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La represión política en Nicaragua durante la “Operación Limpieza” en 2018 se financió con el desvío de fondos asignados al Presupuesto de la República, por órdenes de la entonces vicepresidenta Rosario Murillo (ahora “copresidenta”) y se ejecutaron a través del secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno, también responsable de operaciones paramililitares, afirma el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN-ONU).
El informe describe que por orientaciones de Murillo, Fidel Moreno coordinó con la entonces presidenta de INIFOM, Guiomar Irías, la Alcaldía de Managua, y los secretarios políticos del FSLN, el desvío de por lo menos cinco millones de dólares para financiar la logística de la represión durante dos meses.
El presidente del GHREN-ONU, Jan-Michael Simon, explicó a CONFIDENCIAL que tienen pruebas documentales en al menos 13 proyectos de asistencia social y servicios públicos que fueron desviados, a través de técnicas de manipulación contable, y se reasignaron para financiar operaciones de represión.
En una entrevista sobre las conclusiones de este informe que será debatido el lunes 16 de marzo de 2026 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Simon detalló las operaciones de “represión transnacional” en que participan la inteligencia militar y también el servicio diplomático de Nicaragua.
El ahora cocanciller Valdrack Jaentschke, uso los cargos que tuvo en representaciones diplomáticas en América Central “para captar colaboradores, monitorear la diáspora, mapear redes de oposición, como parte de un dispositivo de inteligencia política en el exterior, a su vez dedicado a actos de represión transnacional”, dijo Simon.
El informe del GHREN presenta un catálogo de demandas y recomendaciones al Estado para cesar la represión, y solicita la presencia de la Cruz Roja Internacional en Nicaragua para monitorear la situación de los desaparecidos y los presos políticos.
“Nicaragua es una gran cárcel, independientemente que estés o no en La Modelo, porque el sistema de vigilancia, el potencial sancionatorio que han generado en el territorio, hace que nadie se atreve a hacer uso de sus libertades”, dijo Simon. “Pero el mecanismo que más rápido se puede desplegar en el terreno para proteger a la gente que está en la cárcel es
la Cruz Roja Internacional”, agregó.
Este nuevo informe del GHREN investiga el perfil de las víctimas de las violaciones de derechos humanos después de 2023. ¿Quiénes son las víctimas en estos últimos años de represión, después que en 2024 y en 2025 se produjeron algunas excarcelaciones de presos políticos?
Lo que empezó con un ataque directo a manifestantes, una vez logrado el control de las manifestaciones en las calles, y luego después también del proceso electoral con la neutralización de los adversarios políticos inmediatos, se fue aumentando en la medida en que la máquina de represiva identificaba vacíos fuera de su control. Y el principal vacío, debido a que el control interno ya se había consolidado, es hacia el exterior. En Nicaragua opera lo que en otros países se llama represión transnacional y que nosotros denominamos violaciones transnacionales de derechos humanos.
El Gobierno de Nicaragua aplicó métodos de los más amplios, incluso a nivel comparativo, que podemos observar en lo que son las worst practices (peores prácticas) en materia de represión transnacional. Desde la violencia física, el caso más llamativo obviamente es la muerte de Roberto Samcam el año pasado, pero va a todo el portafolio de represión administrativa, incluso la represión contra familiares de personas que en el exterior podrían representar de alguna forma remota un peligro para el régimen. No descartamos también otros motivos que serían de venganza o consolidación hacia el interno del aparato.
El informe describe “una arquitectura de represión transnacional”. ¿Quiénes dirigen estas políticas de represión y qué estructuras del Estado están involucradas?
La dirige la cúpula del Estado que hemos identificado claramente en la Presidencia, después los asesores más cercanos. Pero hay una parte, además de lo que ya hemos descrito en el informe del septiembre pasado (2025), que tiene que ver con el uso de el aparato diplomático del servicio exterior de Nicaragua. Ya hemos descrito la parte táctica operativa que está al mando de la inteligencia militar, y hemos identificado sus vínculos incluso con estructuras fuera del territorio, pero el vínculo directo de la inteligencia utilizando la infraestructura del servicio diplomático, es algo que no teníamos la información todavía el año pasado, y hemos podido consolidar esa información en los últimos meses.
En el informe mencionan las actividades de espionaje que desarrolló el canciller Valdrack Jaentschke, antes de ocupar ese cargo, pero si el canciller está involucrado, quiere decir que el servicio diplomático es también un instrumento de esas políticas de represión transnacional.
Así es, exactamente. Eso es uno de los principales hallazgos, aparte del tema del financiamiento de la represión. Podemos ver cómo el actual canciller ocupó posiciones para captar colaboradores, monitorear la diáspora, mapear redes de oposición, cuando tuvo cargos en las representaciones diplomáticas en América Central y esta función que nos permite concluir que su rol formó parte de un dispositivo estructurado de inteligencia política en el exterior, a su vez dedicado a actos de represión transnacional. Debo aclarar que en este momento no contamos con información de actividades de inteligencia política en su rol como Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que asumió en 2024 y nos referimos a sus cargos anteriores, pero estamos pendientes de ampliar esta base de información.
El reporte del GHREN confirma que 452 ciudadanos hemos sido despojados de nuestra nacionalidad y confiscados a través de decretos que el Estado ha publicado, pero también habla de los desnacionalizados de facto, personas que no han podido renovar sus pasaportes, que no tienen documentos, y que se les prohíbe ingresar al país. ¿Cuántos son los desnacionalizados de facto?
La cifra negra es altísima. Podemos hacer estimaciones a partir de los datos que maneja ACNUR de pedidos de asilo político en el exterior, que alcanzan casi 360 mil. Como hipótesis de trabajo, partimos del hecho que un pedido de asilo político presupone persecución política y debe haber mucho más personas que sufren la represión transnacional administrativa, esto es, no renovar pasaportes, denegar certificaciones necesarias que puedan comprobar la nacionalidad. Lo que nosotros manejamos en el fondo es información anecdótica, pero que indica por los patrones que vemos, que la cifra tiene que ser mucho más alta. Un dato que sería interesante es que quien tenga acceso a los archivos digitales del Gobierno tendrá la cifra y hasta que uno no tiene ese acceso, es difícil de proyectar.
¿Qué concluyeron sobre los mecanismos de vigilancia internacional y de espionaje que desarrolla el régimen? Muchas personas tienen temor a veces de comunicarse, a de viajar al país, precisamente por estos mecanismos de vigilancia.
Sí, ustedes van a ver conjuntamente con nuestro informe, una telaraña en la cual van a poder identificar los nodos muy concretos que están implicados en la inteligencia en materia de represión transnacional. Si ustedes agregan esta telaraña a la que publicamos con el informe en septiembre del año pasado y antes en el informe de abril (de 2025), van a tener un dibujo bien claro dónde están los nodos que atacan, y dónde están los riesgos en cuanto hacer uso de esos derechos.
¿Cómo valora la reacción de los Gobiernos latinoamericanos y europeos ante estas violaciones, y de instituciones como Interpol? ¿Hay colaboración con el régimen, o brindan protección a las víctimas nicaragüenses?
Interpol, como organismo antiquísimo, es un organismo de cooperación entre entidades policiales, más antiguo que Naciones Unidas, y tiene el deber de debida diligencia en la protección de derechos humanos. El mal uso de esos instrumentos genera una responsabilidad de la propia agencia. Hemos tenido contacto con Interpol para señalar que en muchos casos de alertas rojas y mucho más sutil el del sistema de documentos extraviados y falsificados, hay un mal uso de parte del Gobierno. Y esperamos que esta relación que hemos establecido, pueda tener los frutos de que esta entidad no será manipulada por este Gobierno en el futuro.
El informe del GHREN se refiere por primera vez a los mecanismos de financiamiento de la represión. Hablan de la desviación de fondos del Presupuesto General de la República, a través de la copresidenta Rosario Murillo, y de Fidel Moreno, para financiar las actividades represivas. ¿Es un presupuesto paralelo, un presupuesto privado?. ¿Cómo funciona?
Es un presupuesto oficial del cual se desvían fondos con distintas técnicas de manipulación contable. Son fondos destinados sobre todo a la asistencia social y otros servicios públicos. Los funcionarios públicos que están detrás de esto son secretarios políticos que son instruidos a reasignar proporciones de presupuesto que son fáciles de ser desviados, es decir, reasignados. Como por ejemplo, bonos económicos y asistencia social, proyectos de limpieza, asistencia humanitaria. Y también gastos consumibles, gastos operativos como combustibles y viáticos. Es un clásico en materia de corrupción, estos gastos se proyectan como gastos reales. Tenemos acceso a prueba documental en este caso
¿Se ha cuantificado cuál es el monto del presupuesto de la represión?
En total no, pero sí podemos en 13 proyectos muy concretos llegar a la cifra. No está en ese informe y estamos trabajando todavía para eso, esta es la primera entrega, pero si se puede. El tema acá no es la cantidad, sino más bien la calidad que se da a estos fondos, porque yo he trabajado décadas en eso. Nosotros nos concentramos en qué fondos son desviados para beneficio propio.
Podemos demostrar el vínculo directo entre la malversación o el desvío de fondos y violaciones de derechos humanos. Es un tema de causalidad, que normalmente se hace con causas de corrupción para poder hacer un rendimiento de cuentas. También en materia de violaciones de derechos humanos, y ese caso está en sólido fundamento en el marco del artículo 17 del UNCAC, de la Comisión contra la Corrupción de Naciones Unidas.
El informe también habla de la represión interna, de desaparecidos en las cárceles, de presos políticos, de represión contra familiares de víctimas y represión específicamente contra grupos de mujeres.
Sí, sigue el sistema de presos políticos que el Estado toma como rehenes, como decimos en inglés bargaining chips (monedas de cambio) para tener algo en la mano a negociar con la comunidad internacional.
El perfil de las personas que siguen en la cárcel es diverso, desde gente relacionada con la religión, con movimientos indígenas, campesinos, hasta de la propia estructura del Estado. Soy consciente de que hay una discusión un poco compleja sobre sí se deberían considerar estas personas como presos políticos o no. La categoría de preso político no es una categoría en el derecho internacional, por eso nosotros no vamos a opinar sobre eso, pero sí es obvio que han sido víctimas de detención arbitraria debido a juicios, entre comillas, de un sistema de justicia, entre comillas, que no vale la pena mencionarlo como sistema de justicia, y es por eso que son detenidos arbitrariamente.
Por el otro lado también uno puede ver que en el fondo Nicaragua es una gran cárcel, independientemente que estés o no en La Modelo, porque el sistema de vigilancia, el potencial sancionatorio que han generado en el territorio de Nicaragua, hace que nadie se atreva a hacer uso de sus libertades.
El GHREN confirma que en Nicaragua se siguen perpetrando crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad en primera instancia recae en los “copresidentes”. ¿Hay algún hallazgo específico sobre las responsabilidades individuales de estos 54 altos funcionarios de la cadena de mando que ustedes han mencionado antes?
No solamente Estados Unidos, pero otros países han sancionado al cinco personas en las últimas semanas, y eso se debe en parte también a los hallazgos en nuestros informes.
Depende a qué nivel estamos hablando en cuanto a la cadena de mando, vamos a tener mucho más información, en la medida que vamos profundizando nuestras líneas de investigación con las responsabilidades más abajo. Las responsabilidades arriba están bien diseñadas ahora, y los países que tengan interés en responsabilizar a esas personas, ya sea en materia penal, por jurisdicción universal, o con base en el principio de personalidad pasiva o por otras vías podrán acceder a información que no es pública en ese momento. Tenemos en nuestro mandato colaborar con los países que quieran ejercer su jurisdicción para responsabilizar a estas personas.
En las conclusiones, el GHREN dice que el Estado de Nicaragua se sigue rehusando a dialogar con Naciones Unidas y apelan a los Gobiernos, a la comunidad internacional, para actuar y judicializar estos crímenes. ¿Hay condiciones políticas hoy para lograr una acción internacional de distintos países y llevar ante la justicia a estas personas?
En la medida en que estas personas salgan del país, sí. Existen jurisdicciones también como Francia, por ejemplo, que ejercen su jurisdicción penal sin la presencia de las personas en su territorio.
Pero el Estado también debe ser responsabilizado y hay suficientes vías para hacerlo, hay un proceso abierto en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que culmina en un informe que tiene un potencial de acabar la justicia internacional. Estas vías también que son importantes, desde el primer informe dijimos que debería responsabilizarse al Estado por violaciones de la Comisión de Naciones Unidas contra la Tortura y también en la Comisión de 1961 para reducir la Apatridia. Nada hasta ahora vemos en el horizonte, pero quizás habrá más países que se animarán.
En sus recomendaciones el GHREN señala temas urgentes, como los desaparecidos, los presos políticos, la represión del Estado policial, temas sobre los cuales el Gobierno se ha rehusado a reaccionar. ¿Usted espera alguna presión internacional contra el Gobierno de Nicaragua, para abrir las cárceles?
Es la primera vez que van a ver una recomendación bastante amplia al Gobierno. Creemos que después de cuatro años de trabajo, con la información que hemos generado, es una oportunidad ahora del Estado de demostrar su buena voluntad para cambiar la situación, en caso que no cambie, no descartamos que habrá más presión sobre el Gobierno.
El año pasado ustedes comparecieron ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Este informe va a ser presentado la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué espera de los miembros del Consejo y de la comunidad internacional?
Justo, esperamos que la comunidad internacional tome muy en serio el catálogo que recomendamos de acciones urgentes al Gobierno y que vigilen si estas acciones se darán en el corto plazo, y si no se dan en el próximo septiembre, vamos a informar de una manera más enfática el Consejo sobre la falta de avance en cuanto a ese catálogo.
Mientras tanto, ¿qué tipo de protección pueden tener las víctimas de la represión interna y también de la represión transnacional?
Como lo describimos en nuestro primer informe, el Estado de Nicaragua tomó de rehén a su propia población y es por eso que concluimos que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque eso fue el motivo cuando en 1944 del siglo pasado se diseñó este tipo penal en materia internacional.
En cuanto a la protección, los mecanismos que más rápido se pueden desplegar en el terreno son la Cruz Roja Internacional para proteger a la gente que está en la cárcel. Vamos a seguir insistiendo en acceder y monitorear, eso es lo único que podemos en ese momento, brindar en el terreno protección, es la paradoja de la soberanía del Estado, cuando toma de rehén a sus ciudadanos, es lo que queda
En el momento en que el GHREN presenta estas recomendaciones, el mundo está viviendo una época de una situación internacional sin reglas. ¿De qué manera afecta esto la apelación para que se respeten y se apliquen las normas internacionales de los derechos humanos?
Yo, y mis colegas, Reed Brody y Ariana Peralta, seguimos considerando que la respuesta internacional ante la situación en Nicaragua debe guiarse por el derecho internacional, la protección de derechos humanos y la recuperación democrática pacífica en Nicaragua. Y por más que en otros países, vemos contra-fácticamente, un mundo que supuestamente ha cambiado, insistimos en el valor de esas normas. Ese es nuestro mandato, si no creemos en esas normas, deberíamos regresar a casa.
¿Hay alguna base para ser optimista, para tener esperanza de que esas normas y que la justicia internacional, puede prevalecer?
Poco a poco los actores se van a dar cuenta que un mundo sin reglas, es muy complicado de vivir, incluso para los que se creen los más fuertes. Y un país pequeñito como Nicaragua, que no es el más fuerte, podrá hacer la diferencia en demostrar que estos valores siguen vigentes. Y creemos fuertemente en que eso así será.
