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La superprocuradora de Justicia, Wendy Morales Urbina, sumó a la Dirección General de Ingresos (DGI) y de Servicios Aduaneros (DGA) al feudo de instituciones que los “copresidentes” han puesto bajo su mando. Diversas fuentes dentro de las entidades afectadas, así como miembros del sector privado, confirmaron a CONFIDENCIAL que desde hace unos días ambas instituciones están bajo el control de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Ambas entidades son las encargadas de recolectar más del 95% de los ingresos del Estado y han sido señaladas por empresarios, viajeros, importadores y contribuyentes en general, como la punta de lanza de un sistema extorsivo, diseñado para extraer la mayor cantidad de recursos de las empresas privadas. Dudas de valor, auditorías, reparo fiscal, son los principales instrumentos de extorsión.
La llegada de Morales Urbina a ambas agencias recaudadoras estuvo acompañada de despidos y “renuncias” que generaron zozobra. Las fuentes destacan el despido de Francisco José Baltodano Díaz, director de Fiscalización en la DGI, calificado como un peso pesado dentro de la institución.
Baltodano Díaz era el responsable máximo de negociar con los empresarios, los reparos millonarios que se le imponen a las grandes empresas. Fuentes vinculadas a la DGI señalan que Baltodano fue detenido, aparentemente, por hacer tratos con los empresarios que tenían que pagar esos reparos, lo que la “copresidencia” considera un caso de “corrupción no autorizada”.
Una fuente que efectúa transacciones con las agencias recaudadoras del Estado, dijo a CONFIDENCIAL que cuando se comenzó a sospechar de Baltodano Díaz, se le sometió a un proceso investigativo que “permitió” confirmar que había ingresado fondos por montos que no pudo justificar, a cuentas que estaban a su nombre, o bajo su control.
Otro paso más hacia el totalitarismo
Esa decisión —que concentra más el poder en Daniel Ortega, Rosario Murillo, y unas pocas personas a su alrededor— son nuevos golpes a la autonomía y a la institucionalidad en el país, según la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), y el economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda.
Cuadra opinó que poner a Morales al frente de la DGI y la DGA, “es una expresión más del acelerado proceso de concentración de poder, que se produce en la figura de la ‘copresidencia’ en Nicaragua, sobre todo desde 2025 hasta la fecha”.
“Esto resta —continuó— autonomía, facultades y capacidades, a entes relacionados con el manejo de la economía del país. Están concentrando poder en la Procuraduría que, a su vez, está directamente subordinada a la ‘copresidencia’”.
Chamorro recordó que, históricamente, la DGI y la DGA han tenido autonomía institucional. “Ni siquiera el ministro de Hacienda o el viceministro —y eso lo sé por experiencia propia— podían tener alguna injerencia sobre estas dos direcciones, que tienen una autonomía excepcional dentro de la estructura del servicio público”.
Cuadra consideró que esa operación se corresponde con lo que el régimen consignó en la Constitución de 2025. Ese texto subordina a los demás poderes del Estado a la “copresidencia”, y ahora también se concentra poder en la figura de la Procuraduría. “Ya Nicaragua tenía un estilo de gobierno en el que el poder estaba concentrado y centralizado en Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero ahora, eso se está acentuando mucho más con este nombramiento”, expresó.
Estos movimientos incrementan el nivel de discrecionalidad, y aumentan la inseguridad jurídica, dijo Cuadra. “También significa que dos de las instituciones clave que tienen que ver con tributación, están subordinadas a esa lógica de terrorismo fiscal, extorsión y chantaje que se practica directamente desde la copresidencia para sostener al régimen de los Ortega Murillo.
Eso significa que la importación y exportación de bienes, y todas las actividades que tributan en el país quedan sujetas a esa discrecionalidad. “Las personas, ciudadanos y empresas que deben interactuar con estas dos instituciones, quedan sujetas también a los chantajes, a la extorsión, y a esas prácticas de terrorismo fiscal”, completó Cuadra.
“Es una muestra más de la destrucción institucional ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un nuevo ejemplo de desprecio de las instituciones”, aseguró Chamorro.
Wendy Morales, la “confiscadora en jefa”
En el papel, la superprocuradora Morales Urbina es la encargada de combatir la corrupción, perseguir delitos comunes, y ejercer la función acusadora en los tribunales, al absorber el Ministerio Público o Fiscalía, y sus competencias.
En la práctica, la Procuraduría General de Justicia, fortaleció su rol como brazo represivo de la dictadura, encargada de efectuar las confiscaciones y el robo de propiedades privadas en Nicaragua. A pesar de los esfuerzos por darle un barniz de legalidad, eso no terminó de convencer a países como Estados Unidos, que sancionó a Morales Urbina por partida doble.
La primera vez fue en julio de 2023, cuando la incluyó a ella, y otros doce personajes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos”, conocida como “Lista Engel”.
La segunda vez fue en marzo de 2024, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en solitario a la entonces titular de la Procuraduría General de la República. Basaron su decisión en que la funcionaria y la entidad a su cargo permitían el “robo de propiedades” y era “cómplice de la opresión del régimen” Ortega Murillo.
El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia financiera, Brian Nelson, señaló que Wendy Morales “ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos del Gobierno sin base legal”.
Las instituciones bajo la Procuraduría
Además de brazo represivo de la dictadura, la Procuraduría también comenzó a acumular funciones, y absorber direcciones, institutos, ministerios y presupuestos. Como en febrero de 2026, cuando asumió el control de la Dirección General de Minas, una entidad clave en la administración del sector minero nicaragüense, sancionada por Estados Unidos desde octubre de 2022, que hasta ese momento había estado bajo la tutela del Ministerio de Energía y Minas.
Antes, en octubre de 2023, a la antigua PGR se le había encargado administrar todos los registros públicos, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE).
Desde entonces, se ha repetido un ciclo de despidos, acusaciones y encarcelamientos de funcionarios públicos. También confiscaciones, destitución de alcaldes, y “recuperación” de propiedades de Organismos Sin Fines de Lucro. Todo ello ha servido para convertir a la institución en una superprocuraduría al servicio de la dictadura, un proceso que se fortalece al asumir el control de la DGA y la DGI.
