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El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está “financiando la represión de sus opositores mediante el desvío de fondos públicos” a través de una “estructura paralela” que opera dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), afirma el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 10 de marzo de 2026.
Con evidencia documental y, al menos, 73 entrevistas, el GHREN confirmó que desde 2018, esa estructura paralela es la encargada de “canalizar el financiamiento para operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias”.
Los costos logísticos para los dos primeros meses de la llamada “Operación Limpieza”, tal y como llamó la dictadura, a la orden de desmantelar las barricadas y la protesta de la población en las calles y carreteras del país en 2018 “destinados a financiar a los grupos armados progubernamentales” —según el informe—, se estimaron en 5 millones de dólares.
“Revelamos la dimensión estructural de la corrupción en el Estado nicaragüense, es decir, la corrupción como herramienta para financiar la represión política (…) Documentamos, por primera vez, la conexión entre el desvío de fondos públicos, la estructura paralela del partido FSLN, el encubrimiento contable y las violaciones sistemáticas”, señaló en conferencia de prensa, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Según el informe, el régimen usó partidas presupuestarias municipales que estaban destinadas a programas de “asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos como combustible, seguridad y viáticos” para financiar la represión durante las manifestaciones antigubernamentales, incluida la denominada “Operación Limpieza”.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie, absolutamente nadie, se interponga en el camino del régimen”, agregó Simon.
Corrupción financia “violencia estatal”
El presidente del Grupo de Expertos insistió en que, la “represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”.
“Nuestro informe muestra que la corrupción puede ser una herramienta de violencia estatal (…) proporciona una base para la la rendición de cuentas”, dijo Simon.
El presidente del Grupo de Expertos explicó que aún no se ha cuantificado el monto total del presupuesto público que habría sido desviado para financiar la represión, ya que la investigación sigue en curso. No obstante, indicó que el equipo identificó al menos 13 proyectos vinculados a este tipo de financiamiento, utilizados para sostener estructuras de vigilancia, control y persecución contra opositores.
“En la medida que vamos avanzando con la investigación y con la información contable, y también estamos invitando en que se nos entregue más, podemos aumentar nuestro espectro de análisis financiero”, apuntó Simon.
Para Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos, la represión en Nicaragua “no es improvisada: está estructurada y financiada bajo un esquema de corrupción”. “El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Brody.
Red transnacional de vigilancia e inteligencia
El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos también detalla que el régimen tiene una arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para “monitorear, intimidar y atacar” a los nicaragüenses desplazados desde 2018.
Según el GHREN, el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, habría coordinado entre 2021 y 2023 parte de un “grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países”, mientras ejercía funciones diplomáticas.
“Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio”, afirmó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
El Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, que constituye el principal “brazo político y represivo” de la dictadura, las autoridades migratorias, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), las misiones diplomáticas y los operadores del FSLN, forman parte de esa “estructura de inteligencia de múltiples niveles” dedicada a “vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing)”, para “silenciar a personas críticas”, detalló el Grupo de Expertos.
“Se trata de una política deliberada —agregó Peralta— para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”.
Según Brody, las misiones diplomáticas nicaragüenses en al menos cinco países “albergan personal de inteligencia militar”. El experto de la ONU, agregó que los más de 800 000 nicaragüenses en el exilio “constituyen hoy el principal grupo de potencial disidentes” para el régimen.
“El gobierno ha decidido construir un aparato que persigue a los nicaragüenses donde quiera estén que estén en el mundo (…) El Estado y el gobernante partido sandinista se han fusionado en una sola máquina represiva que no se detiene en la frontera. Daniel Ortega y Rosario Murillo han conseguido consolidar su control total dentro de Nicaragua. No existen organizaciones independientes, prensa libre, oenegés críticos, otros partidos políticos, opositores, etcétera”, reiteró Brody.
“Arquitectura de la represión” debe ser desmantelada
En el informe, el GHREN demanda al régimen la adopción de “medidas inmediatas” que conlleven al desmantelamiento de la “arquitectura de la represión”, “disolviendo los aparatos paraestatales y restableciendo la separación de poderes” y derogando todas las reformas legislativas y constitucionales “restrictivas” adoptadas desde 2018.
El Grupo registra al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluido el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército, quien fue acribillado en su domicilio de San José, el 19 de junio de 2025.
Desde 2018, el régimen privó arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, y ha dejado a miles de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos.
Por otro lado, la dictadura ha impedido a muchos regresar a Nicaragua, mientras otras personas han enfrentado “vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de INTERPOL, confiscación de propiedades y castigos por asociación contra familiares que se encuentran en el país”.
GHREN demanda “rendición de cuentas”
El GHREN evidencia persecución y represión basada en el género en contra de defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, lideresas políticas y comunitarias, así como personas LGBTIQ+, quienes han sido sometidas a “persecución política”, y también “campañas de estigmatización moral tanto dentro de Nicaragua como en el exilio”.
“Los patrones de violaciones con dimensión de género no ocurren de manera aislada. Forman parte de una estrategia represiva deliberada destinada a castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su liderazgo histórico como actores políticos autónomos”, afirmó Peralta.
Finalmente, el Grupo de Expertos subrayó que es “urgente” que el régimen rinda cuentas internacionalmente.
“Cuanto más se retrase la acción, mayor será el daño y más profundas las consecuencias (…) Sin embargo, la resiliencia de las víctimas —fortalecida por la cuidadosa documentación de sus experiencias— sigue impulsando la búsqueda de la verdad, la justicia y el pleno cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Simon.
Según el GHREN, los Estados están llamados a movilizar un “marco integral de rendición de cuentas” —que incluya jurisdicción universal, sanciones selectivas y litigios basados en tratados internacionales—, que garantice una protección sólida para la población exiliada y evite la “utilización de mecanismos jurídicos y financieros internacionales por parte de las autoridades nicaragüenses”.
“El Grupo de Expertos está dispuesto a comprometerse directa y constructivamente con las autoridades (…) Estamos preparados para viajar a Nicaragua con el objeto de monitorear los avances y apoyar la implementación de reformas en materia de derechos humanos”, puntualizó Brody.
El “silencio forzado” de las familias, como consecuencia del “miedo” impuesto por el régimen Ortega-Murillo, ha provocado una disminución en la lista de presos políticos en Nicaragua a 46 casos en febrero de 2026. Sin embargo, la lista no refleja el número real de presos políticos, porque hay muchos casos sin denuncia debido al temor. Todas las personas presas políticas deberían ser liberados, señaló el Grupo de Expertos.
