirculación del dinero venezolano y los fondos públicos.
El holding energético: De DNP Petronic a las empresas “pantalla”
El control del sector energético y de los hidrocarburos en Nicaragua es el otro caso insignia de la mutación de fondos públicos en patrimonio privado. A la cabeza de esta estructura ha estado Rafael Ortega Murillo, el operador financiero de la familia, con el traspaso de los activos de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) hacia un entramado de empresas fachada para evadir las sanciones internacionales de 2019.
El esquema opera en tres niveles de saqueo institucional:
- El camuflaje de DNP: Tras las sanciones de la OFAC, la red de gasolineras DNP —que manejaba el monopolio de las ventas al Estado— fue “nacionalizada” de forma exprés en diciembre de 2019 para proteger sus inventarios. Luego, su operatividad se trasladó a empresas vinculadas a testaferros de El Carmen, permitiendo que la familia presidencial siga lucrándose con la importación y distribución de combustibles, bajo nuevos nombres comerciales.
- Alba Generación y el sobreprecio eléctrico: A través de Alba Generación S.A., el régimen controla plantas térmicas que venden energía al Sistema Interconectado Nacional. El esquema de corrupción es voraz: el Estado paga a estas plantas “costos de capacidad” fijos, incluso cuando no generan energía, asegurando un flujo de caja millonario para el holding familiar. A febrero de 2026, Nicaragua mantiene una de las tarifas eléctricas más altas de la región, en gran medida para sostener los márgenes de ganancia de las plantas controladas por los Ortega-Murillo.
- El testaferro Tirso Celedón y el control de Disnorte-Dissur: En diciembre de 2020, la dictadura ejecutó una “nacionalización” de fachada de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur, tras la retirada de TSK Melfosur. Aunque legalmente el Estado asumió el control de las acciones, CONFIDENCIAL documentó que el control pasó a una estructura encabezada por Tirso Celedón Lacayo, un testaferro y operador financiero de absoluta confianza de la familia presidencial, vinculado a negocios inmobiliarios y de seguros del régimen. Celedón y una empresa de fachada llamada Agronegocios Comerciales SA son el “eslabón perdido” del negociado que permite que el régimen cierre el ciclo del monopolio: controlan la importación de crudo, la generación térmica a través de Alba Generación y, finalmente, la facturación directa a los consumidores, convirtiendo el servicio de energía eléctrica en una caja de recaudación privada e inauditable.
El IPSM: El “capitalismo de botas” y el “tapón” de la Comandancia
El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), brazo financiero del Ejército de Nicaragua, se ha consolidado como el socio estratégico más importante del holding familiar. Bajo la dirección del general de Ejército, Julio César Avilés, la institución militar ha servido de cómplice de la represión y “tapón institucional” para proteger los intereses y lealtades de la cúpula del poder.
Para proteger sus inversiones ante posibles sanciones internacionales, el IPSM ha diversificado su cartera en sectores estratégicos como bienes raíces, servicios financieros, salud privada y construcción, participando en proyectos junto a empresas controladas por los hijos de la pareja presidencial y creando una red de intereses económicos cruzados. A cambio, la cúpula militar guarda silencio cómplice y actúa como garante del proyecto dinástico.
Las inversiones del IPSM se manejan como “secreto de Estado”. Sus estados financieros no son auditados por la Contraloría General de la República, permitiendo que el Ejército funcione como un paraíso fiscal interno donde se resguardan capitales cuya procedencia y destino final son desconocidos para el público y los propios soldados de fila.
El negocio de la migración: El “peaje” a la tragedia humana
Lo que inició como una red de coimas discrecionales en los puestos fronterizos, se transformó a partir de 2023 en una política de Estado para la recaudación masiva. La dictadura institucionalizó el tráfico de migrantes extracontinentales y de ciudadanos haitianos y cubanos, utilizando el territorio nacional como un corredor comercial hacia los Estados Unidos.
Para lucrarse, estableció un cobro de 150 o 200 dólares por “visa de turismo” a los migrantes que aprovechaban el libre visado y vuelos chárter, incluso desde África y Asia, o multas y “salvoconductos” a quienes ingresaban por puntos ciegos o fronteras terrestres. Los ingresos dispararon la recaudación por “otras tasas por servicios de migración y extranjería”, que nunca fueron transparentados.
El negocio operó bajo una logística de “puente aéreo”, gestionada por la Empresa Administradora de Aeropuertos (EAAI), que llegó a permitir que miles de migrantes salieran de la terminal aérea directamente hacia autobuses directo a la frontera norte del país para seguir su rumbo hacia Estados Unidos.
El negocio se desplomó con una caída de más del 90% de la bonanza recaudatoria tras las sanciones internacionales contra las aerolíneas que facilitaban los vuelos chárter y el cambio en las políticas migratorias estadounidenses.
La extorsión fiscal: “Terrorismo tributario” con multas millonarias
La ruptura definitiva del modelo de “diálogo y consenso” en 2018 dio paso a una estrategia de asfixia y captura del sector privado. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y casi la totalidad de sus cámaras han sido ilegalizadas y confiscadas, y prácticamente no hay nadie que pueda “apelar” a la extorsión fiscal impuesta como norma de castigo y cooptación a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA), las alcaldías y otras instituciones públicas.
El “terrorismo tributario” incluye auditorías y multas millonarias de la DGI, que economistas y analistas consideran que parecen diseñadas para ser impagables y despejar el camino para la competencia desleal china. También opera una “maquinaria de mordidas”, que ha institucionalizado la retención de mercancías por “duda de valor”, obligando al pago de coimas y “regalitos”, a través de redes de gestores tributarios que operan en canales paralelos para aceitar las lealtades del aparato estatal, fuera de todo control presupuestario.
En los territorios, las alcaldías también funcionan como brazos ejecutores de recaudación y control político. La comuna capitalina ha disparado sus ingresos mediante cobros arbitrarios, imponiendo multas millonarias por supuestas infracciones ambientales o de rótulos que actúan como una confiscación de facto de las utilidades de las empresas.
La red de negocios privados: El patrimonio de la familia Ortega Murillo
Detrás del discurso de “opción preferencial por los pobres”, la familia presidencial ha construido un emporio económico. Una investigación de CONFIDENCIAL, confirmó en 2022 la existencia de 22 empresas privadas que operan bajo un esquema de conflicto de intereses y tráfico de influencias. El conglomerado abarca medios de comunicación y publicidad, seguridad privada, servicios aduaneros y hotelería, y ha crecido exponencialmente gracias a contratos directos con el Estado y el uso de fondos públicos para capitalización privada, bajo total opacidad.
- Un holding de 22 empresas a costa del Estado: La red incluye compañías como Lumiere S.A., Inversiones Zanzíbar, y el consorcio de medios controlado por los hijos de la pareja presidencial (Canales 2, 4, 6, 8 y 13). Estas empresas reciben la mayor parte de la pauta publicitaria estatal, y funcionan como proveedores privilegiados de diversas instituciones públicas, eliminando cualquier rastro de competencia real. Muchas de estas entidades operan a través de testaferros de absoluta confianza para ocultar el rastro de la familia Ortega-Murillo como beneficiarios finales.
- La paradoja de los ingresos oficiales: Mientras el patrimonio familiar se estima en miles de millones de dólares, Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen salarios oficiales que no guardan relación con su estilo de vida ni con su capacidad de inversión. CONFIDENCIAL documentó en 2022 que la planilla salarial de la familia (incluyendo a los hijos con cargos de asesores) suma aproximadamente 67 500 dólares mensuales. Sin embargo, esta cifra es apenas una fachada administrativa: el verdadero flujo de dinero proviene de las utilidades de su red empresarial, alimentada por el desvío de la cooperación venezolana y las concesiones estatales.
El negocio de la paquetería: “Dados cargados” en la corrupción de relevo
A partir de 2023, la dictadura puso la mira en el creciente mercado de las compras en línea y el envío de paquetes desde el exterior, un sector que moviliza millones de dólares anuales. Bajo el pretexto de “ordenar” el sistema aduanero, la Dirección General de Aduanas (DGA) impuso bloqueos y regulaciones asfixiantes que provocaron el cierre masivo de agencias de carga independientes, dejando el camino libre para empresas vinculadas al círculo íntimo de El Carmen.
Investigaciones de CONFIDENCIAL revelaron que un nieto de la pareja presidencial participa activamente en este sector con “los dados cargados”. A través de empresas de reciente creación y con el respaldo absoluto de las autoridades aduaneras, Rafael “Payín” Ortega, hijo de Rafael Ortega Murillo, goza de privilegios que le permiten despachar mercancía con una celeridad prohibida para el resto de competidores. Mientras los couriers tradicionales sufren retenciones arbitrarias de contenedores por meses, la red familiar opera un “canal rápido” que ha forzado a los usuarios a migrar hacia sus servicios.
La maniobra de la DGA ha transformado un sector de libre competencia en un oligopolio familiar. Al imponer cobros discrecionales por peso o cantidad de artículos y criminalizar la consolidación de carga, el régimen ha logrado que solo las empresas con “padrinazgo” político resulten rentables. Este asalto al sector de paquetería no solo afecta a los empresarios, sino que encarece directamente el costo de vida de los nicaragüenses que dependen del envío de remesas en especie y productos desde Estados Unidos y España.
La corrupción “no autorizada”
Bayardo Arce, el asesor presidencial condenado por “lavado de activos”
En enero de 2026, el otrora asesor presidencial en Asuntos Económicos y antiguo comandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Bayardo Arce, se convirtió en el funcionario de más alto rango purgado por la dictadura a la que sirvió. Arce fue condenado por “lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado”. La acusación afirma que creó una red de “múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras para disimular el origen y destino del dinero”.
La causa contra Arce, ejecutada tras allanamientos y cárcel a finales de julio de 2025, no fue un acto de justicia independiente, sino una operación a cargo de la Procuraduría General de la República, rebautizada al mes siguiente como Procuraduría General de Justicia (PGJ), con el argumento de combatir la corrupción.
Según la PGJ, Arce creó 49 sociedades mercantiles para transferir dinero a Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, por un monto que supera los 2713.58 millones de dólares y 82 344.8 millones de córdobas. La sentencia ordenó la confiscación total de sus activos y empresas. La acusación también incluye a su asistente ejecutivo Ricardo Bonilla Castañeda, detenido desde julio de 2025; su esposa, Amelia Ybarra-Rojas, y su cuñado Amílcar Manuel Ybarra-Rojas, presidente de la junta directiva de AgriCorp, quienes lograron salir de Nicaragua.
El general Álvaro Baltodano y la “traición a la patria”
La acusación por “traición a la patria” en contra del general de brigada en retiro y exasesor presidencial, Álvaro Baltodano Cantarero, anunció el inicio de la purga contra los históricos de alto rango. Su detención en mayo de 2025 y su condena a 20 años en junio confirmó que el régimen ya no tolera ni siquiera el disenso silencioso.
Durante los años de oposición del FSLN, Baltodano fue uno de los actores de mayor confianza política de Daniel Ortega. Luego fungió como ministro delegado para la Promoción de las Inversiones y Facilitación del Comercio Exterior, pero fue destituido el 31 de octubre de 2022 en “represalia política contra exfuncionarios y militantes históricos que habían expresado disenso al régimen”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La dictadura también ordenó la confiscación de sus bienes, y encarceló y condenó a su hijo Álvaro Baltodano Monroy, de 47 años. Ambos están en condición de “desaparición forzada”, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, ya que el Sistema Penitenciario no ha permitido visitas ni constatación de su estado físico desde su ingreso a “La Modelo”.
La caída de Virgilio Silva y la “corrupción no autorizada” en los puertos
La caída de Virgilio Silva como presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), en mayo de 2024, fue el castigo del régimen por negocios “anómalos”, y marcó el inicio de una serie de auditorías punitivas.
Junto con Silva cayeron los encargados de redes y soporte técnico y el gerente de Informática de la Portuaria. Todos señalados de encubrir movimientos financieros anómalos en operaciones de inversión, para favorecer un supuesto desvío de fondos en beneficio de Silva.
Los problemas para Silva comenzaron en enero de 2024, cuando se formó una comisión especial para investigar a la EPN, integrada por el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, el ahora exministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa, Francisco “Chico” López.
La comisión comenzó a solicitar informes de gestión sobre algunos grandes proyectos de inversión de la EPN que estaban a cargo de Silva, especialmente el de ampliación y modernización de los puertos de Corinto y Puerto Sandino, en el Pacífico; la preinversión en el muelle de Bluefields, en el Caribe Sur, y la ampliación del Paseo ‘Salvador Allende’, en el Lago Xolotlán de Managua.
Según fuentes que conocieron el caso, “Chico” López y Laureano abogaron por Silva, pero al final se impuso la opinión de Mojica de proceder con una investigación a cargo del entonces ministro asesor de la presidencia para asuntos de Seguridad, el comisionado general en retiro Horacio Rocha, y el secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno. Un proceso que culminó con la defenestración de Silva.
El arresto y confiscación del próspero extesorero de la República
El Tesorero General de la República, Juan José Montoya Pérez, pasó de custodio del erario a reo de “El Chipote”. Fue defenestrado en abril de 2024, tras una auditoría que detectó manejos de recursos que no fueron reportados al Estado-Partido-Familia.
Reportes periodísticos indican que el funcionario orteguista, que por muchos años fue una pieza clave del Frente Sandinista dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, habría sido investigado por presunto lavado de dinero y corrupción, aunque la causa judicial no ha circulado de forma oficial.
Juan José Montoya Pérez era Tesorero General de la República desde marzo de 2007, cuando Ortega volvió a la Presidencia. Por él pasaban las principales transacciones y compras del Estado, y habría utilizado su posición privilegiada para operaciones de lavado de dinero, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito.
Tras su detención, fueron confiscadas al menos seis propiedades de lujo, incluyendo fincas y residencias de alto valor. La salida posterior del ahora exministro Iván Acosta, consolidó el control absoluto de la Secretaría de El Carmen sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El tráfico de sentencias y la caída del juez de Somoto
Enrique Chang López, exjuez del Distrito Penal de Juicio de Somoto y hermano de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ileana Pérez López, fue destituido el 6 de noviembre de 2023. Semanas después, el 20 de noviembre, fue sentenciado a 10 meses de cárcel y una multa de 7763 córdobas por el delito de portación ilegal de armas, aunque se le señalaba por estar involucrado en actos de corrupción y por tráfico de sentencias.
La caída en desgracia de este funcionario, que gozaba de privilegios gracias a la influencia de su hermana en la Corte Suprema de Justicia, se dio luego de que ambos fueran purgados del Poder Judicial.
Tras recibir la noticia de su destitución, “él anduvo por las calles de Somoto, conduciendo un vehículo en estado de ebriedad y huyendo de la Policía, hasta quedar varado en un charco. Al revisar el vehículo, la Policía encontró una pistola calibre 32 y una bolsita de cocaína en el asiento delantero. Al allanar su vivienda, la Policía incautó otra arma de fuego 9 milímetros, pero solo fue procesado por tenencia ilegal de armas”, relató una fuente policial de la localidad. La sentencia fue firmada por la juez Suyapa Argentina Maldonado, del Juzgado Local Penal de Somoto, el 20 de noviembre de 2023.
Corrupción en la Alcaldía de Rivas: El desfalco de viviendas sociales
La Alcaldía de Rivas, bajo control del gobernante Frente Sandinista desde 2008, fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM), en febrero de 2022. El alcalde Wilfredo López Hernández fue obligado a renunciar a su cargo, mientras se realizaba la investigación.
Los principales funcionarios de su administración: la vicealcaldesa Esperanza Núñez, el gerente Doyler Balmaceda, la jefa de planificación Martha Hernández, el director de proyectos Ernesto Barrios, y el asesor legal de la institución Carlos Molina, también fueron obligados a renunciar a sus cargos.
La investigación por supuestos actos de corrupción relacionados con los negocios del alcalde y otros funcionarios se concentró en la sobrevaloración del proyecto “Casas para el Pueblo Bismarck Martínez” y la inscripción de propiedades a nombre de terceros, así como el proyecto de remodelación del parque de la ciudad, en que se presume un desvío de fondos superior a los dos millones de córdobas.
La destitución del alcalde puso fin a 14 años de mandato municipal y a una trayectoria de alineamiento con Ortega. El funcionario destituido es recordado por su apoyo en 2014 a las obras del canal interoceánico, el proyecto fallido de la Administración Ortega-Murillo, que en su momento la pareja presidencial vendió como la iniciativa que cambiaría la historia de Nicaragua y sacaría a miles de la pobreza.
La corrupción de la magistrada Ileana Pérez
La magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue democionada a finales de octubre de 2022, por “órdenes superiores” de la Secretaría del FSLN que mantiene el control de esta institución.
Pérez perdió su cargo al frente de la circunscripción del sur, que comprende los departamentos de Rivas y Granada, donde el sistema de justicia administra litigios de valiosas propiedades costeras y casos vinculados al narcotráfico.
La magistrada se convirtió en la funcionaria de primer nivel del máximo tribunal de justicia en ser apartada de una parte de sus funciones por la intervención de la Secretaría del FSLN, que también habría ordenó la destitución de la directora de Protocolo, la de Relaciones Internacionales, y el arresto sorpresivo del vocero judicial, Roberto Larios Meléndez, quien posteriormente fue desterrado.
El 4 de febrero de 2022, la misma Pérez fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, la oficina de investigación de la Policía. Le preguntaron sobre la propiedad de un narcotraficante, que fue decomisada y luego asignada a su hermano Emilio Chan López, entonces juez de lo civil en Rivas.
Durante el allanamiento de esa propiedad, la Policía incautó una cifra superior a los 200 000 dólares en efectivo. Sin embargo, pese al escándalo, el juez Chan López fue trasladado al norte de Nicaragua y se mantiene en un cargo sin ningún protagonismo. Ni él ni la magistrada Pérez se pronunciaron sobre estos hallazgos.
Según las fuentes de la institución, la democión de la magistrada es un “coletazo” de los viejos casos de corrupción, en los cuales estuvo involucrada y han sido manejados con reserva por el FSLN y las autoridades judiciales.
El caso de Orlando Castillo Guerrero, un expediente secreto del Aeropuerto
El Gerente General de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Orlando Castillo Guerrero, fue investigado en julio de 2016 por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El caso fue manejado como un asunto privado de la Presidencia, que impuso retención migratoria para Castillo Guerrero y ordenó una auditoría general sobre su gestión. Sin embargo, la investigación no estuvo a cargo de entidades estatales como la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía, la Contraloría o la Fiscalía, sino que la dirigió José Mojica Mejía y el exjuez Marvin Vázquez, dos personas de confianza del dictador Ortega que no ostentan cargos públicos.
La investigación contra Castillo Guerrero, hijo del exministro de Telcor, Orlando Castillo (fallecido en 2020), y estrecho colaborador de Rafael y Laureano Ortega Murillo, causó sorpresa y estupor en el mundo oficial.
La gerencia del Aeropuerto prácticamente fue intervenida por José Mojica Mejía y Marvin Vázquez, y una de las primeras medidas que adoptaron fue el decomiso temporal de varios vehículos de lujo, marcas Mercedes Benz y BMW, que el gerente Castillo utilizaba para movilizarse.
Fuentes de la EAAI revelaron que la investigación contra Castillo se originó en “unas licitaciones simplificadas”, es decir directas, que beneficiaban a la empresa Placonsa (Planeaciones y Construcciones SA) con una serie de obras en el Aeropuerto de Managua, el de Corn Island y de unos parques.
Placonsa es dirigida por José Zeledón, cuñado de Castillo Guerrero, e Iván Díaz, también cercano al funcionario público. La empresa forma parte de un consorcio privado en torno a “Anyway Travel”, una tour operadora basada en Managua, que estuvo ligada al proyecto de traer a Nicaragua la aerolínea italiana Blue Panorama.
El caso Julio César Osuna: narcotráfico y cédulas falsas
El magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Julio César Osuna Ruiz, fue condenado en 2012 por narcotráfico internacional y crimen organizado. Según el Ministerio Público, Osuna estaba involucrado directamente con Alejandro Jiménez ‘El Palidejo’, el narco costarricense enjuiciado en Guatemala por ser el autor intelectual del asesinato de Facundo Cabral, el 9 de julio de 2011.
Osuna, hermano de la entonces presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) María Haydée Osuna, proveía de identidad nicaragüense a los narcotraficantes de la red de ‘El Palidejo’, y trasladaba el dinero sucio de la organización hasta Costa Rica en vehículos que tenía asignado por el tribunal electoral.
Para hacer las cédulas, a nivel interno del CSE, el funcionario tenía a su asistente, uno de sus hermanos, y una gestora, quienes recibían miles de dólares por cada cédula o documento emitido.
Entre las cédulas falsas emitidas a narcos o terroristas, estuvo la del guerrillero colombiano Alberto Bermúdez, alias “El Cojo”, un alto miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El “Waltergate”, red de sobornos e impunidad en la DGI
Walter Porras fue director de la DGI desde que Ortega asumió el poder en 2007 hasta su destitución en 2011. Una investigación policial reveló que este funcionario creó una red de sobornos que operaba devolviendo impuestos a empresas vinculadas al Frente Sandinista.
Testimonios indicaron que ese dinero era recolectado supuestamente para financiar la nueva campaña de Daniel Ortega. Sin embargo, logró protección al conformar una banda musical dentro de la DGI, que se dedicaba a cantar y adular al mandatario y su esposa Rosario Murillo.
Fue destituido sin abrir ninguna investigación, desaparecieron el expediente original y nunca dieron a conocer de cuánto fue el desfalco. Su caso, como muchos otros, sigue en la impunidad.
Este reportaje es parte de la serie informativa de CONFIDENCIAL “Corrupción & Impunidad”, que examina cómo la dictadura en Nicaragua transformó la lucha contra la corrupción en un sistema que privilegia la corrupción institucionalizada y castiga la corrupción “no autorizada” como arma de purga política.
