26 de octubre 2023
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Los más de 130 presos políticos que existen en Nicaragua permanecen en condiciones agravadas de cárcel impuestas por la dictadura, tras la excarcelación de 234 reos de conciencia en lo que va de 2023 —222 en febrero y 12 sacerdotes en octubre—. Abogados y defensores advierten que el régimen ha agravado las condiciones de los presos políticos, al someterlos a juicios más herméticos y negarles el derecho a la defensa por imponerles defensores públicos.
Además, la Policía se ha tomado atribuciones del Poder Judicial, citando a ciudadanos para intimidarlos y dejarlos en “ciudad por cárcel”, una nueva modalidad represiva instrumentalizada por el régimen orteguista contra la población, que cada vez denuncia menos por el terror de Estado.
Con base en entrevistas con defensores, abogados y activistas, CONFIDENCIAL enumera los principales factores que vulneran mucho más los derechos humanos de los presos políticos que mantiene la dictadura orteguista.
1- Policías de civil ejecutan detenciones
Los secuestros policiales no han cesado en Nicaragua. Sin embargo, las recientes detenciones, especialmente contra sacerdotes, fueron ejecutadas por policías de civil. Los sujetos se trasladaban a bordo de camionetas Hilux sin placa y ningún tipo de identificación institucional, confirmó la activista y exrea política, Ivania Álvarez, basándose en reportes ciudadanos.
“Nos parece totalmente grave que personas de civil o paramilitares estén ejecutando estos secuestros porque, aparte que en Nicaragua ya no hay ley, tampoco tenés claridad de qué denunciar”, comentó la activista.
“Las camionetas no tienen placa, las personas no andan identificadas y eso pone en riesgo la vida de los ciudadanos”, advirtió.
Este nuevo modus operandi de la dictadura provoca también mayor zozobra entre los familiares de las víctimas, porque desconocen dónde acudir para preguntar por su pariente.
2- Presos políticos sometidos a desaparición forzada
La Policía no informa a los familiares de reos de conciencia sobre su paradero. Pasan al menos cinco días sin que los parientes tengan la certeza de su ubicación. Este patrón de desaparición forzada ya fue usado en los encarcelamientos de líderes estudiantiles, gremiales y políticos capturados en 2021, pero se ha agravado en 2023, principalmente, contra sacerdotes y laicos.
Los sacerdotes fueron capturados en operativos policiales para ser trasladados a centros de formación religiosa y dejarlos en “seminario por cárcel”; en otros casos, los enviaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote y otras delegaciones.
Por más de treinta días, los curas estuvieron incomunicados, aislados y sin acceso a visitas de sus familiares. La misma situación en la que el régimen mantiene al obispo Rolando Álvarez, pagando una pena de más de 26 años de cárcel en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo.
El artículo 232 del Código Procesal Penal (CPP) establece que la Policía tiene el deber de “informar a la persona en el momento de detenerla, de las causas de su detención en forma detallada y en idioma o lengua que comprenda”.
Asimismo, “que tiene derecho a ser asesorada por un defensor de su elección, a fin de que lo designe” e informar a los parientes u otras personas relacionadas con el detenido que así lo demanden. Entre estas, información sobre la unidad policial donde fue conducido, y "permitir al detenido informar él mismo a su familia o a quien estime conveniente”. Pero ninguna de estas garantías se cumple para los reos políticos.
3- Imposición de “casa por cárcel” o “ciudad por cárcel” de facto
En mayo de 2023, el régimen implementó de forma generalizada la medida cautelar “casa por cárcel”. Unas 60 personas fueron apresadas por horas y sometidas a audiencias exprés por los presuntos delitos de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”. Fueron dejadas en libertad condicional, pero sometidas a firmar diariamente en la delegación policial de sus respectivos municipios.
En la práctica no están en una prisión, pero viven bajo asedio y expuestos a ser detenidos en cualquier momento, señalaron abogados. En septiembre y octubre de 2023, esa práctica se extendió a feligreses católicos, con la diferencia que a ellos les impusieron “ciudad por cárcel” sin una orden judicial.
Danny Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos, (Calidh), señaló que la situación jurídica de ese grupo de ciudadanos es de “gravedad” porque enfrentan procesos judiciales nulos y “están bajo la voluntad de un régimen que puede hacer lo que quiera”.
El abogado y opositor Juan Diego Barberena sostuvo que los “derechos y libertades públicas (de los ciudadanos en casa o ciudad por cárcel) están restringidas por razones políticas al amparo de un proceso penal”.
El objetivo en estos casos es más político que judicial, subrayó Barberena, porque “ellos (el Gobierno) lo que quieren es mantener trabadas esas medidas cautelares, sin que necesariamente su proceso penal termine, con el objetivo de mantener ese control inmediato, social, territorial y en este caso, personal”.
Y a la vez, dejar abiertas las causas y las medidas cautelares para reactivarlas “en el momento que ellos consideren pertinentes para los objetivos y perspectivas de perpetuación que tiene la misma dictadura Ortega- Murillo”.
4- Procesos judiciales ocultos
Los juicios políticos contra reos de conciencia siempre han sido violatorios del debido proceso y de los derechos constitucionales del ciudadano. Sin embargo, los recientes presos políticos están en completa indefensión. Desde que son apresados les imponen un defensor público y aunque la familia designe a un abogado privado, este no logra la intervención de ley, en el mejor de los escenarios, muchas semanas después.
Bloquean el derecho a la defensa, dejando fuera —ya sea de forma parcial o total— el expediente judicial del preso político del sistema Nicarao, de tal forma que un abogado defensor no conoce las actuaciones judiciales del Ministerio Público en contra de su cliente. El Poder Judicial tampoco facilita que los abogados tengan acceso a los casos a través de los juzgados.
Otra de las violaciones recientes es el traslado de los presos políticos, en menos de 24 horas después de su secuestro, a los sistemas penitenciarios, sin certeza que ya tienen una causa judicial abierta.
Asimismo, los presos políticos son sometidos a audiencias judiciales a través de una videollamada desde el penal. La mayoría de los detenidos no tienen información precisa sobre su situación jurídica, desconocen cuáles fueron las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra y se limitan con impotencia a escuchar la resolución de culpabilidad y posteriormente, la sentencia.
“Lo que hemos sabido es que sacan al reo de su celda, lo llevan a un cuarto en La Modelo, donde lo conectan a un televisor y de ahí escucha lo que la juez le está dictando, que básicamente, es que es culpable”, denunció Álvarez.
“Es algo digital, exprés y sin nada que podás decir. Ni siquiera podés saber si a tu abogado le avisaron, si se puede conectar a la llamada. Todo eso ha quedado en el limbo. Básicamente están haciendo un mero trámite para que después no digás no me hicieron mi juicio. Aquí hay un video donde se te leyeron los cargos de los que fuiste acusado y luego fuiste culpabilizado”, detalló.
“Se evidencia complicidad entre testigos (Policía Nacional), fiscales y jueces en la conducción de los procesos judiciales en que garantizan la permanencia arbitraria e ilegal de las personas en cárceles como mecanismo de represión de la población nicaragüense”, señaló el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en su informe de agosto.
5- Pésimas condiciones carcelarias y negativas de atención médica
Los reos de conciencia siguen expuestos al deterioro de su salud y la represión interna, caracterizada por la obstaculización en el ingreso de alimentos, medicinas y productos de aseo personal.
“Se reporta un incremento de casos de personas presas políticas con problemas en la piel debido a la falta higiene e insalubridad de las celdas, y la presencia de insectos, ratas y cucarachas”, reveló el Mecanismo.
Por su parte, la mayoría de las 16 presas políticas en La Esperanza iniciaron una huelga de hambre en demanda de mejorar sus condiciones de cárcel. Sin embargo, aún siguen pendientes.
