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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU pidió una “investigación independiente” sobre la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, ocurrida mientras permanecía bajo custodia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un pronunciamiento divulgado el 1 de junio de 2026, el GHREN también exigió una “autopsia transparente” y la entrega inmediata de sus restos a la familia, quien en los últimos casi tres años denunció la desaparición forzada del líder indígena.
“Conforme al Derecho Internacional, Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas”, denunció Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
“Estas obligaciones —agregó— lo son en virtud del derecho internacional de derechos humanos y no pueden eludirse”.
La dictadura de Ortega y Murillo realizó las honras fúnebres del líder miskito Brooklyn Rivera en la funeraria Sierras de Paz, en Managua, ignorando la petición de su hija Tininiska Rivera, que desde el exilio, demandó que le entregaran el cuerpo para sepultarlo en Sandy Bay, como era voluntad del líder indígena.
El Grupo sostuvo que la negativa a realizar una investigación independiente y a devolver el cuerpo fortalece las sospechas sobre la responsabilidad estatal.
“El hecho de no llevar a cabo una investigación independiente y de no devolver los restos refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por la muerte de Brooklyn Rivera e invierten la carga de la prueba contra Nicaragua,” añadió Simon.
Posibles crímenes internacionales
Para la experta Ariela Peralta, la desaparición forzada del líder miskito constituye un crimen internacional por el que el Estado de Nicaragua tiene responsabilidad.
“La desaparición forzada de Rivera bajo custodia del Estado configura un crimen internacional del cual el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”, señaló.
El 12 de marzo de 2026, el Grupo envió una carta al Gobierno exigiendo información sobre su suerte y paradero. “Solicitamos comedidamente se nos facilite información precisa y completa sobre el destino y paradero”, solicitó el GHREN en la carta que no tuvo respuesta del régimen.
Peralta agregó que cuando una persona desaparecida muere bajo control estatal “las acciones que llevaron a este desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada”.
El Grupo de Expertos insistió además en que todavía se desconoce el destino de otras nueve personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, entre ellas dos mujeres.
“Una vez más, llamamos a que las autoridades revelen de inmediato la suerte y el paradero de estas nueve personas, y permitan las visitas de sus familiares y abogados”, señaló Simon.
No murió por enfermedad denuncia el GHREN
Rivera, de 73 años de edad, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, tras más de 970 días de encierro ilegal. La dictadura confirmó su muerte un día después y mantuvo su cadáver bajo custodia policial.
El GHREN “condenó de manera enérgica” el fallecimiento de Rivera en custodia estatal. Los expertos además expresaron su “profunda preocupación por informes que señalan que las autoridades tomaron control de sus restos, limitaron la participación de la familia en su velorio y entierro, y detuvieron a varios familiares y aliados que intentaron presentarle sus respetos.
Su hija Tininiska Rivera, quien desde el 29 de septiembre de 2023 denunció la captura arbitraria de su padre, demandó a las autoridades del régimen que permitiera a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo. Pero no obtuvo respuesta.
En un comunicado del 31 de mayo de 2026, la dictadura atribuyó su muerte a complicaciones relacionadas con la covid-19.
“Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”, declaró Reed Brody, experto miembro del Grupo.
“El Estado tenía la obligación de proteger su vida e integridad —subrayó Brody—, no lo hizo”.
Violaciones de derechos humanos en la Costa Caribe
Los expertos indicaron que la muerte de Rivera representa la “consecuencia más visible de un patrón amplio de violaciones de derechos humanos” contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
“El Gobierno se ha infiltrado en las estructuras de autogobierno para debilitarlas, ha tolerado las invasiones de grupos armados que han llevado a la muerte a docenas de indígenas, y ha realizado detenciones arbitrarias, tortura y persecución contra líderes y lideresas indígenas como herramientas políticas deliberadas”, se lee en el comunicado.
Entre 2018 y 2024, el GHREN documentó 124 detenciones arbitrarias de líderes indígenas, defensores de derechos humanos y guardabosques, además de al menos 46 asesinatos de indígenas en ese período, según un informe publicado en 2024.
“Brooklyn Rivera dedicó cuatro décadas a defender los derechos de su pueblo”, afirmó Brody. “Su muerte exige que la comunidad internacional finalmente preste atención a su situación”, agregó.
