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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley Orgánica de la nueva Procuraduría General de Justicia, brazo represivo de la dictadura que supuestamente tendrá la tarea de “combatir la corrupción”, perseguirá delitos comunes y ejercerá la función acusadora en los tribunales, al absorber el Ministerio Público o Fiscalía, y sus competencias.
Según los “copresidentes”, la Procuraduría podrá “desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción”, en conjunto con otras instituciones, y “castigar firmemente, sin ninguna consideración”.
Pero desde antes, la rebautizada Procuraduría General de Justicia ha acumulado funciones, absorbiendo direcciones, institutos, ministerios y presupuestos, para convertirse en una “súper” Procuraduría al servicio de la dictadura.
Sus nuevas labores incluyen ejecutar despidos de funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo alcaldes y personal de universidades. También ha asumido tareas de auditoría, y se ha erigido como el brazo legal del régimen para justificar y ejecutar confiscaciones de ciudadanos desnacionalizados, oenegés, opositores o disidentes. Incluso ha adquirido el control de registros públicos, la emisión de permisos ambientales y la resolución de conflictos, centralizando funciones de diversas carteras estatales.
Estos cambios consolidan el rol de la Procuraduría como una entidad de control y vigilancia sobre el resto del Estado, y un ejecutor directo de las políticas represivas de la dictadura, rindiendo cuentas únicamente a los copresidentes. Esta es la cronología de cómo la antigua PGR pasó de representante o abogada del Estado a verdugo de turno de la dictadura en Nicaragua.
- 31 de octubre de 2023
La Asamblea Nacional traspasa a la Procuraduría la administración de todos los registros públicos, que estaban en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- 23 de noviembre de 2023
La Asamblea aprueba una nueva ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que seguirá como una entidad autónoma, con personalidad jurídica propia, pero bajo la dependencia de la PGR. Además, Daniel Ortega ordena quitar a los diputados la facultad de elegir procurador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
- 15 de febrero de 2024
La dictadura aprueba la “Ley para la certificación de permisos y autorizaciones ambientales”, que otorga a la Procuraduría el control de todo lo relativo al “uso sostenible de los recursos naturales”, pese a la existencia del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
- 17 de abril de 2024
Reforman la Ley Orgánica de la PGR para incluir a la Procuraduría Nacional de las Familias y la Procuraduría de las Municipalidades, esta última con poder de “supervisar” a las alcaldías y sus funcionarios. Dos días después, el 19 de abril, crean 10 Procuradurías Especiales, para establecer un mayor control sobre las alcaldías de Nicaragua.
- 25 de abril de 2024
El régimen ordena traspasar a la Procuraduría la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), que manejaba la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- 17 de mayo de 2024
La Procuraduría asegura que la “transferencia al Estado de Nicaragua” de centenares de propiedades es resultado de procesos penales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía, paz y buen vivir. También alega la “recuperación” de propiedades de Organismos Sin Fines de Lucro por supuesto incumplimiento de legislación.
- 5 de junio de 2024
La Asamblea Nacional aprueba la creación de un Consejo Presidencial que “combatirá” el crimen organizado y otros delitos conexos, integrado por diez ministros y directores de instituciones públicas, de los cuales siete han sido sancionados por la comunidad internacional, entre ellos la procuradora Wendy Morales Urbina.
- 12 de julio de 2024
La Asamblea Nacional desaparece el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y transfiere todas sus facultades y bienes a la Procuraduría.
- 11 de septiembre de 2024
Funcionarios de la Procuraduría llegan al despacho de Erling Valdivia García, alcalde de Mulukukú, para desalojarlo y comunicarle su despido inmediato. Es la primera vez que la Procuraduría se encarga públicamente de la destitución de un alcalde, y sigue haciéndolo desde entonces.
- 16 de octubre de 2024
La Procuraduría se apropia de 35 propiedades privadas supuestamente “abandonadas” en Managua, declarándolas de “utilidad pública”. También oficializa la confiscación de las propiedades de 94 personas opositoras despojadas de su nacionalidad en febrero de 2023.
- 18 de octubre de 2024
Funcionarios de la Procuraduría llegan a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para entregar cartas de despido, incluyendo a la rectora Glenda Velásquez y otros altos cargos, seguido de una ola de despidos, que se han repetido en otros recintos.
- 31 de octubre de 2024
La Asamblea Nacional aprueba la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE), ordenando que todos los registros públicos pasen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la administración de la Procuraduría.
- 30 de enero de 2025
La llamada Constitución “Chamuca” es aprobada en segunda legislatura. El artículo 160 redefine a la Procuraduría como “la institución líder en la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, en la seguridad jurídica del derecho de propiedad y en la promoción del control social a la gestión pública”. La reforma también arrebata a la Asamblea Nacional el poder de ratificar o destituir a los procuradores o subprocuradores, dejando estas decisiones bajo el control absoluto de los dictadores.
- 30 de julio de 2025
La Procuraduría divulga un comunicado citando a Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial en temas económicos y comandante de la Dirección Nacional del FSLN en los años ochenta, a comparecer por una investigación de “transacciones al margen del Estado”. Horas después, la Policía allana su casa y lo detiene.
- 6 de agosto de 2025
Una nueva reforma a la Constitución Política es aprobada, creando la “Procuraduría General de Justicia” en sustitución de la Procuraduría General de la República. La nueva entidad asume las funciones del Ministerio Público.
- 7 de agosto de 2025
Un día después de la reforma, Wendy Morales declara a medios oficialistas que la nueva Procuraduría ya está funcionando y que irán “contra todos los delitos relacionados con corrupción”. Igual, adelanta que trabajaban en la creación de la Ley Orgánica para “incorporar” todas las “dependencias que a lo largo de todos estos años han venido siendo adscritas”, e insiste que actuarán “con firmeza” y “mayor rigor” para proteger los recursos del pueblo nicaragüense.
- 26 de agosto de 2025
La Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de la nueva Procuraduría General de Justicia. La nueva entidad tiene supuestamente la tarea de “combatir la corrupción”, aunque también perseguirá delitos comunes y ejercerá la función acusadora en los tribunales, competencias que actualmente ejercía el Ministerio Público, que ahora es absorbido por la “nueva” Procuraduría.
