GHREN: “Tenemos nombres y testimonios de quienes participaron en la represión”

La confirmación de que el Ejército de Nicaragua participó de forma activa en la represión de las protestas cívicas entre abril y julio de 2018, ha sido la revelación más impactante del último Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), presentado en Ginebra el 26 de febrero de 2025. 

“Este informe internacional desmiente los alegatos oficiales del Ejército, de que solo se dedicó a proteger instalaciones físicas, y tiene impacto porque algunos altos oficiales de la Inteligencia y Contrainteligencia Militar y de la Dirección de Información para la Defensa, se sienten descubiertos”, dijo a CONFIDENCIAL un exoficial de la Policía Nacional.

El Informe del GHREN no menciona nombres de oficiales del Ejército involucrados en la represión, pero la información podría ser revelada en los próximos 30 días. “Tenemos muchas fuentes de distintos niveles que nos dieron su testimonios, son personas que participaron en la represión en distintos momentos”, afirma el jurista Reed Brody, miembro del GHREN. “Los nombres ya los tenemos, pero queríamos dar la posibilidad al Gobierno y a las personas nombradas de responder”, agregó.

Reed explicó que, al finalizar la sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realiza durante marzo de 2025, el GHREN publicará un informe pormenorizado de unas 200 páginas con detalles sobre cómo se ejecutó la represión. Además, no descartó la posibilidad de que oficiales activos o en retiro del Ejército, entren en contacto con el GHREN, de forma privada y confidencial, para brindar su versión sobre los hechos. 

Cuarentiocho horas después de publicado el Informe, el régimen de Nicaragua reiteró su desconocimiento del mandato del GHREN, constituido en marzo de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a través de comunicado anunció con lenguaje virulento su retiro del Consejo, a pesar de que ni siquiera era miembro de ese organismo.

Un grupo de nueve países integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, lamentó la decisión de Nicaragua. “Este acto constituye una señal alarmante de aislamiento, tratando de evadir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos”, remarca el pronunciamiento del grupo que leyó el representante de Ecuador.

En una entrevista con Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL debido a la censura televisiva en Nicaragua, el investigador del GHREN Reed Brody, conocido como “el cazadictadores”, por su trayectoria como investigador penal frente a las dictaduras de Chile, Haití, Chad, y los genocidas de Ruanda, insistió en que el retiro de Nicaragua “no les exime en ninguna manera de sus responsabilidades, eso no les salva de las consecuencias institucionales, ni eventualmente penales de sus acciones”. 

La orden era “aniquilar”

Uno de los hallazgos más impactantes del Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU es la confirmación de que el Ejército de Nicaragua tuvo una participación activa en la represión en 2018. Hechos que ya habían sido investigados por la prensa independiente de Nicaragua y por defensores de derechos humanos, pero que el Ejército siempre ha negado y alega que ellos se limitaron a brindar protección física a instituciones públicas. ¿Cuál es la evidencia que aporta esta investigación?

Es cierto que el Ejército siempre ha negado cualquier participación en la represión. Nosotros tenemos muchas fuentes de distintos niveles que nos dieron su testimonios. 

Además, como se ha ido hablando por otros grupos, ha habido armas de uso privativo militar, también el uso de francotiradores, había muchos indicios fuera de los testimonios que indicaban la participación directa del Ejército. Pero lo que nosotros tenemos son testimonios de personas que participaron en la represión en distintos niveles y en distintos momentos. 

Todo eso satisface el umbral probatorio que nos permite concluir que hubo una operación coordinada entre el Ejército, la Policía, grupos armados paramilitares, que el Ejército participó directamente, proporcionó armas, inteligencia, entrenamiento a los paramilitares. Y los soldados se vistieron con uniformes policiales o ropa civil para encubrir su participación. Todo nos deja afirmar esa participación. 

El 20 de abril, o sea, dos días después del inicio de las protestas altos mandos militares se reunieron, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército leyó una orden de la Presidencia que instruía a las unidades militares a neutralizar a los manifestantes, y se utilizó la palabra “aniquilar” no en esta orden, pero en otra orden que se dio. En esa misma reunión se habló de la necesidad de disfrazarse para encubrir la participación de los militares. 

El Informe no menciona nombres de altos oficiales participantes en estas actividades. Están señalando una responsabilidad institucional en la que hay un rol de la cadena de mando del Ejército. El presidente del Grupo de Expertos, Jan Michael Simon dijo que el 1 de abril se presentará un avance de esta investigación, individualizando las responsabilidades de algunos oficiales. ¿El Ejército de Nicaragua tiene alguna participación en esta investigación? ¿Son parte de este proceso, pueden comparecer ante el GHREN para exponer su versión sobre estos hechos? 

Justamente, lo que decía mi colega Jan Simon en su programa es que ahora hemos presentado un informe muy corto, también por las limitaciones de páginas que nos impone la ONU. Los nombres ya los tenemos, pero queríamos dar la posibilidad al Gobierno y a las personas nombradas de responder. Y en este momento estamos preparando las cartas que van al Gobierno y, en la medida de posible, a las personas indicadas para que nos den sus versiones. Y al final de la sesión que se está celebrando en Ginebra, al final del mes vamos a publicarlo todo en un informe que va a ser mucho más amplio, con mucho más detalles, podrían ser unas 200 páginas muy pormenorizadas. 

El problema es que, como sabe, el Gobierno nunca ha respondido desde hace cuatro años a nuestras peticiones, desoye por completo las recomendaciones. Se salió del Consejo de Derechos Humanos, aunque no era miembro del Consejo, pero se salió. Lo mejor en cualquier situación es que haya diálogo, lamentamos que el Gobierno nunca haya reaccionado con nuestro grupo. La mejor respuesta a un informe con el que se discrepa no es dar la espalda al debate, sino participar, dar sus argumentos, sus pruebas y participar en la discusión. Sabemos que la verdad puede ser incómoda, pero es necesario, y hubiéramos querido visitar Nicaragua, hablar con el Gobierno, hablar con el Ejército.

Nuestro trabajo de todos modos se ha desarrollado con estricto apego a los más altos estándares internacionales. Tenemos más de 1500 entrevistas, no sobre ese tema en particular, pero en general, y solamente podemos lamentar que no haya habido un intercambio, un diálogo con el Gobierno. 

Pero eso es una respuesta institucional del régimen de Nicaragua que desconoce a esta comisión, al Consejo y al Alto Comisionado, pero ustedes están avanzando en un proceso que podría llevar también a la identificación de responsabilidades individuales. ¿Esas personas sean oficiales activos del ejército, altos funcionarios del Gobierno, o ya en retiro del Ejército o del Gobierno pueden tener contacto con la Comisión? 

Evidentemente, eso es lo que hubiéramos querido, y sería muy interesante que un alto grado del Ejército acepte hablar con nosotros en privado, y eso lo vamos a facilitar. Evidentemente esa persona no tiene que señalar a la Comandancia que va a hablar con el GHREN. Vamos a brindar todas las facilidades para que esa persona nos hable en privado. Pero somos realistas en imaginar lo difícil que va a ser lograr eso. 

El retiro de Nicaragua

¿Qué significa el retiro del Gobierno de Nicaragua de la Comisión y de estas instancias de la ONU? ¿Puede Nicaragua evadir sus responsabilidades, su compromiso con tratados internacionales que ha suscrito sobre derechos humanos? 

No les exime en ninguna manera de sus responsabilidades. En el Consejo de Derechos Humanos después de presentar nuestro informe, escuchamos las reacciones de los Estados que sobre todo hicieron énfasis en la retirada de Nicaragua. Hubo una declaración muy fuerte del llamado Core Group, los nueve países que llevan el tema de Nicaragua, que incluye Brasil, Canadá (Costa Rica Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador) que fue leída por el embajador de Ecuador, en que lamentan la salida y autoaislamiento de Nicaragua. Pero eso no le salva de las consecuencias institucionales, ni eventualmente penales de sus acciones. 

¿Se puede comparar de alguna manera esta dictadura familiar Ortega Murillo, que es un régimen totalitario, que además de reprimir las libertades políticas, las libertades democráticas, persigue a la Iglesia católica, elimina masivamente las asociaciones civiles, y promueve también la desnacionalización y la apatridia de centenares de ciudadanos, con otros regímenes autoritarios actuales o anteriores y otras dictaduras?

Nunca me gusta y a ningún profesional de derechos humanos le gusta hacer comparaciones, porque toda situación es muy distinta. Yo he dicho en tu programa que la Constitución me parecía la de una monarquía absoluta. 

En ningún otro país del mundo se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas, como en Nicaragua. La situación que vives tú, que viven más de 453 personas, no hay ningún otro país que lo haga. Esa es la violación paradigmática de Nicaragua, esa decisión de desnacionalizar a los llamados traidores a la patria que ahora tiene respaldo constitucional. 

Hay otros países donde se ha matado más. Hay otros países donde se tortura más. Pero desgraciadamente Nicaragua está avanzando hacia una dictadura completa, sin voces disidentes, sin oenegés, sin prensa independiente. Entonces el panorama es muy desalentador. Yo he trabajado en Nicaragua en otro momento, cuando había una esperanza de un cambio muy positivo hacia el futuro y el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en su momento lucharon contra una dictadura familiar, ahora han perfeccionado, han institucionalizado una dictadura familiar. Es un panorama muy triste, pero no voy a comparar con otras situaciones que son todos distintas. 

La Corte Internacional de Justicia

Las recomendaciones que hace el Informe incluye llamados a países, as gobiernos, a iniciar procesos de justicia amparados en el principio de justicia universal, como ya existe uno en Argentina, y también a recurrir ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a convenios como el de prevención de la patria o de la tortura. ¿Crees que esto sea viable? Es decir, enjuiciar al Estado en Nicaragua, en esta Corte en la que Ortega y el Estado de Nicaragua han ganado varios juicios internacionales y por lo tanto reconoce su jurisprudencia internacional. ¿Hay naciones latinoamericanas y europeas en este contexto, con la decisión de ir a la Corte a enjuiciar a Nicaragua? 

Así lo esperamos. El pueblo y el Gobierno actual de Nicaragua pueden satisfacerse de su récord en la Corte Internacional de Justicia. Desde el caso histórico de 1984 contra los Estados Unidos, en que Nicaragua logró condenar a Estados Unidos por la agresión a Nicaragua, ha sido el país que más ha llevado casos en la Corte Internacional de Justicia, que más ha llevado ganado en la Corte Internacional de Justicia y es un orgullo legítimo de parte de Nicaragua. 

En eso estamos. Si pudiéramos provocar un caso frente a la Corte Internacional de Justicia por violación a la Convención contra la Tortura o la Convención contra la Apatridia sería muy importante. Nicaragua se retira de la Comisión de la Comisión Interamericana, se retira de la OIT, donde hay un procedimiento en curso. Pero retirarse de esas convenciones demora, no puede retirarse ahora e imposibilitar un caso que llegue ahora, tiene que dar un año. 

Nicaragua tal vez va a denunciar esos tratados, está denunciando todos sus compromisos internacionales, pero eso no tiene efecto por un cierto tiempo en el caso de los Tratados, porque todos son de un año.

Otra de las recomendaciones va dirigida a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, tratados como el de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA), para que hagan valer un condicionamiento sobre el respeto a los derechos humanos o cláusulas democráticas, si es que existen. ¿Esto es viable o menos viable ahora con la Administración Trump en Estados Unidos? 

La Administración Trump tiene una posición retóricamente muy dura contra Nicaragua, Cuba, Venezuela. Yo he sido muy crítico de muchas cosas del primer mes del Gobierno de Donald Trump, pero sobre todo el corte de ayuda a los nicaragüenses que se están enfrentando a las violaciones, a la prensa independiente, a las oenegés. En Ginebra, normalmente cuando el Grupo presenta su informe, hay muchos nicaragüenses que participan en el trabajo del Consejo. Este año no ha pedido venir la mayoría por falta de financiamiento. 

Todos los grupos que están documentando violaciones a los derechos humanos que están tratando de hacer el trabajo de prensa libre, independiente, como CONFIDENCIAL y otros están en situación muy difícil y el Gobierno de Daniel Ortega se está jactando de que Donald Trump ha cerrado el grifo a los “terroristas”. 

También la situación migratoria en Estados Unidos va a ser muy difícil para Nicaragua y hasta las personas que han huido de Nicaragua para Estados Unidos se enfrentan a una situación muy incierta. 

Pero en lo que concierne al comercio, yo creo que hay perspectivas ahora que el nuevo Gobierno esté más preocupado con las cláusulas de democracia y derechos humanos. Vamos a Washington con mi colega Jan Simon la semana entrante, y vamos a tener esos debates con las instituciones financieras y también con las instituciones americanas.