28 de marzo 2025
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Con la nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial, la dictadura sepultó el poder que tenían los magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejándolos como figuras meramente decorativas, mientras un “superconsejo” centraliza el poder y administra la justicia a conveniencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de eliminar los criterios de “mérito” y “capacidad” para ingresar a la Carrera Judicial, advirtieron juristas consultados por CONFIDENCIAL.
La nueva ley —aprobada por la Asamblea Nacional este 27 de marzo de 2025— borró los esfuerzos de formación profesional al permitir que, prácticamente, cualquier persona pueda acceder a los cargos de jueces, magistrados y cualquier otro cargo de la Carrera Judicial.
La ley ordenada por Ortega y Murillo elimina en el artículo 88 el “concurso” mediante el cual se seleccionan a los Defensores Públicos y establece que ahora sean designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a propuesta del “superconsejo” nombrado por Ortega y Murillo.
“Sepulta la carrera judicial, porque van a ser funcionarios no judiciales los que la van a regular (…) Qué función tiene el presidente de la Corte, ninguna. No tiene ninguna función administrativa, porque ahora está concentrada, y política en consecuencia, en el nuevo Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial”, explicó el abogado y activista político Juan Diego Barberena.
¿Quiénes son el “superconsejo”?
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial estaba conformado por cuatro magistrados de la CSJ —incluido el presidente— que eran electos por las dos terceras partes de los votos del pleno, lo que garantizaba cierto grado de autonomía en la gestión del sistema judicial.
“De los diez magistrados, ninguno va a estar en el Consejo, todos van para Sala. La Corte se queda solo con las Salas, ya no toma ninguna decisión de orden económico, de dirección, de imponer sanciones, hacer nombramientos (…) El nuevo Consejo ya no está integrado por magistrados, ese es el gran cambio”, agregó una fuente judicial que habló con CONFIDENCIAL bajo anonimato.
El Consejo, según el artículo 92, estará integrado por un coordinador, que tiene la “representación legal administrativa y financiera” del sistema judicial, y un director general administrativo financiero, pero la ley no estipula que éstos deban ser magistrados. La ley solo específica que deben ser nicaragüenses y haber residido de forma continua en el país los últimos seis años previo a su nombramiento.
“Ellos van a dictar resoluciones con efectos jurisdiccionales, pero no son funcionarios jurisdiccionales. Se está sustrayendo la jurisdicción del sistema judicial y se la están otorgando a personas que no son funcionarios judiciales, esa es la primera complicación que yo veo”, detalló Barberena.
Poder de nombramientos del “superconsejo”
Con la nueva ley, el sistema de justicia estará estructurado por Órganos Jurisdiccionales, Órganos Auxiliares y el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que adquiere mayor protagonismo.
El Consejo ejercerá la “representación legal administrativa” del sistema judicial. Sus integrantes tienen la facultad de proponer a la Corte plena el nombramiento y destitución de los magistrados de los Tribunales de Apelación; jueces de distrito y locales, propietarios y suplentes, y defensores públicos.
También tienen la atribución de proponer a Corte plena la designación de las ciudades donde tendrán su sede los Tribunales de Apelaciones y el número de salas que tendrá cada uno, nombrar y destituir a los peritos forenses, así como al director del Instituto de Medicina Legal.
“El Consejo los nombra, aunque los magistrados van a tener que firmarlo, ya solo firmarían. El Consejo va a recoger la propuesta que mande el Poder Ejecutivo, los dos copresidentes. Perdió totalmente la independencia el Poder Judicial”, insistió la fuente judicial que habló bajo anonimato.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial fue concebido originalmente como un órgano encargado de gestionar la estructura interna del anterior Poder Judicial, regulando el nombramiento, ascenso y disciplina de jueces y magistrados con criterios técnicos y administrativos.
Magistrados a discreción de Ortega y Murillo
La nueva Ley Orgánica confirma que los magistrados de la CSJ serán electos por un período de seis años por la Asamblea Nacional, a partir de propuestas presentadas por la Presidencia de la República y/o por los diputados, y reduce el número de magistrados de 16 a 10.
Pero elimina ciertos requisitos consignados en la ley anterior, como haber cumplido treinta y cinco años de edad y no superar los setenta y cinco años al momento de la elección, lo que amplía el margen para designaciones sin restricciones de edad.
Aunque exige que el candidato haya vivido de forma continua en el país durante los seis años previos a su elección, la ley permite excepciones para quienes hayan estado en el extranjero por misión diplomática, trabajando en organismos internacionales o estudiando, siempre que fuera por “mandato oficial del Estado”.
El presidente y vicepresidente de la Corte serán propuestos por la Presidencia de la República para un periodo de seis años.
Mientras tanto, el presidente de los Tribunales de Apelaciones ya no será electo por el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros del tribunal respectivo, sino por la “mayoría de los miembros de la Corte plena” a propuesta del Consejo.
Se eliminó la función de los Tribunales de Apelaciones de llevar, en primera instancia, “procesos especiales” contra ciertos funcionarios públicos acusados de delitos relacionados con su cargo, como jueces de distrito, abogados, notarios, alcaldes y presidentes de los Consejos Regionales de la Costa Atlántica.
Por otro lado, la ley cambió los requisitos para ocupar un cargo como juez de distrito, eliminando el requisito de ser un abogado de “moralidad notoria” y tener como mínimo 25 años de edad. La nueva ley pide ser mayor de edad y haber ejercido la profesión al menos cuatro años.
Dictadura se receta poder absoluto
El Consejo, además, estará también integrado por un director general de carrera y gestión judicial, y un director general de inspectoría judicial. Solo en estos dos casos, los integrantes “deberán ser abogados”, señala la ley.
Barberena subrayó que “es una forma de seguir controlando el Órgano Judicial y, cada día, quitarles más facultades a los funcionarios judiciales, en este caso los magistrados, y únicamente delimitarlos a que puedan resolver de mero trámite los recursos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia”.
Con la nueva ley, los integrantes del Consejo serán designados directamente “por quienes la Presidencia de la República nombre” mediante acuerdo presidencial para un periodo de seis años, eliminando cualquier vestigio de independencia y dejándolo a discrecionalidad de los dictadores.
“Por ejemplo, pueden nombrar a un Fidel Moreno o Néstor Moncada Lau como miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. En base a qué conocimiento del Derecho estas dos personas van a resolver las pretensiones, quejas, solicitudes que les lleguen a ellos. Con qué conocimiento jurídico van a nombrar un juez o un magistrado”, cuestionó Barberena.
Otros cambios incorporados en la ley
La ley en el artículo 31, sobre la División de Salas de la CSJ, crea la Sala de Familia —adicional a la Civil, Penal, Constitucional y de lo Contencioso Administrativo—, que será responsable de conocer y resolver asuntos relacionados con el derecho de familia y la violencia intrafamiliar.
Se le quita a la Sala Penal la facultad de conocer en primera instancia los “procesos especiales” por delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Apelaciones, después de la privación de su inmunidad.
Por otro lado, la Corte Plena ahora tiene la competencia para autorizar o rechazar las solicitudes de extradición, una atribución que anteriormente correspondía a la Sala Penal.
Además, es competente para conocer sobre las acusaciones que se interpongan contra los copresidentes, una vez que se les haya privado de su inmunidad.
Consecuencia de la “reforma” constitucional
La nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial incorpora los cambios establecidos en la Constitución “Chamuca” —que entró en vigencia el 18 de febrero de 2025 y que el régimen disfraza de “parcial”— que disminuyó las atribuciones de la Asamblea Nacional y de los Poderes Judicial y Electoral, que ahora se llaman simplemente “órganos”.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario judicial, sostiene que los cambios son el resultado de la purga que ejecutó Murillo —con la venia de su esposo, el dictador Ortega— en la CSJ desde noviembre de 2023, cuando el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, desalojó a la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte, y la envió a su casa.
“Básicamente es la comisión de reestructuración que instalaron a partir de la intervención policial”, refirió Morazán.
El exfuncionario judicial valora que están “haciendo otro monstruo bicéfalo”, porque por un lado estará el presidente o presidenta de la CSJ, y por otro el coordinador del Consejo nombrado directamente por El Carmen, quien “tendrá la representación legal del Órgano Judicial, quien además no tendrá que ser abogado”.
“Al diluir la autoridad, están debilitando por todos los medios a las instituciones”, precisó.
