17 de mayo 2025
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En menos de seis meses, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reformado la Constitución Política de Nicaragua para arrebatar a más nacionales la condición de nicaragüense y los mecanismos para reconocerse como tal, incluyendo a recién nacidos.
El viernes 16 de mayo de 2025, los diputados de la Asamblea Nacional —bajo órdenes de Ortega y Murillo— aprobaron una reforma constitucional parcial que establece que los nicaragüenses de nacimiento “perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”.
Los parlamentarios reformaron los artículos 23 y 25 de la Constitución, que eran los únicos que no sufrieron ningún cambio en una reciente reforma constitucional total, que la dictadura disfrazó como “parcial”.
El nuevo artículo 25 establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”.
Mientras, el texto reformado del artículo 23 indica que “los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria”, mientras que “los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad”.
De este artículo, se eliminó el enunciado: “En los casos de doble nacionalidad se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad”.
Los cambios en la Constitución “Chamuca”
En la llamada Constitución “Chamuca” —aprobada en segunda legislatura en febrero de 2025—, la dictadura redujo de ocho a cuatro los artículos del Capítulo único del Título III, sobre “la nacionalidad nicaragüense”. La reforma simplificó y concentró en pocos artículos las disposiciones sobre la nacionalidad, y eliminó detalles importantes.
Un cambio que afecta, incluso, a hijos de nicaragüenses es que reformó por completo el artículo 16, para eliminar la enumeración exhaustiva de quienes son considerados nicaragüenses por nacimiento, dejando esta definición sujeta a una futura ley de la materia.
El cercenado artículo 16 establecía que “son nacionales nicaragüenses”:
- Los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o los de enviados por sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense.
- Los hijos de padre o madre nicaragüense.
- Los nacidos en el extranjero, de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación.
- Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conocida su filiación, surtan los efectos que proceden.
- Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren.
En el artículo 22 de la Constitución “Chamuca” se establece que “las y los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados. Las condiciones y requisitos serán establecidos en la ley de la materia”. Sin embargo, hasta mayo de 2025 no se ha promulgado ninguna legislación al respecto.
La nueva Constitución eliminó también los siguientes artículos de la anterior Carta Fundamental:
- Art. 18. La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.
- Art. 19. Los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud ante autoridad competente, cuando cumplieren los requisitos y condiciones que establezcan las leyes de la materia.
- Art. 20. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.
- Art. 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes.
Quitar la nacionalidad nicaragüense
Desde febrero de 2023, el régimen de Ortega y Murillo ha arrebatado la nacionalidad nicaragüense a más de 450 ciudadanos —en su mayoría críticos del Gobierno—, a quienes la dictadura acusa de “traidores a la patria”.
La cifra incluye a los 222 presos políticos desterrados en febrero de 2023, a unos 94 ciudadanos desnacionalizados ese mismo año, y a los 135 reos de conciencia que fueron liberados y expulsados hacia Guatemala, el 5 de septiembre de 2024.
En la Constitución “Chamuca”, la dictadura introdujo el artículo 24 que establece: “Las y los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”.
El subdirector en funciones de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, aseguró en entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana, en febrero de 2024 que “no podemos normalizar” que Ortega y Murillo expulsen “como si Nicaragua fuera su finca”, refiriéndose la “violación flagrante y obvia” de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua en el Derecho Internacional sobre apatridia.
Agregó que “hay que tomar medidas para prevenir, para evitar que el régimen de Ortega y Murillo siga tomando estas medidas contra otros críticos, otros opositores”.
En marzo de 2025, en otra entrevista, el jurista Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), apodado el “cazadictadores”, también criticó que “en ningún otro país del mundo se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas, como en Nicaragua”.
“Hay otros países donde se ha matado más. Hay otros países donde se tortura más. Pero desgraciadamente Nicaragua está avanzando hacia una dictadura completa, sin voces disidentes, sin oenegés, sin prensa independiente. Entonces el panorama es muy desalentador”, lamentó Brody.
